Barreras regulatorias y esquemas
empresariales para el desarrollo
de la energía rural
Regulatory barriers and business schemes for the development of rural energy
Ángela Inés Cadena Monroy
Profesora asociada del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes.
Contacto: acadena@uniandes.edu.co
Durante el panel ‘Barreras regulatorias y esquemas
empresariales’ desarrollado en el marco del Foro de la
Revista de Ingeniería ‘Energía para un nuevo país rural’,
Leonardo Pérez Álvarez, gerente de Kastalia Energy S.A.;
Jorge Valencia, experto de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG); Marcela Bonilla, asesora de la
Dirección de la Unidad de Planeación Minero Energética
(UPME); Harold Valencia, profesor y representante
legal de la Junta Administradora del Servicio de Energía
(JASE) de Punta Soldado, Buenaventura; Ómar Serrano,
gerente de la Compañía Eléctrica de Occidente (CEO)
y Rutty Paola Ortiz, consultora, exsuperintendente y
exviceministra de energía, nos dieron su punto de vista
acerca de las actuales restricciones que tiene el sector
de las energías alternativas, especialmente en el tema
de regulación, y cómo pese a estas limitaciones existen
iniciativas exitosas que, gracias a innovadores esquemas
empresariales, han demostrado que es posible que
comunidades rurales desarrollen proyectos sostenibles
de energía para sus pobladores.
El primer invitado a nuestro panel, Leonardo Pérez,
abordó las limitaciones para el desarrollo de pequeñas
centrales hidroeléctricas (PCH), especialmente en temas
de instalación y operación.
Tres de los problemas a tratar se refieren a dificultades
de conexión, aspectos regulatorios y licenciamiento
ambiental.
El gerente de Kastalia inició su exposición planteando
los límites impuestos a pequeños desarrollos por
la potencia instalada u otra denominación como no
convencional y convencional, lo que dificulta que se
avance más rápidamente en el “acceso suficiente a una
infraestructura energética que solvente requerimientos
técnicos necesarios para una tecnificación agropecuaria
razonable e integral, que va más allá del problema
de la cobertura y acceso al servicio” de un país rural.
Los límites de potencia de 1 MW terminan exigiendo
procesos de licenciamiento y de permisos muchas veces
innecesarios y sobredimensionados para los impactos
ambientales y sociales; y la definición de convencional
para las PCH las excluye de acceso al financiamiento.
Leonardo señala que en el caso de la generación
distribuida, algo que aún se puede ajustar fácilmente,
su dificultad continúa siendo su limitación a 100 kW de
potencia instalada. Nuestro invitado apela en su artículo
desarrollado para la presente edición de la Revista de
Ingeniería, a la utilización de criterios diferenciados
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