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Recomendación para la reforma institucional del sector eléctrico para las Zonas No Interconectadas – ZNI | Rutty Paola Ortiz
Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia.
Con base en el diagnóstico, la propuesta general
es simplificar y especializar instancias, recursos e
instrumentos con un adecuado sistema de gestión de
riesgos que garantice la robustez técnica de las actuaciones
estatales, transparencia en los procesos, y un efectivo
sistema de pesos y contrapesos.
Propuestas de política pública
Como se mencionó, en las ZNI coinciden en un alto
porcentaje territorios de altos niveles de necesidades
básicas insatisfechas y también con zonas de
postconflicto. Allí convergen varios intereses y fines de
la política estatal, además de los objetos concretos de la
política de energización.
Por las complejidades físicas y logísticas de las ZNI, la
manera más eficiente de atender a los colombianos
que se encuentran en esas áreas aisladas es una acción
conjunta del Estado. En el marco de una política integral
para consolidar la presencia estatal en el territorio
nacional, la cobertura universal de energía no solo
cobra protagonismo, sino que encuentra una mejor
oportunidad de ejecución. Por eso, la primera conclusión
resulta en la necesaria coordinación de las instancias
institucionales que llegan a las ZNI.
El momento histórico que vive el país al “recuperar” para
la legalidad territorios afectados por el orden público
implica también la responsabilidad de llevar bienestar
a esos colombianos, de construir tejido social, sentido
de pertenencia y transformar los modelos de desarrollo
de las áreas afectadas por la violencia. Por esto, los
elementos articuladores alrededor del posconflicto como
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
-PDET, así como los esquemas que está proponiendo el
Gobierno para la ejecución de regalías, representan un
marco propicio para lograr esa coordinación estatal en
lo local.
De otro lado, si bien el objeto de nuestro trabajo fue el
marco institucional para lograr los objetivos de política de
energización en las ZNI, es innegable que el mayor desafío
de esta política es la sostenibilidad de la prestación del
servicio, por lo que se deben facilitar las condiciones
normativas y regulatorias para que más actores puedan
intervenir y para que esquemas innovadores puedan
surgir incluso en una transformación de modelos desde
el territorio, o propuestas de administración y gestión
multisectorial no solo entre distintos energéticos, sino
entre distintos servicios esenciales.
Propuestas sobre el marco institucional: instancias y
criterios claros
En cuanto al marco institucional las recomendaciones
son claras: el aumento de cobertura de energéticos
se logrará a través de proyectos de infraestructura
y esquemas sostenibles de prestación. Para ello se
necesitan capacidades institucionales acorde con el
desarrollo de proyectos. En ese sentido, se propone
fortalecer y especializar a las entidades del sector.
Un único planificador – viabilizador: el sector
cuenta con un Planificador Integral. Por lo tanto, no
tiene sentido que existan funciones de planificación
dispersas en otras entidades, salvo las propias del
rector de la política (MinEnergía) quien adopta el plan
y el Departamento Nacional de Planeación-DNP- que
articula el Plan Nacional de Desarrollo -PND- y le hace
seguimiento. En ese sentido, la Unidad de Planificación
Minero Energética- UPME- es la llamada a formular de
manera exclusiva los instrumentos de planificación del
sector y, dicho sea de paso, su capacidad técnica en esa
materia está probada.
De otro lado, así como en la Nación el DNP tiene la
función de articular el PND y posteriormente viabiliza
los proyectos de inversión del Estado para garantizar
la coherencia de estos con las metas del Plan, así, la
UPME debe tener, en forma exclusiva, la función de
viabilización de los proyectos del sector para garantizar
su coherencia con lo planificado.
Adicionalmente, contar con un viabilizador exclusivo
garantiza la uniformidad de criterios respecto del
universo de proyectos a ejecutarse, da claridad y
transparencia ante los interesados y facilita el sistema
de control de riesgos en el sector.
Entidad estructuradora y ejecutora de proyectos:
se requiere una entidad especializada con robustez
técnica y eficiencia administrativa que desarrolle
la función fundamental para lograr las metas
propuestas en el sector: la estructuración y ejecución
de proyectos viables. Esta es la entidad llamada a