82 48
a la oferta y a la demanda, y señala que ve necesaria la
constitución de una empresa de servicios públicos si se
quiere contar con estos recursos del Estado.
De nuevo, vale la pena referirse al artículo realizado por
Rutty Ortiz, donde se menciona que cualquier solución
individual de energía en las Zonas No Interconectadas
(ZNI) concebida como servicio público domiciliario
tiene por ley diferentes obligaciones: constituirse
como sociedad anónima, inscribirse en el Registro
Único de Prestadores de Servicios Públicos, reportar
periódicamente información a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, pagar contribuciones a
la CREG, establecer una oficina para recibir las peticiones,
quejas y reclamos de los usuarios y, obviamente, cumplir
con el régimen de solidaridad en materia de subsidios
y contribuciones. Es claro que los recursos del Estado
deben asignarse a organizaciones formales, pero es
necesario adecuarse a los nuevos desarrollos que
posibilitan soluciones interesantes para poblaciones de
escasos recursos como las microgrids y Pay as you Go
presentadas en este conversatorio.
Antes de ilustrar una solución como la mencionada,
Marcela Bonilla hace su participación sobre las
dificultades de licenciamiento ambiental para pequeños
desarrollos orientados al sector rural. Ella señala que se
deben proponer soluciones creativas que vean la energía
como un medio para mejorar la calidad de vida de las
poblaciones más aisladas y no como un fin en sí misma,
según lo planteado en la agenda 2030 de las Naciones
Unidas y en varias de las metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Ejemplifica algunas propuestas y soluciones que se
han concebido en áreas protegidas como los parques
nacionales y que enseñan que “a través de una mejor
comprensión de los requerimientos, realidades
ecosistémicas, soluciones tecnológicas disponibles,
culturalmente aceptables, involucrando a las
comunidades en su mantenimiento, haciendo que los
privados se interesen en ser parte de estas soluciones,
aprovechando los co-beneficios derivados, incluyendo
los de soluciones menos intensivas en carbono y de
resiliencia y adaptación a los fenómenos del clima, con
el uso de recursos naturales renovables abundantes en
ciertas regiones tales como el viento, el sol, el agua y la
biomasa” se pueden implementar iniciativas energéticas
para avanzar en la cobertura universal del servicio de
energía en Colombia, especialmente en zonas rurales.
La intervención del profesor Harold Valencia comienza
con la presentación del video “Buenaventura Solar” que
describe el sistema híbrido solar-diésel-batería instalado
en su isla, a través del Programa de Energía Limpia para
Colombia (CCEP, por sus siglas en inglés), en asocio con
la empresa privada EPSA (actualmente CELSIA). Además
de la novedad tecnológica que representa el sistema
híbrido implementado en 2016 en esta comunidad del
Pacífico, detallado en el artículo correspondiente de esta
revista, el costo inicial se realizó sin inversión pública –
solo con recursos de cooperación internacional, sector
privado y comunidad – lo que permitió entregar la
propiedad, operación y mantenimiento a la empresa
comunitaria JASE constituida por los usuarios. Para
asegurar el recaudo de los suficientes recursos para
la operación, mantenimiento y reposición futura de
componentes fungibles (baterías, inversores, etc.),
se instaló un contador prepago en cada vivienda,
cuyas tarjetas se recargan en la oficina de la JASE a
razón de $800/kWh, tarifa acordada por la misma
comunidad. El sistema opera las 24 horas del día a
partir de energía solar y baterías, exclusivamente, sin
acudir a la planta diésel de respaldo. Este sistema es
manejado desde 2016 por la empresa comunitaria,
que recibió la capacitación administrativa, financiera y
técnica para operar y mantener la planta generadora,
la red domiciliaria y el modelo prepago, además de
contrataciones de asistencia técnica especializada para
el mantenimiento preventivo de los equipos1.
Esta experiencia ilustra el alto costo de soluciones
energéticas para la ruralidad colombiana, la necesidad
de recursos financieros de cooperación internacional o
1. Nota proporcionada por Jose Eddy Torres, editor invitado.