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Bloque I, tiene un costo similar o ligeramente mayor a
la tarifa promedio estipulada por el organismo nacional
regulador de tarifas de ese momento (Comisión Nacional
de Tarifas) para zonas rurales; en el caso de Perú la BT-5
(tarifa subvencionada). En promedio las familias pagaban
USD 3.50/mes.
Bloque II, debe estar alrededor de la tarifa promedio
para zonas rurales (BT-5) o muy ligeramente menor.
Esto implicaba muchas veces un pago variable de USD
3 a 6 /mes, que se sumaba al primer tramo (bloque I).
Bloque III, es de costos promocionales. Generalmente
es el bloque que permite usos productivos y, por lo
tanto, debe ser bajo pero teniendo cuidado de no afectar
las recaudaciones. Este también era variable.
Haciendo un balance de este modelo es importante
manifestar lo siguiente:
• La tarifa, sumados los bloques, hacía una
diferencia entre el primero y el tercero, lo cual
definía el criterio de justicia. Además, aseguraba
los recursos para el funcionamiento del sistema
energético en su conjunto.
• El desarrollo de capacidades, pasar del curso a un
programa de capacitación, fue muy importante.
Se definió que la capacitación no era un gasto
sino una inversión.
• Se constituyeron muchas empresas comunitarias
para administrar el servicio eléctrico, con
contratos legales, elemento que en muchos
casos impidió la manipulación política.
• El esquema de tarifas incentivó el desarrollo
de pequeños negocios, promoviendo el uso
productivo de la energía, dándole el margen
económico que necesitaba el servicio eléctrico
para su funcionamiento óptimo.
• La población experimentó un incremento de su
ingreso promedio mensual del 30%.
• Los servicios de salud, educación y otros
emprendimientos fueron parte del diseño del
sistema energético.
3. Los retos al 2030: acceso inclusivo y
sostenible
Los compromisos orientados a disminuir las emisiones
de efecto invernadero producidas por el sector
energético, para contribuir así a la mitigación del
cambio climático, vienen desencadenando el uso
de diversas tecnologías limpias. Las experiencias
realizadas en el marco de la energización rural, así
como los avances importantes en relación al acceso
universal, han brindado muchas lecciones positivas y
otras que deben generar una reflexión a fin de lograr un
desarrollo sostenible. Se estima que en América Latina
y el Caribe alrededor de 14 millones de personas no
disponen de electricidad y 84 millones de habitantes
carecen de acceso a tecnologías de cocción.
En esa perspectiva, un criterio que es sin duda ineludible
es el hecho de la participación de la población en torno
a la identificación y definición de sus necesidades
prioritarias. Lo ideal es hacer un esfuerzo para diseñar
MCH de Suro Antivo 25 KW.
Cajamarca, Perú.
Soluciones Prácticas.