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Retos y evidencias de sostenibilidad de procesos de energización para un nuevo país rural | Jesús Gómez y José Eddy Torres
Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia.
Con la información técnica y socio-económica captada
in situ, más el conocimiento profesional, cotizaciones de
equipos e insumos, entre otros, se elabora un documento
técnico (prefactibilidad) y una presentación en cartelera
de opciones energéticas posibles de implementar,
para discusión y priorización conjuntamente con la
comunidad (componentes “Identificación preliminar”
y “Socialización” en la Ilustración 3). En este caso, se
acordó en reunión entre la comunidad y CCEP pasar a
la fase de diseño y estructuración de la construcción
de una microcentral hidroeléctrica que incluyera
la instalación de redes de distribución eléctrica así
como el fortalecimiento de los sistemas productivos
y poscosecha de arroz y maíz y de una ebanistería
comunitaria para ayudar a su sostenimiento y mejorar
la calidad de vida de la población.
Frente a otras fuentes de energía renovable más
intermitentes, la gran ventaja de la micro hidroenergía
– donde existan las condiciones topográficas e hídricas
aprovechables – es que brinda energía firme las 24
horas al día para comunidades nucleadas y aplicaciones
agroindustriales. Sin embargo, es bastante exigente
en estudios técnicos y ambientales, así como en
trámites institucionales y capacitación comunitaria.
Por experiencia propia, es necesario contar con un
mínimo de 24 meses para materializar la mayoría de
proyectos de micro centrales hidroeléctricas en zonas
no interconectadas. Este margen prudencial tiene en
cuenta que hay que contratar y realizar entre 7 y 10
estudios técnicos y ambientales especializados para los
diseños, además de tramitar consultas previas (cuando
se trata de comunidades indígenas o afrocolombianas),
permisos ambientales y las asignaciones y trámites
presupuestales internos de las instituciones asociadas
(aquí, el IPSE y la entidad contratada para administrar
sus recursos). El diagrama ilustra todo el proceso previo
(Fases I y II) que hay que surtir antes de siquiera iniciar
la implementación (Fase III).
En la medida que avanzan los estudios técnicos y
procesos institucionales, surgen imprevistos que
pueden atrasar o incluso dar al traste con el proyecto.
Los cogestores del proyecto deben estar preparados
para enfrentar y resolver imprevistos, que en general
se sortean si hay consenso y unidad entre aliados para
sacar el proyecto adelante. En este caso, no hubo
atrasos en cuanto a estudios técnicos y ambientales,
que dependen básicamente de la gestión técnica y
administrativa propia del equipo de trabajo, pero sí hubo
problemas con las gestiones institucionales. La consulta
previa, mediada por la dependencia del Ministerio
del Interior que certifica la presencia del resguardo
indígena Río Panguí en este territorio, debió hacerse
en dos fechas (octubre 2012 y marzo 2013) porque la
entidad no había previsto los tiempos requeridos de
desplazamiento al sitio y eventual pernoctada para
completar el procedimiento en su primera visita. Pero
más grave fue el proceso de obtención de permisos
ambientales, que tardó más de 18 meses y amenazó
con cancelar el proyecto.
En julio de 2013, CODECHOCÓ otorgó una concesión
de aguas superficiales para la pequeña central, pero
frenó el permiso para aprovechamiento forestal
único de 59 m3 de madera requerido. A comienzos
de 2014 finalmente negó el plan de manejo forestal,
argumentando que el terreno que la comunidad
indígena había comprado en la década de 1980, antes
de la constitución de 1991, había sido delimitado
por el INCORA como terreno afrocolombiano tras
la promulgación de la nueva constitución. Así que
formalmente le pertenecía al Consejo de los Riscales,
y no al resguardo indígena Río Panguí. Si bien ambos
grupos étnicos respetan sus fronteras de facto, lo
que prima son las fronteras jurídicas y fue imposible
modificarlas a través del INCODER, sucesor de INCORA.
Sin ese permiso forestal, se paralizó el proyecto.
Además, sin una solución al impasse jurídico creado se
arriesgaba perder los recursos de contrapartida pública
que se habían asignado.
El CCEP le planteó a la comunidad la urgencia de
resolver el escollo entre las dos etnias, buscar
otras alternativas energéticas dentro de los límites
asignados en Bogotá a su territorio, o cancelar el
proyecto. Entre las alternativas identificadas existía la
posibilidad de emplear otra fuente hídrica más alejada
del poblado (a significativamente mayor presupuesto),
montar distintos arreglos solares para viviendas e
infraestructura escolar y alumbrado público (pero
excluyendo motores para procesos productivos),