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Contribución de la energía a la consolidación del desarrollo económico en territorios en posconflicto: el caso del Plan de
Consolidación de La Macarena en Colombia | Carlos Alberto Ávila Cerón e Ignacio De los Ríos Carmenado
Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia.
programas diseñados desde los gobiernos, orientados
desde el conocimiento de expertos internacionales, para
combatir la producción de los cultivos ilícitos (Moreno et
al, 2003) y proveer opciones lícitas que generen empleo
e ingresos alternativos a las comunidades rurales.
Estas poblaciones de las zonas objeto de “erradicación”
que se acogen a las medidas de estos programas
se comprometen a no continuar dependiendo de
estos cultivos.
Desde la primera acción, a gran escala, denominada
“Operación Fulminante” e implementada desde el
Ejército de Colombia en 1978 (Tokatlián, 1978), los
procesos de planificación para la lucha contra los
cultivos ilícitos han adoptado el modelo clásico de
reforma social, en donde el diseño de las medidas de
los programas se caracteriza por ser “desde arriba”,
es decir, desde la Presidencia y el conocimiento de
la Cooperación Internacional. La visión de conjunto
corresponde solo a los planificadores y directores
de los programas (Cazorla et al, 2015). Se trata de
programas temporales del gobierno en los que la
sostenibilidad en el tiempo es escasa, igual que la
integración social en la ejecución los programas
sectoriales y los planes de desarrollo dentro de las
políticas de los gobiernos. Algunos de estos programas
son: Campo en Acción entre 1990 y 1994, el Plante
y Pa’lante entre 1994 y 1998. Tal vez, uno de los
más importantes es el Plan Colombia (desde 1999),
programa que inicia su ejecución durante el gobierno
1998 – 2002 donde sus propósitos fundamentales
son la lucha contra el problema mundial de las drogas,
el crimen organizado y la violencia que este genera,
la reactivación económica y social, el fortalecimiento
de las instituciones democráticas, y los avances en las
negociaciones de paz en el país.
El Plan Colombia es un acuerdo bilateral suscrito por
el Gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos.
Posteriormente, entre el 2002 y 2010 se puso en
marcha el Programa Presidencial contra los Cultivos
Ilícitos, PCI, el cual tenía dos estrategias, la erradicación
manual voluntaria (“Programa Familias Guardabosque
y Proyectos Productivos”) y la erradicación manual
forzosa, entre el 2008 y el 2014. Estos programas
recogen la experiencia del Plan Colombia y continúan
con la misma estrategia, pero en el marco de la política
de consolidación y reconstrucción territorial (Decreto
6141 de 3 noviembre de 2011).
Este modelo tradicional de Reforma Social de los
programas de los gobiernos para la lucha contra
los cultivos ilícitos, se enmarca en el contexto de
las estrategias mundiales de las Naciones Unidas
diseñadas en las Convenciones Internacionales sobre
Estupefacientes (Naciones Unidas, 1961, 1971, 1988)
para un “Desarrollo Alternativo” (DA). El propósito de
este “desarrollo alternativo” es promover opciones
socioeconómicas lícitas y sostenibles para las
comunidades que han recurrido al cultivo ilícito como
medio de subsistencia.
Estos programas de desarrollo alternativo son una política
rural que representa la opción no represiva contra dichos
cultivos (Balcázar, 2008). En sus inicios, esta práctica fue
promovida y ejecutada por la cooperación internacional, y
se demarcó en la sustitución de cultivos. Estos programas
han puesto especial énfasis en factores económicos, y en
particular en la tierra, relegando las condiciones sociales y
políticas a un segundo plano. Este énfasis ha dominado los
enfoques que proponen la sustitución de cultivos ilícitos
por lícitos y que basan la medición de impacto en función
de las hectáreas establecidas y erradicada, y no responden
al enfoque de la seguridad del territorio y la participación
de los pobladores como actores fundamentales en el
proceso, donde se corre el riesgo que algunos de estos
recursos puedan terminar fortaleciendo a los grupos
armados ilegales.
El último informe de la Oficina de la Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito “UNODC” (junio de 2017),
reporta un incremento del 52% en los territorios
afectados por cultivos de coca al pasar de 96.000
hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016. Si
bien se presenta un descenso entre el 2001 al 2013, la
estrategia se ha estancado en los últimos tres años, y el
área total de cultivos ilícitos se incrementa. Ver Figura 1.
Aunque los resultados de estos procesos de planificación
sí han generado proyectos productivos orientados a la
generación de ingresos, que han permitido la sustitución
de los cultivos ilícitos y el tránsito hacia una economía
legal, el problema aún persiste y los cultivos ilícitos aún
no han desaparecido (Calvani, 2003). Además, a pesar
de que a lo largo de este tiempo se han logrado avances
innegables, entre estos, la desarticulación sucesiva de
los grupos armados ilegales, las actividades delictivas
continúan siendo una de las amenazas principales a la
estabilidad y la seguridad de Colombia (Páez, 2012).