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Retos de un nuevo sistema catastral en el marco de construcción de paz en Colombia | Natalia Escobar y Jorge Hernán Cárdenas
Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia.
Adicionalmente, puede contemplarse la posibilidad de
crear tasas por el uso (comercial o institucional) de la
información que genere el sistema. Estos usuarios
pueden ser privados (como las constructoras de
proyectos inmobiliarios, por ejemplo), o pueden ser
públicos. Para estos últimos podría pensarse en un
sistema de precios interno como el que opera en los
grandes grupos corporativos del sector privado.
En términos tributarios también podrían considerarse
dos nuevas tasas de orden nacional. Una primera
de ‘servicios catastrales’, que pagaría el solicitante
(personas, naturales o jurídicas) de modificaciones de
datos físicos de los predios en las bases de datos del
catastro multipropósito. La segunda sería una tasa de
‘administración del catastro de los predios exentos del
impuesto predial’ con cargo al propietario o poseedor
del predio exento.
Otras fuentes que pueden considerarse son el Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI), el Fondo
de Compensación Regional (FCR), los Fondos de Libre
compensación, excedentes de la SNR no transferidos al
sector Justicia18, y cooperación internacional.
Conclusiones
El actual catastro colombiano tiene notables
deficiencias. Un nuevo sistema catastral con enfoque
multipropósito es fundamental para consolidar la paz en
el país y ejecutar políticas de desarrollo eficaces en todo
el territorio nacional. La adopción de este nuevo sistema
entraña retos y oportunidades en materia financiera,
administrativa e institucional.
En términos financieros, a la luz de las estimaciones
del Gobierno, alrededor del 42 % del costo de este
proyecto no tendría fuentes claras de financiación, por
lo que se sugieren ajustes institucionales que balanceen
las asimetrías presupuestales de las entidades
que conforman el sector, y se proponen fuentes
complementarias, como la venta de servicios basados en
la información que generaría el sistema, la exploración
de diferentes fondos relacionados con los temas de paz
o de información territorial, y la realización de alianzas
público-privadas. Estas últimas también se presentan
como una oportunidad en términos operativos, pues la
participación de operadores especializados resulta de
gran relevancia para el desarrollo y sostenibilidad de
este nuevo sistema catastral.
De forma similar, la posibilidad de delegar funciones
catastrales a entidades territoriales se presenta como
una oportunidad para incrementar la eficiencia del
sistema. Las experiencias de ciudades como Bogotá
y Medellín son alentadoras y podrían funcionar como
modelo para avanzar hacia la modernización catastral
de otras ciudades como Bucaramanga, Barranquilla,
Ibagué, Villavicencio y Cúcuta, entre otras. Sin embargo,
la vigencia de la Ley del actual Plan de Desarrollo que es
el que realiza provisiones a este respecto, finalizaría con
la adopción del nuevo plan de desarrollo que el próximo
gobierno emita en los meses venideros. Es relevante, por
lo tanto, llamar la atención sobre la importancia de que
el nuevo plan contemple el mecanismo de delegación
como una de las herramientas para lograr un sistema
de catastro multipropósito efectivo y sostenible.
Un reto no resuelto es un nuevo estatuto catastral que dé
espacio a nuevos actores y la experiencia internacional
es contundente en afirmar que la presencia de múltiples
actores y operadores catastrales es la norma.
La coherencia de estos procesos requiere una
regulación sólida y coherente que articule los esfuerzos
que diferentes entidades realizan en materia de gestión
territorial. Un paso en esta dirección es un nuevo
estatuto catastral que, aunque ya fue propuesto, aún
no ha sido aprobado.
18. Permitir que el 28 % de los ingresos de la SNR se dediquen a formación catastral, sobre la base que los ingresos totales que superen la cifra del año 2016. Todo ingreso que supere el
valor de la vigencia de 750.000 millones del 2016.