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Empecemos por precisar que la expedición del Conpes
3859 de 2016 no está proporcionando el punto de partida
hacia un catastro multipropósito o multifinalitario en
Colombia, dado que sería no menos justo reconocer los
fines que buscaban leyes, decretos y resoluciones (desde
hace más de tres décadas), señalados en la primera
parte del presente documento, así como la acuciosa
necesidad de modernizar el sistema y su integración con
las bases de datos del registro de instrumentos públicos,
y con ello avanzar en los procesos de formalización de la
tierra con fines de reforma agraria, y en el cumplimiento
de las metas estipuladas en los acuerdos de La Habana,
en especial en el primer punto sobre reforma rural
integral (RRI).
Por su parte, para avanzar en los propósitos de
las reformas rurales, se torna imperativo articular
los aspectos catastrales con los de registro, lo que
permitiría mantener un control adecuado sobre la
propiedad de la tierra, y de esta forma minimizar la
inadecuada concentración de la misma, así como para
garantizar procesos de formalización y titulación de
tierras baldías. Al llegar aquí, se puede inferir que las
políticas rurales y su poca integración con los procesos
catastrales no han permitido la plena identificación de los
propietarios que concentran las tierras, como tampoco
la correcta adjudicación de baldíos a los campesinos que
verdaderamente los necesitan.
Es por ello que, después de más de ochenta años
de la primera reforma, aún no se han superado
ni las problemáticas técnicas del catastro para la
identificación de predios y propietarios correctamente,
como tampoco las problemáticas que traen consigo
la acumulación excesiva de tierras, la inadecuada
productividad del campo, la bimodalidad en la estructura
agraria, la asistencia técnica al campesino, entre
otras, repercutiendo en problemas de alta fragilidad,
vulnerabilidad y pobreza de las poblaciones campesinas.
Conviene expresar que las políticas públicas catastrales
están dadas, pero se debe reflexionar acerca de la
pertinencia del camino a seguir. Es determinante
destacar que, en este momento, las evidencias
demuestran que vamos por un camino que no es el
adecuado, pues a dos años de expedido el Conpes 3859
se emprendió un proyecto piloto con una gran cantidad
de recursos asignados17 que no ha dado resultados
concretos, y planteando de entrada una excesiva
cantidad de variables que no son fundamentales para
desarrollar un catastro más eficiente y multifinalitario
como el de otras regiones del mundo más avanzadas en
estos temas18.
En este aspecto, sería inconcebible que los resultados
finales del proyecto piloto determinen que no es
necesaria tal cantidad de variables (y volver a las
básicas) y que se deben retomar la mayoría de las que
se han venido trabajando en las últimas décadas por el
IGAC o por los catastros descentralizados, tanto para
la recolección de información de campo como para
los procesos en la determinación de los precios de la
tierra. De igual forma, es imperante la articulación de
las instituciones que están adelantando procesos de
barrido predial (ANT, Fondo Adaptación FA, UPRA, entre
otras), tanto en los estándares para la IDE, como en las
variables y procesos de levantamiento de información
de campo, para evitar la duplicidad de esfuerzos.
Paralelamente, se tiene la implementación de
instrumentos de planificación, tanto a nivel municipal,
regional y departamental, como todos aquellos
surgidos en el marco de los acuerdos. Aquí corresponde
distinguir algunas situaciones suscitadas de entrada:
la primera está relacionada con la excesiva cantidad de
instrumentos (planes y más planes) contemplados en
el ordenamiento jurídico y, al analizar un instrumento
con otro, se evidencian superposiciones de jerarquía
que requerirán precisiones jurídicas antes que técnicas
en los próximos años. La segunda, hace referencia a la
excesiva participación, que terminará por desgastar las
comunidades que han esperado por años soluciones a
sus problemáticas más sensibles. La tercera se relaciona
con la asignación de recursos y la obligatoriedad del
cumplimiento de sus metas y proyectos, en un contexto
político cambiante cada cuatro años.
17. Para ampliar ver documento recuperado el 19 de marzo de 2018 de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Documentos%20GFT/
Bolet%C3%ADn%20propuesta%20de%20financiación%20catastro.pdf
18. La Organización de los Estados Americanos OEA, reconoce a la oficina del catastro de Quebec como expertos y socios estratégicos para contribuir al fortalecimiento de las capacidades y
modernización del catastro en América Latina. El catastro de Quebec es un buen ejemplo de la inclusión solo de variables esenciales, con grandes resultados en los aspectos multifinalitarios.
Para ampliar ver: http://portal.oas.org/Default.aspx?tabid=839&language=es-CO
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/Default.aspx?tabid=839&language=es-CO