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Política de tierras en Colombia: ideas para el nuevo gobierno| Daniel Páez
Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia.
Independientemente del mecanismo, sin respaldo
no hay seguridad de tenencia y sin seguridad no hay
administración de tierras. El nuevo gobierno colombiano
deberá contemplar esta cuestión al momento de hacer
una propuesta a la comunidad, el sector privado y todos
los propietarios de tierras para así reducir el riesgo y
hacer posible, por ejemplo, que el sector financiero haga
préstamos sobre tierras rurales en antiguos territorios
nacionales, algo que no sucede en la actualidad.
Autonomía para los municipios
Pensar en un nuevo sistema de administración de
tierras en donde la tarea de definir físicamente los
predios recae en una institución central es insostenible.
Delegar esta función al IGAC ha sido uno de los grandes
problemas de Colombia, pues esta institución ha
demostrado ser incapaz de llegar a todos los rincones
del país para medir y proporcionar una descripción física
de los predios. En el futuro sistema, el IGAC deberá
continuar dando cartografía básica pero los municipios
tendrán la libertad de levantar y actualizar su catastro de
forma autónoma, basados en principios que garanticen
eficiencia, economía y pertinencia en la recolección de
datos.
La mejor prueba de la necesidad de autonomía
son Bogotá y Medellín, en donde el catastro no es
responsabilidad del IGAC y, por consiguiente, han
logrado un alto nivel de desarrollo. Nadie conoce mejor
el territorio que sus pobladores y la excusa de que los
municipios de nivel 6 no son capaces sin ayuda se cae
por sí sola, pues incluso aquellos que tienen apoyo del
IGAC, no tienen su catastro actualizado.
Automatización
Así como vemos a diario nuevos desarrollos como
vehículos autónomos y aeronaves no tripuladas, el
futuro se orienta hacia sistemas de registro y catastro
que, de forma autónoma y con poca intervención
humana, garantizarán la tenencia de la tierra. Todas
las compañías de software ya ofrecen productos que
permiten esta automatización y, por ende, reducir costos
y problemas institucionales tales como la corrupción. Por
ejemplo, de las 30 transacciones que hay en el estado
de Western, Australia, seis ya han sido automatizadas y
los topógrafos suben sus datos directamente al sistema
sin ninguna intervención humana.
La nueva política debe dejar en claro que la
automatización es el futuro y que tecnologías como la
visión computacional o la inteligencia artificial pueden
hacer un mejor trabajo y están menos expuestas a la
corrupción. Para referencia se pueden ver los altos costos
que implica tanto para compradores como vendedores
de predios registrar su derecho a la propiedad. En la
actualidad, todas las escrituras y documentos son
revisados por abogados en notarias y oficinas de
registro municipales, pero en el futuro muchos de estos
procesos podrían ser ejecutados por un computador en
tanto la reforma lo tenga en cuenta.
Asociaciones público-privadas
Finalmente, y ligado al tema de automatización, es hora
de que Colombia tome el liderazgo en la región en cuanto
a la delegación de funciones registrales y catastrales
en el sector privado. Honduras ya ha hecho intentos,
pero Colombia tiene la oportunidad de formular la
política y sus leyes de forma tal que los privados no solo
sean habilitados para hacerlo, sino también invitados
a participar. En el país se ha aprendido que, bajo
condiciones claras y con entes de regulación fuertes, el
público es capaz de lograr grandes cambios de la mano
del sector privado. Evidentemente, las asociaciones
público-privadas para la administración de tierras deben
ser de largo plazo y los riesgos, compartidos.
Conclusión
Colombia es un país lleno de oportunidades únicas,
es megadiverso y más del 30 % de su territorio es
totalmente virgen y no ha tenido ninguna intervención
humana. Si queremos aprovechar esta riqueza y, de
paso, detener el conflicto rural, es imperativo mejorar
la administración de tierras. Los cuatro principios
propuestos no son más que eso: principios. Pero deben
motivar un debate técnico y político que nos conduzca
a un desarrollo sostenible del territorio basado en una
tenencia segura de la tierra tanto para el privado, como
para el Estado y las comunidades.