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estándares éticos. En otros casos las funciones de
estas agremiaciones van mucho más lejos, llegando
incluso a ser responsables de la expedición de licencias
de operación. Es el caso de Ontario, Canadá, en donde
la Association of Ontario Land Surveyors (AOLS) es
responsable de otorgar licencias y supervisar a los
operadores.
El uso de alianzas público-privadas para facilitar y
mejorar la prestación de servicios catastrales se ha
venido generalizando alrededor del mundo a través
de modelos como contratos de suministro y gestión,
proyectos llave en mano y concesiones. Al delegar
algunas funciones catastrales, el sector público reduce
sus cargas administrativas mientras promueve la
formación de una red de especialistas que favorece la
innovación, la competencia y la eficiencia.
En Colombia, como lo señala el CONPES 3859, “…
actualmente no se puede certificar qué personas están
en capacidad de realizar actividades de formación,
actualización y conservación catastral multipropósito.
Por ende, la existencia de un registro es crucial
para la apertura de la operación catastral…”. Esto
sugiere la necesidad de acoger recomendaciones que
organizaciones internacionales como la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
ya ha hecho a países cuyas condiciones son similares a
las de Colombia. Entre ellas se destacan el trabajo con
compañías especializadas responsables de la ejecución,
de manera tal que la agencia pública puede concentrarse
en el monitoreo y control; y la creación del proceso
de licenciamiento acompañado de capacitación en las
metodologías que el sistema de catastro multipropósito
establezca.
La participación de operadores privados es una
práctica común alrededor del mundo, pues promueve
la innovación, la eficiencia en términos de tiempo y
costos y, en general, el desarrollo del sistema catastral.
La implementación de esta buena práctica en Colombia
permitiría dinamizar el sistema y lo haría más sólido y
sostenible.
Algunas consideraciones financieras
De acuerdo con el DNP4, el costo total del sistema de
catastro multipropósito es de $ 2,6 billones. Se prevé
que el 18,7 % de estos recursos, que se ejecutarían en
un plazo de ocho años, sean financiados por la nación.
La porción restante ($ 2,1 billones) debe ser financiada
por las entidades territoriales. Estas, por su parte, gozan
de autonomía para decidir sobre su participación en el
proyecto, el cual, aunque estratégico para el desarrollo
local y nacional, puede impactar negativamente la
popularidad de los mandatarios locales en el corto
plazo, quienes serían vistos por los ciudadanos como los
responsables de los cambios en la tributación. Así, las
entidades territoriales estarían dispuestas a participar
en la financiación solo si tienen el incentivo de que los
beneficios económicos del proyecto (mayores ingresos
tributarios) superan sus costos en un plazo de diez
años5. 492 municipios cumplirían con dicha condición.
A los 630 municipios restantes se les denomina “no
autofinanciables” y representan el 42 % del costo
del proyecto ($ 1,1 billones)6. Estos municipios, que
albergan en conjunto una población de casi diez
millones de habitantes, se caracterizan por tener
una proporción de predios rurales relativamente
alta. Un poco más de la mitad de sus predios son
rurales, mientras que en los autofinanciables solo un
24 % de los predios son rurales. En los municipios no
autofinanciables la población también es menor: casi
el 80 % tiene menos de 20.000 habitantes. En el caso
de los autofinanciables, aquellos con menos de 20.000
habitantes solo representan el 30 %.
Esta caracterización indica que la ruralidad y la
dispersión poblacional están correlacionadas con las
posibilidades de autofinanciación. En efecto, en la
mayoría de municipios no autofinanciables el valor
comercial de la tierra es relativamente bajo, por lo que
la tributación también es baja, incluso si se contara
con un mejor sistema catastral. El bajo valor comercial
de la tierra se explica por diferentes razones entre
las que se destaca la baja productividad derivada de
condiciones geográficas y medioambientales. Zonas
propensas a inundaciones, de ladera, con pendientes
muy pronunciadas, y reservas naturales, son ejemplos
de zonas cuyas condiciones naturales explican su bajo
valor comercial.
En cualquier caso, sean autofinanciables o no,
probablemente los municipios van a tener que acudir
a vehículos financieros que les permitan obtener los
4. Datos División de Finanzas Públicas DNP. Grupo de Financiamiento Territorial –GFT, Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas –DIFP.
5. Es posible que aun cuando esta condición se cumpla, los alcaldes prefieran no participar para cuidar su popularidad y capital político. También es posible que aun cuando los alcaldes tengan
la voluntad, el Concejo no lo apruebe.
6. En estos municipios, los ingresos adicionales representan menos del 70 % de los costos de implementación del proyecto.