9 Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia. de capital como herramienta de incertidumbre, y la constante victimización de la población rural. Esto ha generado unos altísimos costos económicos que retrasan el desarrollo rural y ponen una talanquera a la producción agropecuaria. La población desplazada, que hoy bordea los seis millones de personas, proviene mayoritariamente de las áreas rurales del país. Más de la mitad de las familias desplazadas poseían tierras como su principal activo de producción. El lucro cesante anual por abandonar la tierra y la producción agropecuaria equivalía, en 2008, al 4.3 % del Producto Interno Bruto Agropecuario – PIB (Ibáñez 2008). Además de estos efectos, el conflicto y la violencia reducen la producción agropecuaria de quienes continúan produciendo pese al conflicto armado. Pinilla (2013) estima que la violencia del conflicto armado reduce el PIB Agropecuario en un 5.8% anual. En un estudio de pequeños productores agropecuarios, Arias e Ibáñez et al. (2013) encuentran que el conflicto no sólo produce pérdidas por la destrucción, sino por la incertidumbre que conlleva residir en regiones con un conflicto armado activo. Dicha incertidumbre lleva a los productores a concentrarse en cultivos de baja rentabilidad pero bajo riesgo, a reducir el porcentaje de tierra explotada y a elevar la producción ganadera. El diseño de políticas y su puesta en marcha en las regiones rurales, en especial aquellas que han estado bajo el dominio de los grupos armados ilegales es, por tanto, impostergable. Estos esfuerzos no deben depender de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Se deben iniciar pronto. El objetivo de este artículo es describir el acuerdo alcanzado con las FARC y examinar las condiciones actuales de las áreas rurales del país. El artículo introduce, además, este número de la Revista de Ingeniería, cuyo propósito es contribuir con ideas desde la ingeniería para fortalecer el desarrollo del país, así como proponer soluciones prácticas para que el campo sea más productivo, dinámico y con condiciones de vida equitativas. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral Las propuestas del acuerdo agrario apuntan a mejorar las condiciones de la población rural y afianzar la presencia del Estado en estos territorios. Las propuestas se pueden agrupar en tres objetivos: 1) incrementar el acceso a la tierra y proteger los derechos de propiedad; 2) impulsar el desarrollo rural y la producción agropecuaria y 3) reducir la pobreza rural. Además, los acuerdos de participación política y eliminación de cultivos ilícitos incluyen provisiones que complementan el acuerdo agrario a través del fortalecimiento de organizaciones comunitarias, los planes alternativos de sustitución de cultivos y el apoyo a las autoridades municipales, entre otros. El objetivo de incrementar el acceso a la tierra y proteger los derechos de propiedad se basa en cuatro grandes pilares. Primero, el acuerdo crea un fondo para ampliar el acceso de las familias sin tierra, o tierras insuficientes, a predios que les permitan generar ingresos y salir de la pobreza. Segundo, la titulación de la propiedad y la actualización y formación catastral buscan aumentar la Familia campesina. Simijaca, Boyacá. Fotografía: Alejandro Gómez, formalidad y la protección de derechos de propiedad. Comunicaciones y Marca-ELCA, Uniandes.
REVISTA DE INGENIERÍA 44 / Enero-Junio 2016
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