51 Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia. Proyecciones con tendencia lineal, aplicando el método de los mínimos cuadrados. Elaboración propia. Conclusiones Más allá de la inequidad que muestran los indicadores de acceso, frente a las áreas urbanas, el sector de agua y saneamiento en el ámbito rural presenta grandes retos y desafíos que demandan un esfuerzo y un trabajo continuo de todas las instituciones. A continuación se relacionan los principales problemas y desafíos identificados: Inadecuado marco normativo: Cerca de 20 mil organizaciones comunitarias y sin ánimo de lucro que prestan servicios de agua y saneamiento en el área rural del país, carecen de autorización legal para suministrar estos servicios. La Ley 142 de 1994 autoriza la prestación de estos servicios por parte de “Organizaciones Autorizadas” sin precisar que las comunidades organizadas puedan hacer parte de esta categoría. Por otra parte, según la Superintendencia de Servicios Públicos , las comunidades organizadas deben ser consideradas Empresas de Servicios Públicos en los términos de la Ley 142 de 1994 y en consecuencia cuando un municipio quiera entregar la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el área rural, debe hacerlo por medio de una licitación pública (Parágrafo del Art. 31 de la Ley 142 de 1994). Aun cuando la Corte Constitucional no comparte esta opinión , es evidente que existe un vacío legal que el Gobierno Nacional debe gestionar y atender de manera prioritaria. La regulación, el control y la vigilancia de los servicios en el área rural requieren una reglamentación especial en aspectos como: i) cobro de derechos de conexión; ii) indicadores de gestión y resultados; iii) sistemas alternos de medición de los consumos, entre otros. Información deficiente El País no dispone de un sistema de información que permita establecer con algún grado de precisión el monto de los recursos financieros invertidos en el incremento de coberturas o el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en el sector rural, ya que los datos existentes mezclan la inversión en infraestructura que se realiza en las áreas urbanas y rurales. Tampoco existe información actualizada de los prestadores de agua y saneamiento, ni de la calidad de los servicios con que cuenta la población rural en el País. Menos del 2% de las muestras que toman las autoridades sanitarias para vigilar la calidad del agua en el País, son tomadas en áreas rurales. Es muy escaso el registro de prestadores rurales en el SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos y sus acciones de control desestimulan la formalización de los pocos prestadores registrados.
REVISTA DE INGENIERÍA 44 / Enero-Junio 2016
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