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REVISTA DE INGENIERÍA 45 / Enero-Junio 2017

97 Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia. Archivo 31.000 procesos consideraban las variables de ingreso2. La justicia debía hacerse cargo de esta complejidad mediante el trámite de los procesos judiciales respectivos. Las diferentes formas en que estos procesos podían terminar, permitían medir las “salidas” del sistema. Esta forma de describir la complejidad del problema, desde una perspectiva de ingeniería de procesos, fue algo novedoso en su momento porque permitió tomar rápida conciencia, no solo de su magnitud, sino de que sus posibles soluciones requerían de estrategias innovadoras que se alejaran de la lógica común de incrementar el número de juzgados. La Figura 1 ilustra la “foto” de la congestión en la justicia penal en junio de 1982. Es claro de este diagrama que el número de procesos que podía evacuar el Sistema Penal era inferior al número de procesos que ingresaban anualmente. Si, además, se tenía en cuenta el número de procesos que estaban represados (en ese momento un poco más de un millón cuatrocientos mil), la conclusión inmediata era que, de no hacer algo radicalmente diferente, el sistema colapsaría en pocos años3. 2  Aunque el Instituto decidió focalizar su interés inicialmente en la justicia penal, posteriormente abordó las problemáticas de las otras instancias: civil, laboral y administrativa. 3  El represamiento de procesos penales sigue siendo un lastre importante hoy en día. A pesar de los varios esfuerzos de evacuación extraordinaria, la dinámica de la criminalidad en el país ha ido aumentando. Hoy en día el número de procesos penales represados en la Fiscalía General de la Nación es de cerca de un millón doscientos mil. Pero la misma gráfica muestra otra problemática concurrente con la anterior: el hacinamiento carcelario. Del total de personas que se encontraban recluidas en las prisiones en ese momento, el 75 % eran sindicados, es decir, personas a las que aún no se les había demostrado su responsabilidad en el delito por el que se les estaba investigando. Esto no solamente era una violación al principio constitucional de presunción de inocencia4, sino la fuente de posteriores demandas contra el Estado por encarcelación indebida5. Dos consecuencias de este nivel de congestión son la impunidad (procesos que prescriben6) y la corrupción7. Este primer análisis llevó a los investigadores del Instituto a preguntarse por aspectos como: la eficiencia de los procesos judiciales, mecanismos alternos para resolver estos procesos y reformas estructurales del sistema de administración de justicia. Veremos a continuación 4  Ocurrieron casos aberrantes en los que algunos sindicados decidían trabajar en la cárcel y solicitar “reducción de pena” aún sin haber sido condenados. No pocos fueron encontrados inocentes, por lo tanto, al salir de la cárcel tenían un “saldo positivo a favor”, de días de reclusión. 5  En 2015 la cifra de estas demandas alcanzó el monto de 24 billones de pesos 6  La prescripción ocurre cuando se agotan los tiempos procesales sin que el sistema penal haya podido concluir el trámite de investigación y juzgamiento. 7  Funcionarios judiciales cobran para alterar el orden en el procesamiento de los casos o para agilizar o retardar su trámite. Algo similar ocurre en los establecimientos carcelarios. 1.349.000 Casos Acumulados 48.500 Casos Acumulados 25.827 Presos 294.000 procesos 10.000 sentancias condenatorias Salen Salen Sumarios Causas 11.100 procesos pasan Reclusos condenados 6.429 Reclusos sindicados 19.398 59.400 procesos 2.000 procesos Figura 1. Congestión de la justicia penal en Colombia (junio de 1982). Fuente: Dane, Estadísticas de criminalidad, 1979 y 1980; Instituto SER de Investigación, inventario de casos penales, 30 de junio de 1982; Dirección General de Prisiones, Minjusticia, julio de 1982


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