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REVISTA DE INGENIERÍA 45 / Enero-Junio 2017

81 Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia. El conflicto armado afectó principalmente a nuestra región rural. Por eso el gran impacto positivo de la paz, y los planes y proyectos que vienen con ella en el posconflicto beneficiarán a esas regiones que por más de 5 décadas han estado sitiadas por la guerra. Las políticas del Gobierno Nacional están dirigidas a generar desarrollo en esas zonas rurales que no han tenido oportunidades de desarrollo. Para lograr esto, además de perdonar, fortalecer la justicia, atacar las desigualdades, la inequidad, la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción, deben generarse y fortalecerse las cadenas productivas. La identificación de la vocación productiva de cada territorio permitirá crear estímulos dirigidos a la producción: apoyo tecnológico, créditos blandos y la planificación y ejecución de una infraestructura acorde con la productividad de la región. De lo que se trata es de generar la infraestructura que la región y su productividad requieren, creando un circulo virtuoso en el que, a mayor productividad, mayor infraestructura. El Ministro de Agricultura manifestó en un reportaje del periódico El Tiempo (6 de noviembre de 2016) que “Este semestre logramos sembrar 12 veces más que en los últimos 20 años. En Colombia se venían sembrando 16.000 hectáreas nuevas por semestre y subimos a 185.000 hectáreas”. ¿Qué infraestructura requieren esos productos para llegar a los centros de abastecimiento, distribución y consumo? ¿Qué infraestructura requieren para que ese esfuerzo de productividad genere riqueza en las regiones? El acuerdo firmado en La Habana plantea las bases de una Reforma Rural Integral, reversando los efectos del conflicto y las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el país y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. El Acuerdo busca la erradicación de la pobreza rural extrema, la disminución en un 50 % de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. El Acuerdo establece que para lograr estos propósitos se requiere generar planes nacionales sectoriales y programas de desarrollo con enfoque territorial en las regiones mas afectadas por el conflicto y la pobreza, con presencia de economías ilegales y mayor debilidad institucional, que estén dirigidos al desarrollo de la infraestructura y su adecuación, al desarrollo social y a otorgar estímulos a la productividad. Estos tres componentes deben llegar al territorio de manera integral y simultanea. Para que su efecto se multiplique y dinamice, se requiere, pues, de una gran coordinación institucional, ya que el trabajo aislado entre estos tres componentes significaría una pérdida de oportunidades. La red terciaria es uno de los tipos de infraestructura que, conjuntamente con los distritos de riegos y la electrificación y conectividad, se han identificado como fundamentales para el desarrollo social y de la productividad en la región. El desarrollo y adecuación de esta infraestructura debe dimensionarse y adecuarse al tipo de cadena productiva identificada, por ejemplo, para permitir disminuir los costos de cosecha y postcosecha; de producción, acopio, transporte y distribución; o permitir el ingreso de dotaciones y turistas en las regiones con escenarios naturales que antes no podían ser admirados. La acción articulada de los componentes de los planes regionales sectoriales generan un despertar maravilloso en las regiones. Colombia cuenta con una red de carreteras con una longitud aproximada de 204.855 Km, de los cuales 17.434 Km constituyen la Red Nacional y se encuentran debidamente identificados e inventariados.


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