73 Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia. Los caminos de herradura, ahora llamados vías terciarias han permitido generar acceso a luz eléctrica y víveres a las familias que vivían con menos del mínimo. Así lo mencionó Abisua, un campesino en la vereda de Anará, en Cáceres, durante una visita que realicé a principios de marzo en el Bajo Cauca Antioqueño. Estaba visitando una empresa comunitaria que, con el apoyo de USAID, buscaban resolver el problema del estado de la red vial de su región. Así es la historia de las vías terciarias, y algunas secundarias, es una historia que cada colombiano ha vivido activamente. No solo se ha tratado de hacer grandes inversiones en la infraestructura vial y de transporte, como sucedió en el quinquenio de Reyes, el gobierno del presidente Rojas Pinilla y del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sino también del esfuerzo de gobernadores, alcaldes y cada campesino que ha procurado pasar de un camino de herradura a una vía terciaria. La administración de la red terciaria exige una gestión compartida, una que involucre y empodere a los territorios. La red terciaria y secundaria representan el 96% de la extensión total de la malla vial, en conjunto suman cerca de 180.000 kilómetros. La red nacional tiene apenas el 10% de la red nacional y de ella cerca de 6,5% está concesionado. Bajo este escenario, resulta imposible que la nación administre y gestione la red terciaria sin la participación de los departamentos, los municipios y las comunidades. Dicha gestión requiere de un soporte institucional dinámico y eficiente para ejecutar eficazmente las intervenciones viales en los distintos tramos de la accidentada geografía nacional. La Ley 105 de 1993 buscaba descentralizar la administración de las vías en las regiones, liquidó la institución de Caminos Vecinales y entregó a los entes territoriales (EE.TT) los derechos de propiedad, de gestión y operación de las vías. No obstante, esta entrega fue incompleta en especial para la red terciaria, pues unas vías y algunos tramos de ellas quedaron en manos de los departamentos o la nación (a cargo del INVIAS), exigiendo esfuerzos de coordinación adicionales a los previamente requeridos (Ver tabla 1). La delegación de la gestión de la red terciaria a los entes territoriales (EE.TT) acarreó una problemática mayor, como fue la de la incapacidad técnica de los entes territoriales para trazar planes viales de largo plazo que rehabilitaran la red, así como la dificultad para soportar técnicamente la gestión de proyectos viales en los ámbitos legales, financieros, ambientales y propios de la ingeniería. De la misma manera, entregar los derechos de propiedad de las vías a los territorios implicaba asumir responsabilidades fiscales sobre los mismos y, además, se monopolizaron en los gobiernos locales de turno, las decisiones de priorización de intervención. Lo anterior, sin tener en cuenta que los municipios tenían una desigual disponibilidad de maquinaria pesada e insumos de construcción. De primer orden De segundo orden De tercer orden Red Nacional INVIAS 11.091 27.577 ANI 6.240 Departamentos 45.137 13.969 Municipios 100.409 Total 17.331 45.137 141.956 204.424 Tabla 1. Categorización por ordenamiento y derechos de propiedad. Fuente: INVIAS
REVISTA DE INGENIERÍA 45 / Enero-Junio 2017
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