99 Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia. Circuito judicial de Itagüí Oficial judicial Figura 3. La re-estructuración y modernización de los juzgados de Itagüí (1989) la definición y medición de indicadores en tiempo real, y se crearon bases de datos que le permitían a los jueces consultar la jurisprudencia de los Tribunales y las Cortes para apoyar sus decisiones14. En esa misma época se inició un movimiento para repensar el propósito del sistema penal colombiano desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia15. Se comenzó a hablar de cuatro estrategias: descriminalizar, despenalizar, desjudicializar y desprisionalizar. La primera buscaba eliminar conductas obsoletas que aún estaban en el código penal16, la segunda proponía que ciertos delitos deberían tratarse en otras jurisdicciones17, la tercera 14 Los primeros sistemas de este tipo fueron desarrollados por el Instituto SER, con apoyo de la Fundación FES, para la Corte Suprema de Justicia. Hoy en día esta jurisprudencia puede consultarse desde Internet: http://www.csj.gov.py/jurisprudencia/ default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 15 En ese momento, ejercía como presidente de la Corte el magistrado Alfonso Reyes Echandía quien, además, era miembro del Consejo Directivo del Instituto SER de Investigación. 16 Tales como la prostitución y el duelo, entre otras. 17 Como el giro de cheques sin fondo, que podría tratarse en la jurisdicción civil. planteaba mecanismos alternos para la solución de conflictos18, y la cuarta sugería utilizar penas distintas a la cárcel como medios de castigo de la conducta antijurídica19. Una consecuencia directa de estas estrategias era la reducción de la congestión en la rama judicial, principal problema de la época. Para impulsar un cambio cultural en los jueces, abogados y funcionarios de la Rama Judicial sobre la urgencia de utilizar la tecnología para modernizar la gestión, se creó la Asociación Colombiana de Informática Jurídica (ASCOLDI)20. Los últimos años de la década del 80 fueron aciagos para el país. El poder de los carteles de la droga llegó a su máxima expresión, y su intento fallido por ocupar cargos en las esferas del poder público, resultó en una escalada de violencia en las principales ciudades del país. El ministro Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado el 30 de abril de 1984 y, poco tiempo después, varios jueces y magistrados del tribunal de Bogotá corrieron la misma suerte. El gobierno reaccionó reviviendo el tratado de extradición con los Estados Unidos y, durante los siguientes dos lustros, el terror se apoderó de los ciudadanos. Decenas de jueces perdieron la vida, centenares de policías fueron asesinados, cuatro candidatos a la presidencia fueron víctimas de sicarios del narcotráfico21; la explosión de carros bomba en los supermercados pasó a ser parte de la vida cotidiana de las grandes capitales y se produjo el holocausto del Palacio de Justicia en el que perdieron la vida 13 magistrados, incluyendo su presidente, así como centenares de funcionarios y visitantes, y otros más fueron desaparecidos22. Dos años después, el gobierno creó la Jurisdicción Especial de Orden Público para hacer frente a los carteles del narcotráfico23. El Instituto SER participó en el diseño organizacional de esta jurisdicción, así como en el 18 Tales como la mediación y la conciliación. Con el tiempo esto dio lugar a la creación de los jueces de paz y el desarrollo de los servicios de conciliación en las cámaras de comercio. 19 Por ejemplo, la prisión domiciliaria y las restricciones de movilidad (hoy en día los brazaletes electrónicos), entre otras. 20 Impulsada, entre otras personas, por Jaime Giraldo Ángel, Alfonso Reyes Echandía, Abelardo Rivera Llanos, Zorayda Mendiwelso Bendek y Alfonso Reyes Alvarado. ASCOLDI desarrolló cursos, talleres, foros nacionales e internacionales desde 1984 hasta el 2000. 21 Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro León Gómez y Jaime Pardo Leal; todos candidatos en las elecciones presidenciales de 1990. 22 El M19 se tomó el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. El operativo, en gran parte, fue financiado por el cartel de Medellín. 23 Decreto legislativo 1631 de 1987. • Radicación • Reparto • Registro de actuaciones • Listado para consulta • Estadísticas Jueces penales Jueces civiles Jueces penales Jueces laborales
REVISTA DE INGENIERÍA 45 / Enero-Junio 2017
To see the actual publication please follow the link above