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REVISTA DE INGENIERÍA 44 / Enero-Junio 2016

19 Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia. El 85,8 % del total de esa inversión es para construir ciudadanía, Estado y mercado, que es un mandato de la Constitución para proteger la honra, vida y bienes de los ciudadanos, garantizar sus derechos e incentivar el cumplimiento de sus deberes, lo cual tendría que hacerse con o sin acuerdos de paz. Un 10,3% del total de la inversión será para cumplir lo dispuesto en la Ley de víctimas y restitución de tierras, a los cerca de siete millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado, compromiso que asumió el país desde 2011, al margen de los acuerdos de paz. Un 3% corresponde a las acciones que las Farc solicitan, o porque son los costos directamente relacionados con su desarme y desmovilización, y el 1% de la inversión se requiere para llevar a cabo las reformas políticoelectorales que hagan más transparente la competencia electoral local y nacional. En conclusión, hacer la paz con las Farc cuesta 4 de cada 100 pesos, cumplirle a las víctimas 10 de cada 100 pesos y revitalizar el país 86 de cada 100 pesos. Esas son las proporciones financieras de la paz territorial. Conclusiones La principal condición para un posconflicto exitoso es, no solo desmovilizar, sino reemplazar, con instituciones sociales y públicas en los territorios, las formas de regulación y control de facto que han construido los grupos armados al margen de la ley y nuestro centrismo represivo y delegatario. El Estado no se lleva a las regiones. Se construye en las regiones a partir de esfuerzos diferenciados con la población y en las condiciones de cada ente territorial. La presencia diferenciada del Estado en Colombia en las últimas décadas ha originado que allí, donde el Estado brilla por su ausencia, poderes de facto asuman los roles, las obligaciones y las competencias que debería ejecutar el Estado. Debemos saldar la enorme deuda humana y social que tenemos con aproximadamente quince millones de colombianos, abandonados a su suerte, atrapados entre la pobreza e inmovilidad. Esto demanda una inversión grande y un compromiso ético y político aún mayor, pues esos colombianos no tienen cómo imponer con su voto esa prioridad a las mayorías de la Colombia urbana. Somos nosotros los que tenemos que auto imponernos esa obligación con ellos. Aproximadamente cada cincuenta años una generación de colombianos ha tenido la oportunidad de decidir cómo acabar una guerra de larga duración y cómo construir instituciones para un país moderno, incluyente y en paz. Primero les tocó a quienes vivieron el fin de la Guerra de los Mil Días a inicios del siglo XX, y luego a quienes padecieron la violencia bipartidista a mediados del mismo siglo. Ahora es nuestro turno. Si aprendemos de nuestra propia experiencia, esta generación pasará a la historia como la que puso fin al último conflicto armado de todo el hemisferio occidental y logró que dejáramos de ser tres países que se desconocen y recelan, y seamos por fin una sola Colombia. ¿Cómo invertir los 86 pesos de cada 100 para que la paz le cumpla a los colombianos? $7 para asegurar la construcción de Estado a nivel municipal, que administre los sistemas de seguridad y justicia, planeación, hacienda e inversión pública. $1 para formación, organización, empoderamiento y movilización de las comunidades y sus organizaciones, de manera que puedan hacer el control político. $1 para implementar las reformas político-electorales como la biometría, el voto electrónico, y la meritocracia en los organismos de control. $49 para garantizar el acceso a bienes públicos fundamentales, tener calidad de vida y ciudadanía: salud, atención integral de primera infancia, educación, agua potable, saneamiento y electricidad, vivienda digna y atención al adulto mayor. $28 para construir una economía de mercado incluyente y regulada. Es decir, para proveer la infraestructura, servicios y asistencia técnica que se necesitan para ofrecer oportunidades de inversión e ingresos legales, y así grantizar la sostenibilidad ambiental y territorial.


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