17 Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia. 3. Reemplazar a los competidores armados que se desmovilizan y romper la distribución de funciones de facto que durante años ha existido en el territorio entre el Estado y sus competidores armados (el Estado hace inversión social mientras los grupos armados ilegales prestan seguridad, justicia privada, y recaudan impuestos por medio de la extorsión). Superar esa enorme presencia diferenciada y endógena supone entender que el Estado es un orden social e institucional, que se construye a partir de las demandas políticas que los ciudadanos logren hacer valer en el debate público y electoral a sus gobernantes, y a partir de la economía y política de cada región. Por eso, el Estado no se puede “llevar a las regiones” desconociendo o sometiendo las demandas de la población y sus formas locales de organización, poder y representación. Superar ese fenómeno de presencia estatal diferenciada y su correlato de presencia y control de grupos armados ilegales supone ser eficaces en cinco propósitos fundamentales: 1. Cambiar la forma de operación del régimen político, acabar con la clase política clientelista y la manera en que se relacionan y construyen gobernabilidad las élites políticas regionales y las centrales, que inhibe e impide el funcionamiento eficaz y democrático del Estado en las regiones y en el nivel central. 2. Desmovilizar a todos los poderes armados de facto que usurpan, ejercen o inhiben la presencia y el adecuado funcionamiento del Estado en las regiones. 3. Reconocer e incorporar las legítimas demandas sociales, políticas y económicas de los 15 millones de colombianos, en su mayoría rurales, que han vivido bajo el control de esos poderes de facto. 4. Reemplazar el orden de facto de los poderes locales ilegales por instituciones sociales y estatales sólidas y legítimas, que sean reguladoras del orden territorial, social, político y económico, y sirvan como articuladoras de la relación regiones-Estado. 5. Superar la subespecificación de los derechos de propiedad y las fuentes ilegales de ingreso, por derechos de propiedad y relaciones de mercado bien especificadas, protegidas y reguladas, en ofertas económicas legales y diversificadas. 6. Profundizar y fortalecer la descentralización fiscal y administrativa, construyendo las capacidades para que las Alcaldías y Gobernaciones sean realmente el Estado en el territorio y garanticen los derechos de los ciudadanos. Lo anterior solo es posible si se fortalece a la ciudadanía y a la sociedad civil local y regional para que pueda actuar como agente reformador de la clase política y poderes de facto locales y regionales; como agente constructor de las instituciones locales que los reemplacen, y como actor político capaz de hacer valer sus derechos y cumplir sus deberes constitucionales. ¿Dónde y en qué enfocarse para construir paz territorial? Aunque es cierto que la paz implica reformas e inversiones de alcance nacional, también es cierto que así como no todas las regiones y los municipios han estado igualmente expuestos al conflicto armado, no todos los municipios y regiones pueden estar igualmente priorizados en el posconflicto. Por eso se requiere, a la par de una visión global y nacional de paz que involucre al conjunto de la sociedad, de reformas estructurales; también de una acción focalizada sobre los factores y territorios que pueden impedir que se concrete la efectiva desmovilización de las Farc y el Eln, que ponga en riesgo la seguridad de las comunidades y los desmovilizados, y que impida la reproducción o reciclaje de dinámicas de ocupación y explotación ilegal del territorio. Así mismo, se requiere una visión de más largo plazo para reemplazar los órdenes y regulaciones de facto de los oligopolios armados por instituciones sociales y estatales que ofrezcan oportunidades de inclusión, representación y movilidad a los colombianos que han vivido sin Estado. ¿En dónde debemos centrarnos? ¿Cuáles municipios debemos priorizar? ¿En dónde debemos construir ciudadanía, Estado y mercado? Para identificar los municipios sujetos de intervención en el posconflicto usamos cinco criterios:
REVISTA DE INGENIERÍA 44 / Enero-Junio 2016
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