15 Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia. ilegales nunca se ha hecho un esfuerzo sostenido para reemplazar las formas de control de estos grupos por instituciones sociales y estatales legítimas. Pasada la foto de la desmovilización, el Estado sigue tan ausente o precario como siempre. En los municipios donde operaban los grupos armados desmovilizados hay impactos más positivos y sostenidos en el tiempo de fortalecimiento de la estatalidad local que en los municipios intervenidos por los programas presidenciales que “llevan el Estado”. Sin embargo, en ambos casos los efectos mutan al vaivén de las dinámicas de la confrontación armada, las estrategias gubernamentales para lidiar con ella y las relaciones de poder y clientelismos entre gobernantes y dirigentes locales y nacionales. Asentar establemente los impactos positivos de la desmovilización y construir ciudadanía, estado y mercado en más de la mitad del país es el reto que tenemos como generación. Tenemos que lograr que en las regiones el Estado asegure el control de la seguridad, justicia y tributación, provea bienes públicos esenciales y se gane una legitimidad duradera en el conjunto de su territorio y para toda su población. Aprender de nuestra experiencia Colombia es el único país del mundo que ha hecho diez procesos de paz y desmovilizaciones colectivas en los últimos treinta años. Aunque las desmovilizaciones han tenido impactos positivos en la estatalidad local, la ausencia de una visión, acciones e inversiones sostenidas dirigidas a construir instituciones estatales y de mercado en las regiones, que ofrezcan alternativas de vida a la población y regulen sus relaciones políticas y económicas, hace que se reciclen grupos armados y violencias en los territorios. Tras cada proceso de paz, el Estado solo fue a los municipios priorizados por el grupo que se desmovilizó, con centavos y, en el mejor de los casos, por un par de años a cumplir a regañadientes parte de lo pactado. Sin un plan estatal de corto y largo plazo de fortalecimiento de la estatalidad local, no se construyeron instituciones sociales y estatales sólidas que reemplazaron el orden de los armados y la ilegalidad.Como los ilegales que se desmovilizaron no pidieron inversión para fortalecer la estatalidad local —la seguridad, justicia y tributación local— de alcaldías y gobernaciones, en eso no se invirtió.
REVISTA DE INGENIERÍA 44 / Enero-Junio 2016
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