El Gobierno, ha venido presentando al Congreso proyectos de ley de telecomunicaciones destinados a: i- ordenar la estructura del sector de tal forma que exista un solo ente regulador[1] y un solo ente de vigilancia[2] y control, ii- acabar con la legislación por servicios y permitir que un operador pueda prestar varios servicios a través de su red[3], iii- modificar el sistema de subsidios y contribuciones que es insostenible financieramente[4], y iv- preparar al país para la globalización de las telecomunicaciones. Sin embargo ninguna de estas iniciativas hizo trámite en el Congreso al no lograrse un consenso entre los distintos tipos de operadores. El presente artículo destaca, en el contexto de la Visión Colombia II Centenario, los principales retos que, en opinión del autor, hay que enfrentar para llevar a feliz término el arreglo institucional y político previsto.