A la hora de abordar los cuestionamientos asociados a las necesidades y desafíos que la Nación debe asumir para afrontar ´un nuevo país rural´, las limitaciones de acceso a infraestructura básica en la periferia rural y específicamente aquellas asociadas al suministro de potencia eléctrica, se debaten en función de la definición misma de Generación Distribuida, un concepto que en esencia aborda de forma directa y precisa la problemática rural. Cuando enmarcamos este concepto en lo relacionado con el desarrollo de aprovechamientos hidroeléctricos con potencias instaladas menores a 1 MW, algunas consideraciones asociadas al estímulo de la demanda, la competitividad de la tecnología, la disponibilidad del recurso y sus efectos sobre el medio ambiente, así como la legislación que los regula; emergen para configurar, de forma implícita, preguntas asociadas al tipo de país rural que deseamos. 

El presente artículo pretende delinear dichas consideraciones y cuestionamientos y proponer un marco para una nueva definición de Generación Distribuida y una aproximación más orgánica al proceso de licenciamiento ambiental.