Para conmemorar los 20 años de interrumpida actividad de la Revista de Ingeniería, en el pasado número realizamos una edición especial, en la que se dio un paso hacia una edición más moderna. Después de un juicioso análisis, realizado con el apoyo de Ediciones Uniandes e implementado por el Taller de Publicaciones de la Facultad de Arquitectura, se diseñó una nueva diagramación en la que tuvimos en mente que el futuro de las publicaciones son los medios digitales.

Este cambio se ha dado en dos escenarios: el de la versión impresa y el de la versión digital. En el caso de la versión impresa se atendieron los comentarios que, a lo largo de los últimos años, nos han hecho nuestros lectores; el diseño interno dejó a un lado el blanco y negro y le abrió paso a la impresión a color de gráficos y fotografías. Adicionalmente, con el fin de disminuir los costos de envió y darle un apariencia más amable, se cambiaron los materiales de impresión.

En el escenario de la versión digital, que no pretende sustituir la versión impresa, buscamos llegar, de una forma más rápida y cómoda, a un mayor número de lectores. Este año lanzamos la versión electrónica de nuestra revista, que se puede acceder a través de la web en dispositivos móviles, tipo tabletas, lectores electrónicos de libros o teléfonos “inteligentes”, la cual complementa la versión PDF en línea ya existente. De esta manera, no solamente esperamos aumentar nuestro público, sino que, en el corto plazo, pretendemos iniciar a explotar las múltiples facilidades que estas nuevas herramientas de comunicación nos brindan; como la interactividad con los lectores mediante redes sociales o la inclusión de algunos elementos multimedia, para complementar la información de los artículos.

Estaremos a la espera de la realimentación de nuestros lectores sobre estos cambios, con el fin de poder lograr una publicación lo más cercana a sus intereses.

“LA VIVIENDA EN AMÉRICA LATINA: REVISANDO ESTRATEGIAS”

A finales de la década de los noventa, la economía colombiana y, en particular, el sector de la construcción experimentaron una crisis que tuvo serias implicaciones en el desarrollo de la vivienda social, lo que incidía en el preocupante aumento del déficit en el país. Por esta razón y ante la necesidad de una reflexión conjunta frente a los problemas de la vivienda social, en el año 2000 Diego Echeverry Campos desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y el entonces Director de Vivienda del Ministerio de Desarrollo, Álvaro José Cobo, propusieron la creación de la Mesa Redonda de Vivienda de Interés Social en la Universidad de los Andes, para propiciar el debate sobre estos temas coyunturales.

La Mesa VIS, que hoy lleva el nombre de su fundador, surgió entonces como un escenario de integración de conocimiento, conformado por participantes provenientes de diversos sectores relacionados con el desarrollo de vivienda social: empresarios de la construcción, representantes de la academia, representantes de los gobiernos nacional, departamental y distrital, ONGs, gremios, y productores de materiales, entre otros, quienes han estado durante doce años en sesiones mensuales, compartiendo experiencias y reflexionando sobre posibilidades de avances y resolución de los problemas identificados con relación a la vivienda. Igualmente desde la Mesa VIS se han organizado foros internacionales para ampliar el ámbito de la deliberación.

En el año 2011 la Mesa VIS – Diego Echeverry Campos y la Revista de Ingeniería, reconociendo la importancia de la propuesta nacional en relación con la producción de un millón de viviendas de vivienda de interés social en el país y la necesidad de ampliar el debate en relación con las implicaciones de esta nueva dinámica bajo la figura de grandes intervenciones, se propusieron acercar algunas experiencias internacionales y se aliaron para llevar a cabo el Foro Internacional: “La vivienda en América Latina: Revisando estrategias”. El objetivo se centró en compartir con expertos provenientes de Inglaterra, Brasil, Chile y México los avances en materia de vivienda y en particular del desarrollo de proyectos a gran escala dentro de la región. Este intercambio constituyó un escenario muy enriquecedor y particularmente el llamado de atención se centró en cuidar la calidad de las viviendas y que los nuevos desarrollos acompañen debidamente la consolidación positiva de las ciudades colombianas. Esperamos desde la Mesa VIS – Diego Echeverry Campos que los aprendizajes compartidos en los artículos, que se publican en el Dossier de esta revista, contribuyan a orientar y ajustar en Colombia las estrategias relacionadas con la producción masiva de la nueva vivienda de interés social.

Mesa VIS – Diego Echeverry Campos

Una implementación computacional de un modelo de atención visual Bottom-up aplicado a escenas naturales

A Computational Implementation of a Bottom-up Visual Attention Model Applied to Natural Scenes

David F. Ramírez-Moreno(1)*, Juan F. Ramírez-Villegas(2)*

(1) PhD. dramirez@uao.edu.co

(2) BEng. juanfelipe.rv@gmail.com

* Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia

Recibido julio 13 de 2010, aprobado noviembre 18 de 2011.

Palabras claves

Neurobiología computacional, visión, sistema visual.

Resumen

El modelo de atención visual bottom-up propuesto por Itti et al., 2000 [1], ha sido un modelo popular en tanto exhibe cierta evidencia neurobiológica de la visión en primates. Este trabajo complementa el modelo computacional de este fenómeno desde la dinámica realista de una red neuronal. Asimismo, esta aproximación se basa en la existencia de mapas topográficos que representan la prominencia de los objetos del campo visual para la formación de una representación general (mapa de prominencia), esta representación es la entrada de una red neuronal dinámica con interacciones locales y globales de colaboración y competencia que convergen sobre las principales particularidades (objetos) de la escena.

Key words

Computational neurobiology, vision, visual system.

Abstract

The bottom-up visual attention model proposed by Itti et al. 2000 [1], has been a popular model since it exhibits certain neurobiological evidence of primates’ vision. This work complements the computational model of this phenomenon using a neural network with realistic dynamics. This approximation is based on several topographical maps representing the objects saliency that construct a general representation (saliency map), which is the input for a dynamic neural network, whose local and global collaborative and competitive interactions converge to the main particularities (objects) presented by the visual scene as well.

INTRODUCCIÓN

El cerebro de los primates emplea algún procesamiento visual en serie, de la mano con el procesamiento masivo en paralelo [1]. Existe mucha evidencia experimental acumulada a favor de la existencia de dos mecanismos de control sobre los que la atención visual se desarrolla [2-5]. El primero de ellos es conocido como procesamiento bottom-up o proceso de pre-atención dependiente de la prominencia de los rasgos de los objetos e independiente de la tarea. El segundo es conocido como procesamiento top-down o proceso de atención, mucho más lento que el anterior, controlado por la voluntad y por tanto, dependiente de la tarea específica en ejecución. Dichos procesamientos se dan sobre la concepción de una representación neuronal de orden alto que selecciona parte de la información sensorial disponible, probablemente para reducir la complejidad del análisis de las escenas [6], esta selección se hace en forma de una región espacial circunscrita conocida como “foco de atención”, éste cambia de una locación a otra de forma serial.

En los últimos años se han establecido diferentes modelos de procesamiento bottom-up [1], [6]-[13], que reproducen el comportamiento del mecanismo neurobiológico dadas las hipótesis establecidas por Treisman et al. [3], según las cuales las diferentes propiedades del espacio son codificadas en mapas de características diferentes en distintas regiones del cerebro. De acuerdo a este modelo, para resolver el problema de las vinculaciones (asociaciones) de los rasgos codificados por separado, hay un mapa de prominencia (saliency map) que codifica conjunciones de características en la imagen. Este mapa maestro recibe entradas desde todos los mapas de características, pero retiene solamente las que distinguen el objeto de lo que lo rodea, de modo tal que las características específicas y detalladas se quedan en los mapas de características iniciales (las que sirven para reconocer el objeto). De igual manera, la escena es susceptible a un proceso de atención o búsqueda fina, sólo después de que las características hayan sido asociadas en una porción del mapa maestro. La mayoría de modelos asumen que el fenómeno de atención visual opera sobre representaciones primarias, i.e., mapas corticales topográficos que codifican el espacio visual [14].

En este trabajo se implementa un modelo de atención visual bottom-up basado en representaciones primarias, i.e., una variedad de mapas que codifican diferentes características elementales (orientación, color e intensidad) y su convergencia sobre una representación general o mapa de prominencia. Adicionalmente, en ausencia de procesamiento top-down y con el ánimo de hacer el modelo lo más biológicamente plausible, se usa una red neuronal winner-take-all (WTA), cuya dinámica interna garantiza la generación de los cambios de atención sobre diferentes locaciones del mapa de prominencia.

MÉTODO

El modelo de atención visual bottom-up propuesto en este trabajo se basa en la aproximación de Itti et al. [1], [6] (figura 1). Sin embargo, difiere en dos puntos importantes: como primera medida, se establece un modelo complementado del sistema de color doble-oponente propuesto, dada la evidencia experimental establecida por Conway, 2004 [15]. El segundo se refiere a que, en tanto el modelo de atención visual descrito por Itti et al. [1], [6] en ausencia de procesamiento top-down, implementa una red WTA basada en el modelo LIF (Leak Integrate and Fire). En este trabajo se usa una red WTA utilizando la función de Naka-Rushton [5], [16] para describir los disparos de potencial de las neuronas, lo que resuelve el problema de los cambios en las locaciones atendidas por el modelo.

Figura 1. Esquema general del modelo de atención visual propuesto

EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS VISUALES PRIMARIAS

Las características visuales de bajo nivel son extraídas directamente de la imagen en el color original sobre distintas escalas espaciales, para esto se utilizan filtros lineales en forma de pirámide, i.e., pirámides Gaussianas [17]. Una vez que se han calculado las pirámides Gaussianas, cada característica es calculada en una estructura centro-alrededores (center-surround) relacionada estrechamente con los campos receptivos visuales. Las diferencias centro-alrededores son realizadas entre escalas amplias y finas para cada característica específica: El centro receptivo corresponde a un píxel al nivel en la pirámide y los alrededores al píxel correspondiente en el nivel .

Mapas de Intensidad y Orientación

El primer grupo de mapas de características está relacionado con la intensidad de contraste, que en mamíferos es detectado por neuronas sensibles a centros oscuros sobre fondos luminosos o viceversa. Estos dos tipos de sensibilidad son calculados utilizando (1).

Donde es la señal de intensidad de centro, es la señal de intensidad de alrededores y el símbolo “” corresponde a la operación de resta punto a punto entre diferentes escalas, llevando la imagen al nivel más fino.

Los mapas de orientación son extraídos utilizando pirámides de Gabor , donde [18]. De esta forma, se establece el contraste de orientación entre las escalas de centro y alrededores según (2).

Donde y son las señales de orientación de centro y alrededores, respectivamente.

Sistema de Color Doble Oponente Complementado

La evidencia neurobiológica establece que los puntos de luz que selectivamente modulan cada clase de cono (L, M ó S, o de forma imprecisa rojo, verde o azul) son destellados alrededor de los campos receptivos de las células de color V1 para mapear la estructura espacial de las entradas. Evidencia experimental [15], [19], sugiere que el procesamiento del color es mediado por un mecanismo antagónico.

Conway [15], ha establecido y documentado la existencia de células sensibles a otra clase de contraste de color. Según sus experimentos, existen clases de células sensibles a longitudes de onda grandes en el centro (L), a la vez que sensibles a longitudes de onda medias y bajas en la periferia y viceversa, i.e., para estímulos rojo-on (L+) o amarillo-on (S-), el centro de la célula se excita siendo cromáticamente oponente al estímulo verde-on (M+), al igual que el estímulo azul-on (S+) en la periferia o alrededores; de forma similar ocurre para las células con centro sensible a estímulos verdes. Dado este antagonismo y que los estímulos para las células M y S se muestran alineados, se sugiere la existencia de células rojo-cyan, y de forma análoga se propone la existencia de células verde-magenta.

Teniendo en cuenta que el antagonismo se da entre los colores rojo-verde, azul-amarillo, rojo-cyan y verde-magenta, se establecen los canales de color correspondientes y se construyen los mapas RG(c, s), BY(c, s), RC(c, s), y GM(c, s) respectivamente, según (3) a (10).

Donde las variables R, G, B y Y corresponden a los canales de color rojo, verde, azul y amarillo, respectivamente. Para el cálculo de estos canales, todos los valores resultantes por debajo de cero son llevados automáticamente a cero. R(c), G(c), B(c) y Y(c) son las señales de centro correspondientes a los canales de color rojo, verde, azul y amarillo, respectivamente. De forma análoga, R(s), G(s), B(s) y Y(s) son las señales de alrededores correspondientes a los canales de color rojo, verde, azul y amarillo, respectivamente.

MAPA DE PROMINENCIA Y REPRESENTACIÓN CENTRAL

Una vez obtenidos los 54 mapas de características resultantes, se realizan combinaciones lineales entre mapas del mismo tipo. De esta forma se obtienen 3 mapas de características llamativas (conspicuity maps) y de una combinación lineal de estos, se obtiene el mapa de prominencia final. Este procedimiento es mostrado por (11) a (14)

Donde Ī, C y Ō son los mapas de características llamativas de intensidad, color y orientación, respectivamente y S es el mapa de prominencia final. El papel de la función N(⋅) dentro de las ecuaciones es normalizar cada uno de los mapas de prominencia iterativamente, de tal forma que se establezca competencia entre las unidades del mapa de prominencia completo.

En ausencia de procesamiento top-down, la presente aproximación implementa una red WTA en el espacio 2D de la imagen. El objetivo principal de esta red es dar una interpretación de los datos de búsqueda visual respecto al cambio del foco de atención. En un instante de tiempo determinado la máxima prominencia dentro del mapa final definirá la locación más saliente, a ésta estará dirigida la atención, luego, en instantes de procesamiento posteriores, dicha locación es inhibida para que la atención se desvíe hacia otros objetos o puntos salientes en el campo visual [20]-[21]. Si se utiliza la función de Naka-Rushton para describir las frecuencias de disparo de las neuronas, las ecuaciones de la red estarían dadas por (15) y (16).

Siendo: C = 100.0; k = 3.0; σ = 120.0; τ = 20.0; = 255.0

Donde T es la respuesta de cualquier neurona que reciba información acerca del objetivo (locación de mayor prominencia), D es la respuesta de cada una de las N neuronas de distracción, la constante k determina la fuerza de la inhibición hacia atrás (competencia entre neuronas dentro del mapa), las constantes C, τ, σ y son parámetros ajustables del sistema, donde C es la frecuencia de disparo máxima del sistema, la constante de tiempo τ controla la frecuencia a la que las variables T y D tienden a su valor máximo (en milisegundos), el parámetro σ es la constante de semi-saturación del sistema y define la eficacia sináptica entre las conexiones neuronales intracapa. Para todos los efectos, el estímulo ET >ED. Los parámetros de este modelo se ajustaron de acuerdo a lo que establece la literatura [5], [10].

Los pesos de conexión lateral entre las poblaciones neuronales dentro del mapa de prominencia se calculan según (17).

Donde wE=5.0; wI=250.0; σE1=0.05*XT; σE2=0.05*YT

σI1=0.75*XT; σI2=0.75*YT, donde XT y YT son el número total de filas y columnas del mapa de prominencia.

Los parámetros libres son constantes que definen la forma de las funciones gaussianas respecto a las distancias x e y. Este esquema garantiza la existencia de interacciones competitivas centro-alrededores entre las características dentro del mapa de prominencia, acentúa la diferencia de actividad entre la prominencia del objetivo y los distractores y media en la sobrecompetencia que potencialmente pre-sentarían las poblaciones neuronales.

RESULTADOS

El modelo de atención visual bottom-up detallado en este trabajo fue implementado en MatLabTM ver. 7.6.0. Asimismo los resultados de esta implementación se muestran en la figura 2. Las imágenes de escenas naturales utilizadas para poner a prueba el modelo fueron tomadas de la MSRA Salient Object Database [22], que contiene alrededor de 4500 imágenes en las que confluyen objetos sobresalientes en un rango diverso de complejidad de detección, cada imagen contiene 300 x 400 píxeles aproximadamente.

DESEMPEÑO GENERAL DEL MODELO Y COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS DE COLOR DOBLE OPONENTE

Para medir el desempeño del modelo, se midió la consistencia del etiquetado de las imágenes de la base de datos siguiendo el procedimiento detallado en [22]. Se escogió una muestra de las imágenes que presentaron alta consistencia en el etiquetado (de 80.0% a 100.0%) y finalmente se tomó una muestra aleatoria de 700 de estas imágenes. Este procedimiento fue realizado con el fin de obtener una medida del desempeño objetiva para escenarios reales, dado que en otros estudios esto ha sido catalogado como un proceso altamente subjetivo [1], [6], [10].

Figura 2. Resultados del modelo de atención visual bottom-up: (a) Imagen de entrada; (b) Mapa de intensidad; (c) Mapa de orientación;
(d) Mapa de color; (e) Mapa de prominencia; (f) Locaciones atendidas por el modelo en alrededor de 100 ms (línea sólida)
y en un rango de 200 a 400 ms (línea punteada)

Se tuvieron en cuenta las cantidades de verdaderos positivos y falsos positivos arrojadas en la prueba de desempeño para calcular el índice de exactitud (Ac), que representa la probabilidad de que el sistema entregue una respuesta adecuada ante un estímulo determinado. En términos generales el modelo presenta un desempeño satisfactorio respecto a las fijaciones esperadas por un sistema visual humano (para el caso de escenas naturales, Ac: 76.00% y para el caso de imágenes sintéticas, aunque no se midió formalmente en este trabajo, Ac: ~100.00% [1], [6]).

Un aspecto importante que se evidencia en nuestro modelo es la implementación del sistema de color doble oponente complementado. La influencia de este sistema sobre la prominencia de los objetos en escenas naturales es ilustrada por la figura 3. Nótese que existe una mejora significativa en los promedios de prominencia en la diferenciación entre el objetivo y los distractores, esto muestra, además de plausibilidad neurobiológica, que el modelo implementado robustece los mapas de color en la búsqueda de objetos sobresalientes.

Por otra parte, la red neuronal WTA implementada en este modelo mejora los resultados de la red realizada en [5], amén de las interacciones locales entre las poblaciones de neuronas, cuyo efecto neto es el de colaboración entre centros cercanos y competencia entre centros lejanos. Igualmente, este esquema es coherente con los pesos relativos (respecto al procesamiento visual) del centro de una escena y sus alrededores [8].

Figura 3. Imágenes para la comparación entre sistemas de color doble oponente: (a) Imagen de entrada; Sistema de color doble oponente: (b) clásico; (c) complementado

CONCLUSIONES

El control de la atención asociado al procesamiento bottom-up en primates ha sido modelado utilizando representaciones primarias sobre características básicas inherentes a los objetos del campo visual. Estas representaciones fueron calculadas de acuerdo a otros modelos establecidos en la literatura [1], [5]-[6], [10]-[13]. Sin embargo, en esta aproximación se integra un sistema de color doble oponente modificado, que contribuye a una representación completa de los mapas de color operando sobre los planos básicos R, G y B sugerida por la literatura [15]. Este sistema de color doble oponente probó mejorar con suficiencia los mapas de color estándar hasta ahora conocidos en la literatura e implementados computacionalmente. Adicionalmente, el control de cambio de foco de atención ha sido modelado utilizando una red neuronal WTA, cuya dinámica integra interacciones locales y competencia entre las unidades encargadas de dar la representación que reúne todas las características básicas de una escena. El esquema propuesto presentó una exactitud alta en imágenes de escenas naturales (76.00%), asimismo es neurobiológicamente plausible, pues engloba los hallazgos experimentales descritos hasta el momento en la literatura. Finalmente, este modelo constituye una fuerte base para diversas aplicaciones en visión artificial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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[11] D. Gao, V. Mahadevan, N. Vasconcelos. “The discriminant center-surround hypothesis for bottom-up saliency”. Proceedings of Neural Information Processing Systems, Vancouver, Canada, 2007.

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[22] T. Liu, J. Sun, N.N. Zheng, X. Tang, H.Y. Shum. “Learning to detect a salient object”. In: Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer and Vision Pattern Recognition, 2007.

Evaluación de la capacidad ferroviaria del corredor Bogotá – Belencito

An Assessment of Railway Capacity of Corridor Bogotá – Belencito

Luis Gabriel Márquez Díaz(1)*, Luis Alfredo Vega Báez(2)*, Juan Carlos Poveda D’Otero(3)*

(1) Magíster en Ingeniería con énfasis en Transporte. Luis.Marquez@uptc.edu.co

(2) Doctor en Ingeniería e Infraestructura de los Transportes. Luis.Vega@uptc.edu.co

(3) Magíster en Informática. Juan.Poveda@uptc.edu.co

* Docente Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Grupo de Investigación y Desarrollo en Planeación y Operación del Transporte GIDPOT. Tunja, Colombia.

Recibido 15 de abril de 2010, modificado 20 de noviembre de 2011, aprobado 21 de noviembre de 2011.

Palabras claves

Transporte ferroviario, redes ferroviarias, capacidad de redes ferroviarias.

Resumen

Se aplican modelos analíticos para evaluar cuatro tipos de capacidad ferroviaria en siete tramos del corredor Bogotá – Belencito. Se identifica el cantón crítico de la red ferroviaria, lo mismo que el tramo de mayor capacidad. Se analiza la capacidad disponible para el tren de cercanías de Bogotá y para un tren de pasajeros entre Tunja y Sogamoso, dadas las condiciones actuales de operación. Se hace un análisis de sensibilidad de la capacidad con respecto a la velocidad de operación y la distancia entre estaciones. Por último, se presentan recomendaciones para aumentar la capacidad ferroviaria del corredor.

Key words

Railway transport, railway networks, railway networks capacity.

Abstract

Analytical models are applied to evaluate four types of railway capacity in seven sections of the corridor Bogotá – Belencito. The critical canton of the railway network is identified, and the higher capacity segment. Given the current operating conditions, we analyzed the available capacity of Bogota’s commuter train and a passenger train between Tunja and Sogamoso. A sensitivity analysis of capacity is done about the operating speed and distance between stations and we then present recommendations to increase railway capacity in the corridor.

INTRODUCCIÓN

Colombia tiene una red ferroviaria de 3.468 km, de los cuales 1.991 km están concesionados, 1.327 km se encuentran a cargo del Instituto Nacional de Vías y 150 km hacen parte de la red privada de El Cerrejón [1]. La red ferroviaria nacional tiene un ancho de trocha yárdica de 914 mm, a excepción del tramo de El Cerrejón que presenta ancho de trocha estándar de 1.435 mm [2].

La concesión del Atlántico, con una extensión de 1.493 km, rehabilitó gran parte de la red ferroviaria desde Santa Marta hasta La Dorada, pero, debido a la pérdida de demanda de transporte, algunos tramos retornaron inicialmente a la nación [1] y en la actualidad se está culminando la entrega de un tramo de 262 km (figura 1) a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá por un periodo de 30 años. Esto con el ánimo de que estas entidades territoriales se encarguen de la operación del ferrocarril con miras a incrementar la cantidad de carga transportada [3] y ofrecer un servicio de transporte de pasajeros compartiendo la infraestructura que es utilizada, prácticamente de manera exclusiva, para el transporte de cemento de Belencito a Bogotá [2] y que hoy por hoy moviliza cerca de 700 t/d [4].

La expectativa generada ante la posibilidad de operar estos nuevos servicios de tren en el corredor Bogotá – Belencito, además de la posible utilización de la línea férrea por parte del Tren de Cercanías de Bogotá en el tramo La Caro – Bogotá, ha comprometido a los futuros operadores del sistema a evaluar las condiciones de operación ferroviaria, no sólo para programar eficientemente los servicios sino para planificar las inversiones. Varios estudios se han adelantado recientemente sobre la red ferroviaria para determinar las condiciones de operación actual y futura [5-9], pero ninguno de ellos ha abordado el análisis de la capacidad, cuya estimación ha sido durante mucho tiempo un asunto importante en la industria ferroviaria [10]. Por tal razón, se desarrolló una investigación, cuyos resultados se reportan en este artículo, con el propósito de estimar el número máximo de trenes que podría programarse en el corredor Bogotá – Belencito, durante un intervalo de tiempo específico, dadas las condiciones de operación, la infraestructura existente y demás factores que inciden en la capacidad ferroviaria [11, 12].

Figura 1. Red ferroviaria en proceso de entrega a Cundinamarca y Boyacá

MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD FERROVIARIA

La capacidad ferroviaria es un concepto complejo, vagamente definido y con múltiples significados [13]. Aunque la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) declaró que la capacidad ferroviaria, como tal, no existe sino que depende de la forma en que se utilice la infraestructura ferroviaria [14]. Es ampliamente aceptado que la capacidad ferroviaria se define como el número máximo de trenes que pueden transitar en las dos direcciones de una línea durante un período de tiempo determinado [11].

Diferentes tipos de capacidad son manejados en el ámbito ferroviario [10]. La capacidad teórica, definida como el número de trenes que pueden recorrer un tramo durante un intervalo de tiempo específico, en un ambiente generado matemáticamente en el que los trenes transitan permanentemente con un intervalo mínimo ideal; esta es la capacidad límite superior. La capacidad práctica, referida al volumen de tráfico que se puede mover en una línea con un nivel razonable de confiabilidad, que depende de la mezcla de diversas clases de trenes, prioridades y agrupamiento de tráfico; esta capacidad representa una medida más realista puesto que corresponde a condiciones normales de funcionamiento y por lo general está alrededor de 60-75% de la capacidad teórica. La capacidad usada, entendida como el volumen de tráfico que se presenta en la red, por lo general es inferior a la capacidad práctica. Y finalmente, la capacidad disponible, es decir el volumen de tráfico adicional que podría ser dispuesto en la línea, calculada como la diferencia entre la capacidad utilizada y la capacidad práctica.

Muchos enfoques y herramientas han sido desarrollados para hacer frente al problema de estimar la capacidad ferroviaria [15-20]. Entre las técnicas más relevantes se encuentran los métodos analíticos, los métodos de simulación y los métodos de optimización [10]. La presente investigación sólo consideró métodos analíticos ya que el corredor estudiado, al estar conformado por una línea única, puede evaluarse debidamente sin necesidad de aplicar técnicas más complejas para la estimación de la capacidad.

Los métodos analíticos, diseñados para modelar el entorno ferroviario por medio de fórmulas matemáticas o expresiones algebraicas, permiten obtener directamente capacidades teóricas y estimar las capacidades prácticas, ya sea mediante la inclusión de márgenes de regularidad o calculadas simplemente como un porcentaje de la capacidad teórica.

El tradicional método analítico [20] obtiene la capacidad teórica para un período de 24 horas, equivalente a 1.440 min, con base en el tiempo de recorrido subiendo s, el tiempo de recorrido bajando b y el tiempo de protección o separación de trenes E. A partir de esa expresión se puede calcular también la capacidad práctica multiplicando el resultado por un coeficiente práctico que normalmente se encuentra en el rango de 0.6 a 0.75.

Otro método analítico para el cálculo de la capacidad ferroviaria es el propuesto por la American Association of Railroads (AAR), que incluye un factor de corrección que depende de las condiciones de operación, donde a es una constante que toma el valor 2 para tramos de línea única, T representa el periodo de análisis expresado en minutos, ƒ es un factor de corrección que toma el valor de 0,9 en líneas ferroviarias con bloqueo automático y 0,8 en otras condiciones de operación, y Mb es el módulo máximo neto que representa la suma de los tiempos sin parada de un tren en un tramo determinado, más el tiempo necesario para realizar las operaciones de entrada y salida de las estaciones.

A diferencia del método anterior, el periodo de análisis (T) no es fijo sino que se puede variar, además contempla la posibilidad de estudiar sistemas de línea única o doble mediante la variación del parámetro a, e incorpora un factor de correccion (ƒ) para tomar en cuenta la clase de mecanismo de bloqueo de la línea. En el denominador, Mb puede entenderse como un parámetro equivalente al término s + b + E de la ecuación anterior.

El método de la empresa estatal Ingeniería y Economía del Transporte (INECO) [21], dependiente del Ministerio de Fomento español, sugiere que la capacidad sea calculada con base en el tiempo de no disponibilidad de la vía Tc, el tiempo de marcha total del tren estándar Tm, el factor de mayoración F que incorpora la heterogeniedad del tiempo de marcha Tm y un tiempo suplementario Ts.

El tiempo de no disponibilidad se descuenta del tiempo de análisis (2.880 minutos en un día para línea doble) y puede estar relacionado con actividades de mantenimiento o simplemente con periodos de inactividad en el marco de la lógica operacional del sistema. El factor de mayoración F es un valor mayor o igual que 1, que intenta representar la variación en el tiempo de marcha Tm a causa de los retrasos en el desplazamiento del tren y el tiempo suplementario Ts se puede entender como el equivalente al tiempo de protección o separación de trenes descrito en la primera ecuación.

Aunque existen otros métodos analíticos para el cálculo de la capacidad [10, 21], la mayoría de ellos presenta una estructura similar a los anteriormente presentados, así que no fueron considerados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se levantó el inventario de la red ferroviaria y se encontró un total de 29 estaciones (Tabla 1), en una longitud total de 262 km, distribuidos así: 10,8% en Bogotá, 36,6% en Cundinamarca y 52,6% en Boyacá. Se observó que no todas las estaciones tienen habilitadas las líneas auxiliares y en consecuencia el cruzamiento de trenes está limitado. Aunque el cruzamiento de trenes se hace actualmente sólo en las estaciones de Villapinzón y Tunja, también están habilitadas las estaciones en La Caro, Suesca, Chocontá, Ventaquemada, Tierranegra y Paipa. En promedio, la longitud de las líneas segundas en las estaciones habilitadas es de 443 m.

Con base en las condiciones geométricas de la red ferroviaria se hizo la estimación de velocidades bajo criterios de seguridad y se encontró que la mayor velocidad sería de aproximadamente 35 km/h en el tramo La Caro – Bogotá, mientras que la menor velocidad se tendría en el tramo Tierranegra – Tunja con 20 km/h. En los demás tramos se consiguieron velocidades cercanas a 25 km/h.

La red ferroviaria es usada primordialmente para transportar cemento de Belencito a Bogotá, movilizando un tren conformado por dos locomotoras acopladas y 12 plataformas hasta Villapinzón y un tren de locomotora sencilla con el mismo número de plataformas hasta Bogotá; la locomotora que se desacopla en Villapinzón regresa a Belencito, al igual que los trenes vacíos.

Tabla 1. Estaciones en la red ferroviaria

Se encontró que la operación ferroviaria en el sistema se hace mediante la división de tramos, cada uno de los cuales se llama cantón; en general, un cantón es un tramo de vía férrea en el que normalmente no puede haber más de un tren, para así evitar una colisión entre dos de ellos. De acuerdo con el estado de la infraestructura y de los aparatos de vía en las estaciones, se pudo establecer que en la actualidad sería factible explotar el sistema con los siguientes cantones: Bogotá – La Caro, La Caro – Suesca, Suesca – Villapinzón, Villapinzón – Tierranegra, Tierranegra – Tunja, Tunja – Paipa y Paipa – Belencito.

Se estableció que únicamente en épocas de alta demanda de cemento se despachan dos trenes diarios de lunes a sábado, pero cuando las bodegas en Bogotá mantienen un buen nivel de inventario se despacha sólo un tren de lunes a viernes y dos trenes el día sábado. La figura 2, que contiene el diagrama de marcha para la programación regular de trenes en el sistema, deja ver cómo las condiciones actuales de explotación del sistema no implican ninguna dificultad en la programación de los trenes despachados. El diagrama de marcha representa el programa de todos los trenes que se movilizan o pueden movilizarse en el sistema durante un periodo de tiempo determinado. En él están incluidos todos los trenes comerciales, pero no se incluyen los trenes de trabajos, servicio interno, carromotores y otros vehículos autopropulsados.

El diagrama exhibe sobre el eje vertical la distancia que se recorre entre estaciones, mientras que el eje horizontal representa la escala temporal de 24 horas diarias. Se puede observar cómo la programación de servicios, despachando un tren cargado en Belencito a las 21:00 y un tren vacío en Bogotá a las 24:00, produce un cruzamiento en la estación de Villapinzón a las 04:00, donde el tren que sube cargado tiene la prioridad. En el mismo diagrama, la línea punteada representa el retorno de la locomotora adicional que se usa para garantizar el arrastre entre Belencito y Villapinzón cuando el tren sube cargado.

Figura 2. Diagrama de movilización real de trenes

Como el tramo Bogotá – La Caro hace parte del recorrido turístico del Tren de la Sabana, se tiene adicionalmente un servicio de tren diario de Bogotá a Zipaquirá y viceversa en fines de semana y días festivos.

Se hizo el análisis de bloqueo tomando en cuenta las condiciones de seguridad en la movilización de trenes y se encontró que en el corredor se bloquea el cantón al expedirse la orden de vía a un tren, es decir que se impide la movilización de cualquier otro vehículo férreo en los dos sentidos de circulación hasta que el tren despachado no haya llegado al cambiavías de entrada de la siguiente estación. Con base en las condiciones medias de operación descritas y aplicando los métodos considerados se hizo la evaluación de la capacidad ferroviaria del corredor, tal como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Capacidad de la red ferroviaria por tramos

a) Igual tiempo de recorrido en ambos sentidos y tiempo adicional de 12 min, b) coeficiente práctico de 0,75, c) se adiciona un tiempo de entrada y salida de estaciones de 12 min, d) tiempo de no disponibilidad de 2 horas diarias y factor de mayoración igual a 1,2, e) para máxima demanda

Al contrastar los resultados con otros estudios se encontró que los valores obtenidos son válidos, ya que observaciones hechas en varios sistemas de redes ferroviarias con pendientes hasta de 2,5% y curvas hasta de 400m admiten tráficos que llegan a 40 trenes diarios en promedio [20]. El cantón crítico, que limita la capacidad teórica ferroviaria del corredor a 12 trenes/d, tal como se aprecia en la figura 3, se localiza en el tramo Villapinzón – Tierranegra y ofrece una capacidad práctica de 9 trenes/d. El tramo de mayor capacidad corresponde a Bogotá – La Caro con 16 trenes/d, equivalente a 1 tren cada 90 minutos.

Se hizo el análisis de la capacidad disponible y se encontró que para el tren de pasajeros Tunja – Sogamoso, proyectado por la Gobernación de Boyacá, queda una capacidad de 4 trenes/d, lo que permitiría programar sólo dos horarios de despacho desde cada uno de los puntos extremos de la ruta. Este es un factor determinante en la viabilidad técnica de dicho proyecto que se debe contrastar con las estimaciones de demanda de pasajeros en el corredor, una vez se adelante el estudio definitivo correspondiente.

De igual forma, la capacidad disponible para el Tren de Cercanías de Bogotá permitiría movilizar tan sólo 8 trenes/d en las condiciones imperantes en la actualidad. Al revisar las proyecciones de demanda e infraestructura hechas para el proyecto del Tren de Cercanías de Bogotá [9], se encuentra que, debido al número de servicios de trenes requeridos (2 trenes/h por sentido en la hora pico), se propone ofrecer doble línea en el tramo comprendido entre Bogotá y la estación de San Antonio. Esta propuesta es razonable a la luz de los cálculos realizados pues al mantener la línea única existente, la capacidad disponible sería insuficiente.

Por último, se hizo un análisis de sensibilidad de la capacidad con respecto a la velocidad y la distancia entre estaciones, tal como se aprecia en la figura 4. Se encontró que, manteniendo todo lo demás constante, la capacidad ferroviaria es muy sensible a la distancia entre estaciones y varía un poco menos con respecto a la velocidad.

Las aplicaciones del análisis de sensibilidad son muy valiosas ya que permiten estimar la capacidad en diversos escenarios. A manera de ejemplo, al aumentar la velocidad del cantón crítico a 40 km/h la capacidad práctica llega a 15 trenes/d. Así mismo, al habilitar el cruzamiento de trenes en todas las estaciones existentes en el tramo Bogotá – La Caro, se obtiene una distancia máxima entre estaciones de 11 km y en consecuencia la capacidad práctica aumenta a 43 trenes/día. Aun así no sería factible despachar 2 trenes/h por sentido en la hora pico y en consecuencia sería necesario proponer doble línea en este tramo para garantizar la operación del Tren de Cercanías de Bogotá.

Figura 3. Diagrama de movilización para la capacidad teórica del corredor limitada por el cantón crítico

Figura 4. Sensibilidad de la capacidad ferroviaria práctica

Se debe anotar que, para lograr aumentos en velocidad se requieren grandes inversiones en infraestructura como la rehabilitación de líneas o cambios geométricos, mientras que para disminuir la distancia entre estaciones las inversiones son comparativamente menores, ya que están relacionadas con la puesta en funcionamiento de los apartaderos.

CONCLUSIONES

Se evaluó la capacidad ferroviaria teórica, práctica, usada y disponible en el corredor Bogotá – Belencito. El procedimiento aplicado surgió de un inventario de la red ferroviaria, a partir del cual se hizo la estimación de las velocidades de operación bajo criterios de seguridad, se identificaron los servicios de trenes prestados regularmente y se elaboró un análisis de las condiciones de movilización de trenes para determinar los parámetros a utilizar en los modelos analíticos con los que se calculó la capacidad ferroviaria de 7 tramos característicos del corredor.

Se encontró que la capacidad máxima teórica del corredor es de 12 trenes/d, correspondiente a la capacidad del cantón crítico localizado entre Villapinzón y Tierranegra, en límites de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El tramo de mayor capacidad teórica es Bogotá – La Caro, con 22 trenes/d. Se pudo establecer además que la capacidad disponible para un tren de pasajeros entre Tunja y Sogamoso es de 4 trenes/d, mientras que la capacidad disponible para el Tren de Cercanías de Bogotá es de 8 trenes/d.

Se concluye que es posible aumentar la capacidad ferroviaria del corredor actuando especialmente en la rehabilitación de las estaciones para permitir el cruzamiento de trenes, ya que, como quedó demostrado, la capacidad ferroviaria es más sensible a la distancia entre estaciones que a los cambios de velocidad. Además que las inversiones para reducir la distancia entre estaciones son menores en comparación con la alternativa de incrementar la velocidad.

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Clasificador difuso de señales de vibración para monitoreo de rodamientos

Vibration Based Fuzzy Classifier for Bearing Monitoring

Fredy Julián Otero Quijano(1)*, John Jairo Pardo González(2)*, Jabid E. Quiroga Méndez(3)*

(1) Ingeniero Mecánico, ing.oteroquijano@yahoo.es

(2) Ingeniero Mecánico, jojapa_21@hotmail.com

(3) Magister en Ingeniería Mecánica, Profesor Titular, jabib@uis.edu.co

* Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

Recibido 22 de abril de 2010, modificado 3 de marzo de 2011, aprobado noviembre 18 de 2011.

Palabras claves

Clasificador difuso, monitoreo de rodamientos, detección de fallas en rodamientos, mantenimiento predictivo.

Resumen

En este artículo se presenta un sistema clasificador difuso de señales de vibración para el monitoreo de rodamientos. La base de conocimiento, asociada al clasificador difuso, se obtiene del comportamiento en frecuencia y magnitud de la señal de vibración para fallas en pista exterior e interior, en canastilla o en un elemento rodante. El sistema difuso se implementa en ambiente Matlab® y se valida en un banco acondicionado para el estudio de vibraciones en rodamientos. El sistema mostró ser confiable y robusto en la detección de la falla en cada uno de los distintos rodamientos en prueba.

Key words

Fuzzy classifier, bearings monitoring, bearings fault detection, predictive maintenance.

Abstract

This paper presents a vibration based fuzzy classifier used to detect fault conditions in bearings. The fuzzy knowledge foundation is obtained from the behavior of the vibration signal in presence of a fault condition in outer race, inner race, cage and rolling element. The fuzzy system is implemented in Matlab® and it is validated in a vibration dedicate test bench used for research proposes. The system performance exhibits reliability and robustness in the fault detection in each experimental fault scenario.

INTRODUCCIÓN

Un aspecto clave en el funcionamiento de un equipo es su operación confiable y apropiada, lo cual, en términos económicos, implica un máximo beneficio financiero dentro de limitantes técnicos. Por lo tanto, la reducción de los costos operativos es importante para la industria. Fallas imprevistas pueden afectar los sistemas productivos a través de paradas no programadas, disminución de la vida útil de los equipos, altos costos de reparación o reemplazo y baja calidad del producto. Por consiguiente, es importante contar con herramientas que permitan detectar fallas y mejor aún, que la detección se haga en las primeras etapas de ésta.

Un monitoreo apropiado de los equipos con esquemas de detección de fallas provee alarmas tempranas para el mantenimiento preventivo, para así mejorar la confiabilidad de los sistemas. La detección temprana, rápida y precisa es crítica en la prevención de daños mayores en el sistema y permite acciones de contingencia para proteger el mismo.

Recientemente, ha aumentado el interés por las técnicas predictivas para uso en esquemas de mantenimiento basado en la condición (CBM de sus siglas en inglés). Estas técnicas se basan en la información suministrada por el sistema de monitoreo y de identificación de fallas, los cuales evalúan continuamente la condición del sistema buscando condiciones anormales de operación.

Dentro de las herramientas para el monitoreo de sistemas rotativos está el análisis de las vibraciones mecánicas [1]. Esta técnica se basa en el estudio de la información contenida por las señales de vibración en amplitud y frecuencia. En presencia de falla la señal de vibración contiene algunos armónicos los cuales se manifiestan en el espectro y pueden ser usados como indicadores de falla.

En maquinaria rotativa el rodamiento es uno de los componentes esenciales de su operación. En el motor eléctrico, el actuador eléctrico más popular, las fallas en rodamientos corresponden al 41% del total de las fallas registradas [2]. Adicionalmente, en [3] se muestra que las fallas en las pistas corresponden al 39% de las fallas totales en los rodamientos.

En general, las labores de monitoreo son encomendadas a personal técnico, el cual continuamente revisa los registros de vibración en búsqueda de síntomas de falla. Esta labor de análisis de la información, además de ser rutinaria, puede ser perturbada por factores externos como el medio de trabajo, el agotamiento físico y el estrés, afectando el diagnóstico de parte del experto humano. En la actualidad cada vez es más común asignar este trabajo de monitoreo a sistemas informáticos diseñados y entrenados para esta labor. Entre estas nuevas herramientas de “soft computing”, está la lógica difusa, las redes neuronales, las máquinas de soporte vectorial, entre otras, las cuales permiten, basándose en la información suministrada por alguna señal, la extracción de características asociadas a alguna condición anormal y a partir de ellas emitir un diagnóstico de la condición del equipo [4].

Algunos sistemas de monitoreo en engranajes, rodamientos, turbinas y bombas basados en lógica difusa han sido reportados en la literatura [5-7]. Debido a lo anterior, los autores han propuesto un sistema basado en lógica difusa para el monitoreo de la condición de rodamientos. El asistente computacional implementado permite la detección de fallas y la evaluación de su severidad en pista interna, pista externa, elementos rodantes y canastilla, usando las señales de vibración.

DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE FALLAS EN RODAMIENTOS DE BOLAS

El sistema de detección de fallas propuesto corresponde a un clasificador difuso. La lógica difusa es una extensión de la lógica multivalores que se basa en la teoría de conjuntos difusos, que relaciona clases de objetos dentro de fronteras difusas y en los cuales la membresía a un conjunto se valora como un grado de pertenencia. La lógica difusa usa variables lingüísticas en lugar de números. Estas características proveen a la lógica difusa de ventajas como simplicidad, flexibilidad y tolerancia a datos imprecisos, mostrando un desempeño satisfactorio en procesos no lineales o de difícil modelado. El fundamento de un sistema difuso es la base de conocimiento, experiencia del experto humano. En este caso, el conocimiento de los patrones y evolución de la información contenida en los registro de vibración asociada a ciertas condiciones de falla en los rodamientos. El clasificador difuso propuesto se basa en un sistema de inferencia tipo Mamdani, es decir, un sistema basado en reglas, en el cual se obtienen las conclusiones parciales de cada regla, por medio de un operador de implicación; a partir del grado de activación de las etiquetas lingüísticas asociadas a cada subconjunto difuso de la entrada y de la interpretación de las diferentes conectivas y modificadores lingüísticos que aparecen en el antecedente. El resultado final de la etapa de inferencia es el consecuente global asociado a cada variable de salida, que se obtiene a partir de las conclusiones parciales de cada regla por medio del operador de agregación.

DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CONOCIMIENTO

La evaluación de la condición de los rodamientos, al usar señales de vibración, se basa en el estudio de las amplitudes en ciertos valores de frecuencia, excitados por la condición de falla. Estos armónicos se caracterizan por ubicarse en el rango de frecuencias menores a 500 Hz. Las respectivas frecuencias de falla se determinan analíticamente (ver ecuaciones (1-4)), en donde BPFI es la frecuencia de un defecto en pista interior, BPFO en la pista exterior, BSF en la canastilla y FTF en el elemento rodante. Estos valores de frecuencia se determinan usando la información geométrica del rodamiento y la frecuencia de rotación del equipo [8]

donde Z es el número se elementos rodantes, db corresponde al diámetro del elemento rodante, dm es el diámetro nominal del rodamiento y α es el ángulo de contacto.

Con base en el comportamiento vibratorio de los rodamientos en condición de falla, descrito en detalle en [9], se determinan como variables de entrada al clasificador difuso las amplitudes de las frecuencias asociadas a las fallas de cada uno de los elementos del rodamiento. Por lo tanto, el universo de discurso de la entrada al sistema difuso se define en términos de las amplitudes de las 4 frecuencias de falla que se denominaron BPFI_1, BPFO_1, BSF_1 y FTF_1 respectivamente. Cada variable de entrada tiene tres conjuntos difusos denominados baja_1, media_1, alta_1 descritos por una función de membresía tipo gaussiano con un 25% de traslape entre ellas. Las funciones de membresía para las variables de entrada se establecen basadas en el comportamiento que se espera en los valores de amplitud en las frecuencias de falla y su correspondiente pertenencia a los conjuntos mencionados arriba. Estas funciones de membresía dan un grado de pertenencia entre cero y uno a cada variable de entrada, como se aprecia en la Figura 1(a).

Se establecen como salidas del sistema difuso las siguientes: defecto en pista externa, defecto en pista interna, defecto en elemento rodante y defecto en canastilla con funciones de membresía de tipo triangular traslapadas un 25% aproximadamente, denominadas severidad_leve, severidad_moderada y severidad_crítica, ver Figura 1(b). Los rótulos lingüísticos empleados en la salida del sistema difuso se determinaron basados en información histórica de fallas en rodamientos, las cuales, a juicio de una inspección visual de la profundidad y extensión de la falla, se clasificaron en los tres niveles de severidad utilizados. Estos traslapes se determinaron a través de un proceso de sintonización del sistema en operación con señales simuladas.

La siguiente etapa en el proceso de implementación del sistema corresponde a la simulación en ambiente de Matlab® de las señales de vibración asociadas a cada falla en presencia de ruido moderado (<5% de la magnitud de la vibración). La información simulada corresponde a 10 escenarios de falla para cada condición de falla en particular, es decir, falla en pista exterior, interior, canastilla y elemento rodante, para un total de 40 escenarios de falla. En cada escenario de falla se varía la frecuencia de falla en un rango del ±10% del valor teórico y la magnitud de manera aleatoria. Con estos registros simulados se continúa con el diseño del sistema difuso. En las Figuras 2(a) y 2(b) se muestran los espectros correspondientes para alguna de las señales de falla simuladas para pista exterior e interior respectivamente. En la Figura 2(a) y (b) se nota la presencia del fundamental, del segundo y tercer armónicos. Estas frecuencias están asociadas a la presencia de condiciones anormales en los rodamientos [9].

El siguiente paso en la implementación consiste en la definición de las reglas condicionales difusas del clasificador, conocimiento del experto. Las reglas difusas representan una relación difusa entre el antecedente y el consecuente, cuyo valor de función de pertenencia viene dada por la expresión (5).

Donde se denomina operador de implicación y, en el caso del antecedente, corresponde a una conjunción y en el caso de la relación antecedente consecuente corresponde a una disyunción. El antecedente, en todas las reglas propuestas, tiene un carácter conjuntivo por el uso del operador AND entre sus condiciones, lo cual puede ser expresado como la intersección de todas sus condiciones y en términos de función de membresía como el mínimo de los grados de membresía. Todas las condiciones en el antecedente fueron igualmente ponderadas debido a que ninguna sobresale en la formulación de las premisas.

Figura 1. Función de membresía tipo (a) gaussiana para las variables de entrada y (b) triangular para las variables de salida

Figura 2. Espectro de frecuencia para falla en pista exterior (a) y pista interior (b)

A continuación, por motivos de espacio, se muestra una de las 81 reglas que utiliza el sistema de inferencia difuso para clasificar el registro de vibración en las distintas condiciones de falla:

Si BPFI_1 es alta_1 & BPFO_1 es baja_1 & BSF_1 es media_1 & FTF_1 es media_1 Entonces DEFECTO_PISTA_INTERNA es severidad_crítica DEFECTO_PISTA_EXTERNA es severidad_leve DEFECTO_ELEMENTO_RODANTE es severidad_leve DEFECTO_CANASTILLA es severidad_leve

Por último, debido a que el sistema implementado involucra más de una regla, se hace necesario un proceso de agregación o la obtención del consecuente total a partir de los consecuentes individuales de cada regla del sistema. La estrategia de agregación utilizada corresponde a un sistema disyuntivo de reglas, en el que la satisfacción de al menos una regla es requerida y en la cual la salida es obtenida por la unión difusa de todas las contribuciones individuales de cada regla; en términos de funciones de membresía corresponde al máximo de los grados de membresía de los consecuentes en todas las reglas. Por consiguiente, el proceso de inferencia Mamdani implementado se puede sintetizar usando (6)

Donde es la salida agregada para las r reglas. En cuanto al proceso de “defuzificación” existen una variedad de posibles métodos a implementar. En [10] se especifican cinco criterios para evaluar el más conveniente de acuerdo a la aplicación, i.e. continuidad, no ambigüedad, simplicidad computacional, plausibilidad y ponderación. Dentro de los más atractivos y comunes sobresale el método del centroide (7), que se utiliza en el sistema propuesto. El método del centroide posee algunas ventajas entre las cuales sobresalen su continuidad (un pequeño cambio en la entrada no produce un gran cambio en la salida) y su no ambigüedad (un único valor para unas condiciones dadas). Sin embargo, existen algunas desventajas como que no es plausible (ya que aunque la salida se ubique en el medio del conjunto difuso agregado, esta puede corresponder a un punto con bajo grado de activación) y para evaluar el discurso requiere recorrer todo el universo. Aunque con ciertas desventajas se establece como método de desfuzzifacion el centroide. Mediante un bloque adicional al sistema difuso, el vector de salida del sistema difuso es transformado en términos de variables cualitativas para brindar de esta manera un diagnóstico de la falla en términos lingüísticos. El esquema general del sistema implementado se muestra en la Figura 3.

Donde z* es el valor discreto de salida y corresponde al centro del área del conjunto difuso C y ∫ denota una integración algebraica.

Figura 3. Esquema general del proceso de inferencia implementado

Figura 4. Banco de pruebas implementado

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

Para la validación experimental del sistema implementado se utiliza un banco de pruebas el cual cuenta con un motor de inducción de 0.5 Hp a 1780 revoluciones por minuto (ver Figura 4). Este banco de pruebas está acondicionado para experimentar con diferentes rodamientos en distintos escenarios de falla. La referencia del rodamiento de bolas empleado en todos los experimentos es el SKF 6204. El proceso de clasificación difuso implementado captura y procesa las señales de vibración provenientes del acelerómetro en Matlab® a una frecuencia de muestreo de 3.84 kHz utilizando un ventaneo tipo hanning.

En la Figura 4, 1 corresponde al motor, 2 la transmisión por correa, 3 el eje, 4 rodamientos de apoyo, 5 rodamiento en prueba y 6 al soporte del banco.

Para la validación experimental del sistema se utilizan siete casos de fallas que involucran igual número de rodamientos. A estos rodamientos se les inducen fallas en pista interior, pista exterior, canastilla y elemento rodante con diferentes niveles de severidad, como se muestran en la Tabla I.

Tabla I. Descripción de las fallas en cada uno de los rodamientos de prueba

Figura 5. Umbrales de amplitud normalizada (a) y frecuencia de falla (b)

El proceso de clasificación se inicia obteniendo el espectro normalizado del registro de vibraciones para el rodamiento de prueba, con el cual se establecen tres umbrales de amplitud denominados alta_1, media_1, baja_1, ver Figura 5(a).

Para cada uno de los umbrales de amplitud se selecciona el valor máximo en un rango de frecuencias del ±10% del valor correspondiente de frecuencia calculado para cada una de las frecuencias de falla, ver Figura 5(b). Debido a factores como deslizamiento o ligeros cambios de velocidad del equipo, los valores de frecuencia de falla cambian ligeramente de los calculados teóricamente. Estos valores de amplitud máxima para los correspondientes rangos de frecuencia de falla constituyen las entradas al sistema difuso.

Una vez obtenidas las entradas al sistema y mediante el proceso de inferencia difuso se obtiene un vector de escalares que corresponde a la salida del sistema difuso. Este vector se transforma en términos lingüísticos a través de un bloque de decisión para obtener de esta manera el diagnóstico de la condición de los rodamientos.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El sistema implementado detectó y diagnosticó satisfactoriamente cada uno de los escenarios de prueba a los cuales fue sometido. Los espectros normalizados de algunos de los escenarios de falla estudiados se muestran en las Figuras 6-8. En el caso del rodamiento sin falla (ver Figura 6 (a)) aparece un componente de frecuencia significativo al 1x, el cual representa desbalance del sistema rotativo y fue clasificado como rodamiento sin falla en rodamientos. Aunque los valores de frecuencia de falla BPFI, BPFO, FTF, BSF y 1x y los correspondientes armónicos obtenidos experimentalmente difieren un poco de los determinados teóricamente, en todos los escenarios de prueba, el sistema implementado fue lo suficientemente robusto para diagnosticar de manera precisa la condición de los 7 rodamientos en prueba. Adicionalmente, se establece en todos los casos el nivel de severidad (leve, moderada y severa) correspondiente al escenario de prueba. Los experimentos, para un mismo escenario y rodamiento en prueba, son repetidos al menos en cuatro ocasiones y en todos los casos el sistema propuesto diagnosticó la condición de falla respectiva, demostrando un alto grado de repetitividad.

Los resultados experimentales, obtenidos utilizando el rodamiento SKF 6204, permiten esperar un amplio rango de aplicabilidad de la técnica propuesta, por cuanto los rodamientos de bola son muy populares en uso a nivel industrial. Aunque el sistema propuesto es un caso particular de aplicación, la metodología propuesta de detección es adaptable y escalable a cualquier otra configuración distinta a la empleada en este estudio y a otro tipo de rodamiento.

Figura 6. Espectro normalizado para (a) rodamiento sin falla y (b) rodamiento con severidad moderada en pista interior y
severidad crítica en pista exterior

Figura 7. Espectro normalizado (a) rodamiento con severidad leve en pista interior y severidad crítica en pista exterior y
(b) rodamiento con severidad moderada en pista exterior y pista exterior

CONCLUSIONES

En este trabajo se investigó el uso de la lógica difusa como técnica para detectar y diagnosticar fallas en rodamientos de bola. Los resultados obtenidos demuestran el potencial de la lógica difusa para clasificar patrones de espectro de frecuencia asociados a distintos tipos de falla en rodamientos y severidad de estas. El uso de un dominio basado en funciones de membresía permite resolver la variabilidad de la información espectral debido a factores como la presencia de ruido y el deslizamiento del rotor, con lo cual se logra un juicio objetivo de la condición del sistema.

Las pruebas experimentales demostraron que el sistema de clasificación difuso propuesto para la detección de fallas en rodamiento es confiable en el diagnóstico. El sistema detectó y determinó correctamente los niveles de severidad en los 7 escenarios de falla a los cuales fue sometido en el banco dedicado para este propósito.

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Desarrollo de una metodología de estimación de accesibilidad como herramienta de evaluación de políticas de transporte en países en desarrollo: estudio de caso de la ciudad de Bogotá

Development of an Accessibility Estimation Method as a Transport Policy a Assessment Tool in Developing Countries: Case Study of Bogotá

Daniel Oviedo H(1)*, Juan Pablo Bocarejo S(2)*

(1) Msc. en Ingeniería: Área Civil, con énfasis en ingeniería de Transporte de la Universidad de los Andes. Investigador en el área de transporte del Grupo SUR de la Universidad de los Andes, dan-ovie@uniandes.edu.co

(2) PhD. En Transportes de la Universidad de Paris XI. Profesor asistente de la Universidad de los Andes. Director del grupo de investigación en transporte del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes, jbocarej@uniandes.edu.co

(*) Bogotá, Colombia.

Recibido 28 de enero de 2010, modificado 4 de abril de 2011, aprobado 6 de abril de 2011.

Palabras claves

Accesibilidad, evaluación de políticas públicas, transporte urbano, países en desarrollo.

Resumen

Se busca desarrollar una metodología de estimación de la accesibilidad como herramienta de evaluación de políticas de transporte en la ciudad de Bogotá, a partir del estudio del estado del arte del concepto, sus formas de medición e información disponible acerca de la movilidad en la ciudad. Se definen zonas de análisis e indicadores a estimar para establecer relaciones de interés entre el transporte y el nivel de acceso a oportunidades de los individuos residentes en zonas con características socioeconómicas y condiciones de movilidad específicas, además de evaluar escenarios de restricciones del presupuesto de viaje.

Key words

Accessibility, public policy evaluation, urban transport, developing countries.

Abstract

The aim of this paper is the development of an accessibility estimation method as a transport policy assessment tool based on the state of the art of the accessibility concept and measurement techniques, and available information directly related to socioeconomic data, transport demand and supply characteristics for specific areas of Bogotá. Study areas and indicators are defined in order to determine relevant relationships between transport and access to opportunities for individuals with specific socioeconomic characteristics and present mobility conditions. In addition, evaluation of restricted travel budgets scenarios defined both by the standard transport theory and individuals is performed.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de metodologías de evaluación de políticas de transporte representa, en la actualidad, uno de los principales tópicos de investigación dentro de la comunidad científica especializada. No obstante, un aspecto fundamental que ha sido poco estudiado en este tipo de trabajos, especialmente en los países en vías de desarrollo, es el concepto de accesibilidad y su potencial como herramienta de evaluación de impactos económicos y sociales de una determinada política.

En la práctica, la mayoría de las investigaciones en accesibilidad al transporte se centran en análisis cualitativos de factores relacionados, por lo que limitan considerablemente el alcance de los estudios, y su capacidad de identificar los impactos en materia económica y social [1]. Lo anterior se suma al hecho que en la mayoría de estudios de soporte a la toma de decisiones referentes al transporte, se realizan análisis generales que se centran en los aspectos directos de movilidad más que en las relaciones económicas y sociales inherentes a ellos.

Esta investigación pretende definir ciertos parámetros relacionados con las características de la movilidad de una zona urbana, ligados al concepto de accesibilidad, tomando como estudio de caso algunas zonas particulares de la ciudad de Bogotá. A partir de dicha información, se busca establecer un método cuantitativo de estimación de la accesibilidad a oportunidades, que permita generar un análisis de las relaciones entre las características de movilidad de una zona determinada, sus condiciones socioeconómicas y la calidad de vida de sus habitantes.

EL CONCEPTO DE ACCESIBILIDAD

El concepto de accesibilidad ha sido frecuentemente utilizado en diversidad de estudios científicos acerca de la movilidad, y representa una herramienta fundamental en la definición de políticas públicas. No obstante, existen diversas maneras de definir y poner en práctica la noción de accesibilidad.

Dentro de las formas de interpretación de la accesibilidad, desarrolladas dentro de la comunidad científica, se destacan: el potencial de oportunidades de interacción [2], la facilidad para alcanzar cualquier zona de actividad usando un sistema de transporte determinado [3] y el conjunto de beneficios provistos por un sistema de transporte dado [4], entre otros.

Lo anterior, demuestra que la accesibilidad puede ser vista desde diferentes enfoques y conllevar a diferentes interpretaciones. Así, para efectos de la presente investigación, se define la accesibilidad como el conjunto de condiciones que permiten a un individuo no sólo hacer uso de la oferta de transporte de un centro urbano específico bajo restricciones de presupuesto, sino las facilidades otorgadas gracias a estas condiciones para el acceso de los individuos a oportunidades y mejores condiciones de vida.

FORMULACIÓN TEÓRICA

FORMULACIÓN TRADICIONAL (ECUACIÓN DE HANSEN)

Diversas hipótesis y formulaciones se han hecho a lo largo de los años en torno al concepto de accesibilidad y la manera en que ésta se mide. Colombia, en particular, no tiene antecedentes en la aplicación de ninguna de ellas por lo que resulta interesante explorar este potencial desde diferentes perspectivas.

En ese sentido, una primera aproximación a la utilización de la accesibilidad, como medida de evaluación de los sistemas de transporte en una ciudad colombiana, consiste en la adopción y parametrización de una de las principales medidas desarrolladas, ajustándola al contexto local e incorporando las modificaciones pertinentes acorde al contexto.

La ecuación convencional de Hansen [2], uno de los indicadores más utilizados en la literatura científica desde hace varios años, para estimar el nivel de accesibilidad de una zona dada, se define como:

Donde,

Ai = Accesibilidad de la zona i (zona de origen)

aj = Atractividad de la zona j (zona de destino)1

ƒ(dij) = función del costo (distancia) de viajar entre las zonas i y j

En la ecuación (1), la función de costo se define tradicionalmente en términos del costo generalizado de viaje inherente a movilizarse de una zona a otra y adopta la forma estándar de las funciones de utilidad. Debido a las condiciones de la demanda en países en desarrollo y al efecto del costo monetario de los sistemas de transporte como potencial barrera para el acceso de la población menos favorecida, se incluye en la ecuación de impedancia un componente de costo monetario y nivel de ingreso, obteniendo:

Donde,

Cij = Costo generalizado de viaje (Impedancia) entre la zona i y j

Ct = “Costo” en tiempo de viaje entre las zonas i y j

Cc = Costo monetario de viajar relativo al nivel de ingresos

de los individuos

El primer componente del costo generalizado de viaje, el costo expresado en términos de tiempo, está directamente relacionado con variables individuales como ocupación, edad, nivel de ingreso, entre otros. Los cuales definen los presupuestos de tiempo de viaje y actividad.

De forma análoga, el componente de costo monetario de la ƒ(dij) se relaciona directamente con el nivel de ingreso de los individuos y la oferta de transporte. Esto en la medida en que, el presupuesto de dinero para viajar se ve condicionado por un porcentaje del ingreso de los individuos que, según Zahavi [5], tiende a mantenerse en el tiempo; y el costo de cada modo determina si con esta restricción los individuos pueden o no hacer uso de cada alternativa disponible para movilizarse. En el caso de poblaciones de bajos ingresos, este componente puede representar el principal obstáculo para hacer uso de un determinado sistema de transporte o acceder a oportunidades localizadas en zonas que impliquen altos costos de viaje desde la residencia de dicho tipo de población.

La anterior formulación, tradicionalmente, comprende el uso de información de los viajes generados en el momento de análisis de forma tal que, a partir de las características conocidas, se pueda determinar el potencial de actividades alcanzable desde una zona determinada. Estableciendo así, un estimativo de la accesibilidad de dicho lugar. Sin embargo, resulta igualmente relevante estudiar las preferencias de los usuarios y su definición de las variables de la función de impedancia de forma tal que se pueda determinar el valor más probable de actividades accesibles desde la zona de estudio. Para así consolidar esta aproximación como un primer indicativo para la formulación de políticas de intervención.

En ese sentido, se reconoce que existen restricciones tanto temporales como económicas en materia de accesibilidad, que limitan la capacidad de los individuos de movilizarse. Dichas restricciones representan condiciones para la relación Individuo-Oferta que afecta directamente el nivel de accesibilidad de las personas en un área de estudio definida.

A partir de lo anterior se infiere una relación entre los costos/presupuestos, de tiempo y dinero de viaje, y la oferta y características socioeconómicas de los individuos, lo que permite definir los parámetros de la ecuación (2) como:

Donde,

Modo: Corresponde a las características de la oferta de los diferentes modos disponibles.

c/i = Relación costo transportarse vs. Ingreso de los individuos.

Actualmente en Colombia, como en muchos países en desarrollo, existe un problema evidente de accesibilidad al transporte y, como consecuencia, a las oportunidades. La capacidad de las personas de viajar en el segmento más pobre de la población de ciudades como Bogotá se reduce a menos de 1,5 viajes por día. El porcentaje correspondiente de sus ingresos totales gastados en transporte, sin embargo, supera el 20%, incluso para esta baja tasa de viajes. En otras palabras, dadas las características de la oferta de transporte, los más pobres en Bogotá gastan la misma porción de sus ingresos en la ejecución de 1,5 viajes por día que en el pago de todos los demás servicios básicos.

Zahavi [5] postuló la hipótesis que la media individual de presupuesto de tiempo de viaje se encuentra alrededor de una hora al día, no obstante, al observar la población más vulnerable de Bogotá se observa que en un sólo viaje se gasta un valor muy cercano a este estimativo y en muchos casos incluso lo excede.

A partir de la definición del modelo teórico, con base en información documentada correspondiente a la Encuesta de Movilidad de 2005 para estimar el efecto de cada variable sobre el nivel de accesibilidad de cada zona, se procederá a calcular el nivel observado de accesibilidad denominado “Accesibilidad Real”. Posteriormente, se calculará el nivel de acceso teórico aplicando las restricciones consignadas en la literatura internacional, correspondientes a los presupuestos de tiempo y dinero definidos por Zahavi [5], obteniendo así la que denominaremos “Accesibilidad teórica”. Finalmente, la información recopilada a partir de encuestas de preferencias declaradas —por medio de las cuales se obtuvo un máximo de tiempo y dinero, que en promedio los habitantes de cada zona están dispuestos a emplear en transporte— se aplicó al modelo obtenido para establecer el nivel de acceso correspondiente a las restricciones definidas por los habitantes de cada UPZ obteniendo una “Accesibilidad declarada”.

ZONAS DE ESTUDIO

Para el desarrollo del proyecto se analizaron algunas Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) con marcadas diferencias en sus características socioeconómicas, de accesibilidad y uso del suelo, con el fin de evaluar el impacto de la accesibilidad en zonas con niveles de movilidad desiguales.

La siguiente tabla resume brevemente las características de cada una de las zonas escogidas para el estudio y refleja las diferencias entre cada una de ellas. En consecuencia, muestra que hay áreas en Bogotá que, de forma independiente a su nivel de ingreso, pueden tener mayores ventajas o desventajas en materia de oferta de transporte y cercanía a los focos de empleo, lo cual puede afectar de manera importante su nivel de accesibilidad.

Tabla 1. Principales características de las zonas de estudio

A = Alto, M = Medio, B = Bajo

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS

ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ƒ(dij) PARA CADA ZONA DE ESTUDIO

Se estimaron los coeficientes de la función de impedancia ƒ(dij) para cada UPZ de estudio a partir de la información disponible sobre viajes de motivo trabajo, número de empleos en cada zona destino, tiempos y costos promedio de viaje a cada zona destino e ingreso promedio por individuo. Se utilizaron regresiones múltiples para estimar los valores de los coeficientes de la función de impedancia. Los resultados obtenidos son:

Donde:

Ct = Tiempo total de viaje en horas.

Cc = % del ingreso promedio de la zona empleado en transportarse.

Como se muestra en las ecuaciones obtenidas, los coeficientes varían de forma importante de una zona a otra en función de sus niveles de ingreso, ubicación y oferta de transporte. Por ejemplo, en el caso de las áreas de estratos altos como Country Club, el valor del coeficiente de dinero es muy bajo, mientras que el coeficiente de tiempo es considerablemente alto, lo que refleja el valor dado por los habitantes de esta zona a menores tiempos de viaje. Del mismo modo, los coeficientes de Zona Franca, ubicada en una zona con densidad media de empleos, además de estar cerca a los focos de empleo, ambos coeficientes son similares así como elevados en comparación con las zonas con los mismos ingresos, como resultado del valor adicional de la proximidad a los centros de mayor oferta de trabajo. Por el contrario, en zonas como Bosa Central, los coeficientes son bajos para la variable tiempo, ya que los individuos están dispuestos a gastar más tiempo viajando para acceder a un trabajo, mientras que están constantemente en la búsqueda de un bajo costo monetario para sus viajes.

TRES TIPOS DE ACCESIBILIDAD

Accesibilidad real

Con base en estos resultados, se observa que el potencial de acceso correspondiente a las condiciones actuales de oferta y demanda (reflejadas en los valores de T y Cc), combinadas con la valoración que dan los habitantes de cada zona a los atributos de los viajes (ƒ(dij)), evidencian un dilema de inequidad en las facilidades que se otorgan a los distintos grupos socioeconómicos de solventar su necesidad de acceder a una mejor calidad de vida, como en el caso de la UPZ de Bosa. Además, algunas de estas UPZ demuestran una especie de resignación frente a ciertos atributos de los viajes obligatorios debido a la necesidad básica de adquirir un ingreso a pesar de no alcanzar el 100% de acceso a empleos por persona.

Tabla 2. Resultados de la accesibilidad real para cada UPZ

ACCESIBILIDAD PER CÁPITA2

Fuente: Elaboración propia

En ese sentido, a partir de lo observado bajo condiciones reales, se identifica que debido a una distribución centralizada de actividades y un desequilibrio en las oportunidades, existe una disposición por parte de ciertos individuos a sacrificar en mayor medida ciertos aspectos como tiempo disponible para otras actividades o dinero destinado a otros propósitos con el único fin de acceder a un empleo.

Accesibilidad teórica

Los resultados de la accesibilidad real corresponden a lo que los habitantes de cada zona estudiada realiza actualmente según se lo permiten sus condiciones y necesidades, lo cual puede generar que se esté soportando una mayor cantidad de tiempo y dinero de la que en realidad está dispuesto a gastar cada uno. En ese sentido, la literatura científica en torno al tema define ciertos umbrales de presupuesto de tiempo y dinero que, en promedio, se mantienen constantes. Hansen [2] en su formulación define un Umbral máximo a partir del cual debería medirse la accesibilidad, de la misma forma que lo hicieron Zahavi [5] y, de forma más reciente, Schafer [6]. Se tienen en cuenta todos los argumentos de cada uno de estos pioneros en el tema y se considera la forma en la que se estimaron los costos de viaje y el ingreso medio por habitante para cada zona. Para efectos de este estudio se considerarán 45 minutos como presupuesto de tiempo y 15% del ingreso promedio de la zona como presupuesto teórico de dinero. Los resultados de cada zona seleccionada se resumen a continuación:

Tabla 3. Resultados de la accesibilidad teórica para cada UPZ

Fuente: Elaboración propia

Al analizar los resultados obtenidos, aplicando las restricciones teóricas de tiempo e ingreso destinado a transportarse, se observa una reducción drástica del porcentaje de los empleos de la ciudad accesible desde cada UPZ de estudio y, como consecuencia, del potencial de acceso para la Población en Edad de Trabajar. En ese sentido, se advierte una menor reducción como consecuencia de la restricción temporal en las zonas de estudio cuya ubicación geográfica o acceso a sistemas de transporte permite un menor tiempo de viaje, excluyendo solamente las UPZ más alejadas. En el caso de Rincón y Bosa, como ya se había mencionado, las condiciones de ubicación geográfica resultan contraproducentes. Con respecto a la restricción monetaria, dada la distribución modal media observada en cada zona, y el nivel de ingreso de la misma, es de esperar que en casos como el de Country Club el efecto de la restricción sea despreciable, mientras que para las demás zonas, que pertenecen a estratos socioeconómicos medio-bajo y bajo, el efecto de excluir zonas más alejadas, que por lo general requieren trasbordos y por tanto mayores costos de viaje, resulta mucho más perjudicial reduciendo dramáticamente el número de empleos accesibles a la población en capacidad de trabajar.

Accesibilidad declarada

De forma análoga al caso anterior, se plantea la hipótesis que cada individuo está dispuesto a gastar una cantidad máxima de dinero y de tiempo en transportarse, la cual según sus características, condiciones, ubicación y necesidades le resulta benéfica. Partiendo de esta premisa, se llevaron a cabo una serie de encuestas de preferencias declaradas en las 4 zonas de estudio, permitiendo establecer el presupuesto promedio del porcentaje del ingreso destinado a movilizarse y el máximo tiempo que cada persona está dispuesta a tolerar en un sólo viaje. Los resultados fueron los mostrados en la Tabla 4.

Como resultado de aplicar las restricciones ideales reveladas por los individuos residentes en cada zona de estudio, se identifica una reducción aún mayor del potencial de acceso a actividades productivas como consecuencia de una disposición cada vez menor a tolerar tiempos y costos de viaje por encima del umbral que los habitantes de estos sectores consideran benéficos.

Tabla 4. Presupuestos declarados para cada zona de estudio y resultados de accesibilidad declarada

Fuente: Elaboración propia

En el caso de Bosa se identifica una menor disposición a tolerar mayores costos de viaje puesto que su nivel de ingreso es mucho menor que en las demás zonas, además que en otras UPZ están dispuestos a sacrificar su recurso de tiempo con tal de acceder a una oportunidad de adquirir ingresos. Nuevamente en el caso de El Rincón influye de forma importante la ubicación, que hace que sus habitantes estén menos dispuestos a emplear mayores tiempos de viaje a pesar de tener un nivel de ingreso medio-bajo, lo cual también afecta el nivel de acceso bajo estas restricciones. En el caso de la Zona Franca se observa que a pesar de tener un nivel de ingreso similar al de Rincón, el porcentaje del mismo empleado en transporte no representa una restricción considerable en comparación con lo observado en la Encuesta de Movilidad. El tiempo por otro lado genera un mayor efecto negativo en esta zona evidenciando una menor disposición a viajar por mayores lapsos incluso para las actividades obligatorias. Finalmente, los resultados de Country Club se encuentran acorde a lo esperado según el nivel de ingreso de la zona puesto que la única restricción que afecta el nivel de acceso está relacionada únicamente con el tiempo de viaje. No obstante, es de resaltar que la cantidad de tiempo que están dispuestos a emplear en transportarse en esta UPZ no es significativamente menor a lo manifestado por los habitantes de los demás sectores de estudio.

Este análisis resulta interesante en la medida en que, al conocer las preferencias de los usuarios y su disposición a tolerar mayores valores de una u otra variable según su condición, se pueden plantear alternativas de intervención que permitan subsanar las necesidades más inmediatas para cada grupo poblacional y, por ende, incrementar su nivel de acceso atacando los puntos críticos dentro de las limitaciones de disponibilidad presupuestal y coherencia de las intervenciones. Así mismo, en promedio se identifica una variación relativamente baja de los presupuestos deseados de tiempo y dinero reveladas por los habitantes de cada zona ratificando la aplicabilidad de la teoría de Zahavi en el contexto local para efectos de análisis.

LA ACCESIBILIDAD COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE

La metodología desarrollada como resultado de esta investigación tiene como objeto principal servir como herramienta adicional de evaluación de políticas de transporte en países en desarrollo. En ese sentido, se resalta que, si bien en este caso la metodología ha servido para evidenciar una severa inequidad entre zonas con diferentes atributos, puede ser igualmente implementada para el análisis de los efectos de una determinada política de transporte sobre las características de los viajes en una zona específica en relación a sus características y las de su población.

Comúnmente, los proyectos de transporte se definen a partir de criterios que no se relacionan enteramente con la equidad. Pese a que la mayoría de los planes de movilidad y lineamientos de política, subrayan la importancia de este aspecto en el planteamiento de intervenciones y en la misma filosofía del Estado, pues no existe un instrumento claro para medirlo. Esta realidad puede ser fácilmente ejemplificada en el caso de Transmilenio, el cual si bien ha reducido de manera considerable los tiempos de viaje entre orígenes y destinos cubiertos por el sistema, ha implicado distintas barreras de orden económico, físico, e incluso cognitivo para el acceso a sus servicios por parte de la totalidad de la población, reflejando inequidades a distintos niveles.

La accesibilidad puede constituir una herramienta que responda a la necesidad de identificar los efectos del tipo de barreras anteriormente mencionado, puesto que permite establecer el incremento o disminución de los niveles de acceso a las oportunidades de una ciudad desde una zona específica como resultado de modificaciones del costo de viaje. Asimismo, la metodología permite establecer las preferencias de los distintos tipos de usuarios, lo que facilita la concentración de las intervenciones en las necesidades determinadas de cada grupo estudiado. Esto resulta particularmente útil no sólo para diferenciar inequidades en las condiciones actuales de movilidad entre poblaciones de, por ejemplo distintos estratos, sino para establecer en qué medida puede una determinada política disminuir estas inequidades.

El indicador propuesto de accesibilidad permite cuantificar estos efectos de manera integral considerando el resultado sobre la población general de una política, que bien podría ser aplicada sólo a un grupo particular (i.e. subsidios) o beneficiar a la totalidad de demanda de transporte (i.e. Ampliación de infraestructura entre un par OD). De igual manera, el método desarrollado aporta flexibilidad al análisis, en la medida en que puede diferenciarse para estudiar distintas inequidades entre grupos poblacionales, ya sean de orden de género, edad, estrato o preferencia modal. De modo que puedan medirse no sólo los resultados generales de una intervención sino su efecto sobre la población objetiva. Aproximaciones a la evaluación de políticas como subsidios o extensión del sistema de buses rápidos Transmilenio han sido desarrolladas en otros trabajos de investigación de los autores [7].

De esta manera, pueden analizarse los resultados de una política de orden económico o técnico que sirvan para reducir ya sea costos o tiempos de viaje, dependiendo la ponderación de las variables involucradas en la función de impedancia y estudiar su pertinencia respecto a las necesidades inmediatas de cada población. En consecuencia, ya sea que se planteen políticas de subsidios o un incremento en la calidad de los servicios de transporte público sirviendo un determinado par OD, pueden estimarse sus efectos sobre el nivel de accesibilidad de las zonas afectadas permitiendo contar con un criterio adicional para la selección y priorización de intervenciones.

CONCLUSIÓN

A través de los resultados, se identificó un problema de inequidad importante en la ciudad visible en disparidades como ubicación geográfica, capacidad de pago y acceso a sistemas de transporte de diferente calidad que generan niveles de acceso a oportunidades distintos, privilegiando a las zonas con mayores recursos. Asimismo, se encontró una disposición por parte de los individuos de las zonas de menores recursos a sacrificar en mayor medida tiempo y dinero para acceder a un empleo, superando sus propias expectativas de utilidad y las restricciones teóricas.

Indicadores de accesibilidad, como el desarrollado en esta investigación, pueden ser empleados en la evaluación de políticas de transporte en la medida en que consideran el efecto combinado de las condiciones de transporte de una zona y las restricciones individuales de sus habitantes. En ese sentido, el cambio producido en los atributos de viaje como resultado de una determinada política puede representar un incremento o detrimento de los niveles de accesibilidad que puede ser comparable en distintos horizontes. Por lo tanto, el análisis de la accesibilidad como herramienta de evaluación de políticas y condiciones de movilidad en las ciudades en desarrollo puede representar un elemento clave para la priorización de intervenciones enfocadas a disminuir inequidades, considerando las capacidades de los individuos y las condiciones de movilidad a las que tienen acceso.

1 Para efectos de la presente investigación se reducirá el análisis a los motivos de viaje obligatorios como estudio y trabajo permitiendo utilizar el número de posiciones de empleo de una zona determinada como índice de “atractividad” de la misma.

2 La accesibilidad per cápita corresponde al número de empleos por persona en edad de trabajar en cada zona de estudio.

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[7] J., Bocarejo & D., Oviedo, “Transport Accessibility and Social Exclusion: A Better way to Evaluate Public Transport Investment?”, Memorias del XII Congreso Mundial de Investigación en Transporte – WCTR, Lisboa, Julio, 2010.

Prueba del software: más que una fase en el ciclo de vida

Software Testing: More than a Stage in the Life Cycle

Edgar Serna M.(1), Fernando Arango I.(2)

(1) M.Sc. Universidad de San Buenaventura Medellín, edgar.serna@usbmed.edu.co

(2) PhD. Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, farango@unal.edu.co

Recibido 31 de agosto de 2010, modificado 18 de enero de 2012, aprobado 18 de enero de 2012.

Palabras claves

Caminos de ejecución, capacidad de prueba, escenario de prueba, flujo de datos, prueba del software, verificación.

Resumen

La prueba de software es probablemente la parte menos comprendida del ciclo de vida del desarrollo de software. En este trabajo, mediante una propuesta metodológica de cuatro fases, se muestra por qué es difícil detectar y eliminar errores, por qué es complejo el proceso de realizar pruebas y por qué es necesario prestarle más atención.

Keywords

Data flow, execution paths, software testing, testability, test scenario, verification.

Abstract

Software testing probably is the least understood part of the software testing life cycle. In this work, by means of a methodological proposal of four stages, is showed why is complex the process of carrying out the testing software, why is necessary to pay it more attention and why is so difficult to detect and delete the mistakes.

INTRODUCCIÓN

Toda empresa que desarrolla software prueba sus productos pero, aun así, antes de entregarlos siempre contienen anomalías residuales de diversa gravedad. A veces, es difícil imaginar cómo es que los probadores no detectan algunos errores evidentes. En muchas empresas, los probadores están mal preparados para ejecutar la difícil tarea de ensayar los productos software, cada vez más complejos. Los resultados en muchas encuestas informales, hechas a los asistentes a seminarios, sugieren que algunos de los que realizan pruebas, como profesión o como un complemento al desarrollo, tienen un adecuado entrenamiento en pruebas o tienen acceso a buenos libros de pruebas de software.

James Whittaker [1] brinda algunas luces acerca de por qué el proceso de probar el software actual es tan retador e identifica varios enfoques concretos que todos los probadores deberían ser capaces de aplicar fácilmente: el probador eficiente tiene a su disposición un amplio conjunto de técnicas de prueba, entiende cómo se utilizará el producto en su entorno operativo, tiene buen olfato para encontrar errores sutiles y tiene a la mano una bolsa de trucos que sabe utilizar. Los métodos que se describen en este trabajo pueden ayudar a los probadores para dar una respuesta sensata a la cuestión de lo que realmente quieren expresar cuando dicen: “estamos ejecutando pruebas a un sistema software”.

Los desarrolladores conocen la frustración cuando se reciben reportes de errores de parte de los usuarios. Cuando esto sucede inevitablemente se preguntan: ¿cómo escaparon esos errores a las pruebas? Sin duda que invirtieron incontables horas en el examen cuidadoso de cientos o miles de variables y sentencias de código, así que ¿cómo puede un error eludir esta vigilancia? La respuesta requiere, en primer lugar, una mirada más atenta a las pruebas de software en el contexto de desarrollo y, en segundo lugar, es necesario comprender el papel que juegan los probadores y los desarrolladores en dicho contexto dos funciones parecidas pero muy diferentes.

Suponiendo que las anomalías que reportan los usuarios realmente son errores, la respuesta a la anterior pregunta podría ser cualquiera de las siguientes:

• El usuario ejecuta un código no probado. Por falta de tiempo, no es raro que los desarrolladores liberen código sin probar, en el que los usuarios pueden encontrar anomalías.

• El orden en que se ejecutan las declaraciones en el ambiente de uso difiere del que se utilizó durante la prueba. Este orden puede determinar si el software funciona bien o no.

• El usuario aplica una combinación de valores de entrada no probados. Las posibles combinaciones de valores de entrada, que miles de usuarios pueden hacer a través de una interfaz de software, simplemente son demasiado numerosas para que los probadores las apliquen todas y, como deben tomar decisiones difíciles acerca de qué valores de entrada probar, a veces toman las equivocadas.

• El entorno operativo del usuario nunca se probó. Es posible que los probadores tengan conocimiento de dicho entorno, pero no cuenten con el tiempo suficiente para probarlo. Tal vez no replicaron la combinación de hardware, periféricos, sistemas operativos y aplicaciones del entorno del usuario en el laboratorio de pruebas. Por ejemplo, aunque es poco probable que las empresas que escriben software de red creen redes de miles de nodos en su laboratorio de pruebas, los usuarios sí lo pueden hacer y, de hecho, lo hacen en sus entornos reales.

Desde una visión general del problema y del proceso de las pruebas del software, este artículo investiga y describe los problemas que enfrentan los probadores e identifica las cuestiones técnicas que cualquier solución de prueba debe abordar. Además, estudia las clases de soluciones que actualmente se utilizan en la práctica.

PROBADORES Y PROCESOS DE PRUEBA

Los probadores de software deben considerar lo siguiente al planificar y ejecutar las pruebas: el software y su función de cálculo, las entradas y cómo se pueden combinar y el entorno en el que el software eventualmente funcionará. Este difícil proceso requiere tiempo, sofisticación técnica y una adecuada planificación. Los probadores no sólo deben tener buenas habilidades de desarrollo —a menudo las pruebas requieren una gran cantidad de código— sino también conocimientos en lenguajes formales, teoría de grafos, lógica computacional y algoritmia. De hecho, los probadores creativos aplican muchas disciplinas, relacionadas con la informática, al problema de las pruebas, a menudo con resultados impresionantes.

Incluso el software más simple presenta obstáculos por lo que, para tener una visión más clara acerca de algunas de las dificultades inherentes a las pruebas de software, es necesario acercarse a ellas a través de la aplicación de cuatro fases:

1. Modelar el entorno del software.

2. Seleccionar escenarios de prueba.

3. Ejecutar y evaluar los escenarios.

4. Medir el progreso de las prueba.

Estas fases le ofrecen a los probadores una estructura en la que pueden agrupar los problemas relacionados y que deben resolver antes de pasar a la siguiente fase.

FASE 1: MODELAR EL ENTORNO DEL SOFTWARE

La tarea del probador es simular la interacción entre el software y su entorno, para lo que debe identificar y simular las interfaces que utiliza el sistema, y enumerar las entradas que pueden circular por cada una de ellas. Éste podría ser el asunto más importante que enfrentan y, teniendo en cuenta los diversos formatos de archivo, los protocolos de comunicación y las terceras partes disponibles —interfaces de programación de las aplicaciones— puede ser muy complicado. Las interfaces más comunes son:

• Las interfaces humanas, incluyen todos los métodos comunes con los que las personas se comunican con el software. La más destacada es la interfaz gráfica de usuario —Graphical User Interface GUI—, pero todavía se utilizan antiguos diseños como la interfaz de línea de comandos y la basada en menús. Los posibles mecanismos de entrada que se deben considerar son los clics del ratón, pulsaciones de teclado y entradas desde otros dispositivos. Los probadores deciden entonces cómo organizar estos datos para comprender cómo ensamblarlos en una prueba efectiva.

• Las interfaces de software, llamadas APIs —Application Programming Interfaces—, indican cómo utiliza el software al sistema operativo, la base de datos o la librería, en tiempo de ejecución. Los servicios que estas aplicaciones ofrecen se modelan como entradas de prueba, pero el desafío para los probadores es comprobar, no sólo las probables, sino también las inesperadas. Por ejemplo, todos los desarrolladores esperan que el sistema operativo guarde los archivos por ellos, pero olvidan que el sistema operativo les puede informar que el medio de almacenamiento está lleno por lo que, incluso, los mensajes de error deben probarse.

• Las interfaces del sistema de archivos, existen siempre que el software lea o escriba datos en archivos externos. Los desarrolladores deben escribir líneas de código de comprobación de errores para determinar si el archivo contiene datos y formato adecuados. Por lo tanto, los probadores deben construir o generar archivos con contenido, que a la vez sea legal e ilegal, y archivos que contengan texto y formatos variados.

• Las interfaces de comunicación, permiten el acceso directo a los dispositivos físicos como los controladores de dispositivos y otros sistemas embebidos y requieren un protocolo de comunicación específico. Para examinarlas, los probadores deben ser capaces de generar protocolos válidos e inválidos; además de poder ensamblar muchas y diferentes combinaciones de comandos y datos, para aplicarlos a la interfaz bajo prueba, en el formato del paquete apropiado.

Luego, los probadores deben comprender las interacciones de usuario que están fuera del control del software bajo prueba, ya que las consecuencias pueden ser graves si el software no está preparado. Ejemplos de situaciones que los probadores deben abordar son:

• Usando el sistema operativo un usuario elimina un archivo que otro usuario tenía abierto, ¿qué pasará la próxima vez que el software intente accesar ese archivo?

• Un dispositivo se reinicia en medio de un proceso de comunicación, ¿podrá el software darse cuenta de esto y reaccionar adecuadamente, o simplemente lo dejará pasar?

• Dos sistemas compiten por duplicar servicios desde la API, ¿podrá la API atender correctamente ambos servicios?

Cada entorno único de aplicación puede resultar en un número significativo de interacciones de usuario que se debe probar.

Para tener en cuenta

Cuando una interfaz presenta problemas de tamaño o de complejidad infinitos, los probadores se enfrentan a dos dificultades: 1) seleccionar cuidadosamente los valores para cualquier variable de entrada, y 2) decidir cuál será la secuencia de las entradas. En la selección de valores, deben determinar el de las variables individuales y asignar las combinaciones adecuadas cuando el programa acepta múltiples variables como entrada.

Frecuentemente utilizan la técnica Boundary Value Partitioning [2] para seleccionar valores individuales para las variables, en o alrededor de sus fronteras. Por ejemplo, probar los valores máximo, mínimo y cero para un entero con signo es una prueba común, lo mismo que los valores que rodean cada una de estas particiones —por ejemplo, 1 y -1 que rodean la frontera cero—. Los valores entre las fronteras se tratan como el mismo número: utilizar 16 ó 16.000 no hace ninguna diferencia para el software bajo prueba.

Una cuestión más compleja es elegir los valores para múltiples variables procesadas simultáneamente, que potencialmente podrían afectar a otras, y para lo que debe considerarse el producto que resulta de la combinación de valores completo. Por ejemplo, para dos números enteros: considerar ambos positivos, ambos negativos, uno positivo y uno cero, y así sucesivamente [3]. Al decidir cómo será la secuencia de entrada, los probadores tienen un problema de generación de secuencia, por lo que deben tratar cada entrada física y cada evento abstracto como símbolos en el alfabeto de un lenguaje formal y definir un modelo de ese lenguaje, que les permita visualizar el posible conjunto de pruebas e indagar cómo se ajusta cada una a la prueba general. El modelo más común es un grafo o diagrama de estados, aunque existen muchas variaciones: otros modelos populares incluyen expresiones regulares y gramaticales, herramientas de la teoría de lenguajes; menos utilizados son los modelos estocásticos de procesos y los algoritmos genéticos. Pero, en general, el modelo es una representación que describe cómo se combinan las entradas, y los símbolos de los eventos, para formar palabras y oraciones sintácticamente válidas.

Esas oraciones son secuencias de entrada que se pueden aplicar al software bajo prueba. Un ejemplo de esto es, considerar la entrada Filemenu.Open, que involucra una caja de dialogo para seleccionar archivos; Filename, que representa la selección —tal vez con clics del mouse— de un archivo existente, y ClickOpen y ClickCancel, que representan el botón accionado. La secuencia Filemenu.Open Filename ClickOpen es correcta, como muchas otras, pero la secuencia ClickCancel Filemenu.Open es incorrecta, ya que el botón de cancelación no se puede presionar hasta que la caja de diálogo se haya invocado. Un modelo en lenguaje formal puede hacer una distinción entre las secuencias a aplicar.

Podemos representar el uso correcto de la caja de diálogo para seleccionar archivos, por ejemplo, en un editor de texto, con la expresión: Filemenu.Open filename* (ClickOpen|ClickCancel, en la que el asterisco representa el operador de clausura de Kleene [4] y demuestra que la acción filename puede ocurrir cero o más veces. Esta expresión indica que la primera entrada recibida es Filemenu.Open, seguida de cero o más selecciones de un filename —una combinación de clics del ratón y entradas de teclado— y que, a continuación, se presiona el botón Open o Cancel. Este sencillo modelo representa todas las combinaciones de entrada que pueden suceder y si tienen sentido o no. Para completarlo, tendríamos que representar secuencias para las interfaces de usuario y del sistema operativo. Además, necesitaríamos una descripción de los archivos legales y corruptos para investigar a fondo la interacción del sistema de archivos, tarea que requiere usar ampliamente la lógica, la descomposición y la abstracción.

FASE 2: SELECCIONAR ESCENARIOS DE PRUEBA

Muchos modelos de dominio y particiones de variables representan un número infinito de escenarios de prueba, cada uno de los cuales cuesta tiempo y dinero. Sólo un subconjunto de ellos se puede aplicar en cualquier programa de desarrollo de software realista, así que ¿cómo hace un probador inteligente para seleccionar ese subconjunto? ¿17 es mejor valor de entrada que 34? ¿cuántas veces se debe seleccionar un filename antes de pulsar el botón Open? Estas cuestiones, que tienen muchas respuestas, actualmente se investigan activamente. Los probadores, sin embargo, prefieren una respuesta que se refiera a la cobertura de código fuente o a su dominio de entrada y se orientan por: la cobertura de las declaraciones de código —ejecutar cada línea de código fuente por lo menos una vez—, o la cobertura de entradas —aplicar cada evento generado externamente—. Estos son los criterios mínimos que utilizan para juzgar la completitud de su trabajo, por lo tanto, el conjunto de casos de prueba que muchos eligen es el que cumpla con sus metas de cobertura.

Pero si el código y la cobertura de entrada son suficientes, los productos entregados deberían tener muy pocos errores. En cuanto al código, no son las declaraciones individuales las que interesan a los probadores, sino los caminos de ejecución: secuencias de declaraciones de código que representan un camino de ejecución del software pero, desafortunadamente, existe un número infinito de caminos. En cuanto al dominio de entrada, no les interesan las individuales, sino las secuencias de entrada que, en su conjunto, representan escenarios a los que el software debe responder, pero también existe un número infinito de ellas.

Las pruebas se organizan desde dichos conjuntos infinitos hasta lograr, lo mejor posible, los criterios adecuados de datos de prueba; que se utilizan adecuada y económicamente para representar cualquiera de esos conjuntos. “Mejor” y “adecuadamente” son subjetivos: los probadores típicamente buscan el conjunto que garantizará encontrar la mayoría de los errores. Muchos usuarios y profesionales de aseguramiento de la calidad del software están interesados en que los probadores evalúen los escenarios de uso típicos —cosas que ocurren con mayor frecuencia en el uso del producto—. Probar esos escenarios puede asegurar que el software funciona de acuerdo con lo especificado, y que se han detectado los errores más frecuentes.

Para citar un caso, consideremos nuevamente el ejemplo del editor de texto: para probar el uso típico, nos centraremos en la edición y el formato, puesto que es lo que la mayoría de usuarios reales hace; no obstante, para encontrar errores, un lugar con mayor probabilidad son las características más difíciles de código, como el dibujo de figuras y la edición de tablas.

Criterios de prueba de los caminos de ejecución

Los criterios adecuados para datos de prueba se concentran en la cobertura de caminos de ejecución o en la cobertura de secuencias de entrada, pero rara vez en ambos. El criterio de selección de caminos de ejecución más común es el de aquellos que cubran las estructuras de control. Por ejemplo: 1) Seleccionar un conjunto de casos de prueba que garantice que cada sentencia se ejecute al menos una vez y 2) Seleccionar un conjunto de casos de prueba que garantice que cada estructura de control If, Case, While,… se evalúe en cada uno de sus posibles caminos de ejecución.

Sin embargo, el flujo de control es sólo un aspecto del código fuente. Actualmente, ¿Qué software mueve datos de un lugar a otro? La familia de flujo de datos del criterio adecuado para datos de prueba describe la cobertura de estos datos [5], como el seleccionar un conjunto de casos de prueba que garantice que cada estructura de datos se inicialice y que posteriormente se utilice.

Por último, es interesante la siembra de errores [2], aunque tiene más atención de los investigadores que de los probadores. En este método, los errores se añaden intencionadamente en el código fuente, y se diseñan escenarios de prueba para encontrarlos. Lo ideal sería que al encontrar éstos, también se encontraran errores reales. Por lo tanto, es posible un criterio como el siguiente: seleccionar un conjunto de casos de prueba que exponga cada uno de los errores sembrados.

Criterios de prueba del dominio de entrada

El criterio para el rango de cobertura del dominio abarca desde la cobertura de una interfaz sencilla hasta la medición estadística más compleja:

• Elegir un conjunto de casos de prueba que contenga cada entrada física.

• Seleccionar un conjunto de casos de prueba que garantice que cada interfaz de control —ventanas, menús, botones, etc.— se recorra.

El criterio de discriminación requiere una selección aleatoria de secuencias de entrada hasta que, estadísticamente, representen todo el dominio infinito de las entradas.

• Seleccionar un conjunto de casos de prueba que tenga las mismas propiedades estadísticas que el dominio de entrada completo.

• Escoger un conjunto de rutas que puedan ser ejecutadas por un usuario típico.

Para resumir, los investigadores de pruebas estudian algoritmos para seleccionar conjuntos de prueba mínimos que cumplan los criterios para caminos de ejecución y dominios de entrada. La mayoría de ellos está de acuerdo en que es prudente utilizar varios criterios cuando se toman decisiones importantes para cada versión del producto. Los experimentos para comparar criterios adecuados para datos de prueba son necesarios, así como los nuevos criterios. No obstante, por ahora, los probadores deben estar conscientes de qué criterios integrar en su metodología y comprender las limitaciones inherentes de esos criterios cuando reportan resultados.

FASE 3: EJECUTAR Y EVALUAR LOS ESCENARIOS

Una vez identificado el conjunto de casos de prueba adecuado, los probadores los convierten a formatos ejecutables, a menudo código, de modo que los escenarios de prueba resultantes simulen la acción de un usuario típico. Debido a que los escenarios de prueba se ejecutan manualmente constituye un trabajo intensivo y, por tanto, propenso a errores, por lo que los probadores deben tratar de automatizarlos tanto como sea posible. En muchos entornos es posible aplicar automáticamente las entradas a través del código que simula la acción de los usuarios, y existen herramientas que ayudan a este objetivo. Pero la automatización completa requiere la simulación de cada fuente de entrada, y del destino de la salida de todo el entorno operacional. A menudo, los probadores incluyen código para recoger datos en el entorno simulado, como ganchos o seguros de prueba, con los que recogen información acerca de las variables internas, las propiedades del objeto, y otros. De esta forma, ayuda a identificar anomalías y a aislar errores. Estos ganchos se eliminan cuando el software se entrega.

La evaluación de escenarios, la segunda parte de esta fase, es fácil de fijar pero difícil de ejecutar —es mucho menos automatizada—. La evaluación implica la comparación de las salidas reales del software, resultado de la ejecución de los escenarios de prueba, con las salidas esperadas, tal y como están documentadas en la especificación, que se supone correcta, ya que las desviaciones son errores. En la práctica, esta comparación es difícil de lograr. Teóricamente, la comparación —para determinar la equivalencia— de dos funciones arbitrarias computables, es irresoluble. Volviendo al ejemplo del editor de texto: si la salida se supone que es “resaltar una palabra mal escrita” ¿cómo se puede determinar que se ha detectado cada instancia de faltas ortográficas? Tal dificultad es la razón por la que la comparación de la salida real versus la esperada, se realiza generalmente por un oráculo humano: un probador que monitorea visualmente la pantalla de salida y cuidadosamente analiza los datos que aparecen.

Dos enfoques para evaluar las pruebas

Al tratar con el problema de la evaluación de la prueba los investigadores aplican dos enfoques: la formalización y el código de prueba embebido.

• La formalización consiste en “formalizar” el proceso de escritura de las especificaciones, y la forma como, desde ellas, se derivan el diseño y el código [6]. Tanto el desarrollo orientado por objetos, como el estructurado, tienen mecanismos para expresar formalmente las especificaciones, de forma que se simplifique la tarea de comparar el comportamiento real y el esperado. La industria generalmente le ha rehuido a los métodos formales; no obstante, una buena especificación, aunque informal, sigue siendo de gran ayuda. Sin una especificación, posiblemente los probadores pueden encontrar sólo los errores más obvios. Por otra parte, la ausencia de una especificación redundaría en una pérdida significativa de tiempo cuando se reporten anomalías, no especificadas, como errores.

• Esencialmente existen dos tipos de código de prueba embebido: 1) el más simple es el código de prueba que expone algunos objetos de datos internos, o estados, de tal forma que un oráculo externo pueda juzgar su correctitud más fácilmente. Al implementarse dicha funcionalidad es invisible para los usuarios. Los probadores pueden tener acceso a resultados del código de prueba a través, por ejemplo, de una prueba al API o a un depurador. 2) Un tipo más complejo de código embebido tiene características de programa de auto-prueba [7]: a veces se trata de soluciones de codificación múltiple para el problema, para chequear o escribir rutinas inversas que deshacen cada operación. Si se realiza una operación y luego se deshace, el estado del software resultante debe ser equivalente a su estado pre-operacional. En esta situación el oráculo no es perfecto: podría haber un error, en ambas operaciones, en el que cada error enmascara a otro.

Pruebas de regresión

Después que los probadores presentan con éxito los errores encontrados, generalmente los desarrolladores crean una nueva versión del software, en la que, supuestamente esos errores se han eliminado. La prueba progresa a través de versiones posteriores del software hasta una que se selecciona para entregar. La pregunta es, ¿cuántas re-pruebas, llamadas pruebas de regresión, se necesitan en la versión n cuando se re-utilizan las pruebas ejecutadas sobre la versión n-1?

Cualquier selección puede: a) arreglar sólo el problema que fue reportado, b) fallar al arreglar el problema reportado, c) arreglar el problema reportado pero interrumpir un proceso que antes trabajaba, o d) fallar al arreglar el problema reportado e interrumpir un proceso funcional. Teniendo en cuenta estas posibilidades, sería prudente volver a ejecutar todas las pruebas de la versión n-1 en la versión n antes de probar nuevamente, aunque esta práctica generalmente tiene un costo elevado [8]. Por otra parte, las nuevas versiones del software a menudo vienen con características y funcionalidades nuevas, además de los errores corregidos, así que las pruebas de regresión le quitarían tiempo a las pruebas del código nuevo. Para ahorrar recursos, los probadores deben trabajar en estrecha colaboración con los desarrolladores para establecer prioridades, y reducir al mínimo las pruebas de regresión.

Otro inconveniente de estas pruebas es que pueden, temporalmente, modificar el criterio adecuado para datos de prueba seleccionado en la fase anterior. Cuando se realizan pruebas de regresión, los probadores sólo pretenden demostrar la ausencia de errores y forzar su aplicación a que exhiba un comportamiento específico. El resultado es que el criterio adecuado para datos de prueba, que hasta ahora guía la selección de los casos de prueba, es ignorado. Por lo que, en su lugar, los probadores deben asegurarse de que el código se haya corregido adecuadamente.

Asuntos relacionados

Los desarrolladores deberían, idealmente, escribir código teniendo en su mente las pruebas: si el código va a ser difícil de verificar y validar, entonces se debería reescribir, de tal forma que pueda verificarse y validarse adecuadamente. Del mismo modo, una metodología de prueba debería juzgarse de acuerdo con su contribución a la automatización y al oráculo de la solución de los problemas. Muchas metodologías propuestas ofrecen poca orientación en cualquier de estas áreas. Otra preocupación para los probadores, mientras ejecutan pruebas de verificación o validación, es cómo coordinar con los desarrolladores las actividades de depuración. Dado que los errores los identifican los probadores, pero los diagnostican los desarrolladores, puede suceder: 1) que su reproducción fracase y 2) que el escenario de prueba se ejecute nuevamente.

Que fracase la reproducción no es tan simple como parece, por lo que la respuesta obvia sería, por supuesto, volver a ejecutar la prueba fracasada y observar nuevamente el comportamiento de los resultados, aunque volver a efectuar una prueba no garantiza que se reproduzcan las mismas condiciones originales. Re-ejecutar un escenario requiere conocer con exactitud el estado del sistema operativo y cualquier software que lo acompañe —tal es el caso de las aplicaciones cliente-servidor que requieren la reproducción de las condiciones del entorno tanto en el cliente como en el servidor—. Además, conocer el estado de automatización de la prueba, los dispositivos periféricos y cualquiera otra aplicación de segundo plano, que se ejecute localmente o través de la red y que podría afectar a la aplicación bajo prueba. No es de extrañar que una de las frases que comúnmente se escucha en los laboratorios de prueba es: “Bueno, se comporta de forma diferente antes de...”

FASE 4: MEDIR EL PROGRESO DE LAS PRUEBAS

Supongamos que cualquier día, el jefe de un probador viene y le pregunta: “¿Cuál es el estado de sus pruebas?” Los probadores escuchan a menudo esta pregunta, pero no están bien preparados para responderla. La razón es que en la práctica, medir las pruebas consiste en contar cosas: el número de entradas aplicadas, el porcentaje de código cubierto, el número de veces que se ha invocado la aplicación, el número de veces que se ha terminado la aplicación con éxito, el número de errores encontrados y así sucesivamente. La interpretación de estas “cuentas” es difícil: ¿encontrar un montón de errores es buena o mala noticia? La respuesta podría ser: un alto número de errores, que significa que la prueba se ejecutó completamente y que persisten muy pocos errores; o que simplemente que el software tiene un montón de errores y que, a pesar de que muchos fueron encontrados, muchos otros permanecen ocultos.

Los valores de estos conteos pueden dar muy pocas luces acerca de los avances de las pruebas, y muchos probadores alteran estos datos para dar respuesta a las preguntas, con lo que determinan la completitud estructural y funcional de lo que han hecho. Por ejemplo, para comprobar la completitud estructural los probadores pueden hacerse estas preguntas:

• ¿He probado para errores de programación común? [9]

• ¿He ejercitado todo el código fuente? [2]

• ¿He forzado a todos los datos internos a ser inicializados y utilizados? [5]

• ¿He encontrado todos los errores sembrados? [2]

Y para probar la completitud funcional:

• ¿He tenido en cuenta todas las formas en las que el software puede fallar y he seleccionado casos de prueba que las muestren y casos que no lo hagan? [9]

• ¿He aplicado todas las posibles entradas? [2]

• ¿Tengo el dominio de los estados del software completamente explorado? [1]

• ¿He ejecutado todos los escenarios que espero que un usuario ejecute? [10]

Estas preguntas —fundamentalmente el criterio adecuado para datos de prueba— son útiles para los probadores, empero, determinar cuándo detener las pruebas o cuándo está listo un producto para su liberación, es más complejo. Se necesitan medidas cuantitativas de la cantidad de errores que queden en el software, y de la probabilidad de que cualquiera de ellos sea descubierto por el usuario. Si los probadores pudieran lograr esta medida, sabrían cuando parar las pruebas y sería posible que se acercaran cuantitativamente al problema de forma estructural y funcional.

Capacidad de prueba

Desde un punto de vista estructural, Jeffrey Voas [11] propuso la capacidad de prueba como una manera para determinar la complejidad de la aplicación de una prueba: “la idea de que el número de líneas de código determine la dificultad de la prueba es obsoleta, la cuestión es mucho más complicada, y es donde entra en juego la capacidad de prueba”. Si un producto software tiene alta capacidad de prueba: 1) será más fácil de probar y, por consiguiente, más fácil de encontrar sus errores y 2) será posible monitorear las pruebas, por lo que los errores y las probabilidades de que se queden otros sin descubrir, disminuyen. Una baja capacidad de prueba requerirá muchas más pruebas para llegar a estas mismas conclusiones, y es de esperar que sea más difícil encontrar errores. La capacidad de prueba es un concepto convincente pero que apenas comienza a popularizarse, y todavía no se han publicado suficientes datos acerca de su capacidad predictiva.

Modelos de fiabilidad

¿Cuánto durará el software en ejecución antes de que falle? ¿Cuánto costará el mantenimiento del software? Sin duda, es mejor encontrar respuestas a estas preguntas mientras todavía se tenga el software en el laboratorio de pruebas. Desde un punto de vista funcional, los modelos de fiabilidad [10] —modelos matemáticos de escenarios de prueba y datos de errores— están bien establecidos. Estos modelos pretenden predecir cómo se comportará el software en su entorno funcional, con base en cómo se comportó durante las pruebas. Para lograr esto, la mayoría de ellos requieren la especificación de un perfil operativo: una descripción de cómo se espera que los usuarios apliquen las entradas.

Para calcular la probabilidad de una falla, estos modelos hacen algunas suposiciones acerca de la distribución de probabilidades subyacentes que regulan las ocurrencias de las anomalías. Tanto los investigadores como los probadores expresan escepticismo acerca de que se puedan ensamblar adecuadamente estos perfiles. Por otra parte, las hipótesis hechas por los modelos de fiabilidad aún no verifican teórica o experimentalmente, salvo en dominios de aplicación específicos. Sin embargo, estudios de caso exitosos demuestran que estos modelos pueden ser creíbles.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

• Las compañías de software se enfrentan con serios desafíos en la prueba de sus productos, cada vez más grandes, debido a que el software es cada vez más complejo.

• Lo primero y más importante que hay que hacer es reconocer la naturaleza compleja de las pruebas y tomarlas en serio: contratar a las personas más inteligentes que se pueda encontrar, ayudarlas a conseguir y/o brindarles las herramientas y el entrenamiento que requieran para aprender su oficio y escucharlos cuando hablan acerca de la calidad del software. Ignorarlos podría ser el error más costoso que nunca se haya cometido.

• Los investigadores en pruebas se enfrentan igualmente a estos desafíos. Las compañías de software están ansiosas por financiar buenas ideas de investigación, pero la demanda fuerte es por más práctica experimental y menos trabajo académico. El tiempo para concatenar la investigación académica con los productos industriales es ahora.

• Las cuatro fases que estructuran la metodología propuesta no se deben considerar como definitivas y únicas, porque este es un campo en constante desarrollo e investigación en el que están involucrados muchos investigadores y empresas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] J. A. Whittaker & M. G. Thomason. “A Markov Chain Model for Statistical Software Testing”. IEEE Transactions on Software Engineering, IEEE Trans. Software Eng., Vol. 20, No. 10, Oct. 1994, pp. 812-824.

[2] G. J. Myers. The Art of Software Testing. New York: John Wiley & Sons, 1976, pp. 59-65.

[3] T. J. Ostrand & M. J. Balcer. “The Category-Partition Technique for Specifying and Generating Functional Tests”. Communications of the ACM. Comm. ACM, Vol. 31, No. 6, June 1988, pp. 676-686.

[4] Kozen, D. “On Hoare Logic, Kleene Algebra and Types”. Studies in Epistemology, Logic, Methodology and Philosophy of Science, Vol. 315, Aug. 2002, pp. 119-133.

[5] S. Rapps & E. J. Weyuker. “Selecting Software Test Data Using Dataflow Information”. IEEE Transactions on Software Engineering. IEEE Trans. Software Eng., Vol. 11, No. 4, Apr. 1985, pp. 367-375.

[6] D. K. Peters & D. L. Parnas. “Using Test Oracles Generated from Program Documentation”. IEEE Transactions on Software Engineering. IEEE Trans. Software Eng., Vol. 24, No. 3, Mar. 1998, pp. 161-173.

[7] D. Knuth. “Literate Programming”. The Computer Journal. The Comp. Jour., Vol. 27, No. 2, May 1984, pp. 97-111.

[8] G. Rothermel & M. J. Harrold. “A Safe, Efficient Algorithm for Regression Test Selection”. In Proceedings of the Conference on Software Maintenance ICSM ‘93. Montreal, Canada, Sept. 1993, pp. 358-367.

[9] J. B. Goodenough & S. L. Gerhart. “Toward a Theory of Test Data Selection”. IEEE Transactions on Software Engineering. IEEE Trans. Software Eng., Vol. 2, No. 2, June 1975, pp. 156-173.

[10] J. D. Musa. “Software Reliability Engineered Testing”. Computer, Vol. 29, No. 11, Nov. 1996, pp. 61-68.

[11] J. M. Voas. “PIE: A Dynamic Failure-Based Technique”. IEEE Transactions on Software Engineering. IEEE Trans. Software Eng., Vol. 18, No. 8, Aug. 1992, pp. 717-727.

Estudio de la biodegradación hidrolítica de recubrimientos de biopolímeros/cerámico mediante EQCM

Study of Hydrolytic Biodegradation of Biopolymers/Ceramic Coatings by EQCM

Luisa F. Ardila(1), Hugo A. Estupiñán(2), Custodio Vásquez(3)*, Darío Y. Peña(4)*

(1) Ingeniera Química UIS. Magister en Ingeniería de Materiales. Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales. UIS. GIC. luisafardila@gmail.com

(2) Ph.D. Escuela de Ingeniería de Materiales. Facultad de Minas. Profesor asistente. Universidad Nacional de Colombia. haestupinand@unal.edu.co

(3) M.Sc. Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales. GIC. Profesor Titular. custodio@uis.edu.co

(4) Ph.D. Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales. GIC. Profesor asociado. dypena@uis.edu.co

* Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga. Colombia.

Recibido septiembre 30 de 2010, modificado 22 de noviembre de 2011, aprobado 12 de diciembre de 2011.

Palabras claves

Biomateriales, impedancia, microbalanza, degradación hidrolítica.

Resumen

El presente trabajo incluye el estudio de la biodegradación hidrolítica de recubrimientos de ácido poliláctico, ácido poliglicólico e hidroxiapatita, obtenidos en forma de películas delgadas electrodepositadas catódicamente sobre cristales de cuarzo piezoeléctricos, empleando un electrolito de diferentes relaciones de cada polímero/cerámico a un volumen de solvente, tiempo y voltaje definidos previamente. Posteriormente, los cristales recubiertos, fueron sumergidos durante 1, 3, 5, 7 y 10 días en fluido corporal simulado a temperatura y pH constantes. Los recubrimientos fueron analizados por EIS y QCM para encontrar una correlación entre los cambios de frecuencia con la carga total transferida.

Key words

Biomaterial, impedance, microbalance, hydrolytic degradation.

Abstract

This work includes the study of the hydrolytic biodegradation of coatings based on polylactic acid, polyglycolic acid and hydroxyapatite. These coatings were obtained by cathodic electrodeposition over piezoelectric quartz crystals, using an electrolyte with different polymer/ceramic ratios but with a fixed time, voltage and volume of solvent. The films obtained were immersed into a simulated body fluid (SBF) during 1, 3, 5, 7 and 10 days at constant temperature and pH. The coatings were analyzed by EIS and QCM to find a correlation between frequency changes and the total transferred mass.

INTRODUCCIÓN

La revolución en la biología celular molecular, en combinación con los avances de la ciencia y la ingeniería de polímeros, está impulsando el campo de los biomateriales hacia nuevas aplicaciones y hacia una era de diseño molecular. Nuevas clases de materiales degradables e hidrogeles han sido desarrollados y asociados con ligandos moleculares para el control de comportamientos celulares específicos. Actualmente, existen polímeros sintéticos bioabsorbibles utilizados en el campo biomédico, los cuales tienen la capacidad de degradarse, debido a reacciones de hidrólisis en condiciones fisiológicas dentro del cuerpo humano. Después de cierto tiempo de ser implantados dan lugar a productos que no son tóxicos y que pueden ser eliminados por el organismo o metabolizados por éste [1].

Éstos son materiales atractivos para la elaboración de soportes en ingeniería de tejidos, los soportes fabricados a partir de este tipo de polímeros ofrecen la posibilidad de crear tejidos completamente naturales. En consecuencia, dejan de lado los problemas de infección y formación de tejido fibroso, asociados a los implantes permanentes [2].

Algunos de los materiales empleados con más frecuencia en aplicaciones biomédicas son los biopolímeros como el ácido poliláctico (PLA) y el ácido poliglicólico (PGA). El primero, es un polímero sintético termoplástico de la familia de los poliésteres alifáticos basado en ácido láctico que, como biomaterial, ha demostrado su capacidad de permitir el crecimiento controlado del tejido biológico durante su biodegradación. El PLA puede hidrolizarse fácilmente a ácido láctico, mediante un proceso de degradación hidrolítica, lo cual podría suministrar algunas ventajas en su reciclaje, a su vez es biocompatible (no provoca rechazo), biodegradable (se elimina naturalmente), inmunológicamente inerte (no produce alergias), no tóxico y reabsorbible (con reabsorción completa). [3]. El segundo, es un poliéster lineal biodegradable de estructura muy simple. Las fibras obtenidas a partir de éste se caracterizan por su alta fuerza y módulo de Young, pero son demasiado rígidas para ser usadas como suturas, excepto si se usan en forma de material trenzado. Puede emplearse como dispositivo de fijación ósea en forma de varillas, planchas o tornillos, y como implante para sustituir fragmentos óseos o como sistema de liberación de medicamentos.

Adicional a los biopolímeros, como la fase mineral del hueso está constituida por un fosfato cálcico, dentro de los biomateriales también se han estudiado las cerámicas biocompatibles, entre las cuales se encuentran diferentes tipos de fosfatos cálcicos (CaP): hidroxiapatita, fosfato tricálcico, hidroxiapatita carbonatada, apatita pirofosfato, fosfato tetracálcico, etc. La ventaja de este tipo de materiales es que se unen directamente al hueso sin ningún tipo de tejido fibroso en la interfaz, es decir, presentan una alta bioactividad. Entre estos fosfatos cálcicos, la composición química está muy cercana a la del fosfato cálcico del hueso. En la actualidad está muy bien documentado el hecho de que el hueso desarrolle una fuerte unión con implantes hechos de hidroxiapatita (HAP) [4].

Teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos un material por sí solo no puede cubrir todos los requerimientos de propiedades mecánicas, biocompatibilidad etc., se presentan los materiales compuestos como una alternativa, por la combinación de las propiedades de metales, cerámicos y polímeros. Las propiedades que se obtienen de estas combinaciones son superiores a la de los materiales que los forman por separado, lo que hace que su utilización cada vez sea más imponente, sobre todo en aquellas piezas en las que se requieren propiedades combinadas, en la que un material (polímero, metal o cerámico) por sí solo no las presenta [5].

En este trabajo se obtuvieron películas de PLA/HAP y PGA/HAP inmovilizadas electroquímicamente en cristales de cuarzo Au–Cr por electrodeposición catódica, para su posterior caracterización y análisis de la degradación, empleando la combinación de técnicas de Microbalanza de Cristal de Cuarzo (QCM) y Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS). Dicha combinación además de proveer información, acerca del proceso de degradación del material compuesto, puede mostrar información sobre la variación de la masa, el hinchamiento, la delaminación, la viscoelasticidad y la formación de poro [6]. Los comportamientos más estables o de menor degradación, se observaron en las mezclas de PLA/HAP.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

OBTENCIÓN DE RECUBRIMIENTOS

Los materiales empleados para los recubrimientos fueron PLA, PGA y HAP, obtenidos de la síntesis del Ácido L-láctico mediante policondensación, de la síntesis de Ácido Glicólico por medio de condensación y precipitación acuosa de Fosfato de Amonio y Nitrato de Calcio Tetra Hidratado, respectivamente. Estos materiales se utilizaron en forma de películas delgadas electrodepositadas catódicamente sobre cristales de cuarzo piezoeléctricos, empleando un electrolito de material compuesto/acetona al 15%, a un tiempo de 9 minutos y un voltaje de 9 V que fueron definidos en ensayos preliminares.

Posteriormente los cristales recubiertos fueron sumergidos durante 1, 3, 5, 7 y 10 días en fluido corporal simulado (SBF) a temperatura y pH constantes, respectivamente; en cada intervalo se realizaron análisis de EIS y QCM empleando un potenciostato en el primer caso y una microbalanza de cristal de cuarzo en el segundo.

En la Figura 1 se pueden observar micrografías de las películas de polímero electrodepositadas sobre el cristal de cuarzo. En la figura de la derecha se observa la presencia de irregularidades morfológicas de la superficie de la película de polímero.

Figura 1. Micrografía de una película de PLA/HAP tomada a 5X. Izquierda, cristal de cuarzo sin recubrimiento, y derecha, cristal de cuarzo con recubrimiento

PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN

Para el proceso de degradación de los materiales se empleó como electrolito, SBF, el cual es una solución salina amortiguada por fosfatos, constituye una solución comúnmente empleada para procedimientos bioquímicos. Su osmolaridad y concentración de iones (Cl-, Na+ y K+) es muy semejante a la del líquido extracelular de los mamíferos. Esta solución se prepara a partir de Cloruro de Sodio y Fosfato de Sodio. Su composición fue la siguiente: 8.6 g de NaCl, 0.22 g de KCl, 2.444 g de NaH2PO4, 0.374 g de KH2PO4, aforado con agua destilada hasta completar un litro y un pH de 7.4 [7].

Se realizó la evaluación de las propiedades electroquímicas (resistencia de la solución electrolítica, resistencia a la polarización e impedancia de transferencia de carga, en función de la frecuencia) del sustrato formado, en el ambiente biológico simulado. Esta evaluación se realizó utilizando EIS, la cual permitió el estudio tanto de la corriente como de la impedancia de transferencia del sistema estudiado.

Las pruebas de EIS se realizaron utilizando un potenciostato Gamry y se dispuso de una celda plana vertical con su respectivo cristal recubierto, el cual fue ubicado dentro del holder de la QCM, sistema que fue llenado con SBF. El contra - electrodo fue grafito y el electrodo de referencia, Ag-AgCl. Todas las pruebas se realizaron manteniendo el pH en 7 y la temperatura en 25ºC. Los ensayos de EIS se realizaron a una amplitud de voltaje de corriente alterna de 10 mV, con un barrido de frecuencia desde 0,01 Hz hasta 100.000 Hz. En el esquema de la Figura 2, se muestra el montaje realizado para la caracterización electroquímica y las pruebas simultáneas de QCM, estas últimas permitieron obtener las pérdidas de masa. La relación entre los cambios en masa por unidad de área (Δm) y la frecuencia (Δf) es dada por la ecuación Sauerbrey [8]:

El proceso de degradación de las películas inmovilizadas en los cristales de cuarzo se realizó durante 10 días consecutivos. Para cada día se realizaron tres mediciones electroquímicas y mediciones de pérdida de masa, simultáneamente. La figura 3 muestra las micrografías las películas de PLA degradadas.

Figura 2. Montaje Celda - Equipos para realizar las pruebas electroquímicas

Figura 3. Micrografía de una película de PLA/HAP degrada. Tomadas a a) 5X, y b) 20X respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cada uno de los ensayos se realizó por duplicado, y cada uno de los cristales recubiertos fue ensayado 3 veces cada día. A continuación se encuentran consignados los resultados obtenidos en la tercera corrida de cada día para los cristales con un porcentaje de polímero/cerámico 90/10 ya que su comportamiento es muy similar para los demás porcentajes polímero/cerámico estudiados (95/5 y 85/15).

En la Figura 4 se aprecia una representación del comportamiento electroquímico de los sistemas PLA/HAP y PGA/HAP mediante un circuito equivalente, el elemento de fase constante (CPE3) y la resistencia de la doble capa (R4) se encuentran relacionados con el efecto de la HAP en el recubrimiento; el elemento de fase constante (CPE2) y la resistencia de la doble capa (R3) corresponden al sustrato (metal del cristal Au –Cr); la capacitancia (C1) y la resistencias R2 pertenecen a la polarización del recubrimiento y la resistencia R1 al efecto del electrolito. El modelo con elementos de fase constante, representa irregularidades a la transferencia de carga en la interfase del electrodo (cristal) respecto a la película polimérica y de poros, posiblemente debido a la pérdida de cristalinidad del polímero, con presencia de irregularidades en las zonas amorfas.

Figura 4. Circuito equivalente propuesto para los sistemas PLA/HAP y PGA/HAP obtenidos por electrodeposición catódica

Figura 5(a). Diagrama de Ángulo de fase vs Logaritmo de la frecuencia. PGA/HAP (90/10)%

Figura 5(b). Diagrama de Ángulo de fase vs Logaritmo de la frecuencia. PLA/HAP (90/10%)

En los diagramas de ángulo de fase Vs. logaritmo de la frecuencia (Figura 5), simulados para los datos obtenidos en las pruebas electroquímicas se puede observar una tendencia similar de las curvas para los dos materiales estudiados. Se evidenció un comportamiento propio de un recubrimiento de muy baja conductividad y capacitancia, entre 0,1 y 10 Hz, con ángulos de fase altos (>60°), así como una inestabilidad en el diagrama a 1Hz, debido, probablemente, a la presencia de la cerámica bioactiva.

En los diagramas de Nyquist (Figura 6) de cada recubrimiento de material compuesto, se puede observar un comportamiento similar; a medida que aumentan los días del ensayo de degradación se produce un aumento del módulo de impedancia que puede atribuirse al hinchamiento del recubrimiento al absorber electrolito. La corriente que pasa a través de la interface recubrimiento/electrolito, es conducida por los iones en solución, el efecto resistivo en la migración de los iones es representado por la resistencia del mismo, la cual aumenta a medida que aumentan los días del ensayo, teniendo valores más bajos de resistencia a menos tiempo los recubrimientos a base de ácido poliglicólico que los de poliláctico.

Figura 6(b). Diagrama de Nyquist. PLA/HAP (90/10)%.

Figura 7(a). Masograma. PGA/HAP (90/10)%

Figura 7(b). Masograma. PLA/HAP (90/10)%

Al analizar los datos obtenidos de pérdida de masa en el tiempo (Figura 7) se puede observar la diferencia notoria en la pérdida de masa de los recubrimientos de PGA respecto a los de PLA, lo cual corrobora las diferencias encontradas en los valores de los elementos del circuito equivalente obtenidos en la simulación de los datos de los ensayos electroquímicos.

En ambos recubrimientos se presentó una variación apreciable en la degradación durante los 5 primeros días con un traslape de las mediciones, que nuevamente se repitieron para los días 7 y 10, en los cuales la pérdida fue mucho más representativa, lo que muestra una aparente degradación e hinchamiento generalizado del recubrimiento. En los masogramas del recubrimiento de PGA/HAP (90/10)%, se evidencia que las variaciones de masa fueron mucho más significativas que en la mezcla de PLA/HAP.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados de los ensayos electroquímicos, los recubrimientos de las mezclas de PLA/HAP y PGA/HAP presentaron un comportamiento capacitivo con dos relajaciones de la transferencia de carga en el intervalo de frecuencia de medición, en el que a altas frecuencias predominaron los mayores valores de ángulo de fase, causados por el hinchamiento de la estructura, con ligeras variaciones debidas a la degradación del material o posible formación de poros. A más bajas frecuencias, se atribuye la disminución en la transferencia de carga a procesos en el electrodo relacionados con transferencia iónica de la película polimérica e inestabilidad en la reacción, respecto al metal base. Se obtuvo un incremento de la resistencia a la transferencia de carga del sistema con el tiempo, donde los comportamientos más estables o de menor degradación, se observaron en las mezclas de PLA/HAP. No es claro, que la capacidad para aumentar la resistencia del sistema o para presentar hinchamiento por más tiempo sin degradarse, por parte de la mezcla de PLA/HAP, se produzca por la interacción entre el soluto biocerámico y la matriz polimérica o a diferencias estructurales entre el PGA y el PLA. La presencia de una interface relacionada con adsorción, se debe a la posible interacción entre los iones calcio y fosfato del electrolito, formando productos en la superficie del polímero en constante degradación. Ambas mezclas ensayadas han mostrado comportamientos diferentes relativos a su biodegrabilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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La vivienda en América Latina: Revisando estrategias

Housing in Latin America: Revised strategies

Alan Gilbert (1)

Guest Editor

(1) Emeritus Professor of Geography , Department of Geography, University College London. a.gilbert@ucl.ac.uk

Mesa redonda. De izquierda a derecha: Nabil Bonduki, Alfredo Rodríguez, Clemencia Escallón, Alan Gilbert, Alfonso Iracheta. . Foto: Laura Camacho Salgado

Latin America faces a major challenge in providing shelter for its population and Colombia shares many of its neighbours’ problems. These include a shortage of housing units, too many homes without proper services, overcrowding and large numbers of informal settlements located in areas of acute risk; from flood, landslide and earthquake. The Engineering Faculty and the Mesa VIS Diego Echeverry Campos of Los Andes are to be congratulated for organising the meeting that discussed the shelter issue and for publishing the subsequent papers.

The purpose of the conference was to help improve the Colombian government improve its housing policy by learning about experiences of other Latin American countries. Governments rarely learn much from overseas experience and consequently tend to re-invent the wheel.1 When they do try to learn from others, they tend to look for quick solutions, extracting lessons from very different kinds of environment and therefore often drawing inappropriate conclusions. The manuals of best international practice are imbued with excessive optimism. I believe that there is often more to be learned from the mistakes of others. And, since Latin America, and indeed most countries in the world, has managed to compile a long list of errors, there is a great deal of useful experience available.

The conference began with the Minister of Housing, Beatriz Uribe, presenting the goals of the Santos gove-rnment. Housing will be one of the five ‘locomotives’ driving the economy over the next four years and the government guarantees the construction of one million houses. Unfortunately, a majority of Colombians are poor and need help from the state. The government has continued with the capital subsidy programme that began in 2000 and has modified and expanded it. There will be more subsidies and the problem of poor families failing to use their subsidies, because they cannot obtain credit, is being confronted through a change in the distribution system. In future, subsidies will only be offered once credit has been obtained. Credit finance facilities have also been widened, particularly for independent workers. Another problem, the lack of serviced land, is to be resolved through the use of second-generation ‘macro-projects’; a strategy which it is hoped will by-pass the inefficiency and sometimes corruption of the local authorities. The private sector will not only build housing estates but will service them as well.

Clemencia Escallón was critical of the quality of much of the social housing that has been built in Bogotá. She presented various ideas about how the quality might be improved, derived from her work and that of her colleagues and students in the Architecture faculty. Her main recommendation is that the supply of social housing has to be both varied and flexible to cater for the fact poor households do not all share the same needs. In this respect, one might interpret her message to be that formal housing should incorporate one element of the shelter found in self-help settlements. It should allow individual families as much flexibility as possible to adapt their homes to their own circumstances.

Javier Serrano addressed the history of housing finance in Colombia noting the role of the BCH, UPAC and latterly the UVR and VIS systems. One of the country’s problems has been the economic fluctuations that affect the finance system – boom followed by bust.
A particular shock occurred in 1989 with the demise of UPAC, a system that had worked not unsuccessfully after its creation in 1971. The new system of monetary adjustment, UVR, has so far not proved popular and most housing loans are issued in pesos. Unfortunately, the bulk of these loans go to non-VIS housing, even though the majority of Colombians are eligible for social housing. And while the number of VIS progressive saving bank accounts has been increasing rapidly, the total amount saved has barely changed. Nevertheless, Serrano argues that the Colombian housing finance system is robust and has developed various new mechanisms.

The following four papers offered lessons from the experience of other parts of Latin America, particularly from Brazil, Chile and Mexico. There was a strong measure of agreement in these papers about the nature of the key problems that are facing social housing in the region. Despite an increase in production, the poorest of the poor are mainly excluded from government programmes. In addition, too much of the social housing is failing to provide decent living conditions. A key problem is that new housing developments are often located far from the centres of employment and lack adequate services and transport facilities. They are producing housing but not liveable cities.

In my own paper, I tried describe some of the errors that I believe underpin many of Latin America’s housing programmes. There is too much trust in encouraging home ownership, in distributing title deeds, in extending mortgage systems and offering subsidies to the poor. There is too little concern with increasing government revenues through property taxation and no government in the region has developed a programme to encourage the development of rental housing. While there has been a great deal of progress in terms of settlement upgrading and the availability of services has greatly improved, little thought has been given to methods of preventing the continued formation of informal settlements. The underlying promise that national housing deficits will be eliminated is a particularly dangerous myth. Removing poor quality housing and providing everyone with a decent home is simply implausible in a region with so much poverty. The rhetoric of housing ministers is too upbeat and needs to change.

Nabil Bonduki provided a history of housing in Brazil from the time of the Estado Novo. He showed how the state had built many public housing units, some very innovative in design. Nevertheless, although 4.2 million units were constructed by the BNH (Banco Nacional da Habitaçao) and the SFH (Sistema Financeiro de Habitaçao) between 1964 and 1985, most people were still forced to build their own homes. The demise of the BNH in 1985 showed that housing finance is bound to be affected by wider problems in the financial system and even massive building programmes like Brazil’s have failed to keep up with housing demand. Even under the Lula administration, when government programmes increased the poor’s access to housing, the shelter deficit continued to widen. What is worse is that the Brazilian government has been encouraging builders to construct housing in estates that do not produce decent living conditions. Even though Brazil has adopted the City Statute, too many municipal governments are trying to attract developers by lowering planning standards. The result is to encourage land speculation and to undermine the principles of good urban planning.

Alfonso Iracheta’s presentation told a similar story for Mexico. Even though the government had succeeded in directing workers’ social security funds into housing production, and these funds had financed the construction of 6.9 million housing units between 2007 and 2010, the result was problematic. As in Brazil, huge numbers of homes were being built on land without sufficient care being exercised on their location or planning. Land speculation has been encouraged by inadequate regulation. Formal and informal land developers have directed the pattern of urban growth and the government has failed to control the process. Not only has this encouraged urban sprawl and the created poor living conditions, it has also damaged the environment. The answer is to regulate urban growth more carefully and to levy taxes on the profits generated by housing development. Betterment taxes should be levied to provide the resources with which to help the poor.

Alfredo Rodríguez offered a pictorial critique of social housing in Chile, the country with reputedly the best social housing programme in Latin America. His slides showed the problems that have arisen in the subsidised housing estates in Santiago. Too many of the developments have been located far from the centre of the city and have rarely provided families with the accommodation met their needs. This is reflected in the improvised extensions that many households have made to their accommodation. Particularly worrying are the extensions made to second floor apartments, additional rooms propped up by stilts which take the light from their neighbours and no doubt constitute a major risk in such an earthquake-prone region. The Chilean government has been too concerned to increase the production of houses and too little concerned with producing decent cities.

Perhaps the clearest lesson to be drawn from the seminar is that producing decent shelter is far more complicated than simply constructing houses. Building liveable cities requires serious urban planning, controls over land speculation and urban sprawl, and the generation of additional resources to devote to the task. Where these revenues are to come from is, at least in theory, very obvious. Urban growth generates profits whenever roads are built, services installed or when the planning authorities permit land to shift from rural to urban usage. Tax some of those profits and the government will greatly increase its resource base. Such a suggestion should not come as a surprise to any Colombian who knows their urban history. After all, Lauchlin Currie long ago suggested that urban development could generate the resources to improve people’s lives. Unfortunately, when his ideas were taken seriously in Misael Pastrana’s 1970 national plan, Las
Cuatro Estrategias, one critical element was missing – the betterment taxes that were meant to finance infrastructure and proper urban development. Colombia will not improve its housing situation without increasing its tax revenues, devoting more resources to the poor and thereby helping to reduce both poverty and inequality.

Can the government remove the housing deficit without reducing the numbers of poor people? The growing housing deficit in Colombia suggests not. But it can certainly reduce the deficit and improve housing conditions. But to do so, the authorities need to use urban development to generate more resources and then dedicate those resources, efficiently and equitably, to create better cities.

1 Although the Colombian government did learn from Chilean experience in setting up SISBEN and the capital subsidy housing programme.

Palabras de Instalación. Foro “La vivienda en América Latina: Revisando estrategias”, 13 de octubre de 2011

Opening Words. Forum “Housing in Latin America: Revised Strategies”, 13th of October 2011

Carlos Angulo Galvis

Rector, Universidad de los Andes. Bogotá D.C., Colombia

Para la Universidad de los Andes es muy placentero tenerlos a todos ustedes reunidos en este auditorio para discutir un problema de grandísimo interés para Colombia, Latinoamérica y el mundo; el problema de vivienda, el cual está directamente relacionado con la inequidad que existe en todos nuestros países. Por esta razón, cuando la Mesa redonda de Vivienda de Interés Social —Diego Echeverry Campos y la Revista de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería decidieron organizar este evento les dimos todo el apoyo, porque era evidente la conveniencia de abrir una discusión regional muy amplia y fructífera, para aprender de las experiencias buenas y malas de otros países, ya sea para adoptarlas o para corregirlas. Además, como ustedes lo saben, las dinámicas regionales de vivienda cambian constantemente y por esto compartir con los expertos internacionales nuestras experiencias, constituye algo de especial interés. En este foro estarán expertos de otros países latinoamericanos y además contamos con la suerte de tener con nosotros al profesor Alan Gilbert, quién ha visitado a Colombia en múltiples oportunidades.

Los retos son gigantescos. Beatriz Uribe, Ministra de de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los conoce muy bien y los está enfrentando adecuadamente. La clave es buscar que los limitados recursos disponibles se usen con eficiencia y eficacia.

Surgen diversos aspectos, que se debatirán en el foro, el primero de ellos es la institucionalidad de la política pública: ¿Qué enfoques de política pública se deben seguir? , ¿Qué podemos aprender de lo que hace en países como Brasil, Méjico, Chile y el Reino Unido? Y ¿Qué relaciones existen entre los diferentes niveles de gobierno?

En Colombia las relaciones existentes entre los niveles de gobierno son complejas, puesto que entre el gobierno nacional, el gobierno distrital y el gobierno departamental existen vacíos que es necesario llenar. Éste ha sido uno de los inconvenientes que han tenido que superar los proyectos de vivienda que cubren más de un municipio.

Por otro lado, es necesario ser muy francos y mirar nuestras debilidades institucionales para así poder corregirlas, con el fin de avanzar en este aspecto. Es fundamental generar oferta masiva de vivienda y buscar que disminuya al mínimo posible la especulación del suelo, fenómeno que ocurre en todas las grandes ciudades. Bogotá no es la excepción y vemos como existen lotes vacios durante largos períodos, que hacen que los desarrollos tengan que hacerse en zonas cada vez más alejadas con los consiguientes aumentos costos de servicios públicos, de transporte y otros.

Otro reto que debemos enfrentar es la articulación y armonización de todos los servicios públicos con los temas de vivienda. El déficit que se tiene en Colombia es gigantesco pues se estima que se requiere vivienda para cerca de dos y medio millones de hogares. Lo anterior implica grandes esfuerzos de planeamiento y la obtención de altos volúmenes de recursos. Actualmente, el gobierno tiene un plan muy ambicioso que cubre un millón de viviendas en cuatro años, no obstante, esperamos que se pudiera ampliar, porque muy seguramente el déficit se agudizará en el futuro.

El foro es muy pertinente para la Universidad de los Andes porque en la universidad se trabaja interdisciplinariamente, y los estudios de pregrado se inician con un programa común para todos los estudiantes de la universidad, independiente de su disciplina. En el caso del foro la interdisciplinariedad es evidente; hace parte la Facultad de Arquitectura y Diseño, de la de Administración y de la de Ingeniería. Seguramente, también se incorporarán la Facultad de Economía y la Facultad de Ciencias Sociales, a través de su Departamento de Antropología.

Carlos Angulo Galvis. Foto: Laura Camacho Salgado

Me complace mucho que la Mesa VIS- Diego Echeverry Campos, este trabajando activamente en el tema de vivienda con el apoyo de nuestras facultades. Espero que ustedes se beneficien de todas las deliberaciones de este foro.

Quiero agradecer muy especialmente a los expertos internacionales que nos visitan, a quienes deseo una grata estadía en Bogotá. Espero que podamos compartir los conocimientos que ustedes han obtenido a través del tiempo.

Felicito a los organizadores y les deseo éxitos en esta jornada.

1 Éste artículo es la transcripción de la conferencia de Beatriz Uribe Botero, que se llevó a cabo en el foro “La vivienda en América Latina: Revisando estrategias”, realizado en la Universidad de los Andes el día 13 de octubre de 2011.

Intervención Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial1

Intervention: Ministry of the Environment, Housing and Territorial Development

Beatriz Uribe Botero (1)

(1)Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Recibido 13 de octubre de 2011, aprobado 18 de enero de 2012

Palabras Claves

Gobierno Colombiano, vivienda, macro-proyectos, Colombia.

Resumen

Este documento pretende presentar los planteamientos del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Para esto, exhibirá lo que se está haciendo actualmente, la institucionalidad que lo encierra y los resultados que se esperan para el futuro.

Key Words

Colombian Government, housing, macro-projects, Colombia.

Abstract

The purpose of this document is to present the ideas set out by the Ministry of the Environment, Housing and Territorial Development in the government of Juan Manuel Santos. We will present the Ministry’s current undertakings, the institutionality it is surrounded by and the expected results.

Las ciudades colombianas no han sido ajenas a un rápido proceso de urbanización; movimiento natural que han vivido las ciudades de América Latina y del mundo. Ante esto, los gobiernos han tenido la responsabilidad de dar una respuesta de una u otra manera. De los más de mil cien municipios de Colombia, 75% de la población —34 millones de personas— vive en áreas urbanas y para el 2019, según las proyecciones de Planeación Nacional, serán 40 millones de personas — se estima que en ese momento constituirá el 80% de la población—.

Sin duda, el proceso de rápida urbanización, no solamente ha acarreado importantes faltantes en materia de vivienda y de vivienda de interés social (VIS), sino sobre todo un déficit significativo de infraestructura urbana. El 58% del exordio de vivienda en Colombia es de origen informal, lo que no significa necesariamente que el origen sea ilegal. De hecho, la manera como se han formado las ciudades colombianas ha sido a través de asentamientos no planificados adecuadamente, asociados a bajos ingresos y dificultades de acceso al suelo, lo cual aumenta su vulnerabilidad al riesgo. De acuerdo con el censo del 2005, el déficit cuantitativo superaba el millón de unidades en todo el territorio nacional.

El déficit en Colombia se concentra, en su mayoría, en los 150 centros urbanos del país, localizados principalmente en las regiones: Andina, Caribe, y Bogotá –Sabana. La última reúne el 40% del faltante. Cifras que, en términos de políticas públicas, le facilitan la tarea al gobierno y dan evidencia del enorme faltante cuantitativo concentrado en estas regiones.

Lo anterior es preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que cada año en el país se están dejando de atender en promedio 150,000 hogares con necesidades de una vivienda digna. Es decir, la escala de producción en Colombia apenas le da respuesta a la mitad de la conformación de los hogares del país. Por supuesto, el gran faltante lo está recibiendo el segmento de la vivienda de interés prioritario, es decir las familias más pobres.

En relación con las características de los proyectos de vivienda en Colombia, el Ministerio de Vivienda hizo un trabajo con FINDETER, en el que encontró que los promotores en Colombia desarrollan, en el 90% de los casos, proyectos en una hectárea y proyectos de 100 soluciones de vivienda cuando se trata de vivienda VIS. En el histórico de los últimos 15 años, el 68% son menores a 50 unidades. Por consiguiente, los proyectos de vivienda han sido pequeñas intervenciones, pequeños proyectos con una gestión dispersa, compleja y que definitivamente no están diseñados para responder a la demanda y al alto déficit que presenta Colombia.

Hace algunos años se observó con detalle el modelo mejicano. En aquel momento y a lo largo de estos años, ha dejado unas lecciones importantes sobre la necesidad de cambiar la escala de producción de vivienda y la importancia de fortalecer las instituciones a nivel central y regional para poder asumir esa tarea. Así como, la diversificación de opciones de financiamiento hipotecario y el desarrollo de un marco formativo estable y fuerte que minimice los costos indirectos de producir vivienda.

MACRO-PROYECTOS

Ante la problemática existente en materia de generación de oferta de vivienda VIS y las dificultades en la habitación de suelo, en el gobierno anterior se adoptaron los macro-proyectos de interés social nacional —lo que hoy se llama macro-proyectos de primera generación—. Fue una manera de responder a la necesidad de construir a gran escala, con unos modelos de desarrollo urbano planificados con un suficiente suelo y con todos los equipamientos que requiere la población pobre.

La figura de los macro-proyectos fue declarada inconstitucional en el año 2010, no obstante, mientras la ley estuvo viva, sus decretos reglamentarios se radicaron y muchos se adoptaron. La corte constitucional tuvo la fortuna de modular su fallo e incorporó todos los elementos valiosos de este instrumento y señaló las falencias de institucionalidad que esa ley tenía.

Con base en esa experiencia, en gobierno actual se tramitó y aprobó la nueva Ley de suelo y vivienda 14.68. Ésta reincorporó la figura de los macro-proyectos al ordenamiento jurídico colombiano, no obstante, sólo aquellos elementos de constitucionalidad recomendados por la Corte Constitucional, por lo que se les dio el nombre de macro-proyectos de segunda generación. Son grandes operaciones urbanas que se definen como intervenciones integrales de gran escala de expansión y desarrollo de territorio. Aunque los macro-proyectos de renovación urbana, aún no se han iniciado, son sin duda la punta de lanza de la recuperación de las ciudades, ya que permiten la acción de los entes territoriales de la mano del sector privado para adelantar procesos que son tradicionalmente de difícil gestión. De esta forma, son uno de los principales instrumentos de oferta de la política de vivienda, pues, según las estimaciones, garantizaran la habilitación de 4,000 de las 7,000 hectáreas de suelo urbano que se requirieren para la construcción del millón de viviendas, objetivo del gobierno para estos 4 años.

El énfasis que el gobierno nacional ha puesto en los requerimientos para macro-proyectos, busca evitar los principales factores de segregación urbana, que es una gran preocupación entre los expertos en este tema. En primer lugar, los macro-proyectos deben formularse bajo altos parámetros de calidad urbana y para ello los promotores tienen la obligación de dotar las nuevas áreas con equipamientos sociales de educación, bienestar, cultura, salud y deporte, suficientes para responder a la demanda de la población. Adicionalmente, cada uno debe cumplir altos estándares de espacio público, esto implica dotar al nuevo sector con parques, plazas, alamedas y andenes, cuya dimensión y calidad permitirán altos niveles de habitabilidad y mejores condiciones ambientales para las nuevas familias.

En segundo lugar, cada macro-proyecto será una oportunidad para promover la localización de actividades productivas y comerciales, con el fin de crear nuevas oportunidades de empleo para los residentes, para así disminuir los desplazamientos obligados de los residentes en busca de este tipo de servicios, mejorando, por esta vía, la movilidad de ciudades en su conjunto.

Estos macro-proyectos, por otra parte, se convierten en una oportunidad importante para articular las inversiones sectoriales, garantizar y agilizar la ejecución de programas nacionales de subsidio nacional de vivienda.

Los macro-proyectos son por principio un instrumento de lucha en contra la especulación del suelo; factor que dificulta e impide la conclusión de las políticas de vivienda social y prioritaria por parte de los entes territoriales. Por lo tanto, en este tipo de operaciones integrales de gran escala se incluyen medidas tendientes a controlar y regular la especulación con el valor del suelo por parte de propietarios o poseedores mediante avalúos de referencia con ocasión del anuncio del proyecto. Además, para la gestión del suelo se aplica, cuando es el caso, el mecanismo declaratoria de utilidad pública e interés social, que permite adelantar procedimientos de enajenación voluntaria expropiación administrativa judicial y/o imposición de servidumbres.

En el diseño de los macro-proyectos también se incluyen disposiciones relacionadas con la participación en plusvalías, por parte de los municipios en distritos, siempre que con las decisiones administrativas contempladas, se autoricen usos más rentables o el incremento del aprovechamiento del suelo.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LOS MACRO-PROYECTOS

En el Ministerio de Vivienda se ha impulsado el trámite de 32 macro-proyectos, de los cuales, 15 han sido identificados, 7 anunciados, y 10 han sido ya adoptados. Los últimos están en ejecución en las ciudades de Cali, Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Soacha y Pereira. Estos, según las estimaciones, lograrán cubrir el 57 % del déficit cuantitativo de cada una de estas ciudades. En otras palabras, si se logran estas operaciones urbanas integrales con la totalidad de su capacidad se logrará cubrir el 60% del faltante de esas ciudades; un avance extraordinariamente importante.

Estos proyectos, en términos del impacto municipal metropolitano o regional, generan las siguientes cifras:

• 1853 hectáreas de suelo urbanizado.

• 127, 000 hogares con acceso a una vivienda digna con servicios públicos domiciliarios.

• 190 hectáreas de vías arteriales y secundarias.

• 200 hectáreas de espacio público (10 m2 de espacio público por persona).

• 102 hectáreas destinadas a equipamientos públicos.

• 555 hectáreas de áreas netas para viviendas de interés prioritario y para VIS.

Para septiembre de 2011 se habían habilitado cerca 200 hectáreas. Además se había avanzado en el desarrollo de obras de urbanismos para 12,000 soluciones y en la ejecución de más de 11,000 adicionales. Se han construido aproximadamente 11,000 viviendas y 7,000 unidades más en ejecución. No obstante, el punto de avance de los macro-proyectos no está solamente en los que ya se han iniciado sino en los que se están revisando y aquellos que van generarse por la ley de los proyectos integrales de desarrollo urbano en ocasión del fenómeno de la niña, el decreto con fuerza de ley.

Sin duda, actualmente, se ha alcanzado a un marco normativo completo y suficiente para emprender estas grandes operaciones, las cuales son aptas para ciudades grandes, zonas metropolitanas y municipios vecinos de ciudades, dónde se concentra una gran faltante de la población.

CIFRAS DEL SECTOR VIVIENDA

En general, todos los indicadores del sector están mostrando comportamientos positivos y robustos:

• La última cifra de crecimiento del PIB es del 8.8%, uno de los sectores que más crece en la economía.

• Es el sector que genera más empleos; las cifras indican que se absorbieron cerca de 100 mil empleos directos.

• Las ventas, de acuerdo con la información de Camacol y de Galería, tienen un crecimiento del 15% al 20%.

• Las licencias muestran un crecimiento que supera el 70% en todos los segmentos de vivienda, con crecimientos que superan 90% en la vivienda VIS.

• Los desembolsos hipotecarios a tasas cercanas al 20%.

• Los despachos de cemento creciendo muy vigorosamente.

De manera que todos los indicadores del sector y las iniciaciones de vivienda están creciendo también de manera muy positiva.

En gobierno mantiene la meta del millón de viviendas, aunque, como lo han dicho diferentes analistas, se debe pensar en sobrepasar esta cifra. Si se da una coyuntura favorable en la economía nacional y el tema internacional no afecta a Colombia, es posible llegar a esta meta, la cual significa duplicar la escala de producción de vivienda en el país; en el mejor año de la historia de produjeron 500 viviendas. Al mismo tiempo, es importante anotar que, el cambio no es simplemente cuantitativo, sino que se está transformando la estructura, para lograr que la mayoría de viviendas que se produzcan sean para la población pobre.

SUBSIDIOS DE VIVIENDA

Beatriz Uribe Botero. Foto: Laura Camacho Salgado

Además de las leyes de suelo, el gobierno ha hecho una reingeniería de los subsidios de vivienda. En este momento, el gobierno entrega una solución de vivienda, que implica: 1) el cierre financiero garantizado, 2) el recurso complementario por la adquisición de la vivienda y 3) la garantía de encontrar una vivienda en el lugar en el que recibe el subsidio, que puede ser cualquier parte del país.

Se trabaja en un modelo mixto de demanda y de oferta. El subsidio de la tasa de interés se mantiene, se ha mantenido y el Presidente de la República ha anunciado que mantendrá este instrumento.

Actualmente se está afinando, con el Ministerio de Hacienda, el nuevo decreto que le da vida, de manera permanente, al instrumento del subsidio a la tasa de interés, que ha sido llamado premio al buen pagador. En este, la tasa se subsidia para los hogares pobres, siempre y cuando no incumplan el pago de su cuota, en el momento en que el hogar incumple el pago a su cuota se le retira el subsidio a la tasa. Esto ha mejorado, de manera muy destacada, la calidad de la cartera porque nadie se quiere quedar atrás.

Con el programa de subsidio se pretende acompañar a 175,000 familias, que tiene un costo fiscal directo para el gobierno de cerca de los dos billones a lo largo de la cobertura hasta llegar al objetivo estipulado.

CONCLUSIONES

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial seguirá trabajando para unir esfuerzos de todos los sectores involucrados, para acelerar la ejecución de lo de los macro-proyectos de primera generación, formular y estructurar financieramente los macro-proyectos de segunda generación y los proyectos integrales de desarrollo urbano. Siempre en el marco de la responsabilidad social, ambiental y empresarial, que aporte al desarrollo sostenible del país.

Está el compromiso, el optimismo y la seguridad de lograr avances en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las ciudades colombianas para que sean ciudades más amables, compactas y sostenibles. Se alcanzará una mayor productividad en la construcción para llegar a la meta final de un millón de viviendas dignas y con ellas un país con más empleo y menos pobreza.

La vivienda de interés social en Colombia, principios y retos

The Social Housing in Colombia, Principles and Challenges
Intervención para la apertura en el Foro Internacional: La vivienda en América Latina. Revisando estrategias.1

Clemencia Escallón G (1)

(1) Coordinadora Mesa Vis-Diego Echeverry Campos .Universidad de los Andes. cescallo@uniandes.edu.co

Recibido 23 de noviembre de 2011, modificado 1 de febrero de 2012, aprobado 10 de febrero de 2012

Palabras claves

Vivienda, política pública, flexibilidad, calidad, gestión integral.

Resumen

El texto describe los cambios en la política de vivienda en los últimos veinte años, su institucionalidad, condiciones técnicas y financiación. Propone cuatro principios generales, identificados como retos, que deben revisarse para cambiar el rumbo actual de la política: la vivienda diversa y flexible; la vivienda suficiente y con calidad; la vivienda que construye ciudad y la gestión integral, articulada y diversa.

En cada uno de ellos se desarrolla una breve reflexión, sobre el enfoque de la discusión y avanza con ejemplos y referencias, que orientan las opciones de cambio para una mejor gestión del hábitat, particularmente para atender la demanda de vivienda de las familias más pobres de la sociedad colombiana.

Key words

Housing, public policy, flexibility, quality, integral management.

Abstract

The text describes the changes in the housing policy in the last twenty years, the institutional conditions and financing, and proposes four general principles that must be reviewed to change the present course of the housing policy, identified like challenges: the diversity and flexibility; the quality of the city, and the integral management.

In each one of them develops a brief approach of the discussion and proposes examples and references that orient the options of change for a better management. The interest focuses in the housing problem of the poorest families in Colombia.

En el año 2011 se cumplen veinte años de un gran cambio en el sector vivienda en Colombia. La Ley 3 de 1991 creó el Sistema Nacional de Vivienda, estableció el subsidio familiar, reformó el Instituto de Crédito Territorial (ICT) como entidad responsable del tema y dictó otras disposiciones que cambiaron sustancialmente la institucionalidad pública sectorial. El subsidio, como instrumento de financiamiento, vinculó el ahorro familiar y el crédito hipotecario y pretendió cambiar de forma importante el cuestionado rumbo de la política de vivienda existente hasta ese momento en el país. Por su parte, la política pública se apoyó en estrategias de mercado, la institucionalidad pública se contrajo para favorecer al sector privado y los esfuerzos se centraron en la aplicación del instrumento de financiación del subsidio familiar de vivienda.

En estos veinte años, las ciudades colombianas crecieron siguiendo procesos de metropolización y compactación, dentro de los cuales, los asentamientos de baja calidad tenían una participación importante. Actualmente, 3.828.055 hogares se encuentran en déficit a nivel nacional: 1.307.757 tienen déficit cuantitativo de vivienda mientras que 2.520.298 tienen déficit cualitativo. Para el caso de Bogotá de 369.874 hogares en déficit, 282.678 tienen déficit cuantitativo de vivienda y 87.197 tiene déficit cualitativo [1].

Clemencia Escallón. Foto: Laura Camacho Salgado

Aunque se reconoce que, en el transcurso de estos veinte años, se han hecho avances y se han obtenido algunos logros, es necesario dar un giro en el proceso. Para ello, parece pertinente hacer ciertas preguntas: ¿Qué pasa hoy con la Vivienda de Interés Social (VIS) y con la Vivienda de interés prioritario – (VIP)?, ¿Qué pasa con la ciudad para la vivienda de interés social?, ¿Cómo se adquiere la VIS?, ¿Quién se queda por fuera de la VIS? y ¿Qué hacen quienes se quedan por fuera de la VIS?

Para abordar la reflexión, se propone revisar mínimo tres aspectos: el primero es el marco institucional. El buen propósito que se buscaba hace veinte años con el Sistema Nacional de Vivienda no logró el efecto deseado; no se desarrollaron los mínimos niveles de coordinación, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades de las entidades participantes para permitir racionalidad y eficiencia del desarrollo de la política de vivienda. El panorama de la institucionalidad del sector urbano y de vivienda no quedó muy satisfactorio luego de: la desaparición del Instituto de Crédito territorial- ICT, la fugaz existencia del Instituto Nacional de Vivienda de interés social y Reforma Urbana - Inurbe, su reemplazo por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la fusión de hace casi una década de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo. De hecho, actualmente se han revisado estas decisiones, escindiendo de nuevo los ministerios, para responder adecuadamente a la complejidad del reto.

El segundo aspecto es lo que podríamos llamar el marco técnico y, desde allí, condiciones relacionadas con la calidad y pertinencia de la llamada vivienda de interés social. En primera instancia, el efecto de la restricción paulatina en relación con la comprensión de qué es una solución de vivienda. En 1991, al reconocer las dinámicas de producción de vivienda en el país, se contemplaba diversidad de modalidades y opciones para la aplicación del recurso del subsidio familiar de vivienda: construcción o adquisición de vivienda; adquisición de lotes (urbanizable y urbanizado), construcción de unidad básica y vivienda progresiva, adquisición de materiales para mejoramiento de vivienda y entorno, vivienda usada y legalización de títulos. Esta diversidad de opciones, permitía que cada familia buscara el escenario que más se acomodara a sus posibilidades y expectativas. Con el tiempo y bajo la presión de estrategias de mercado, se fueron reduciendo estas opciones para concentrarse en la modalidad de vivienda nueva, que contaba como único agente al sector privado para la financiación y la construcción de las viviendas y restringía el acceso a la soluciones para las familias más pobres de la sociedad. Desde mediados de la década de los noventa, se ha descuidado de forma grave la atención al mejoramiento de la calidad de las viviendas construidas, lo que constituye parte importante del problema de vivienda.

El tercer aspecto a revisar es la relación con la financiación. El énfasis de la actuación pública nacional ha estado concentrado en el instrumento del subsidio familiar de vivienda, que ha demostrado claramente la relación poco sinérgica entre el ahorro familiar y el crédito, a lo que se suma la escasa oferta de vivienda de bajo costo. El problema no es sólo la insuficiencia del recurso nacional destinado a subsidios, también es la imposibilidad real de aplicar los instrumentos de gestión para generar suelo urbanizable para la vivienda de interés social, por lo cual, la oferta de vivienda de bajo costo es cada vez menor para las familias colombianas más pobres, demandantes de vivienda.

El año pasado, el nuevo gobierno nacional propuso la meta de un millón de viviendas en cuatro años, apoyada en la estrategia de producción masiva de vivienda nueva y en macroproyectos de vivienda de interés social nacional. Con éstos, sólo se atenderán de forma eficiente segmentos de demanda con condiciones socioeconómicas menos restringidas (estratos medios y medios bajos), pues, al soportarse en esquemas netamente de mercado parecería no ser factible atender los segmentos de demanda de capacidad económica muy baja, que es en realidad donde se concentra el déficit. Esta estrategia presenta riesgos altos que hay que tener en cuenta: la condición de ubicación, separación y lejanía con relación a los centros urbanos y la oferta de vivienda, masiva, en serie, monótona y homogénea. A lo anterior, hay que añadirle la persistente evidencia de muy baja productividad general de nuestra industria de la construcción respecto a los promedios internacionales y la débil implementación de buenas prácticas de gestión de producción; con incipiente uso de sistemas industrializados, débil encadenamiento de proveedores y falta de integración de diferentes innovaciones con bajo impacto en los procesos.

Si no se revisa esta situación, puede que la atención a la diversidad de composición de los hogares colombianos no se garantice, ni corresponda con las expectativas y necesidades que tienen las familias en términos de la oferta de servicios urbanos. Como se ha comentado en varias oportunidades en las discusiones de la Mesa VIS – Diego Echeverry Campos, si no se acompañan los esfuerzos de la oferta con esfuerzos de cualificación de la demanda, serán insuficientes y se podría comprometer la viabilidad de la meta planteada.

LOS PRINCIPIOS GENERALES Y LOS RETOS EN RELACIÓN CON LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

El anterior panorama permite identificar los problemas del sector de vivienda en Colombia que pueden describirse como las ausencias y desencuentros entre los actores vinculados a la gestión, insuficiencia, inflexibilidad, poca pertinencia y baja calidad de la vivienda ofrecida, y a los desaciertos e inequidades en la aplicación de los recursos. Todo ello impacta negativamente la construcción de un hábitat de calidad.

La realidad puede ser otra si se avanza en una dirección integral y se revisan algunos esfuerzos e iniciativas positivas, que de adoptarse de forma masiva cambiarían significativamente el rumbo y condición de la dinámica de vivienda en el país. Es evidente que el reto es grande y el momento es propicio para revisar acciones y generar innovaciones, las cuales se proponen enmarcar en los siguientes principios generales:

1. Vivienda diversa y flexible.

2. Vivienda suficiente y con calidad.

3. Vivienda que construye ciudad.

4. Gestión integral, articulada y diversa.

Vivienda diversa y flexible

Las decisiones con relación a la oferta de vivienda en Colombia deben partir de reconocer las importantes diferencias que presentan hoy los hogares colombianos. Estudios recientes muestran esta diversidad: hogares unipersonales, hogares biparentales nucleares, hogares biparentales amplios, hogares monoparentales, entre otros [2]. El reto está en responder de manera flexible a estos tipos de hogares con programas arquitectónicos diferentes para las viviendas y con esquemas progresivos que atiendan las necesidades y posibilidades específicas de cada familia. Principios que también deben aplicarse al urbanismo. En este sentido, es útil rescatar planteamientos arquitectónicos, como los que propuso John Habraken —hace más de cuatro décadas— bajo el concepto de “estructuras de soporte”, en la búsqueda de la estabilidad estructural de la construcción inicial y futura, sugiere intervenciones del usuario y ordena el “relleno” futuro de una manera adecuada que entienda y soporte las distintas fases de la vivienda.

Con este principio, se abre un espacio de debate distinto para temas como “espacio vital”, “densidad urbana” y “calidad de vida urbana”, al enmarcar el concepto de vivienda en la potencialidad de un proceso, más que en un producto terminado.

Al considerar dinámicas urbanas eficientes, que suponen la organización física y social en conjuntos multifamiliares, se podría aplicar el acumulado de experiencia sobre la reglamentación de la copropiedad y de la vida en comunidad, y reconocer de los asentamientos populares la complejidad de los patrones urbanísticos y arquitectónicos para soportar adecuadamente las redes sociales y productivas.

Son muchas las lecciones que se pueden recoger de experimentos, algunos realizados y otros académicos. La vivienda en altura genera altas densidades, con unidades flexibles adaptables a distintos tipos de hogares, que permiten transformación en el tiempo y responden a las posibilidades económicas de cada hogar. Hay propuestas destacables que surgen de concursos académicos como Convive que desarrolla el concepto de “unidad mínima inmobiliaria – UMI”, el cual no siendo estrictamente una casa, es un refugio suficiente cuyo valor es equivalente al monto del subsidio familiar de vivienda, con lo cual la familia puede acceder a una o más UMIS, o sea a un mayor o menor espacio, según su capacidad económica y característica de su hogar, en cada momento de su vida familiar.

En síntesis, el facilismo de diseñar viviendas “inflexibles” es poco pertinente y, en lugar de brindar solución, crea grandes obstáculos para el programa de vivienda nueva, si se pretende atender eficientemente el déficit cuantitativo. No es un reto fácil pero tampoco imposible. Lo indispensable es que exista una voluntad por parte de los diversos actores (público, privado, comunidad, usuario, academia) para que, por medio de constante experimentación, ensayo y error, se consigan alternativas que sean pertinentes para la complejidad que se enfrenta.

Vivienda suficiente y con calidad

La atención al déficit de vivienda —de más de 3 millones de hogares, a lo que se suman los hogares afectados por la reciente ola invernal en Colombia— es un reto que no se puede lograr sólo con vivienda nueva y terminada. Primero, parece necesario revisar el enfoque de las decisiones de política pública en relación con la definición misma de la vivienda de interés social establecida por un tope de precio (135 s.m.l.m.v) para que sea considerada más bien, en cuanto a la calidad y la habitabilidad. Por otro lado, es necesario acompañar, con programas de mejoramiento y reestructuración urbana, a las familias que han hecho de manera aislada esfuerzos individuales para construir sus viviendas, para que se les permita tener viviendas seguras y acercarse a estándares urbanos adecuados.

Actualmente en el Plan de Desarrollo 2011 -2014, Prosperidad para todos (Ley 1450 de 2011), el enfoque del programa de vivienda está dirigido a la construcción de vivienda nueva, en el que se privilegian estrategias de intervención a grandes escalas —macroproyectos— con grandes inversiones y particulares condiciones empresariales. Con esta estrategia se espera pasar de 560.000 unidades de vivienda, cifra alcanzada en el período 2006 a 2010, a un millón de viviendas entre 2010-2014 [3]. Lo importante no deberían ser sólo son las cifras, sino garantizar que se construya ciudad, que se genere una oferta diversa y de calidad, para permitir el acceso de los más pobres a una solución de vivienda. Se requieren innovaciones tecnológicas y de diseño para permitir desarrollos progresivos a partir de núcleos básicos de habitación.

El reto está en generar vivienda nueva y simultáneamente de forma equilibrada, apoyar los procesos de mejoramiento de barrios y de vivienda, con actuaciones decididas que mejoren la calidad de la ciudad construida. En extensas áreas urbanas, desarrolladas informalmente, el mayor problema es la ausencia o deficiencia de servicios de acueducto, lo que debería orientar acciones para mejoramiento de calidad de vida a través de sistemas y organizaciones innovadoras.

En este punto es importante mencionar el pobrísimo resultado de la acción pública frente a los desafíos de las zonas en riesgo. Se requiere reforzar la institucionalidad, el conocimiento y las formas de gestión para atender este amplio frente.

Ejemplos significativos de buenas prácticas se han desarrollado en años anteriores en ciudades como Bogotá y con buenos resultados en casos como los Programas Urbanos Integrales (PUI) en Medellín. Experiencias que deben ser documentadas y puestas a disposición de los demás municipios para su adaptación y guía de actuación. Se requiere sin duda del liderazgo local, asesoría técnica por instancias de nivel nacional o departamental y apoyo para la gestión de recursos externos a los de inversión local, buscando intervenciones integrales. Prácticas novedosas en gestión urbana, en sectores en consolidación, generarían escenarios altamente propositivos en el panorama que hoy se considera uno de los mayores problemas de los habitantes de las ciudades colombianas: 2.520.298 hogares en asentamientos precarios [4].

Las opciones pueden estar en generar procesos con participación de las familias de usuarios, quienes en forma organizada se conviertan en agentes reales y efectivos en la búsqueda de la solución a su problema de vivienda. Propuestas académicas de “Construir sobre lo construido” son alternativas para la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, en zonas urbanas en consolidación: reconocer el lugar, la forma de habitar, valorar lo existente e insertar nuevos espacios construidos. De esta manera, al mezclar nueva vivienda con nuevos servicios urbanos se pueden dinamizar de forma importante los asentamientos y generar condiciones de estabilidad estructural a las viviendas existentes.

También hay exploraciones interesantes como el Catálogo de Arquitectura sistematizada (CATARSIS), diseñado por la Universidad de los Andes a manera de software, creado para apoyar, con procesos técnicos eficientes, la construcción de nuevas tipologías de vivienda unifamiliar o bifamiliar en los lotes aún vacios producto de asentamientos de desarrollo progresivo. En Bogotá, estudios recientes identificaron aproximadamente 30.000 lotes vacios, de los cuales 6.000 se contemplaron para intervención en sitio propio en el Plan de Desarrollo 2008-2012 [5]. Estas zonas de la ciudad, de origen informal, debidamente intervenidas con espacio público, equipamientos y condiciones de accesibilidad, son favorables receptoras de nuevas familias, que buscan espacio para vivir en arriendo en ubicaciones urbanas que les ofrezcan más y mejores servicios urbanos.

Por último, el llamado de atención es por la calidad. En recientes reflexiones investigativas, adelantadas en la Universidad de los Andes en el grupo de investigación de Gestión de Vivienda, para casos de vivienda nueva en Bogotá y municipios vecinos, con mediciones de indicadores y percepciones de calidad expresadas por los propietarios, se observa que el control técnico de la oferta no ha incidido positivamente en la calidad del hábitat. Las viviendas, producto de la actividad de las constructoras privadas, parecen privilegiar la máxima rentabilidad y no la búsqueda de escenarios de innovación que permitan simultáneamente buscar rentabilidad con calidad. Los resultados muestran cumplimientos de sólo el 40% o 45% de un 100% de los indicadores esperados para una buena calidad del hábitat [6]. La ubicación de la vivienda en la ciudad, la calidad de las urbanizaciones y las agrupaciones y el espacio privado, deben ser del cuidado y preocupación de todos los miembros de una sociedad y ser explícito un propósito nacional que mejore la calidad en la producción del hábitat.

Vivienda que construye ciudad

En este punto es necesario retomar las preguntas que se han hecho en muchos escenarios de debate en América Latina: ¿Cómo cambiar las dinámicas de segregación socio territorial?, ¿Cómo reducir la desigualdad?, ¿Cómo generar oportunidades para una ciudad sustentable? Como lo menciona el profesor Alfonso Iracheta, en documentos recientes, también parecería que no es sólo porque los sistemas económicos y políticos no lo permitan, “sino también, porque estamos lejos de elaborar las preguntas adecuadas para encontrar las respuestas a las cuestiones que nos afectan en las ciudades, particularmente en las condiciones socio-espaciales” [7].

Las ciudades se expanden físicamente mucho más aceleradamente que su crecimiento poblacional, caracterizándose por urbanizaciones formales de vivienda en la periferia inmediata, que conforma un patrón de urbanización disperso de baja densidad, sin perspectivas de reordenamiento urbano. Si a esta situación se le añade, los ya mencionados, asentamientos de mala calidad, irregulares y precarios, el problema es de una enorme dimensión.

Es decir, en esquemas formales, bajo reglas de mercado también formales, se produce vivienda pero no siempre se produce ciudad de calidad y en los esquemas informales, acompañados de forma ineludible por procesos de autogestión colectiva e individual, se accede a unos pocos atributos urbanos, obteniendo en algunos casos, sólo los mínimos requeridos. Los procesos son opuestos y ambos presentan condiciones de déficit con relación a la calidad del hábitat que se ofrece a las familias.

El reto está en cómo hacer vivienda que construya ciudad y cómo con la vivienda construida, hacer buena ciudad. Dicho de otra manera, se debe atender, re- direccionar y buscar confluencia en los dos procesos.

Hay que reconocer que ambos procesos urbanos están mediados por las condiciones de acceso al suelo urbano y al valor del mismo. Procesos especulativos en los que se evidencia la incapacidad por parte del sector público de tomar decisiones que permitan contar con suelo disponible, seguro y bien localizado, en el que puedan desarrollarse los proyectos de vivienda con calidad. Es importante llamar la atención sobre el parque inmobiliario vacante en zonas centrales de las ciudades mayores, en forma de predios y edificios de baja o nula ocupación, que debería dar lugar a reúso en viviendas con apoyo de subsidio a la localización.

Las acciones en la búsqueda de, lo que podríamos llamar, un “urbanismo productivo” son necesarias para consolidar ciudades de calidad. Es pertinente revisar las estrategias de actuación e innovar en la gestión con relación a la construcción de la ciudad misma. Se deben evitar los proyectos de vivienda nueva de bajo costo, en zonas de extrema periferia, incluso fuera de los perímetros urbanos y alejadas del centro urbano, que generen asentamientos de vivienda mono-funcionales. Pues, aunque éstas cumplan las normas en relación con espacio público y equipamientos, no contribuyen ni a la construcción de ciudad ni acompañan adecuadamente la construcción de redes sociales y buenas condiciones de convivencia. Para la ciudad denominada informal, el reto es lograr lo más pronto posible un punto de encuentro y de articulación entre las dinámicas de los asentamientos y las normas que los reglamentan.

La integralidad de las intervenciones, las mezclas de usos comerciales y residenciales, y la buena ubicación en la ciudad, es decir, un urbanismo enfocado en la productividad, son garantes de sostenibilidad.

Gestión integral, articulada y diversa

Si se entiende la vivienda como un proceso complejo y diverso, que incluye las dimensiones sociales, financieras, técnicas, culturales y ambientales, vale la pena revisar quiénes están asumiendo la gestión de los procesos. En el sector formal, los gestores de vivienda no parecen estar desempeñando un papel integrador de todos los factores que inciden en el proceso de decisión, propuesta y producción del hábitat. En el sector informal, los promotores mal denominados urbanizadores piratas, gestionan parte fundamental del proceso con el acceso al suelo y sacan provecho de la marginalidad de sus clientes.

El Estado, los sectores público y privado y las comunidades de usuarios, deben ser partícipes de los procesos, actuando en forma articulada en la búsqueda de diversidad de opciones. El reto de lograr una gestión integrada y diversa, implica la comprensión y actuación en los siguientes componentes: la definición de un nuevo gestor de vivienda de interés social —con el reconocimiento de los actores claves— y la comprensión adecuada de sus relaciones; la gestión pertinente del suelo urbano, la segmentación de la demanda y la atención integral a la población más desprotegida.

Va más allá de revisar los esquemas del denominado “nuevo modelo de negocio” propuesto por el Banco Mundial, en el que la propuesta es reenfocar el debate del dominio público vs. el privado para medir resultados de eficiencia, equidad, y transparencia; o de la propuesta de UN-HABITAT y FIRST INICIATIVE “Hacia la configuración de un nuevo sistema habitacional” [8], en la que se plantea la segmentación clara de los hogares atendidos por el mercado y su relación con el subsidio familiar de vivienda.

Desde la Mesa redonda de Vivienda de Interés social- Mesa VIS – Diego Echeverry Campos de la Universidad de los Andes, luego de retomar elementos de las propuestas anteriores y profundizar en la identificación de los actores claves y sus relaciones, consideramos pertinente agregar a la anterior reflexión, la imperativa necesidad de un trabajo articulado de tres actores claves: (1) el sector privado que produce la vivienda, su hábitat y reúne a los actores que participan en la cadena de producción de vivienda (diseñadores, constructores, proveedores, banca, etc.), a sus gremios y las comunidades de usuarios. (2) El sector público con sus instancias de Gobierno Nacional y Gobiernos Territoriales, quienes deben propiciar el entorno para la gestión de suelo urbanizado para la vivienda de interés prioritario VIP. (3) El sector académico que debe ser un facilitador en el proceso de mejoramiento continúo del sector, a través de innovaciones y de trabajo mancomunado con los otros dos sectores. La prioridad debe ser, por un lado la producción de vivienda que se enfoque a las familias que se quedan por fuera de opciones de vivienda de calidad y por otro, la búsqueda de escenarios reales y efectivos de mejoramiento del entorno urbano y la vivienda, en la ciudad en consolidación.

En síntesis, lo que se plantea es una gestión integral de vivienda, en la que se integren las experiencias y conocimientos y se incluya decididamente al usuario. Es un desafío que deben asumir las instituciones responsables del tema de la vivienda, para incidir en la solución de los asentamientos humanos de los más pobres.

1 Este artículo fue elaborado con base en el trabajo desarrollado por el Grupo de Investigación en Diseño y Gestión de Vivienda –GIV. del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes para la exposición Casa+ Casa+ Casa= ¿Ciudad? Germán Samper. Una investigación en vivienda. Bogotá. Octubre 2011, sumados a las deliberaciones permanentes desde la Mesa VIS – Diego Echeverry Campos en la Universidad de los Andes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Evolución del déficit habitacional en Colombia 1993-2005. Centro de Estudios de la contrucción y el desarrollo urbano y regional -CENAC. (s.f.). Fecha de consulta: 12 de junio de 2011. Disponible en: www.cenac.org.co.

[2] C. E. Florez, La transformación de hogares:una visión a largo plazo. Bogotá: Coyuntura Social, 2004.

[3] “Ley 1450 de 2011”. Congreso de Colombia.

[4] Visión Colombia segundo centenario 2019. Ciudades Amables, Bogotá: Departamento Nacional de Planeación-DNP, 2006.

[5] CVP.Secretaría Distrital de Hábitat. Programa de mejoramiento de vivienda.Propuesta de modelo de gestión. Bogotá: 2011.

[6] Observatorio de calidad . Informe anual 2010. Bogotá: Uniandes-Prodesa, 2011.

[7] A. Iracheta, “Ciudad sustentable: crisis y oportunidad en México”. Revista CESLA. Vol. 2, No. 13, 2010, pp. 503- 530.

[8] F.Giraldo, J.García, C.Ferrari, A. O. Bateman, Urbanización para el desarrollo humano. Bogotá: UN-Habitat, 2009.

Financiamiento de vivienda

Funding for Housing

Javier Serrano Rodríguez (1)

(1) Decano, Facultad de Administración, Universidad de los Andes. Bogotá D.C., Colombia. jsr@adm.uniandes.edu.co

Recibido 25 de noviembre de 2011, modificado 9 de marzo de 2012, aprobado 12 de marzo de 2012

Palabras claves

Vivienda, crédito de vivienda, Colombia, sistema UPAC.

Resumen

En este artículo se hace una revisión del desarrollo del crédito de vivienda en Colombia antes y después de la crisis del sistema UPAC, sus instituciones y los cambios principales que se presentan desde el comienzo del UPAC hasta el final del primer semestre del año 2011. Se analiza la estructura actual del sistema de financiamiento de vivienda tanto para vivienda no VIS como para vivienda VIS, los apoyos existentes, destacando la importancia del subsidio de vivienda para completar el financiamiento necesario para la adquisición de vivienda no VIS. Con ejemplos ilustrativos se muestra que el subsidio se está quedando corto frente al precio que ha adquirido la vivienda VIS; así mismo, se muestra que no obstante la recuperación que ha tenido el crédito de vivienda, su saldo aún no llega a los niveles que había alcanzado al momento de la crisis del sistema UPAC, si la comparación se hace en pesos constantes.

Key words

Housing, financing for home purchasing, Colombia, UPAC system.

Abstract

This article reviews the development of the financing for home purchasing in Colombia before and after the crisis of the UPAC system, their institutions and the major events occurring since the beginning of the UPAC to the end of the first half of 2011. In this article it is analyzed the current structure of housing finance system for both, Social Interest Housing (SIH) and non SIH, the existing supports, emphasizing the importance of housing subsidies to complete the necessary financing for non SIH purchases. Through two examples it is shown that the subsidy is not enough because of home prices; it is also shown that despite the recovery that has taken place, the financing outstanding balance for home purchases has not yet reached the levels it had when the UPAC system crisis occurred, as long as the comparison is done in constant pesos.

INTRODUCCIÓN

La construcción de vivienda y, por consiguiente, el financiamiento para su adquisición, constituyen uno de los aspectos de política económica más importantes en cualquier país por el impacto que tienen sobre el crecimiento del PIB y la generación de ingresos. En el caso colombiano, varios planes de desarrollo económico se han apoyado sobre la construcción de vivienda y el financiamiento para su adquisición. Por ejemplo, en 1972, el plan de desarrollo económico “Las cuatro estrategias de desarrollo económico”1 del presidente Andrés Pastrana Borrero, señalaba como una de ellas a la construcción de vivienda y su adquisición a través de un sistema de financiamiento especial, el sistema de valor constante, conocido como UPAC. En este momento, el Plan de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos, las locomotoras para el crecimiento, señala la locomotora de vivienda como una de las cinco que van a jalonar el crecimiento económico del país2.

En general, la situación es similar en muchas economías; a manera de ejemplo, en Estados Unidos y España la importancia de la construcción de vivienda y su financiamiento son críticas en el crecimiento de la economía y en la generación de empleo, tal y como ocurre en Colombia. La cartera de vivienda3 en Colombia, al finalizar junio de 2011, totalizaba 25,2 billones de pesos, de los cuales 17,08 billones (67,8 %) se habían desembolsado en pesos y 8,10 (32,2%) billones de pesos se habían desembolsado en Unidades de Valor Real (UVRs). Así mismo, 17,0 billones de pesos (67,5%) se habían destinado a la adquisición de vivienda no VIS y 8,18 billones de pesos (32,5%), se habían aplicado a la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS). Los actores principales son los establecimientos de crédito, bancos principalmente, que sin incluir al Fondo Nacional del Ahorro, originan un 83% del crédito de vivienda.

DESARROLLO HISTÓRICO

En Colombia ha existido una larga tradición sobre financiamiento para la adquisición de vivienda. Algunos hitos en el desarrollo histórico:

a. Rol del Banco Central Hipotecario en el financiamiento de vivienda y su financiamiento a través de la emisión de las cédulas de capitalización. Uno de los principales actores en el financiamiento de vivienda, antes de la creación del sistema UPAC, fue el Banco Central Hipotecario (BCH), creado en 1932 como un banco hipotecario [3 y 4].

b. Otras entidades de creación especial en la construcción y financiamiento de vivienda y de infraestructura urbana. Entre estas, se pueden mencionar el Instituto de Crédito Territorial (ICT), el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE) y la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER). En este momento el INURBE, a través del Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA), con recursos del presupuesto nacional, y las cajas de compensación familiar, con recursos provenientes del subsidio familiar, hacen parte de un sistema que subsidia parcialmente la adquisición de vivienda de interés social.

c. Creación del sistema UPAC y las corporaciones de ahorro y vivienda para el otorgamiento de crédito de vivienda. En 1972 se creó el sistema de valor constante para financiar la construcción y adquisición de vivienda, cuyos tres ejes principales fueron: la creación de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), el sistema de establecimientos de crédito especializado para financiar crédito hipotecario o de vivienda en UPACs, —conocidos como corporaciones de ahorro y vivienda (CAV), que permitieron a miles de hogares colombianos la adquisición de una vivienda financiada principalmente en UPACs — y el Fondo de Ahorro y Vivienda (FAVI), como un fondo de redescuento en el Banco de la República, para darle liquidez a las CAVs.

La UPAC, era una unidad de cuenta legal, cuyo valor se ajustaba con la corrección monetaria, que en principio reflejaba cercanamente la inflación del país, de acuerdo con una fórmula de ajuste. Más tarde, las modificaciones que se hicieron a la corrección monetaria, para evitar que la UPAC creciera exageradamente y por ende los saldos de los créditos en pesos, desdibujaron el sistema y condujeron a la crisis del UPAC, en el momento en que la corrección monetaria se ató a la tasa DTF, buscando darle competitividad a las CAVs, una vez se liberó la captación a través de cuentas de ahorro con liquidez diaria.

d. Auge del sistema UPAC

Como se mencionó, el sistema UPAC creció significativamente tanto en captaciones a través de UPACs como en colocaciones a través de la misma unidad de cuenta. La creación del sistema de valor constante se acompañó de entidades de crédito especializadas para financiar al constructor y al adquiriente de vivienda en UPAC, llamadas corporaciones de ahorro y vivienda (CAV), las cuales fueron entidades financieras muy importantes y sólidas, que se vieron seriamente afectadas durante la crisis del UPAC y luego se transformaron en Bancos Comerciales.

El sistema UPAC, se convirtió en el principal proveedor de crédito para el constructor y para la adquisición de vivienda, y creció rápidamente desde 1974 hasta la crisis en los años 1998 y 1999, que termina con su desaparición. Al finalizar el año 1999, el saldo de la cartera hipotecaria para adquisición de vivienda era de $17.431.472 millones de pesos corrientes, que en pesos constantes del año 2008, equivale a $30.580.265 millones de pesos del año 2008, superior al saldo del final del primer semestre del año 2011, que era de $23.466.075 millones de pesos constantes del año 2008. Lo anterior muestra que, a pesar del resurgimiento del crédito de vivienda experimentado en los últimos años, su saldo actual en pesos constantes, es inferior al saldo experimentado al final del año 1999, en plena crisis del sistema UPAC.

e. Crisis del sistema UPAC

La corrección monetaria utilizada para ajustar la UPAC, se ató a la tasa DTF [5], para aumentar la competitividad de las corporaciones de ahorro y vivienda en la captación de ahorro, una vez que se liberó la remuneración del ahorro.

La resolución 18 de 1995 de la Junta Directiva del Banco de la República, estableció el “cálculo de la corrección monetaria como el equivalente al 74% del promedio móvil de la tasa DTF efectiva” [5]. La tasa DTF efectiva semanal tuvo un comportamiento inesperado entre la semana que comienza el 10 de octubre de 1994 y la semana que comienza el 3 de enero de 2000. En este período se destaca un valor máximo de 38,66% en la semana que comienza el 26 de diciembre de 1994, un valor mínimo de 22,83% en la semana que comienza el 22 de septiembre de 1997 y un valor de 37,17% en la semana que comienza el 9 de noviembre de 1998. Lo anterior, afectó significativamente la corrección monetaria, el valor de la UPAC y los saldos de los créditos en UPACs, en un período en el cual los precios de la vivienda, se congelaron y, aún, disminuyeron, como consecuencia de la recesión por la cual atravesó la economía colombiana. Esto alteró la estabilidad financiera de muchos hogares que habían financiado la adquisición de vivienda en UPACs, que era el sistema predominante; en muchos casos se llegó a que el saldo del crédito era superior al valor de mercado de la vivienda.

Javier Serrano Rodríguez. Foto: Laura Camacho Salgado

La crisis de los deudores en el sistema UPAC, se mezcló con la crisis del sector cooperativo y con una crisis económica generalizada, que llevaron al gobierno nacional a expedir el decreto 2330 del 16 de noviembre de 1998, del Ministerio de Hacienda, declarando la emergencia económica y el decreto 2331 del 16 de noviembre de 1998, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “para resolver la situación de los sectores financiero y cooperativo, aliviar la situación de los deudores por crédito de vivienda y de los ahorradores de las entidades cooperativas en liquidación”[6]. El 4 de marzo de 1999, se produjo el fallo de la Corte Constitucional, Sentencia C-136 del 4 de marzo de 1999, revisión del Decreto 2331, que definió al crédito de vivienda como un crédito especial. Posteriormente y como parte de la solución a la crisis del sistema UPAC, se dictó la Ley 546 de diciembre 23 de 1999 [7].

f. Ley 546 de 1999

Expedida el 23 de diciembre de 1999, como parte de la solución a la crisis del sistema UPAC, establece el marco general legal para un sistema integral de financiamiento de vivienda.

g. Vivienda de Interés Social y Subsidios para la adquisición de vivienda VIS

El crédito de vivienda subsidiado se remonta a las épocas del Banco Central Hipotecario, al Instituto de Crédito Territorial y últimamente al INURBE, como se ha destacado en este recuento histórico. La Ley 546 de 1999, en el capítulo VI, establece una serie de definiciones y obligaciones sobre el financiamiento de la vivienda de interés social. Por citar un caso, se mencionan la obligatoriedad de los bancos a realizar inversiones forzosas en el financiamiento de vivienda VIS, obligatoriedad del gobierno nacional a destinar recursos del presupuesto nacional para subsidiar la adquisición de vivienda de interés social y la distribución de los subsidios. Hoy existe un sistema muy sólido de subsidios para completar el crédito que hacen los establecimientos de crédito y otras instituciones para la adquisición de vivienda de interés social, en cabeza del Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y de las cajas de compensación familiar (FOVIS), al cual se hará referencia posteriormente.

MARCO LEGAL ACTUAL DEL FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA EN COLOMBIA

El crédito de vivienda, conocido anteriormente como crédito hipotecario, tiene un marco legal definido en Colombia, que arranca con su definición legal:

“Crédito de Vivienda: es el que se otorga a una persona natural o a una familia para la adquisición de vivienda, con un plazo mayor o igual a 5 años, utilizando como garantía hipotecaria la misma vivienda adquirida”[7].

El marco legal actual parte del fallo de la Corte Constitucional frente a la constitucionalidad del decreto 2330, sobre emergencia económica y la Ley 546 de 1999, específicamente:

Fallo de la corte constitucional respecto al decreto 2331

El fallo de la Corte Constitucional contenido en la sentencia C-136 del 4 de marzo de 1999, Revisión del Decreto Legislativo 23314 del 16 de noviembre de 1998, constituye el punto de partida para el marco legal actual del crédito de vivienda en Colombia. Allí se reafirma nuevamente una definición de crédito de vivienda como un crédito especial y se especifican algunas características del mismo; entre otras se establece: el no a la capitalización de intereses; el saldo del crédito en la unidad contratada siempre tiene que disminuir; reliquidación de los créditos en UPACs a la fecha de expedición del fallo teniendo en cuenta la inflación y no la tasa DTF para ajustar la corrección monetaria.

Ley 546, diciembre 23 de 1999

Sin entrar en el detalle de la Ley [7], los aspectos principales tienen que ver con: regulación de un sistema especializado de largo plazo para la financiación de vivienda (Artículo 1), ligado al IPC; definición del crédito de vivienda y de la vivienda de interés social VIS; creación de la UVR como unidad de cuenta para sustituir a la UPAC (Artículo 3); conversión de las corporaciones de ahorro y vivienda en bancos hipotecarios o en bancos comerciales; prohibición del crecimiento del saldo del crédito de vivienda en la unidad que fue desembolsado; emisión de bonos hipotecarios y la titularización de cartera hipotecaria como las principales fuentes de financiamiento para la adquisición de vivienda (Artículos 8 y 12); exención del impuesto de renta y complementarios, a los rendimientos financieros causados durante la vigencia de los títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria y de los bonos hipotecarios de que trata la presente Ley, siempre que el plazo previsto para su vencimiento no sea inferior a cinco años (artículo 16); en el momento está exención desapareció; constitución de Patrimonios de Familia inembargables (Artículo 22).

Decreto 2190 de 2009 sobre subsidios vivienda de interés social

El decreto 2190 del 12 de junio de 2009 por el cual “se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas” [8], constituye la base para la asignación de los subsidios de vivienda de interés social. Entre varias definiciones, en el artículo 1 se definen, nuevamente, los conceptos de vivienda de interés social y vivienda prioritaria, a saber:

“Vivienda de Interés Social (VIS). Es aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlmv). Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). Es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv)” [9].

Fuente. Superfinanciera, Banco de la República, Asobancaria, Dane
Figura 1. Saldo Total de Cartera de Vivienda en Colombia 1972-fecha

Si se tiene en cuenta que el salario mínimo legal vigente para el 2011 es de $536.600, los valores son respectivamente $37.562.000 para la prioritaria y $72.441.000 para vivienda VIS. El Decreto 2190 comprende 9 títulos, que reglamentan todo lo relacionado con el subsidio familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas.

SITUACIÓN ACTUAL EN COLOMBIA: DEFINICIÓN, CIFRAS,ETC

En el momento atravesamos por un boom económico, que se refleja en un aumento de los precios de la vivienda, de las licencias de construcción y de los metros cuadrados construidos, tanto en vivienda VIS como no VIS, y por ende en un incremento del crédito para financiamiento de vivienda. El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos contempla entre sus estrategias para acelerar el crecimiento económico, la construcción de vivienda, conocida como la locomotora de la vivienda, con una meta ambiciosa de 1.000.000 de nuevas viviendas durante su período presidencial. Algunos investigadores señalan con preocupación, que se puede estar gestando una burbuja inmobiliaria y ven con preocupación que en el mediano plazo se pudiera gestar una crisis inmobiliaria [1].

En la figura 1, se presenta el comportamiento del saldo de la cartera bruta destinada a la adquisición de vivienda para un período amplio en pesos corrientes, en el cual se destaca la caída del financiamiento institucional de vivienda con posterioridad a la crisis del sistema UPAC y del sistema financiero en general. Además, se muestra el boom del crédito, que se vivió con anterioridad a la crisis del sistema UPAC, mostrando el peligro de las burbujas inmobiliarias, tal y como hoy en día se sufren las consecuencias en España y en los Estados Unidos, a las cuales se hará referencia en el siguiente numeral. Con anterioridad a la crisis del sistema UPAC, el crédito de vivienda se desembolsaba principalmente en UPACs y se financiaba con la captación también en UPACs, a través de cuentas de ahorro en el sistema de corporaciones de ahorro y vivienda que desapareció como consecuencia de la Ley 546 de 1999. Luego de la crisis, el crédito se desembolsa en las dos monedas, UVRs y pesos, con predominancia del financiamiento en pesos, en la medida que se ha generado una prevención contra un financiamiento en UVRs. Lo anterior fue consecuencia de la crisis del UPAC y del aumento de los saldos en pesos, que en general el ciudadano común no entiende, en la medida que avanza, durante los primeros años de su vigencia, la amortización del crédito en UVRs.

Al finalizar el primer semestre de 2011, la cartera de vivienda alcanzó un saldo igual a los 25,2 billones de pesos, discriminada entre 17,08 billones en pesos (67,83%) y 8,10 billones de pesos en UVR (32,17%); o como 17,0 billones en vivienda no VIS (67,51%) y 8,18 billones de pesos (32,49%) en vivienda de interés social (VIS).

Tabla 1. Saldo Cartera de Vivienda, fin de año

Fuente. Superfinanciera, Asobancaria, Dane

Fuente. Superfinanciera, Banco de la República y Dane
Figura 2.Saldo Cartera de vivienda en pesos de 2008

Tabla 2. Saldo Cartera de Vivienda
Fuente. DANE, vía Internet

En la figura 2, se presenta el saldo de la cartera de vivienda en pesos constantes del año 2008. En la tabla 1, se destacan tres fechas correspondientes al saldo de la cartera de vivienda al final de los años 1999, 2008 y septiembre de 2011, tanto en pesos corrientes como en pesos constantes del año 2008. El aumento del financiamiento de vivienda VIS, por parte del sistema financiero, llevó a la eliminación de la inversión forzosa para financiación de vivienda VIS, que en algún momento tuvieron que hacer los bancos.

En la tabla 1 sobresale que, pese al resurgimiento del crédito de vivienda que se observa en los últimos años (figura 1), el saldo —en pesos constantes del año 2008— del final del 1999, año de la crisis del sistema UPAC, 30.580.265 millones de pesos constantes del año 2008, continúa siendo superior al saldo, también en pesos constantes del año 2008, del fin de septiembre del 2011, 23.466.075 millones de pesos constantes del año 2008, en un 30,32%. Dado lo anterior, se evidencia la importancia del período al que se hizo referencia en este documento como el período de auge del sistema UPAC.

En las figuras 3 y 4 se muestra el crecimiento de la cartera, discriminada por tipo de unidad de cuenta (pesos, UVRs) y por tipo de vivienda (VIS y no VIS). En la tabla 2, se presentan las principales cifras relacionadas con la descomposición de la cartera de vivienda por unidad de cuenta (pesos, UVR) y por tipo de vivienda (VIS y no VIS). Se destaca el cambio en la unidad legal, con participación mayoritaria del financiamiento en pesos, como consecuencia de la desconfianza que genera en el deudor el crédito en UVRs. Asimismo, prevalece la importancia del crédito para vivienda VIS, no obstante que su participación relativa ha venido disminuyendo en los últimos años.

Fuente. DANE, Crédito de Vivienda, gráfico del autor
Figura 3.Comportamiento del crédito de vivienda según unidad de cuenta

Fuente. DANE, Crédito de Vivienda, gráfico del autor
Figura 4.Comportamiento del Crédito de Vivienda, según tipo de vivienda

La tabla 3_ indica la distribución del crédito de vivienda por entidad originadora y el total de la cartera de vivienda; hay que tener en cuenta que la cartera originada por los establecimientos de crédito, exceptuando al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), corresponde a la suma de la cartera de los establecimientos de crédito y la cartera de vivienda titularizada. La tablas 3 se muestra que los establecimientos de crédito, específicamente los bancos, son los principales originadores del crédito de vivienda en Colombia. Aunque han aparecido nuevos actores, como cajas de compensación familiar, cooperativas y fondos de empleados, su importancia relativa sigue siendo baja.

Tabla 3. Crédito de vivienda por entidad, incluyendo cartera titularizada
Fuente. DANE, Banco de la República, cálculos y presentación autor - Cifras en millones de pesos

Al concluir el primer semestre del 2011, los establecimientos de crédito, sin incluir el FNA, originaban un 83% de la cartera de vivienda, porcentaje que se ha mantenido relativamente estable durante el período analizado, primer trimestre de 2007, segundo trimestre de 2011. De igual manera es necesario destacar la importancia del FNA en el origen de crédito de vivienda durante el período analizado, que se mantiene alrededor de un 13% del crédito total de vivienda. Las cajas de compensación familiar son muy importantes en la asignación del subsidio para vivienda VIS, pero su importancia relativa en el origen del crédito de vivienda en Colombia es bastante baja.

En la figura 5 se expone la tasa de interés para el crédito de vivienda en pesos para vivienda VIS y NO VIS y su comparación con la tasa de interés del crédito de consumo, durante el período entre mayo del año 2002 y agosto del año 2011. Dos observaciones derivadas de la figura 10:

• Una diferencia significativa en el spread de tasas entre crédito de consumo y vivienda: al comienzo del período analizado y luego disminuye, como consecuencia del descenso general de las tasas de interés que se observó durante el período bajo consideración. Sin embargo, la diferencia en tasas sigue siendo significativa.

• Una diferencia significativa entre la tasa de interés de vivienda VIS y la tasa de interés de vivienda no VIS al comienzo del período analizado, que prácticamente ha desaparecido durante los últimos años.

Fuente. Superfinanciera, tasas de interés en pesos por modalidad
Figura 5. Tasas de interés consumo, vivienda VIS, Vivienda No VIS

CRÉDITO DE VIVIENDA EN ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA Y COLOMBIA

La situación actual del Crédito de Vivienda en Colombia, presentada en el numeral anterior contrasta con la de Estados Unidos y España. Mientras que, en la primera existe un boom de la construcción y un resurgimiento del crédito de vivienda, en las otras dos persiste una crisis económica, una de cuyas causales fue el boom inmobiliario, que llevó a actuaciones que aún son sujeto de investigación, el cual se refleja en un estancamiento del saldo del crédito de vivienda y en una disminución de los desembolsos.

La crisis del mercado subprime en los Estados Unidos fue una de las causantes de la crisis financiera y por consiguiente de la crisis económica que aún afecta a ese país. El gobierno federal tomó medidas de salvamento con un impacto muy alto sobre las finanzas públicas, para así, solventar el sistema financiero afectado por la crisis hipotecaria y ayudar a los tenedores de vivienda para evitar que la pierdan, como consecuencia de la incapacidad para cumplir con sus obligaciones crediticias, o que se deteriore significativamente el precio de la vivienda, que sirve como colateral, o para propósitos de acumulación de riqueza, en la medida que el vecindario se deteriora como consecuencia de los frecuentes remates, para saldar la obligación financiera que se tiene con un establecimiento de crédito.5

En la tabla 4, se expone el total del crédito hipotecario en los Estados Unidos, utilizado para el financiamiento de vivienda y su descomposición por el dueño actual de la hipoteca. La cifra total equivale a un 94,74 % del Producto Interno Bruto para un valor estimado del PIB para Estados Unidos de 14,4 trillones de dólares para el año 2010 [9]. En la tabla 4, se puede observar la importancia de las dos principales agencias gubernamentales que titularizan cartera hipotecaria o cartera para vivienda (Fannie Mae y Freddie Mac), con un total del 37,57% de la cartera hipotecaria para adquisición de vivienda [9].

Tabla 4. Mercado Hipotecario en Estados Unidos, Segundo trimestre 2011
Fuente. Federal Reserve Board, Mortgage debt outstanding, Household Finance

Fuente. Asociación Hipotecaria Española

Figura 6. Crédito Hipotecario en España- Período 1986 - 2010

Figura 7. Cuota constante, descomposición en amortización a capital e intereses

La figura 6 refleja el comportamiento de la cartera hipotecaria para adquisición de vivienda en España. El saldo de la cartera, al finalizar el 2010, era de 1.059.504 millones de Euros. Además se destaca el boom del crédito hipotecario para vivienda y su estancamiento en los últimos años, como consecuencia de la crisis económica actual, la cual tuvo origen, entre otros, en las burbujas accionaria e inmobiliaria que existieron durante este período. La figura 6 muestra el saldo total, el saldo de la cartera bancaria y el saldo de las cajas, al concluir el 2010.

MATEMÁTICAS FINANCIERAS PARA EL CRÉDITO DE VIVIENDA

En contraste a lo que ocurría antes de la crisis del UPAC, en el momento actual los sistemas de amortización son pocos, ya que la legislación existente excluye otras posibilidades (por ejemplo, capitalización de intereses). Los sistemas más utilizados son: cuota constante en pesos; cuota de amortización constante en pesos; cuota constante en UVRs; cuota de amortización constante en UVRs. En el caso colombiano existen dos unidades de cuenta para los créditos de vivienda: UVR y peso.

Las matemáticas financieras de un crédito de vivienda en pesos son similares a las de cualquier crédito en pesos (por ejemplo, consumo, comercial), pero, cuando se utiliza como unidad de cuenta la UVR, la situación se complica un poco más. Como ejemplo se analizará un crédito por $100.000.000, tanto en pesos como en UVRs,6 a 180 meses, desembolsado el 26 de octubre de 2009, cuando el valor de la UVR era de $186,7159. La tasa de interés del crédito en pesos era del 19% efectivo anual, equivalente a una tasa mensual en pesos del 1,46%; la tasa de interés en UVRs era de 14,42% efectivo anual, equivalente a una tasa mensual en UVRs del 1,13%. El sistema de amortización elegido fue un sistema de cuota constante durante la vigencia del crédito (180 meses).

Figura 8. Sistema de cuota constante. Comparación de la cuota entre pesos y UVRs

Para las mismas condiciones. El valor de la cuota resultante en pesos es de $1.576.151, que permanece constante durante la vigencia del crédito, tal como se muestra en la figura 7; cada cuota se descompone entre amortización a capital y pago de intereses. Al principio, la mayor parte de la cuota pagada corresponde a pago de intereses; al final, ocurre lo contrario, la mayor parte de la cuota corresponde a amortización a capital. Por ello, al principio, el saldo disminuye más lentamente que al final; el saldo en pesos disminuye continuamente, tal y como lo establece el fallo de la Corte Constitucional.

El valor de la cuota resultante, para las mismas condiciones, en UVRs es de 6.970,97 UVRs por mes, que permanece constante en UVRs durante la vigencia del crédito. Nuevamente, cada cuota se descompone entre amortización a capital en UVRs y pago de intereses en UVRs. Al principio la mayor parte de la cuota pagada corresponde a pago de intereses en UVRs; al final, ocurre lo contrario, la mayor parte de la cuota corresponde a amortización a capital en UVRs.

Por ello, al principio, el saldo en UVRs disminuye más lentamente que al final; el saldo en UVRs decrece continuamente, como lo establece el fallo de la Corte Constitucional. No ocurre lo mismo con la cuota equivalente en pesos y con el saldo equivalente en pesos, cuando los valores en UVRs se liquidan al valor en pesos de la UVR, ajustada con la inflación, como se puede observar en la figura 8, en la que se compara el valor de la cuota en pesos para los dos sistemas: cuota constante en pesos y cuota constante en UVRs.

Sin embargo, como la UVR se ajusta diariamente con la corrección monetaria, la cuota mensual equivalente en pesos, que es la cuota en UVRs liquidada al valor de la UVR en la fecha de pago, aumenta continuamente durante la vigencia del crédito. Como se advierte en la figura 8: al comienzo la cuota equivalente en pesos del sistema de cuota constante en UVRs, es menor que la cuota en pesos del sistema de cuota constante en pesos (amortización a capital variable); lo contrario ocurre después del mes 58, cuando la cuota mensual en pesos del sistema de cuota constante en UVRs, se vuelve mayor. Como consecuencia de lo anterior, el sistema de cuota constante en UVR, presiona menos la liquidez en el corto plazo, que el sistema de cuota constante en pesos, y ese es su atractivo principal.

La figura 9 muestra el saldo del crédito de cuota constante, tanto en pesos como en UVRs. El saldo del sistema en pesos, como se mencionó, disminuye continuamente en la medida que avanza la amortización del crédito. Aunque el saldo en UVRs del sistema de cuota constante en UVRs también disminuye continuamente, el saldo equivalente en pesos aumenta al comienzo del crédito, como consecuencia del ajuste de la UVR con la inflación, para volver a disminuir al final de la vigencia del crédito; el aumento del saldo equivalente en pesos será mayor en la medida que la inflación también sea mayor.

Este comportamiento, que parece una contradicción al fallo de la Corte Constitucional, consistente en que el saldo del crédito no puede aumentar, no se comprende con frecuencia por quienes tienen crédito en UVRs. Puesto que, al principio, cuando miran el extracto de su crédito en pesos, ven que el saldo del crédito está aumentando y lo consideran como una desobediencia al fallo de la Corte Constitucional, lo cual no es cierto, porque el saldo del crédito en la unidad legal de cuenta contratada (UVRs) si está disminuyendo.

Figura 9. Saldo del crédito en pesos y UVR. Comparación del saldo entre cuota constante en pesos y en UVRs

Lo anterior ha traído como consecuencia que quienes van a tomar un crédito de vivienda, lo prefieran hacer en pesos, como se indicó previamente.

FONDEO PARA EL CRÉDITO DE VIVIENDA

El fondeo para el crédito de vivienda se hace principalmente a través de la emisión de bonos hipotecarios y de la titularización de cartera hipotecaria, según lo establece la ley 546 de 1999, para evitar el riesgo de tasa de interés originado en la brecha por la estructura a términos de los activos y pasivos, al que están expuestos los establecimientos de crédito cuando financian crédito a largo plazo y a tasa fija con fuentes de financiamiento de corto plazo, por ejemplo, cuentas de ahorro y cuentas corrientes a la vista. La figura 10 registra el esquema general de titularización; en el caso colombiano la titularización de cartera hipotecaria se hace a través de la Titularizadora de Colombia.

En el caso de los Estados Unidos, Fannie Mae y Freddie Mac son las dos principales agencias titularizadoras de vivienda. Los principales títulos que emiten se conocen con el nombre de pass-through securities, cuya fuente de pago es el patrimonio autónomo—universalidad en Colombia— constituido con la cartera de vivienda que se está titularizando. De hecho, se reconocen con este nombre ya que todo el flujo que produce el patrimonio autónomo o la universalidad se transfiere a los tenedores de los títulos, previa deducción de la comisión de la agencia titularizadora y demás gastos que ocasiona el proceso de titularización.7 La figura 10 muestra como se da el esquema general de titularización, que comprende los siguientes pasos principales:

Figura 10. Esquema general de titularización (Estados Unidos y Colombia)

Figura 11. Cartera Hipotecaria con y sin titularización (miles de millones de $)
Fuente. Banrep, informe de cartera de créditos

1. Los bancos originan la cartera, que, más adelante, va a ser titularizada, cuando otorgan un crédito para adquirir vivienda. En Colombia, por definición de crédito de vivienda, es indispensable tener la vivienda adquirida como garantía hipotecaria.

2. Los bancos venden la cartera a una entidad titularizadora (por ejemplo, Fannie Mae en los Estados Unidos o la Titularizadora de Colombia en el caso colombiano).

3. Con la cartera hipotecaria, procedente de diferentes bancos o establecimientos de crédito, se constituye un patrimonio autónomo, Trust en Estados Unidos o universalidad en Colombia, el cual va a servir como garantía y fuente de pago a los títulos que se van a emitir al mercado público de valores (MPV).

4. La entidad titularizadora, con cargo al patrimonio autónomo o a la universalidad, emite unos títulos al mercado público de valores que utilizan como fuente de pago el flujo de caja que genera la cartera titularizada. En el caso colombiano, los títulos emitidos se conocen con el nombre de títulos hipotecarios (TIPS), mientras que en el caso de los Estados Unidos se conocen generalmente como pass-through obligations.

5. El establecimiento de crédito, originador de la cartera que ha sido titularizada, en general continúa con la administración de la misma, incluyendo el recaudo de la cartera.

6. Los títulos emitidos al MPV, son adquiridos principalmente por inversionistas institucionales, tales como los fondos de pensiones, compañías de seguros, mutual funds en Estados Unidos. En el caso colombiano, los adquieren parcialmente los mismos originadores.

7. Los títulos emitidos tienen un flujo de caja esperado que corresponde al esquema de recaudo previsto si el recaudo de la cartera se realiza normalmente, teniendo en cuenta el índice de cartera vencida. Si el flujo de caja se estresa, como consecuencia de un aumento de la cartera vencida, el flujo de caja que le corresponde a los títulos, en el corto plazo, va a ser menor y por consiguiente también la rentabilidad. Si la tasa de interés de mercado cae por debajo de la tasa de interés promedio de la cartera, aumenta el riesgo de prepago y, por lo tanto, también se anticipa el flujo de caja que van a recibir los títulos, acortando su duración promedio, con vencimientos en un momento en que las tasas de interés han caído.

8. Lo anterior hace que la valoración a precios de mercado de estos títulos sea un tanto más complicada. Por lo cual, algunos inversionistas institucionales no los adquieren en el monto que debieran, especialmente teniendo en cuenta que en Colombia la rentabilidad de los títulos era exenta de impuestos.

La figura 11 presenta el saldo total de la cartera de vivienda con titularización y sin titularización, para el período comprendido entre el 1 de enero del 2002 hasta el 2011.

9. En los Estados Unidos, para mitigar el riesgo de prepago, los pass through securities resultantes de un "proceso de titularización de cartera para financiamiento de vivienda, se redistribuyen por categorías de títulos con diferentes prioridades sobre el flujo de caja proveniente de la cartera hipotecaria, para generar un nuevo tipo de título llamado genéricamente como «collateralized mortgage obligatións», CMO, que se vuelven más atractivos para los inversionistas institucionales" (p. 515) [11]. Los CMO son un caso particular de una clase de título conocido como los asset-backed securities; en Fabozzi se puede profundizar más sobre este tipo de títulos, muy populares entre inversionistas institucionales [11]. Brevemente y a manera de ejemplo, una estructuración puede tener tres tramos, dependiendo de las prioridades sobre el flujo de caja proveniente del recaudo de la cartera titularizada, llamados generalmente como tramos A, B y C. El tramo A, tendría la prioridad sobre el flujo de caja, en forma tal que si éste es mayor que la demanda en términos de amortización y pago de intereses de los tenedores del tramo A, el remanente se aplica a los títulos del tramo B y así sucesivamente.

POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA EN COLOMBIA

La política nacional de vivienda en Colombia tiene instrumentos complementarios a la construcción de vivienda y a su adquisición a través de líneas de crédito especializadas. Entre las diferentes componentes se pueden mencionar:

Subsidio familiar de vivienda

Orientado a complementar el financiamiento para la adquisición de vivienda de interés social (VIS). Es un plan de subsidios del gobierno nacional con recursos del presupuesto nacional, a través de FONVIVIENDA, para trabajadores informales y desplazados principalmente y recursos del subsidio familiar a través de las cajas de compensación Familiar para sus afiliados principalmente. En numeral 3, literal C de este documento se hace referencia al decreto 2190 de 2009, que regula los aspectos más importantes de la asignación y distribución del subsidio familiar
de vivienda.

Tabla 5. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Dirección del sistema habitacional subsidios asignados 1991-2010
Fuente.Información enviada por las Oficinas de Planeación de cada entidad. Cálculos Dirección del Sistema Habitacional. Para el caso de Fonvivienda
se incluye los títulos entregados

En la tabla 5 se registran los subsidios asignados para adquisición de vivienda durante el período comprendido entre los años 1991 y 2010. El total en valores nominales asciende a 2.120.883 millones de pesos, distribuido entre las diferentes entidades a través de las cuales se puede tramitar un subsidio para completar el financiamiento para la
adquisición de vivienda: FONVIVIENDA, anterior INURBE, Banco Agrario, para vivienda rural, cajas de compensación familiar (por ejemplo, Cafam, Colsubsidio), Caja Popular de Vivienda Militar. El presupuesto asignado a FONVIVIENDA para el subsidio familiar de vivienda, año 2012 en el proyecto de ley de presupuesto año 2012 era de 793.214 millones de pesos [14].

Es importante señalar que los subsidios presupuestados difieren significativamente de los subsidios ejecutados, en la medida que muchos hogares con subsidio familiar de vivienda asignado no logran un cierre financiero. Esto sucede por diferentes razones entre las cuales se pueden mencionar: el tamaño del subsidio frente al costo de la vivienda, el monto del aporte que tiene que hacer la familia, elevado frente a sus ingresos familiares y las limitaciones propias de un análisis de riesgo crediticio por parte de los establecimientos de crédito, teniendo en cuenta el porcentaje que representa la cuota del crédito frente a los ingresos del grupo familiar, que no debe superar el 30%.

En la figura 12, tomada de un informe de ASOCAJAS sobre subsidios, se observa la asignación de éstos a través de los FOVIS administrados por la Cajas de Compensación Familiar durante el período 1997 a junio de 2011. Según el mismo reporte [14], la efectividad de los subsidios otorgados a través de los FAVIS de las Cajas de compensación familiar era del 83,49% en contraste con los subsidios asignados a través de FONVIVIENDA, que llegaba sólo a un 42,27%

Fortalecimiento del sistema de financiación de largo plazo

El crédito de vivienda propiamente dicho, como se ha señalado en varias ocasiones en las páginas anteriores, tanto en pesos como en UVRs, se desembolsa a través de los establecimientos bancarios, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y las cajas de compensación familiar. Los sistemas de amortización se han reducido significativamente, prevaleciendo los sistemas de cuota constante (pesos y UVRs) y amortización constante (pesos y UVRs). Al mismo tiempo, se han tomado medidas para evitar sistemas inviables, que lleven a un aumento del saldo en la unidad de cuenta contratado, prohibiendo la capitalización de intereses.

Figura 12. Número y monto de subsidios a través de los FOVIS
Fuente. Asocajas[14]

Subsidio a la tasa de interes
del crédito de vivienda

El decreto 1143 de 2009, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentó un subsidio a la tasa de interés de nuevos créditos de vivienda que se otorguen a partir de la fecha de emisión del decreto, consistente en la reducción de la tasa de interés de nuevos créditos de vivienda, conocida como una permuta financiera durante los primeros siete (7) años de la vigencia del crédito. El mencionado decreto, en su artículo 1, estableció un subsidio bajo la figura de una permuta de tasa de interés con cargo al fondo FRECH8 administrado por el Banco de la República, durante los primeros 7 años de la vigencia del crédito, siempre y cuando no se incurra en mora por más de tres meses consecutivos. Más tarde, la resolución 954 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentó el Decreto 1143 del año 2009, para créditos nuevos para adquirir vivienda nueva entre el 10 de abril de 2009 y el 31 de diciembre del año 2011.

Para resaltar aún más la importancia de este subsidio a la tasa de interés o permuta como se le llama técnicamente, algunos bancos decidieron continuar con el subsidio a la tasa de interés por ocho años más a los clientes que lo hayan obtenido y mantenido durante los primeros 7 años. El requisito para el mantenimiento del subsidio es no colgarse en el servicio del crédito.

Tabla 6. Ministerio de Hacienda, Davivienda

Cobertura de inflación
para créditos de vivienda

Es un esquema de coberturas para evitar el riesgo de un aumento en la inflación para los créditos contratados en UVRs, con recursos del presupuesto nacional, que limite el crecimiento de las cuotas y el crecimiento del saldo, cuando la inflación aumente, evento bastante improbable en el momento actual. El subsidio debería administrarse por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN), empero, el bajo nivel de inflación experimentado en los últimos años y las expectativas existentes hacen prácticamente innecesaria esta cobertura, por lo cual en la práctica no tuvo mayor utilización.

Garantías para hogares informales

Garantías para hogares informales y/o trabajadores independientes expedidas por FOGAFIN, para facilitar el acceso de estas familias o personas individuales al financiamiento de vivienda.

Devolución del IVA a constructores

En el caso de la vivienda de interés social, los constructores pueden solicitar la devolución del impuesto de valor agregado (IVA).

Leasing habitacional

El leasing habitacional se encuentra reglamentado en Colombia y permite el acceso a vivienda, cuando no se cuenta con el ahorro necesario para la cuota inicial del crédito.

Cuentas AFC

Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC), que generan beneficios tributarios significativos en la medida que los depósitos que se hacen a una cuenta AFC, no constituyen ingresos gravables para propósitos de impuestos. Concisamente, si se gana 100 y deposita 20 en una cuenta AFC, para propósitos tributarios es como si sus ingresos gravables hubieran sido de 80, lo mismo que ocurre con los aportes a fondos voluntarios de pensiones (FVP). La diferencia principal es que, en el caso de un FVP, los recursos no se pueden retirar sin sanción, antes de 5 años, mientras que, en el caso de una cuenta AFC, los recursos se pueden retirar en cualquier momento antes de los cinco años, para adquirir vivienda o para pagar las cuotas de un crédito para adquisición de vivienda.

Sistema integral para el financiamiento de vivienda

En las figuras 13 y 14, señalan en forma esquemática el funcionamiento del sistema integral que existe en Colombia en el momento actual, para el financiamiento para la adquisición de vivienda, tanto para vivienda VIS como para vivienda no VIS. En la figura 13, se ilustra el caso de adquisición de vivienda VIS, para el caso más complejo cuando el crédito principal se otorga en UVRs y existe la posibilidad de obtener una cobertura para inflación, que como se mencionó, limita el crecimiento de la cuota y del saldo equivalente en pesos, cobertura que en el momento actual no está funcionando.

Para el caso de la figura 13 operan todas las componentes del sistema integral de financiamiento directo y apoyos complementarios, descritos previamente.

Los apoyos mencionados facilitan y disminuyen el impacto financiero del servicio de la deuda del crédito, por ende mejoran el acceso de una familia a la adquisición de una unidad de vivienda, nueva o usada. Para este caso, se supone que no tiene sentido ahorrar en una cuenta AFC; los valores numéricos para un caso específico se exponen en la tabla 7.

Figura 13. Sistema integral de financiamiento y apoyos para la adquisición de vivienda VIS

Figura 14. Sistema integral de financiamiento y apoyos para la adquisición de vivienda NO VIS

En la figura 14, se muestra el sistema integral de financiamiento y apoyos para la adquisición de vivienda no VIS: un crédito para la adquisición de vivienda en UVRs, que se complementa con varios apoyos o incentivos tributarios. Para este caso, aplican la cobertura por inflación para mitigar el riesgo de que aumente la cuota y el saldo equivalente en pesos y la permuta de tasas de interés para disminuir el tamaño de la cuota en UVRs y en pesos.

En el caso de la figura 14 y para vivienda no VIS, no aplican los subsidios para completar el pago inicial, pero aún se pueden utilizar la cobertura de inflación y la permuta de tasas de interés. Esta última, con el objetivo de disminuir el valor de la cuota equivalente en pesos durante los primeros 7 años de vigencia del crédito. Aquí operan los beneficios tributarios derivados de la cuenta AFC, en términos del pago inicial y del pago de cuotas, siempre y cuando los mismos se hagan con cargo a recursos depositados en una cuenta AFC antes del pago respectivo. En la tabla 7 se analiza el impacto financiero, sobre las finanzas del hogar, medido por la proporción que, sobre el ingreso familiar, representa la cuota que finalmente se paga después de todos los apoyos. En el ejemplo, no se ha tenido en cuenta el subsidio (permuta) por tasas de interés. Los datos provienen de la oferta de una de las cajas de compensación en Bogotá a sus afiliados9 y los cálculos son responsabilidad del autor.

La primera columna en la tabla 7, se muestra que con todos los apoyos, incluyendo un subsidio en el tope de la Caja de Compensación, la cuota mensual a pagar representa un 46.83% del ingreso familiar mensual, que, para este caso, se supuso igual a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los analistas del riesgo crediticio conocen que la importancia relativa de la cuota a pagar respecto al ingreso no debe superar un 33%. Si este fuera el criterio, la persona tendría que aumentar el monto de su ahorro programado a través de una cuenta de esta naturaleza en un banco o en una caja de compensación familiar, tal y como se muestra en las siguientes dos columnas.

Para llegar a un porcentaje adecuado de la relación, habría que aumentar el monto del ahorro programado de $14.193.400 a $29.807.600, en cuyo caso el porcentaje se disminuiría a un 32.38%, que resultaría aceptable. Sin embargo, el esfuerzo inicial, en términos de ahorro programado, sería mucho más alto y podría dejar por fuera a muchos demandantes que tuvieran condiciones similares a las mostradas. Lo anterior, pone en manifiesto que por la imposibilidad de hacer el cierre financiero, muchos de los subsidios asignados no se desembolsan y no se convierten en vivienda adquirida. Esto muestra que los subsidios se pueden estar quedando cortos frente al valor que ha llegado a adquirir la misma vivienda VIS, aspecto que debería ser revaluado, en la medida que el esfuerzo que tiene que hacer el beneficiario, en términos de servicio de una deuda y/o un ahorro programado, puede llegar a estar por fuera de su capacidad real, teniendo en cuenta el ingreso del grupo familiar.

Tabla 7. Aplicación del sistema integral para la adquisición de vivienda VIS en pesos

Tabla 8. Aplicación del sistema integral para la adquisición de vivienda VIS en UVRs

La tabla 8 presenta el mismo análisis si el crédito se contrata en UVRs y se amortiza en UVRs. El monto de la cuota en UVRs, se convierte a una cuota equivalente en pesos. Al principio, la cuota equivalente en pesos es menor que cuando se utiliza el sistema de cuota constante en pesos, por consiguiente el demandante de vivienda tendría que hacer un esfuerzo financiero menor al principio de vigencia del crédito, esfuerzo que se irá aumentando en los siguientes meses.

El porcentaje del 33% no se alcanza con un crédito de $50.614.200 que era el máximo que tenía en ese momento la caja de Compensación, cuyas cifras se utilizan en este ejemplo. No obstante, si se aumenta el valor del ahorro programado a $24.807.600, el porcentaje sería aceptable (31,06%) y el esfuerzo financiero en términos de ahorro programado sería inferior al que se mostró en la tabla 3: $24.807.600 versus $29.807.600, cuando se tomó el financiamiento en pesos. Este ejemplo permite ilustrar la ventaja de un financiamiento en UVRs, versus un financiamiento en pesos: el esfuerzo financiero al principio es menor, al final mayor, cuando se supone han mejorado las condiciones de ingreso de la familia.

CONCLUSIONES

Las conclusiones principales, que se pueden extraer de lo expuesto en los numerales previos, son las siguientes:

• En Colombia existe una tradición y experiencia en el financiamiento para la adquisición de vivienda que data, al menos, de 1960 aproximadamente. Hoy se cuenta con un marco institucional sólido, apoyos financieros significativos, especialmente para la adquisición de vivienda VIS, crédito a través de los establecimientos de crédito incluyendo el Fondo Nacional del Ahorro, y las cajas de compensación familiar.

• Varios hitos en el desarrollo histórico: cédulas del BCH, creación del ICT, creación del INURBE, vigencia y auge del sistema UPAC, crisis del sistema UPAC, ley 546 de 1999, subsidios para el financiamiento VIS, leasing habitacional. Sin duda, los dos más importantes la creación del sistema UPAC y más recientemente, el sistema integral de subsidios para la vivienda VIS, a partir del Decreto 2190 de 2009.

• Crédito de vivienda como un crédito especial, bastante regulado: definición legal, plazo mayor o igual a los 60 meses, no se pueden capitalizar intereses, el saldo del crédito no puede aumentar en la unidad legal contratada, no se pueden aumentar las tasas de interés después de su desembolso, etc.

• Recuperación del financiamiento para crédito de vivienda a través de los establecimientos de crédito, después de la crisis del sistema UPAC. El saldo de la cartera de vivienda, incluyendo la cartera titularizada, ha aumentado en pesos corrientes; sin embargo, en pesos constantes aún no se llega al nivel alcanzado al momento de la crisis del sistema UPAC (por ejemplo, diciembre de 1999), a pesar del boom inmobiliario actual.

• Hoy, un sistema de financiamiento robusto, con un marco institucional definido, que incluye varias componentes: establecimientos de crédito y otras instituciones (Cajas de Compensación Familiar, Fondo Nacional del Ahorro), leasing habitacional, crédito en dos unidades de cuenta (pesos y UVRs), subsidios con recursos del presupuesto nacional a través de FONVIVIENDA o con recursos del subsidio familiar a través de las cajas de compensación familiar, con una reglamentación detallada derivada del decreto 2190 de 2009, coberturas de inflación, subsidios o permutas de tasas de interés, etc.

• Financiamiento del crédito otorgado por los establecimientos de crédito en el mercado de capitales, a través de la emisión de bonos hipotecarios y titularización de cartera de vivienda para evitar el riesgo de brecha por liquidez y por tasa de interés, derivado de un descalce en la estructura a término de la cartera y de su fuente de financiación.

• Incentivos tributarios a la inversión en bonos hipotecarios y en títulos procedentes de procesos de titularización de cartera hipotecaria desde la promulgación de la ley 546 de 1999, que desapareció al finalizar el 2010, encareciendo el fondeo del crédito de vivienda y, seguramente, motivando a los establecimientos de crédito a enfatizar otra vez el financiamiento en Unidades de Valor Real. El esfuerzo para colocar los títulos provenientes de un proceso de titularización va a ser mayor como consecuencia de la eliminación del beneficio tributario.

• Crédito en pesos y en UPACs: la situación actual muestra una preferencia del crédito en pesos, frente a la situación anterior a la crisis, como consecuencia de la desconfianza que aún genera el financiamiento en UVRs. El deudor promedio no entiende las razones por las cuales aumenta su saldo equivalente en pesos, en el corto plazo, cuando toma un crédito en UVRs.

• El financiamiento de vivienda VIS, a través de los establecimientos de crédito, ha alcanzado un nivel importante como porcentaje del crédito total de vivienda, lo cual hizo innecesaria la inversión forzosa en el financiamiento de vivienda VIS, que alguna vez tuvieron que hacer los establecimientos de crédito.

• Una política de gobierno bien definida, con un impacto importante sobre el presupuesto nacional, que orienta recursos hacia el sector de vivienda (subsidios, coberturas, garantías). El monto de subsidios presupuestado a través de FONVIVIENDA para el 2012 asciende a la suma de 793.214 millones de pesos, suma importante que muestra el compromiso del gobierno actual con el financiamiento de vivienda VIS.

• Incentivos a la compra de vivienda a través de beneficios tributarios: cuentas AFC y deducibilidad de los gastos financieros derivados de créditos hipotecarios. No obstante, el número de usuarios de las cuentas AFC es bajo y muchos hogares con posibilidades de acceder al mismo no lo hacen por falta de conocimiento, a pesar de que el subsidio para los estratos 4,5 y 6 puede llegar a significar en valor presente, porcentajes equivalentes al 40% del monto del crédito.

• Muchos de los subsidios asignados a los hogares no se utilizan por la imposibilidad de hacer un cierre financiero, como consecuencia de la relación actual entre el monto del subsidio y el costo alcanzado por la vivienda VIS. El ingreso del grupo familiar es bajo y tendría que hacer un esfuerzo muy alto en términos de ahorro programado o acceder a un crédito para el cual no tiene la capacidad de pago, que obviamente no pasa el análisis riguroso de un establecimiento de crédito.

1 Departamento Nacional de Planeación, Plan de Desarrollo Económico, Las Cuatro Estrategias 1970-1974 Las cuatro estrategias (1972) eran: Desarrollo urbano, con el fortalecimiento de la industria edificadora, especialmente construcción de vivienda y servicios complementarios; crecimiento de las exportaciones; aumento de la productividad agraria, con una mejor distribución de la propiedad rural; distribución del ingreso.

2 Las Locomotoras para el Crecimiento Económico. Las cinco locomotoras son: infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación.

3 Superintendencia Financiera de Colombia, “Cartera de vivienda son los créditos individuales de cualquier monto utilizados para financiar la adquisición de vivienda nueva o usada, con un plazo entre 5 y 30 años, que utiliza como garantía hipotecaria la misma vivienda que ha sido adquirida”, Circular Básica Contable, numeral 3.1.2, reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio.

4 Decreto 2331 de 16 de noviembre de 1998, por el cual se dictan medidas para resolver la situación de los sectores financiero y cooperativo y para aliviar la situación de los deudores por crédito de vivienda y de los ahorradores de las entidades cooperativas en liquidación.

5 Foreclure en Inglés.

6 Ejemplo tomado de [10].

7 Para mayor información y profundización sobre el tema, ver [11, 12].

8 Fondo FRECH en el Banco de la República, Fondo de reserva para la estabilización de la Cartera Hipotecaria, FRECH

9 Colsubsidio: crédito y apoyos para la adquisición de vivienda VIS.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Departamento Nacional de Planeación, 2010, Plan Nacional de Desarrollo Económico.

[3] Decreto 711, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

[4] Decreto 945, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

[5] Resolución 18 de 1995 de la Junta Directiva del Banco de la República.

[6] 2331 del 16 de noviembre de 1998, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

[7] Ley 546 de 1999, Ley de Vivienda.

[8] El decreto 2190 del 12 de junio de 2009.

[9] Federal Reserve Board. Noviembre 15 de 2011. Consultada en: http://www.federalreserve.gov

[10] J. Serrano Rodríguez, Matemáticas Financieras y Evaluación de Proyectos, Bogotá: Ediciones Uniandes y Alfaómega, Segunda edición, 2010, pp.267-269.

[11] F. Fabozzi & F. Modigliani, Capital Markets, Institutions and Instruments, Tercera edición, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996, p.515.

[12] J. Serrano. Mercados Financieros: Visión del Sistema Financiero Colombiano y de los principales mercados financieros internacionales. Colombia: Editorial Ariel, 2005.

[13] Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Ley de Presupuesto año 2012.

[14] Asocajas, Sistema de Subsidio Familiar, Prestaciones Familiares para los trabajadores y sus familias. Consultada en: http://www.asocajas.org.co de Asocajas, http://www.federalreserve.gov/

[15] Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Fecha de consulta: . Disponible en: http://www.minambiente.gov.co

Ten Myths Undermining Latin American Housing Policy

Diez mitos que debilitan la política de vivienda de Latinoamérica

Alan Gilbert(1)

(1) Emeritus Professor, Department of Geography, University College London. a.gilbert@ucl.ac.uk

Recibido 22 de noviembre de 2011, modificado marzo 24 de enero de 2012, aprobado 3 de febrero de 2012

Key words

Housing, government policy, poverty, subsidy, renting.

Abstract

Housing policy in Latin America cannot be regarded as having been a huge success. Official figures show that the housing deficit is rising in most countries. Of course, solving the housing problem is difficult and complicated further by rapid urban growth and too much poverty. Nonetheless, there are many failings in current housing policy and the current paper identifies ten myths that have infiltrated the housing policy lexicon. This paper is an invitation to the region’s governments to consider whether any or all of the identified myths persist within their own policies and whether those myths are as damaging as will be suggested here.

Palabras claves

Vivienda, política gubernamental, pobreza, subsidio, arriendo.

Resumen

La política de vivienda de Latinoamérica no puede considerarse como un gran éxito. Las cifras oficiales muestran que el déficit de vivienda está incrementando en la mayoría de países. Por su puesto, resolver el problema de la vivienda es un asunto difícil, y el rápido crecimiento urbano junto con los altos niveles de pobreza hacen que sea aún más complicado. Sin embargo, hay muchas fallas en la política de vivienda actual, y este artículo identifica diez mitos que han infiltrado el léxico de la política de vivienda. Este artículo es una invitación a los gobiernos de la región para que consideren si alguno de los mitos identificados, o todos, aún persisten dentro de sus propias políticas, y si estos mitos son tan nocivos como se sugiere en este artículo.

INTRODUCTION

As in most parts of the world, housing policy in Latin America cannot be regarded as having been a huge success. Official figures suggest that the housing deficit has not been reduced over the years and in many countries has been getting larger. Whatever kind of strategy has been employed (public housing construction, capital housing subsidies, slum upgrading, or delivery of property titles) has seldom managed to dent the problem of providing shelter. It’s understood that the task facing every Latin American country is enormous and the housing situation is complicated further by rapid urban growth and too much poverty; nonetheless, there are many failings in the proposed solutions of various housing policies. These weak
nesses have been caused in part by certain recurrent myths that have infiltrated the housing policy lexicon. This paper is an invitation to the region’s governments to consider whether any or all of these myths persist within their own policies and whether those myths are as damaging as will be suggested here.

MYTH ONE: THE HOUSING DEFICIT CAN BE ELIMINATED

In Latin America, the housing deficit in 1990 was estimated to be 38 million homes; in 2000 the deficit was 52 million and it is currently between 42 and 51 million [1]. However, “at its 16th assembly in October 2007, the Organization of High Ministers of Housing and Urbanization in Latin America and the Caribbean (MINURVI) indicated a higher level of quantitative and qualitative deprivation in the region, estimating that 40% of households in Latin America either lived in dwellings that required improvements (22%) or were living in overcrowded conditions or otherwise lacked a home of their own (18%).” If the estimate of 40% was correct, it would mean that the housing deficit in 2007 was around 60 million homes.

While we should be sceptical about the reliability of these figures because calculating the housing deficit faces so many problems of definition [2], two things are very clear: the deficit is not getting any smaller and Latin America will suffer from a very large housing deficit for many years. Colombia is clearly no exception to this trend, as table one demonstrates.

Table 1. Colombia: Housing deficit 1973-2005
Source. Respective census figures

MYTH TWO: A REGION WITHOUT SLUMS

In 1999 the United Nations declared war on the ‘slum’. The global housing situation was disastrous and getting worse: “Although figures vary depending on the definition, hundreds of millions of slum dwellers exist world-wide, and the numbers are growing at unprecedented rates” [3]. Since then, the number of ‘slums’ in Latin America has fallen, largely because the UN’s definition of that problematic term depends principally on improving the water supply and sewerage services. Furthermore, since Latin America claims to have increased coverage markedly between the first half of the 1990s to the first half of the 2000s (from 84% to 91% and 68% to 78% respectively), the number of so-called slums declined [4].

The United Nations’ campaign to improve shelter conditions is commendable, even if use of the term ‘slum’ is not [5]. The plain fact is that a ‘slum’ cannot be defined in any universally acceptable way. The kind of housing considered to be unfit clearly varies from place to place and from one social class to another. What would be considered to be a frightful ‘slum’ in the United Kingdom might be considered perfectly adequate in many parts of the world.

It is possible to identify settlements or individual houses that lack physical infrastructure, and this is broadly how the UN defines a ‘slum’. Nevertheless, it is unwise to classify a whole area as a slum because there is usually so much variation within it, often between one household and the next. Settlements without water may be classified as slums, but what about settlements with water where some of the inhabitants cannot afford to pay for it? What is an improved sanitation facility and do water pipes always carry water? What about gentrifying areas where elegant homes are close to over-crowded rental tenements? What about the need to distinguish between the homes of owners and tenants?

Many years ago, Yelling [6] began his book on Victorian slums by stating that he would treat the word ‘slum’ “as a term in the discourse of politics rather than science. It carries a condemnation of existing conditions and, implicitly at least, a call for action.” Unfortunately, years of experience show that ‘the slum’ will always be with us. Even the most dedicated official action has failed to remedy housing problems in the face of continuing poverty and inequality.

An early test of whether slums could be eliminated was conducted in the United Kingdom during the late 1920s. M’Gonigle and Kirby’s [7] famous study compared the health and expenditure of a ‘slum’ population in Stockton on Tees with that of a group that had been moved to modern housing. “The results were dramatic. Although the estate to which the families moved was carefully planned and well-built, and the houses were fitted with a bath, kitchen range, ventilated food store, wash boiler and all the most modern sanitary arrangements, the death rate of the families increased by 46 per cent over what it had previously been in the slum area they left behind” [8]. The simple explanation was that in order to pay for their new housing the families were able to spend much less on food. As a result they were less healthy and died earlier.

The truth is that poor people need food and health care more than quality shelter. Hence, many actually need cheap, even rudimentary, accommodation. If cheap shelter is unavailable, they become homeless or they spend too much on housing. There is sometimes a conflict between improving the physical quality of housing and improving the life of poor people.

No city in the world is without bad housing conditions. Moreover, it is impossible to remove slums because the slum is an ideological and relational concept. Even if general housing standards rise, areas that fail to reach the new general standard will be defined as slums. As such, solving the slum problem is impossible. Those misguided governments in China, India, the Philippines and Zimbabwe that evict slum families for political or speculative reasons merely make conditions worse somewhere else.

If slums will always be with us, is the ‘Cities without slums’ campaign simply a further example of official rhetoric creating a mythical utopia in an imperfect world? Are Latin American governments being cynical, employing the promise of eliminating slums simply as a useful political slogan?

MYTH THREE: RICH COUNTRIES ARE
EXAMPLES OF GOOD HOUSING PRACTICE

Mesa ponentes. Foto: Laura Camacho Salgado

There are of course positive lessons to be learned from the experience of developed countries. In Europe and North America the tragic housing conditions of the nineteenth and early twentieth centuries were eliminated. Gradually most houses obtained a piped water supply, connection to sewers, and where necessary better heating systems. Extreme overcrowding was also reduced. The development of mortgage markets allowed the more affluent to purchase their own home, and better transport facilities permitted suburban development where many families could live in a house with a garden.

But if the tragic living conditions described by Charles Dickens, Emile Zola or Jacob Reis have been eliminated from most developed countries, it is most certainly not the case that everyone lives in adequate housing. While few OECD governments publish figures on their housing deficits, many people live in poor quality housing and some do not even have a roof over their heads. In the United States, the incidence of homelessness is probably higher than in most parts of Latin America. According to the US Department of Housing and Urban Development, there were 643,067 sheltered and unsheltered homeless persons nationwide in January 2009, and about 1.56 million people used an emergency shelter or a transitional housing program between October 1, 2008 and September 30, 2009. This number suggests that roughly 1 in every 200 persons in the US used the shelter system at some point in that period.1

Governments in developed countries have tried many different approaches to solve their housing problems, but none have solved the problem of how to house the poor adequately. This has been a particular problem in the bigger cities and in the countryside, and sometimes policy options have produced unfortunate outcomes. Efforts in the UK, France, the Netherlands, and the USA to build public housing for the poor have rarely produced the anticipated results. While the early council house programme in the UK was successful, the accommodation did not always go to the poorest and such housing was often located in places that were distant from work. However, the real problems emerged when governments in the 1950s and 1960s tried to accelerate the programme and build high-rise social housing using pre-fabricated methods of construction. When combined with a lack of maintenance and too little proper management, living conditions on many of these large estates soon deteriorated. Today many are considered to be ‘slums’ and local governments are contemplating their demolition.

More recently, government efforts in the United States to turn poor families into private homeowners have proved disastrous. Previously conservative mortgage lenders were transformed into profligate lenders, sometimes lending money to families with poor credit rating and little or no income. We are all now suffering the consequences of the sub-prime crisis. Not only has it led to macro-economic problems and rising unemployment, but it has also led to many of the ‘beneficiaries’ of loans losing both their savings and their homes. According to the US firm RealtyTrac, around 3.8 million foreclosures were filed in 2010, and that number could balloon to about 6 million by 2013[9].

The lesson to be drawn from these two examples is that no government is capable of resolving its housing crisis (in whatever form it takes) if the country exhibits widespread poverty and unemployment. If the country is also unequal, and over the past thirty years most developed countries have become more unequal, then the task is even more difficult.

It would be useful to see UN-Habitat supplement its web pages advertising ‘best practice’ with an equivalent of ‘worst practice’ [10]. Governments across the world have perhaps more to learn from the mistakes of others than from the too often romanticised success stories.

MYTH FOUR:
WHEN HOME PRICES FALL THERE IS A HOUSING CRISIS

The British press, prompted perhaps by real estate interests and the high proportion of home owners in the UK, regularly complain when house prices fail to rise. If prices fall it seemingly constitutes a housing crisis. I would suggest that the opposite is the case. The more house prices rise relative to average income, the harder it is for young families and poor households to buy a home. As such, a housing crisis is more likely to be caused by rising prices;
indeed, this has been case in the UK in recent years when, in response, banks began to offer mortgages of up to the full value of the property.2 Servicing such large mortgage debts was only possible for most households if they contained two income earners. After 2008, when people started to lose their jobs, the true horror of their situation became evident. The only beneficiaries of rising house prices are real-estate agents and those households old enough and fortunate enough to have paid off their mortgage. Older Britons have gained at the expense of the young. Even the building industry suffers when people cannot afford to buy very expensive houses.

Source. Swiss National Bank
Figure 1. House price change in UK and Switzerland

To support the case that well-functioning housing markets are not consistent with rapidly rising real housing prices, consider the trend in house prices in the UK and Switzerland in recent years. The UK has seen rapid increases, Switzerland has not. The reader should be able to guess which country has the fewest households living in inadequate housing!

MYTH FIVE: IN WEALTHY COUNTRIES, EVERYONE OWNS THEIR OWN HOME

In Europe there is an enormous variation in the proportions of families that own their own home. In Romania 97% of families own their home, but in Germany only 56% do, and in Switzerland a mere 35% do. Given that Romania is the EU’s poorest country, and that Germany and Switzerland are among the richest, the automatic assumption that there is a positive correlation between income per capita and ownership comes into question [11].

The lack of any real correlation is even more obvious when the tenure structure of very large cities is considered. Table three shows that some of the world’s wealthiest cities contain a majority of tenants (New York and Los Angeles) and some of the world’s most liveable cities contain even larger majorities, e.g. Geneva and Zurich.

The ideologically motivated link that is commonly drawn between home ownership and good housing conditions is false. Many families enjoy home ownership in very poor countries, often in rudimentary shelter lacking services. Many households in rich countries rent.

MYTH SIX: A PRINCIPAL AIM OF GOVERNMENT SHOULD BE TO CREATE A NATION OF HOMEOWNERS

Recent governments have promised to turn Colombia into “un país de propietarios”, and virtually every other Latin American government has followed a similar line. I am regularly misinformed by housing officials in the region that home ownership is part of Latin Americans’ culture. It most certainly is not, any more than it was in the United Kingdom before one government after another gave more substance to the myth. In the UK, around 90% of households rented accommodation in 1918 and a majority still rented as recently as 1970. In Britain, the desire for home ownership has been generated by excessively generous incentives to mortgage holders, a failure to tax imputed rent or capital gains, and a neglect of the rental housing sector. The British population, like that of the US, was bribed to become home owners.

Table 3. Tenure structure of major cities in developed countries
Note. Where the original source does not distinguish other kinds of tenure, that grouping has been included in the tenant category

Many households do not need to own and currently are content to rent. Those who do not have permanent jobs, students, new urban arrivals and the recently separated or divorced, all need temporary accommodation. Those who want to set up a business cannot afford to use their limited capital to buy a house. Families without children may wish to take advantage of a central location; they will have years of staying at home once children come along! These households do not need their own home now - even those that dream of eventually becoming home owners [11, 12, 13, 14].

The Colombian constitution declares that every citizen has the right to a ‘decent home’ (una vivienda digna). It is not easy to clearly establish the meaning of a ‘decent home’, but the sentiment is reasonable. What is not acceptable is that the decent housing has to be provided through full ownership. If that is the case then the majority of Swiss people do not live in decent housing! If Zurich and Geneva, with more than three-quarters of their inhabitants renting accommodation, can offer such an excellent quality of life and in the process avoid a sub-prime crisis, that experience suggests that rental tenure offers a society some advantages.

MYTH SEVEN: POOR FAMILIES HAVE A RIGHT TO HOME OWNERSHIP

In a nation of homeowners, every poor family has the right to ownership.
But how is it possible to turn this right into reality?

From the 1920s on, every government in Latin America established housing agencies to build houses for the poor. In Colombia the Instituto de Crédito Territorial (ICT) was established in 1939, and for a long time was regarded as a worthy institution that built and designed good quality homes [15, 16]. The problem was that it could never keep up with demand, and increasingly its homes went not to those most in need but to better off families or those with political connections. Eventually, the combination of too many poor families, too few resources, excessive populism and poor administration killed the institute [17]. Throughout the region, governments found that they could not build enough public housing to satisfy demand. In addition, when they tried to build more units at lower cost they usually produced inadequate accommodation. Public housing projects in the 1960s were: “small in scale, largely unaffordable by the poor, poorly targeted, and largely inefficient” [18]. If that were true of the 1960s little changed during the 1970s and 1980s. In poor countries, it is obvious that too many households need homes and too few governments have the resources to build even a fraction of the homes required.

From the middle 1980s most governments began to adopt a different approach, influenced in no little part by the Chilean experience. In an attempt to sweep away socialism, stimulate the private construction sector and house the poor, the Pinochet government invented the up-front capital subsidy in 1977 [ 19, 20, 21, 22, 23]. In the future, social housing would be built by the private sector. Instead of the government specifying what the private sector should produce, builders would be free to compete in providing consumers with the kind of housing that they wanted. The assumption was that private enterprise would produce more cheaply than under the public contracting system as well as provide a wider choice of housing for the poor.

To stimulate demand, housing subsidies would be given to poor families to increase effective demand for social housing. The Chilean government devised a way of allocating subsidies to families who were both poor and prepared to help themselves. The test of the latter was their willingness to accumulate savings; the longer their savings record and the greater their savings, the more likely they were to get a subsidy. The subsidy and savings would not cover the whole cost of the house and the difference would be covered by a mortgage. The new subsidy mechanism was not an immediate success and some years passed before it began to function effectively. Ironically, its best results were achieved under the democratic governments of the 1990s. The governments of Patricio Alywin and Eduardo Frei began to boast that Chile was now the only Latin American country that was managing to cut its housing deficit3.

This ABC package of savings (ahorro), subsidy (bono) and credit was adopted in modified form in numerous Latin American countries including Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama and Peru. The logic behind the scheme is impeccable. Households have to demonstrate that they are worthy of a subsidy by saving for the deposit, their reward is the subsidy which helps them to purchase a privately built home, and because there are so many poor families, the credit element reduces the cost to the state.

Unfortunately, the last ingredient introduces a critical flaw. For a variety of reasons private banks are not keen to lend money to poor families, and the latter often have too low a credit rating to convince the banks otherwise. This problem was discovered very early in Chile and the answer was to insist that the Banco del Estado provide the mortgages. Alas, this was proved an unsatisfactory answer insofar as many of the beneficiaries of the loans were unable or unwilling to pay interest on their loans. This is the reason why the credit element is now missing from Chilean policy.

In Colombia there is an additional problem. According to DANE, 60% of Colombian families in 2008 earned less than two minimum salaries and were therefore too poor to save very much [24]. The consequence of limited savings and credit has been that the government has struggled to deliver the subsidies it has approved. Between 2006 and 2009 the Fondo Nacional de Vivienda assigned subsidies to 172,000 families, but only 63% were taken advantage of.

Of course an obvious answer to the lack of credit and savings is to offer the poor much larger subsidies. While such an approach either increases the cost to the state or reduces the number of subsidies available, it has been tried in Chile and South Africa. However, experience in those countries suggests that larger subsidies only help partially because other problems emerge.

First, subsidised accommodation is often built to very poor standards or is very small in size. In Colombia, some VIP housing has had a floor area of only 36m2 and has been six floors up in a building with no lift. Generally, highly subsidised housing is located in inconvenient locations built where land is cheap. In South Africa, such housing is often tens of kilometres from the main centres of employment.

Second, in South Africa, and to some extent in Colombia, many beneficiaries have given up their heavily subsidised homes because they could not afford to pay for the upkeep of the house, the taxes, service charges and maintenance. Others have given up the house because of the distance between home and work. Their response has been to sell, rent or bequeath the house to another household.

Third, accurate targeting is at the heart of the subsidy system. In Chile, the government has developed a very good system of identifying the poor. Unfortunately, accurate targeting leads to groups of very poor families being allocated housing in the same neighbourhood. These families have too little income to develop businesses or even to maintain their homes. The danger is that these areas of social housing may become ghettos from which no one ever escapes. They run the risk of becoming ‘slums’ in the not too distant future.

Figure 2. ‘Mi Casita’: Evolution of a house in Casablanca, Suba

MYTH EIGHT: INFORMAL HOUSING NEVER PROVIDES A DECENT HOME

In an ideal world poor people would not have to build their own shelter, as so many do in Latin America. The difficulties of living in a shanty while constructing a house, surviving for some years without proper services and with problematic education, health and transport facilities is bad enough; but to envisage doing this while living in a dangerous physical environment, subject to storms, earthquakes or floods, beggars belief. And yet in an environment of poverty there is often little alternative.

Nevertheless, a majority of the Latin American population has done just this, and to the surprise of many, a large number of families have done a fine job.

Alas, far too many governments in Latin America recognise this reality, and some (particularly authoritarian regimes) have been wont to evict self-help settlers. Today, most governments have accepted that it is more sensible to upgrade such settlements and remove only those that are located in particularly dangerous places.

But what about the future? It seems that few governments today are willing to accept either that an informal dwelling can ever constitute a proper home or that self-help housing is an inevitable consequence of urban poverty. As such, no government in the region is creating sites and service programmes to accommodate the future growth of self-help housing. Most are pretending that capital subsidies and credit programmes will create enough formal housing to stem the growth of self-help settlement. Unfortunately, there is little evidence that any Latin American government is managing to reduce its housing deficit4.

In that case, it is essential that Latin American governments accept that well-constructed and planned informal housing is a valid supplement to formal social housing. This means that governments should continue with recent efforts to service and upgrade existing settlements. The national government and certain local governments in Colombia have performed a major service in providing water and sewerage to low-income settlements in the country. Between 1985 and 2005 national water coverage improved from 57.8% to 83.2%, and sewerage from 47.1% to 63.4% in 2005. In Bogotá and Medellín virtually the whole population benefits from these essential services.

What is missing is any real effort to plan for the future expansion of informal settlement. As a result, every government in the region is playing a constant game of catch up. What good does it serve to provide infrastructure for existing informal settlements if nothing is done to prevent new ones from being formed? The answer was provided years ago – ‘sites and service projects’ [25].

There are two essential ingredients in planning for the future. First, governments must prevent the illegal occupation of land, particularly land that is dangerous for human settlement, expensive to service or is destined for public use. Second, governments should provide alternative areas for informal settlement. Such areas need not have a full range of services, but would be laid out in a way that they can be installed efficiently and cheaply at a later date. Here the poor could build decent homes more cheaply and quickly than they do now, especially if technical advice and micro-credit were available and the cost of building materials could be kept down.

MYTH NINE: THERE ARE TOO FEW RESOURCES

It is obvious from the arguments so far that governments in poor countries cannot solve the housing problem due to the amount of poverty, the size of the problem, and the lack of resources. Nevertheless, if housing really were a priority for Latin American governments many more resources could be dedicated to the task.

First, most Latin American governments spend very little on housing as a proportion of GDP; in 2008-9 only Brazil and Nicaragua spent more than 2% on social housing [4]. In monetary terms, only three Latin American countries spent more than US$125 per capita on social housing, and Colombia’s spending between 2002 and 2009 averages out at a mere US$16 (0.5% of GDP). These amounts are trivial when compared to the amounts governments spend in many developed countries.5

Second, Latin American housing budgets are often poorly structured, target the wrong issues and are too often undermined by inefficiency and corruption. The later history of ICT and subsequently that of Inurbe provide ample evidence of that in a Colombian context.

If authorities were prepared to spend more on housing, and indeed social issues in general, the potential for tax generation is considerable. Various sources of revenue that could be used to help improve the housing situation are simply not collected, notably
betterment and capital gains taxes. The Colombian national plan of 1971, Las Cuatro Estrategias, embraced the argument that an accelerated process of urbanisation would create wealth that could be used to house and service the growing population [26]. The urban reform acts of 1989 and 1997 decreed how that task could be accomplished: the contribution to develop that is “the responsibility of the owners of those urban or suburban properties or real estate that gain added value as a result of social or state efforts

Unfortunately, as many authors have pointed out, implementation of urban reform in Colombia has been disappointing [27, 28, 29] In Bogotá in 2009 the property tax collected per household was only US$189, and the average added value was US$2.5. In other cities in Latin America the tax yield is even lower. In February 2011, Alfonso
Barrera, the mayor of Quito, told me that the property tax collected per household averaged out at a mere US$25.

The lesson is clear. Urbanisation creates wealth for property owners and too little of that wealth is taxed. If
governments really wanted to spend more on social housing, they could do so.

MYTH TEN: THERE IS AN ENORMOUS AMOUNT OF DEAD CAPITAL IN INFORMAL SETTLEMENTS

For some, the Peruvian Hernando de Soto has provided the answer to the housing crisis in Latin America as well as its employment and development problems. He explains the current problem facing the poor as follows: “Even in the poorest nations the poor save. The value of savings among the poor is, in fact, immense – forty times all the foreign aid received throughout the world since 1945.” “But they hold these resources in defective forms: houses built on land whose ownership rights are not adequately recorded, unincorporated businesses with undefined liability, industries located where financiers and investors cannot adequately see them. Because the rights to these possessions are not adequately documented, these assets cannot readily be turned into capital, cannot be traded outside of narrow local circles where people know and trust each other, cannot be used as collateral for a loan, and cannot be used as a share against an investment” [30].

The priority for government, therefore, is to give the poor title deeds. Titles will give them access to credit and that will improve the functioning of the land and property markets. Of course, there is nothing particularly new or controversial about this policy. De Soto himself pushed this message very hard in his earlier book and he has been actively involved in regularisation and legalisation programmes in Peru for some years [31]. Nor is it a new message in Washington, given that both the World Bank and the Inter-American Development Bank have been saying something very similar for some time [32].

Property titling has its place, provided it does not come at too high a price and is supported by some kind of enforcement process. However, its defenders are too up-beat. Recently De Soto has claimed that the dead capital of the poor in 12 Latin American countries amounts to US$1.2 trillion [33]. Unfortunately, the method he uses to calculate this staggering sum is less than transparent [34].

Legal titles will not transform Third World housing for one very simple reason: there are too many families too poor to afford decent shelter and are sufficiently wise not to borrow much from banks. In the face of abject poverty, offering to formalise home ownership achieves little for the owners and nothing at all to help hundreds of millions of tenants. Indeed, in the pirate settlements of Bogotá credit seems to be more freely available at the initiation of the settlement than later. Pirate developers offer mortgages to poor people, private banks do not [35, 36].

CONCLUSION

In a poor and very unequal Latin America it is foolish to pretend that the housing problem can be solved. Since there are serious housing problems in Europe and North America, countries which are both much richer and more equal than those in Latin America, governments should stop promising to eliminate the housing deficit.

Yet this is precisely what many Latin American governments pretend. One day, soon, everyone will not only live in a decent home but will own it too! The reality is different.

It is time that governments were more honest. They need to stop pretending that current programmes, some of which are admirable, can do much more than stem the tide of homelessness and informal construction. They should question some of the myths that they currently peddle. If they truly aim to improve housing conditions they need to generate more resources from the very process that is seemingly causing the problems: urbanisation. With those resources they could spend more on shelter, devise better and more equitable housing policies and thereby reduce some of the problems.

Of course they will never solve the problem so long as property markets push up land and housing prices, poor people earn so little and governments are so reluctant to tax capital gains on property. In this respect, we might perhaps argue that Latin America suffers less from a shelter problem than from a governance problem.

1 The baseline, 1.6 million people, is the number of people who were homeless from October 2009 through September 2010, as documented by The 2010 Annual Homeless Assessment Report to Congress (AHAR).

2. The most foolish banks offered loans of up to 125% of the value of the property because they assumed that house prices would continue to rise.

3 Most Latin American countries calculate their housing deficit by estimating the difference between the numbers of households in the country and the number of households living in adequate accommodation. The method of calculation varies from country to country and is rarely reliable; the housing deficit is popular among politicians and lobbyists wishing to highlight the need for more investment in the sector. The South Africans also calculate a housing deficit. For criticisms of the concept and an explanation of the ways in which it can be calculated see Fresneda (1997).

4 Even Chile, the undoubted success story of housing in Latin America (along perhaps with Costa Rica), probably now has a larger housing deficit as a result of the 2010 earthquake.

5 The French government in 2007 spent 14.2 billion Euros to help almost six million households to cover their housing costs (http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T10F072). In the UK, “the chancellor, George Osborne, said spending on housing allowances had risen by 50% over the past decade to £21bn a year” (http://www.guardian.co.uk/uk/2010/jun/22/budget-housing).

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La nueva política nacional de vivienda en Brasil: Desafíos y limitaciones1 2

The New National Housing Policy in Brazil: Challenges and Limitations

Nabil Bonduki (1)

(1) Profesor, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de São Paulo, Brasil. Secretario de Recursos Hídricos y Ambiente Urbano, Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno Federal de Brasil. nbonduki@hotmail.com

Recibido 13 de octubre de 2011, aprobado 18 de enero de 2012.

Palabras claves

Vivienda, plan nacional de vivienda, política nacional de vivienda, Brasil.

Resumen

Este artículo pretende dar a conocer la política y el plan nacional de vivienda de Brasil. Para esto, está dividido en dos partes. La primera parte, trata de una trayectoria histórica de la política de vivienda de este país, que resulta importante para reflexionar debido los errores hechos en el pasado, que pueden cometerse de nuevo, y a los avances que pueden rescatarse para ser aplicados de nuevo si hay una posibilidad de nuestra política. La segunda parte está dedicada a lo que se está haciendo actualmente.

Key words

Housing, national housing project, national housing policy, Brazil.

Abstract

The purpose of this article is to present Brazil’s national housing policy and housing plan. It is divided into two parts. The first part is about the historical trajectory of the country’s housing policy. Reviewing this trajectory is crucial if the repetition of past mistakes is to be avoided and is also useful in terms of learning from advances that were made in the past that can be applied again. The second part is dedicated to the current state of affairs.

Nabil Bonduki. Foto: Laura Camacho Salgado

POLÍTICA DE VIVIENDA

La política de vivienda se puede dividir en cinco periodos durante la historia:

• Antes de los 30. Prácticamente no había acción del estado en la creación de vivienda, fuera de una política higienista y la producción básicamente rentista, hecha por el sector privado.

• 1930-1964. Orígenes de la intervención del estado en la cuestión de la vivienda. Es el momento en el que el estado pasa a considerar la vivienda como una cuestión social, para esto hace control de los alquileres e inicia una producción estatal. Se produce vivienda de mucha calidad pero restringida a un pequeño sector de los trabajadores.

• 1964-1986. Periodo del Banco Nacional de la Vivienda. Estructuración importante del Sistema de Financiamiento Habitacional, no obstante, ésta estaba restringido a los que podían pagar este crédito, dejando fuera la gran mayoría de los trabajadores.

• 1986-1999. Es la época de la crisis de la política de vivienda nacional y en su sistema de financiamiento. Sin embargo, paradójicamente, se desarrollan iniciativas muy importantes y soluciones alternativas con mucha participación de los gobiernos sociales. Ocurre una descentralización de la política de vivienda con una participación fuerte de estados y municipios.

• Post 2000-actual. Gobierno de Lula, se retoma la política de gobierno. Se dio una marcada urbanización de asentamientos precarios y un subsidio para destinar para el beneficiario final.

En la Figura 1 se presenta el marco en el que se desarrollan estos cinco periodos. A partir de los años cincuenta se convierte en el país de mayor crecimiento de población urbana en términos absolutos: se pasó de 20 millones de personas a 160 millones de personas en la ciudad. Actualmente, en Brasil, el porcentaje de población que vive en la ciudad es el 85%.

Es importante anotar que, exactamente en el periodo de mucho crecimiento de la población, no hubo políticas de vivienda que fuesen capaces de apoyar los procesos de producción de vivienda que existían.

Figura 1. La periodización de la política de vivienda en Brasil y la evolución de la población urbana

ORÍGENES DE LA HABITACIÓN SOCIAL (1930-1964)

El origen de las políticas de vivienda del país (1930 – 1964) se da en un periodo de fuerte intervención del estado en la cuestión de vivienda y en toda la política económica, a través de un proceso de aceleración del modelo urbano industrial en la sociedad brasilera.

En aquel momento, la producción de vivienda estaba, principalmente, controlada por los institutos de vivienda, que a la vez eran institutos de pensiones, los cuales utilizaban sus fondos para el financiamiento de vivienda. No obstante, esto estaba únicamente destinado a los trabajadores urbanos formales, quienes poseían cartera asignada. Es necesario resaltar que en este periodo ser trabajador formal significaba tener derechos y no muchos tenían esta posibilidad Como consecuencia, se produce la creación de soluciones informales; la ciudad informal crece por todo el país con diferentes características.

Durante este periodo se realizaron varios proyectos, algunos de ellos con una excelente calidad urbanística, equipamientos sociales, gran valorización del espacio público y producción basada en los principios del tiempo moderno. De hecho, se produjo arquitectura de vivienda de buena calidad y en un número, no despreciable, de aproximadamente 300 proyectos, pero restringida a los trabajadores formales de la economía. En otras palabras, no había una política para lo que estaba creciendo mucho en el Brasil: las favelas de Rio de Janeiro y la vivienda autoconstruida en todo el país. Si no que, paradójicamente, la propuesta era hacer proyectos modernos, que negaban la producción hecha por la población.

CREACIÓN DEL BNH Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA HABITACIONAL

(1964 – 1986)

Un paso importante fue la creación del sistema financiero de vivienda, ya que antes solamente había una inversión restringida de los fondos de pensiones, sin sostenibilidad para ser un sistema de financiamiento masivo.

En este periodo la producción de vivienda es masiva (4,2 millones de unidades), pero se perdió la calidad arquitectónica del periodo anterior, debido a que carecen los conjuntos de vivienda de una identidad arquitectónica, por lo que no alcanzan una creación efectiva de un hogar con el que las personas pudiesen construir una identidad. No obstante, una característica en común entre este periodo y el anterior, es que en ambos la producción del estado no satisface las necesidades de vivienda (Figura 2). Evidentemente esa diferencia, fuera de una pequeña parte que por tener altos ingresos podía tener accesos a otros mecanismos, se tradujo en el incremento de vivienda informal. Todos ellos fueron a lotes piratas, sin infraestructura, invasiones en áreas de protección ambiental, colinas en áreas de riscos, junto a las áreas de protección de los ríos, entre otros. En suma, un conjunto de viviendas —algunas en situación interesante— totalmente inadecuado, debido a que se trata de viviendas producidas del trabajo de las personas sin apoyo técnico o financiero por parte del poder público.

Figura 2. Relación entre la producción de vivienda y las necesidades

Otra característica de la política de este momento fue la demolición de las favelas de los lugares más valorizados de la ciudad, para destinarlos a la periferia: a 30 km de la ciudad.

Con la re-democratización de los años ochenta, hubo un momento muy interesante: la política nacional de vivienda se desestructuró, el modelo económico de la dictadura militar y el sistema de financiamiento entraron en crisis. Este último, basado en el fondo de ahorro y el fondo de garantía por tiempo de servicio, al contrario de otros países, quedó intacto, fue retomado en los años noventa y ahora es un pilar importante de la política de vivienda porque está en condiciones de hacer fuertes diversiones.

Este momento de crisis abrió campo al crecimiento de los movimientos sociales, a la lucha por el derecho de vivienda y a los derechos urbanos. Hubo una importante descentralización de las políticas de vivienda y pasaron a ser organizadas por estados o municipios, lo cuales crearon programas alternativos con presupuestos no onerosos y la idea era que los gobiernos tenían que aportar recursos del presupuesto del municipio o del estado, para invertir para la producción de vivienda en los sectores más pobres.

Fue un momento de muy bajas las inversiones de financiamiento por parte del gobierno federal. En contrapartida, la lucha del movimiento social fue muy fuerte y la articulación entre los movimientos sociales de administraciones progresistas permitió el desarrollo de políticas muy interesantes y creativas. Se dio gran intervención popular y se desarrollaron proyectos participativos, con participación de los proyectos de alta gestión, cierto apoyo de los municipios y del estado y la posibilidad de una diversidad de intervenciones, ya que se dio gran multiplicidad de autogestión en la producción de vivienda, en la urbanización de asentamientos y los proyectos mixtos. Evidentemente todo lo anterior, fue una producción de vivienda a pequeña escala.

ESTRATEGIAS DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA

Hasta el momento existía una tradición de la política de financiamiento para quienes podían pagar y luego se dio una experiencia importante de producción alternativa. El gobierno de Lula empezó una formulación de política que retomaba la política nacional pero incorporaba las experiencias municipales anteriores, que tuvieron un papel importante en el dibujo de una nueva política.

Esto empezó con el Projeto Moradia, el cual inició antes de que Lula subiera al gobierno, que fue creado por una serie de investigadores y personas que participaron en los movimientos sociales y después se transformó en la política de gobierno. El proyecto tenía la intención de estructurar el problema de vivienda y articularlo con las políticas de tierras, el saneamiento y el transporte, para así incorporar las directrices para la política urbana. Del mismo modo, pretendía fortalecer el papel del estado en la gestión de la política y la regulación y canalizar recursos de los tres niveles del gobierno del presupuesto del municipio, del estado y de la unión.

Por otro lado, conservaba la idea de la diversidad de programas de vivienda, como la urbanización de asentamientos, la producción precaria, la producción de las nuevas viviendas, el apoyo a la autogestión,
asistencia técnica y la vivienda en las zonas centrales.

El objetivo era dar prioridad a la asistencia a la población de bajos ingresos con subsidio de vivienda nueva, estimular los sectores medios y buscar la expansión de crédito ampliando las fuentes de recurso y creando un ambiente de un mercado estable.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA

A continuación se expone un rápido recorrido por las acciones que se tomaron del 2003 al 2009 para implementar el Plan Nacional de Vivienda:

• 2003: Se creó el Ministerio de la ciudad que buscaba articular todas las políticas urbanas en un único ministerio.

• 2004: Consejo Nacional de la Ciudad y la Cámara Técnica de Vivienda, con la participación de la sociedad.

• 2005: Fondo Nacional de Vivienda, busca crear una estructura institucional desde el nivel nacional hasta los estados y municipios, para poder hacer una política integrada de los tres niveles de gobierno.

• 2007- 2008: Elaboración del Plan Nacional de Vivienda. Precisamente, en este momento, hubo un crecimiento muy significativo de los recursos para vivienda, entonces se lanzó el sistema de aceleración del crecimiento de desarrollo del país y dentro de él se creó el PAC (Programa Urbanização de Assentamentos Precários).

• 2009: Se fundó el programa Minha Casa Minha Vida, que se desvinculó del marco de la política en el que se estaba haciendo y tuvo la iniciativa de hacer un millón de viviendas. En el 2011, en el gobierno Dilma, el programa plantea el objetivo de hacer 2 millones de unidades en 4 años.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

La estructura institucional en Brasil está regulada por el Sistema Nacional de Habitação (Ley Nacional).

NIVEL NACIONAL

• El nivel nacional está coordinado por las 4 secretarias (vivienda, saneamiento, movilidad urbana y programas urbanos) del Ministerio de Ciudad, pero en este momento no está integrado a una política urbana articulada.

• La operación está dirigida por la Caixa Econômica Federal (Banco Estatal), la cual es la encargada de la aprobación de los proyectos públicos y privados, financiamientos y repase del subsidio.

• Los fondo públicos (FGTS, FDS, FNHIS) están regulados por Consejos Gestores Deliberativos, con la participación paritaria de la sociedad civil (empresarios, sindicatos, movimientos sociales, entidades académicas y profesionales).

Es importante aclarar que el nivel nacional no hace proyectos de vivienda solamente los financia y coordina la política. Son los poderes estaduales, municipales y privados que deben realizar esta función.

NIVEL ESTADUAL Y MUNICIPAL

• Las secretarías de vivienda o de desarrollo urbano son responsables de la coordinación de la política a nivel local, de la elaboración del Plan Local de Vivienda, del programa de regularización y urbanización de asentamientos precarios, de la producción de vivienda nueva para la población de bajos ingresos (menos de 3 salarios mínimos), con o sin asociación con el sector privado y de la organización de la demanda.

SECTOR PRIVADO

• Promoción de vivienda para el sector baja clase media (de 3 a 10 salarios mínimos). Para esto es un sector que se contrata para hacer las obras de urbanización y de construcción de vivienda, promovidas por los estados y municipios.

PARTICIPACIÓN POPULAR Y CONTROL SOCIAL

Hay un sistema fuerte de participación popular y control social, determinados por el Estatuto de la Ciudad y por la Ley del Sistema Nacional de Vivienda (SNH). Estas leyes son muy fuertes y hoy el proceso de participación es muy importante, el problema es que no todo pasa por este proceso.

Además, está el Consejo de las Ciudades (2003), el cual no es deliberativo y tiene la participación mayoritaria de la sociedad civil y las Conferencias de la Ciudad que ocurren cada dos años, con 2.500 participantes. En los municipios y estados es obligatorio que haya un consejo local de vivienda o de desarrollo urbano, con participación de la sociedad.

Los movimientos sociales se organizan a nivel local y nacional, con agendas específicas relacionadas con el derecho a la vivienda, autogestión, reforma urbana y participación social.

Existen, también, programas nacionales de apoyo a la autogestión como Crédito Solidário y Minha Casa Minha Vida Entidades. El primero fue un proyecto grande de autogestión con participación popular. El segundo, por su lado, fue una concesión importante de Minha Casa Minha Vida, era un programa muy enfocado al sector privado y a la necesidad del gobierno, que se concibió como un programa relativamente pequeño.

OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA

El objetivo de este plan es formular estrategias para hacer frente, a mediano y largo plazo, a las necesidades de vivienda de Brasil, con miras a la inclusión social y al desarrollo económico. El horizonte temporal establecido es para el 2023, haciendo revisiones cada cuatro años para poder regular las acciones.

Se había emprendido una búsqueda por definir escenarios, estrategias, programas para que se pudiese pensar el problema de vivienda como un todo y no de manera parcelada. Por esta razón, se hizo un estudio del déficit acumulado hasta el momento de la demanda futura, es muy claro que no es posible contemplar el problema de vivienda solamente pensando los problemas actuales sino que se deben vislumbrar los 27 mil millones de familias informales que se van a formar en los próximos 15 años y además el número de familias que se van a trastear, puesto que un trasteo implica dejar una vivienda para crear una nueva necesidad de vivienda en otra ciudad. Es fundamental, analizar y proyectar todos estos movimientos respecto a la vivienda para poner en evidencia que el objetivo de producir 3 millones de viviendas es realmente una producción muy pequeña para las necesidades futuras que se están creando.

Asimismo, se encuentran los problemas de los asentamientos precarios donde hay 3 millones de familias viviendo y muchas de ellas inclusive viven en viviendas de áreas de riesgo. Otro punto importante para dimensionar el tamaño de un problema, que no se resolverá con una producción de viviendas nuevas. Para así, crear un plan que tenga en cuenta la compleja situación.

Figura 3. Tipología de los municipios del PlanHab

La metodología que se adoptó fue dividir el país en 12 categorías de ciudades y la zona rural, según las características de desarrollo económico, tal como se puede apreciar en la Figura 3. Se observa que el país es muy grande y tiene regiones muy diferentes, por lo que es necesario hacer una política de vivienda que tenga en cuenta las características de esta situación.

Figura 4. Estratificación de las familias.
Fuente. Consórcio PlanHab/SNH-MCidades

Fue imprescindible calificar las necesidades de vivienda por 5 tipos de familias (Figura 4), según las capacidades de las familias, ya que para poder analizar el financiamiento de vivienda se debe establecer la relación entre las fuentes de recursos y las capacidades que las familias tienen de tomar financiamiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, el plan estableció 4 ejes estratégicos de intervención:

1. Modelo de financiación y las subvenciones.

2. La política urbana y de la tierra.

3. El diseño institucional.

4. Construcción de la cadena de suministro.

El primer eje fue el único que estuvo bien desarrollado en la práctica, los otros ejes, sobretodo segundo, no tuvieron el papel que se esperaba.

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS

En estas se presentó una gran cantidad de programas de urbanización. En este sentido, se espera una producción de viviendas nuevas de todo tipo, incluso para la locación en centros históricos de áreas consolidadas, vivienda por autogestión y programas de asesoría técnica para producción de vivienda con material de construcción financiado por los sistemas de financiamiento. En resumen, se da una considerable autogestión de procedimientos y una gran cantidad de diversidad de programas, puesto que era necesario que hubiese una mayor diversidad de solución con costos diferenciados, con el fin de abarcar una mayor cantidad de vivienda con los recursos utilizables.

Se establece para los diferentes tipos de ciudades diferentes soluciones habitacionales; algunas más baratas y otras más caras de acuerdo con la situación urbana. De modo que, por ejemplo, la población más pobre tenga una cantidad mayor de solución de lote urbanizado, acceso a materiales, acceso a elementos técnicos y en los sectores de ingresos más altos exista una mayor posibilidad de tener unidades prontas. Siguiendo este esquema, las ciudades mayores metropolitanas deben tener una mayor cantidad de unidades propias, mientras que las ciudades menores poseerían una menor cantidad de lotes urbanizados y el material de construcción apoyado por el estado. Una forma de establecer un equilibrio para aprovechar mejor los recursos disponibles.

FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO

Se implementaron el financiamiento y el subsidio, para lo que el estado tomó medias importantes como obligar a los bancos a invertir en vivienda los recursos del ahorro, que hasta entonces, durante 20 años, no se habían invertido. Se aprobó una ley para dar seguridad jurídica a los financiamientos y con esto se impulsó su crecimiento. Por otro lado, se establecen los subsidios del fondo social y del presupuesto del estado y de los municipios.

Figura 5. Los préstamos de vivienda contratados-y del FGTS SBPE Brasil, 2004-2009
(en millones de dólares EE.UU.)

Figura 6. Recursos para la Vivienda Brasil, 2003-2010 (en mil millones de dólares EE.UU.)

En la Figura 5 se observa el crecimiento de la cantidad de recursos invertidos en el financiamiento. Se partió de 5 millones al total y en el 2009 se llegó a 50 millones. En el 2011 se estima llegar a 90 millones de reales.

El crecimiento de los recursos de subsidio también gozó de un gran crecimiento, tal como lo muestra la figura 6. Éstos se destinaron, fundamentalmente, a la urbanización de asentamientos precarios; una política brasilera muy importante para la transformación de asentamientos en áreas de vivienda, a veces mezclando vivienda nueva con la urbanización de los asentamientos.

Pero la Política de la tierra, que estaba muy bien planteada por el Estatuto de la Ciudad (2001), no tuvo el desarrollo necesario por lo que hoy hay un fuerte proceso de especulación con la tierra. De hecho, son las inversiones de vivienda las que manejan la valorización de la tierra, lo que excluye muchas posibilidades de financiamiento.

CONCLUSIONES

Para concluir, es primordial hablar un poco de las contradicciones del sistema de vivienda. El programa Minha casa minha vida surgió en la crisis de 2008- 2009 y la vivienda fue utilizada como mecanismo anticíclico dentro de una directriz, planteada en la relación entre la política de vivienda y la política económica y social, la cual es importante para generar empleos y activar la economía. Un argumento para las inversiones masivas en la producción de vivienda hecha en el mercado, pero realmente esto acabó transformándose en un programa definitivo que excluía las otras alternativas y posibilidades.

Por otro lado, muchas veces los municipios de los estados abandonan la preocupación de articulación con su propia política urbana. Por ejemplo, para producir más fácilmente vivienda flexibilizan sus leyes municipales y así tener la fabricación de vivienda hecha por el mercado, generando muchos problemas, uno de ellos es la vivienda producida en la periferia sin contexto urbano.

Otro problema es el objetivo que se ha establecido, 40% del programa sólo cubre el 6% del déficit de renta. En los sectores de baja clase media, los cuales tienen subsidio, se atiende el 95% del déficit acumulado. Por consiguiente, se generan procesos de disputa de la tierra ocasionando problemas de vivienda informal mal ubicada y precaria, que no desaparecerán en el futuro.

Sin duda se avanzó muchísimo al crear instrumentos institucionales muy fuertes que pueden ser accionados, pero no se lograron poner todos ellos en práctica para alterar el cuadro de vivienda.

1 Este artículo no expresa las ideas, planes o proyectos del Ministerio del Medio Ambiente ni del Gobierno Federal de Brasil.

2 Este documento es el resultado de la ponencia de Nabil Bonduki presentada en el foro “La vivienda en América Latina: Revisando estrategias”, que se llevó a cabo en la Universidad de los Andes el día 13 de octubre de 2011.

Experiencias de política habitacional en México1

Housing Policy Experiences in Mexico

Alfonso Iracheta Ph.D (1)

(1) El Colegio Mexiquense / Centro EURE SC. Lerma, México. axic@cmq.edu.mx axicorta@gmail.com

Recibido 24 de noviembre de 2011, modificado 31 de enero de 2012, aprobado 1 de febrero de 2012.

Palabras claves

Problemas urbanos, suelo urbano, vivienda, política pública.

Resumen

El propósito de este texto es mostrar cómo la problemática urbana mexicana ha evolucionado a lo largo del tiempo y plantear críticamente cuáles han sido las políticas de gobierno que se aplicaron para enfrentarla. Propongo algunas ideas para transformar o crear políticas públicas y comento algunos ejemplos de lo que estamos intentando, desde los espacios de la sociedad y la academia, para ordenar el territorio urbano y para conformar una política integrada de suelo y vivienda. Bajo esta perspectiva parto de esta pregunta: ¿cuál es el reto habitacional en el país?

Key words

Urban problems, urban land, housing, public policy.

Abstract

The purpose of this text is to show how urban problems in Mexico have evolved in time and to analyze critically government policies to face them. I put forward some ideas in order to transform current public policies or to create new ones and I make some comments regarding some examples of what society and the academic realm are doing in order to put some order within urban space and to conform an integrated national urban land and housing policy. Under such a perspective I start with this question: Which is the housing problem in this country?

LOS RETOS DEL DESARROLLO URBANO – HABITACIONAL EN MÉXICO

El primer reto es el cambio demográfico, porque México crece a velocidades muy altas. Aunque, desde la década de 1980, tiende a bajar la tasa de crecimiento demográfico: de 1970 a 2000 la población del país pasó de 48,2 a 97,5 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento que disminuyó de 3,20 (1970 - 1980) a 1,57 (1995 - 2000) y que ha repuntado a caso 2%, según el censo de 2010. Alrededor del año 2040, México alcanzará su límite histórico de crecimiento demográfico con alrededor de 140 millones de habitantes.

El país enfrenta un cambio demográfico que plantea varios fenómenos relevantes. Por un lado, hay una masa de población productiva muy superior a la población improductiva; pero esta gente joven exige tres cosas: educación media y superior, un empleo y una vivienda. Por lo tanto, el número de viviendas que debemos construir es muy relevante. Por otro lado, la tendencia al envejecimiento demográfico hace que nos preguntemos cuándo tendremos una ciudad y una vivienda adaptada a condiciones propias de una población de edad muy avanzada, cuyo número será creciente.

Alfonso Iracheta. Foto: Laura Camacho Salgado

Estamos inmersos en el siglo de la migración. México es el país con más emigrantes, de hecho alcanzó un pico de cerca de 600 mil mexicanos que se trasladaban cada año, principalmente, a los Estados Unidos, aunque, en los últimos años se ha reducido de manera muy relevante. Dentro del país, los procesos migratorios nos plantean otro tipo de preocupaciones, pues el modelo neoliberal en las políticas públicas habitacionales, se orienta a ofrecer una vivienda propia que impone, por la vía de la hipoteca, una cierta inmovilidad. No obstante, la realidad de los mercados laborales exige condiciones de movilidad muy diferentes.

El segundo tema se refiere al proceso de urbanización (Figura 1). No es sólo la tendencia a la híper-concentración de población en ciudades (y metrópolis), sino que casi todo el crecimiento demográfico será de población pobre. No debemos olvidar que México sigue siendo una sociedad mestiza, con una fuerte presencia indígena y campesina que representa alrededor de 30 % de la población, situación que se mantendrá en el futuro. Territorialmente, debemos considerar que ya no podemos distinguir, como en el pasado, ciudades y metrópolis. Hoy, éstas se han expandido con patrones tan dispersos y fracturados que nos debemos referir a grandes regiones urbanizadas, tal como se aprecia en el mapa 1 que representa el caso del Valle de México.

Mapa 1. Megalópolis del centro de México
La zona metropolitana del Valle de México se ha ido “conurbando” hacia otras metrópolis dentro de la Región Centro del país
(Puebla-Tlaxcala, Toluca, Pachuca, Cuernavaca. Nos encontramos frente a un fenómeno que podríamos denominar “metrópoli de metrópolis”,
en la que habitan más de 27 millones de habitantes.

El tercer tema corresponde al fenómeno habitacional que deriva, en buena medida, del cambio demográfico: se estima que los 27 millones de viviendas que hay en el país, crecerán en aproximadamente 60% en las próximas 3 décadas. Las tendencias muestran que la pobreza persistirá y que se concentrará en las ciudades. Cambiar estos procesos de pauperización tarda más de una generación, por lo que es necesario preguntarnos ¿qué clase de sociedad urbana estamos construyendo?

Este es un tema fundamental que exige ser revisado críticamente y replantear las políticas urbanas y habitacionales que está desarrollando México. En un estudio sobre las condiciones de la vivienda popular, que realizamos para el Banco Mundial, concluimos que para acceder a la vivienda urbana más barata, que ofrecen el mercado formal y los institutos de vivienda, se requiere más de seis veces el salario mínimo; para sobrevivir, alrededor de cuatro, y dos salarios más para acceder a un crédito hipotecario para la vivienda más económica dentro del mercado legal, para un periodo de entre 20 y 25 años. El mismo ingreso se requiere para adquirir un lote habitacional dentro del mercado legal pagadero a tres años aproximadamente.

Sin embargo, los datos son irrefutables: el 85% de la población está por debajo de seis veces el salario mínimo, por lo que la mayor parte de los mexicanos tienen que atender sus necesidades de vivienda hacinándose con varios hogares o asentándose de manera ilegal, informal o irregular en lugares dónde el resto de la sociedad les permita.

El cuarto tema se refiere al suelo urbano y periurbano; este fenómeno manifiesta una de las paradojas de la sociedad mexicana: un millón de mexicanos murieron en una guerra de 1910 a 1919 luchando por la tierra y teniendo como objetivo que la tierra fuera para quien la trabaja. El resultado fue una reforma agraria.

Paradójicamente, en los últimos cuarenta años, sobre todo a partir de la década de 1980, ha tenido lugar el proceso inverso. El suelo se ha convertido en una mercancía de un mercado que no está controlado y que se ha liberalizado. Por ello, la norma para acceder a un espacio en la ciudad es la capacidad de compra: el más rico tiene todas las opciones y así sucesivamente, hasta que llega un momento que se agota la tierra del mercado formal. Pero, todavía hay en la cola miles y miles de personas que tienen que asentarse en algún lugar y lo hacen al margen de la ley.

La condición del suelo como mercancía ha generado un proceso creciente de expulsión por la vía del precio de quienes no pueden pagarlo. Es decir, el mercado inmobiliario, en última instancia, determina quién puede vivir dentro de la ciudad y quién debe buscar alternativas fuera de ella. Los pobres, por el incremento de los precios, tienen que localizarse en los sitios más baratos, que se encuentran lejos del centro urbano, a veces tienen riesgos físicos, carecen de las infraestructuras y equipamientos sociales y no tienen certeza jurídica de la propiedad o tenencia.

Desde el gobierno, se argumenta sistemáticamente que es la ausencia de recursos la causa de la baja atención de estos asentamientos. Sin embargo, se puede mostrar que sí hay recursos para ofrecer suelo urbanizado a los más pobres, el problema es que se aplican en las áreas más consolidadas. Por otra parte, México es de los países que menos captura plusvalía y recauda el impuesto predial, con lo cual las administraciones locales carecen de los recursos básicos para mantener funcionando las ciudades.

El último tema relevante es el ambiental. México enfrenta un problema particularmente grave con el agua: el 70% del territorio mexicano es semidesértico, 40% de la población vive en el altiplano arriba de 1500 - 1800 metros sobre el nivel del mar y poca gente vive en las costas, por lo que el acceso al agua se ha convertido en un asunto de seguridad nacional. Por ejemplo, al ser insuficiente el acuífero del valle de México, se importan del orden de 20 m3/s de agua de fuentes lejanas, lo que ha implicado subirla mil metros para luego bajarla por gravedad a la Ciudad de México. La cantidad de energía que esto exige permitiría abastecer a una zona metropolitana como la de Puebla que tiene más de 3 millones de habitantes.

LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL

La ocupación del territorio no ha sido muy adecuada desde la década de 1950 y particularmente desde la de 1980, cuando la planeación territorial fue marginada y el impulso de las actividades económicas se hizo a expensas del territorio y del ambiente. Un ejemplo es el turismo, cuyo fomento ha derivado en la ocupación de la primera duna de la costa, de la playa o en la destrucción de algunas zonas de manglares. Cancún es un caso paradigmático de este tipo de procesos. Otro ejemplo ha sido la política de vivienda social, cuyo fomento ha sido tal que se han obviado sus consecuencias territoriales y ambientales en todas las ciudades del país. Finalmente, el impulso al automóvil particular por encima del transporte público, es otro ejemplo de ausencia de una política territorial y ambiental. Estos ejemplos están siendo factores clave del cambio climático, porque se ha demostrado que del orden de 75% de los gases del efecto invernadero son responsabilidad de las ciudades [1].

Frente a estos retos y problemas, el Gobierno Mexicano ha aplicado diversas políticas. La primera es la planeación urbana.

Hasta el fin de la década de 1970, la planeación urbana era un mecanismo razonable para localizar usos del suelo y para distribuir las infraestructuras y los equipamientos entre los grupos sociales. Al priorizar a los mercados inmobiliarios como determinantes en la localización, la planeación se ha vuelto discrecional, sin una visión de largo plazo, poco se ha participado en ella y, lo más grave, no han habido consecuencias por incumplir los planes o por cambiarlos a juicio de la demanda solvente. Otra limitación de este instrumento es su carácter desarticulado porque coexisten sin mayor coordinación 3 sistemas de planeación: socioeconómico, que parte de la macroeconomía; urbano y de ordenamiento ecológico del territorio. Resulta complicado articularlos cuando los manejan 3 secretarías de estado, 3 leyes y 3 sistemas de gestión y aplicación. Otro rasgo relevante es la tendencia al cambio de uso del suelo registrado en los planes, según los intereses de los desarrolladores e inversionistas e, inclusive, a dependencias del gobierno. Cuando oficinas de gobierno y funcionarios participan de estas distorsiones, pierde sentido hacer planes.

La segunda gran política ha sido la regularización de la tenencia de la tierra urbana y urbanizable. Esta política está en crisis en América Latina desde hace muchos años, pese a los avances que se aprecian en diversas sociedades y que han regularizado cientos de miles de hectáreas, aunque prácticamente no han atacado las causas de la irregularidad ni han logrado prevenirla. Por ello, hoy las ciudades mexicanas tienen tanto suelo irregular como hace diez años. A este ritmo, el fenómeno se ha vuelto inacabable e inadecuado porque difunde un mensaje contrario a su objetivo original: “asiéntate donde puedas o quieras, algún día va a llegar el gobierno y te va a regularizar”.

Las reservas territoriales representan la tercera política para enfrentar el proceso de urbanización. Hasta la década de 1980 tuvo algunos éxitos, porque el gobierno adquirió o expropió tierra entorno a varias ciudades lo que permitió reordenarlas espacialmente y ofrecer suelo para vivienda y equipamientos sociales. En el momento en que las fuerzas políticas y económicas dominantes determinan que los mercados deciden los procesos de localización, los precios de la tierra urbana y peri-urbana se elevan por razones especulativas, imponiendo precios y/o segregando artificialmente suelo del mercado. Si se agrega la caída persistente de la capacidad financiera del gobierno para adquirir suelo (a precios de mercado, pues no se aplica la expropiación) para las necesidades públicas, el resultado es una insuficiencia crónica de suelo público para usos comunitarios, dentro de las ciudades y en su entorno. Lo que los funcionarios y políticos no han logrado entender es que la reserva de suelo de cada ciudad es aquella que está designada para uso urbano en los planes, independientemente de quién es el propietario. Por ende, difícilmente se podrán reordenar nuestras ciudades mientras la reserva siga siendo adquirida a precios especulativos y no se apliquen políticas para ocupar los vacíos urbanos y para promover una ciudad más compacta.

La cuarta es la política habitacional. Sin duda, en pocos lugares del mundo se ha producido tanta vivienda social en tan poco tiempo, como en México (Figura 1).

Figura 1. México: Número de financiamientos institucionales para vivienda social 2000-2010

El promedio de créditos hipotecarios ofrecidos por las instituciones gubernamentales para vivienda social, ha alcanzado un máximo de 1.77 millones por año y la producción de vivienda nueva es del orden de 40% del total de créditos; es decir, de 500 a 600 mil unidades por año. Sin embargo, del total de viviendas en el país (28.6 millones de unidades en el 2010), 9,5 millones presentan algún tipo de rezago: hacinamiento, deterioro o edificación con algún material precario y 4,8 millones de hogares son prestados o alquilados, conformando lo que el gobierno denomina “demanda aspiracional”, que en general corresponde a gente joven que pretendería acceder a una vivienda y no lo puede hacer por su bajo ingreso (menos de 5 vsm) o informalidad de su empleo (no está afiliada al sistema de seguridad social).

Anualmente se crean en México aproximadamente 500 mil nuevos hogares. Su tamaño y estructura han variado; el primero tiende a la baja y la segunda muestra una gran diferenciación, se observan hogares con familia nuclear tradicional, de una persona o de una pareja. La implicación de estos cambios, es que se requiere mucha más vivienda que la estimada y casi toda corresponde a vivienda social urbana (Figura 2).

Figura 2. Factores de rezago habitacional
Fuente. Elaborado por SHF con base en el Censo de Población y Vivienda 2000,
CONAVI y la ENIGH de INEGI
* Adicionalmente hay 4.8 millones de hogares que no son dueños de su vivienda (es prestada o alquilada) y se consideran como demanda aspiracional.

Además de que el rezago persiste, especialmente en los grupos sociales de menor ingreso, la política habitacional enfrenta graves problemas, a saber:

En primer lugar, está orientada a los menos pobres de los pobres. Es decir, atiende del orden de 30% de la demanda real; otro 20% se atiende solo porque tiene ingreso suficiente y el 50% restante, no tiene oferta ni del gobierno, ni del mercado formal y al no ser atendida recurre a la producción social y a la auto-construcción de vivienda de manera precaria y en localizaciones informales con riesgos y carencias diversas.2

En segundo lugar, la vivienda social que se está produciendo en México es en conjuntos cerrados, exclusivamente industrializada, masiva, homogénea y con el mismo diseño Igual en ciudades como la norteña Mexicali, donde las temperaturas alcanzan 45ºC en verano o en Toluca, localizada a más de 2 mil 500 msnm y donde las temperaturas alcanzan -5ºC en invierno.

En tercer lugar, la localización de los conjuntos y la superficie de la vivienda, están determinadas, exclusivamente, por razones mercantiles. Así, se construye en terrenos baratos, que normalmente están alejados de los centros urbanos, aunque los planes de desarrollo urbano no lo contemplen. Para ello, se ha generalizado el cambio de uso del suelo conforme convenga a los promotores. También se ha reducido sensiblemente la superficie del lote y la de la vivienda, conforme lo exigen las finanzas de los actores privados. Este problema conduce a otro, que es la baja calidad ambiental y espacial de las viviendas. El desorden que tienen, hoy, las ciudades mexicanas es un resultado de estas políticas de gobierno que han impulsado –a cualquier costo territorial y ambiental, sin medir las consecuencias sociales- el cumplimiento de metas anuales de otorgamiento de créditos hipotecarios y producción de casas en serie. Dado que la vivienda es apenas una mercancía y que las políticas públicas están circunscritas a los costos de mercado, no se ofrecen más equipamientos y espacios públicos que los muy limitados establecidos por las leyes en cada entidad federativa. En este escenario, se han generado nuevas patologías sociales, como la del abandono de viviendas e incluso su vandalización.

De acuerdo al censo de 2010, hay en el país 5 millones de viviendas desocupadas y, —es opinión generalizada— una sobre-oferta de vivienda social y un rezago de vivienda para los más pobres. Mientras no se modifique la concepción mercantil de la vivienda (y del suelo) como dominante en las políticas de gobierno, no existen posibilidades de enfrentar los problemas con seriedad. Es fundamental recuperar la función social del suelo y el derecho a la vivienda, como lo establece la Constitución Mexicana.

LA NECESIDAD DE REORIENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS Y HABITACIONALES.

Diagnosticada la situación, es necesario plantear nuevos caminos y políticas ante el fracaso de las vigentes.

El primer paso implica lograr una política nacional que reconozca al suelo como el eje del desarrollo urbano. Una política de este tipo debe ser integral e ir más allá de lo estrictamente territorial urbanístico, incorporando los factores de la economía y las necesidades sociales, así como el respeto al ambiente, como plataforma para definir qué requiere cada ciudad. Debe realizarse con los ciudadanos y no sólo para ellos y debe contemplarse para el largo plazo, bajo el principio que ningún problema urbano se puede resolver en una administración gubernamental.

Varios elementos forman parte del contenido fundamental de una política de esta naturaleza. A) Definir participativamente dónde sí y dónde no urbanizar. B) Ofrecer suelo servido con infraestructura o, cuando menos, bien localizado y con proyecto urbanístico para los más pobres, como alternativa frente al mercado informal y para reducir los riesgos por mala localización de las viviendas. C) Incorporar una política tributaria diferente, en la que un impuesto predial fuerte permita capturar una parte de las plusvalías que generan los mercados inmobiliarios, a través de instrumentos fiscales y financieros, entre otros. D) Replantear la regularización de la tenencia de la tierra y la reserva territorial, de tal manera que sea en el suelo, definido en los planes, con vocación urbana, donde se construya independientemente de quién es su propietario, lo que requiere recuperar su función social y hacer responsables a propietarios y desarrolladores de las inversiones en infraestructura que valorizan los terrenos. E) Asumir la visión integrada de lo urbano, lo territorial, lo ambiental como estratégica y como hilo conductor de las políticas públicas sectoriales en cada ciudad. Hasta el momento ha sido la macroeconomía la que determina buena parte de los procesos de planeación, con lo cual, por ejemplo, un puerto, un aeropuerto y la vivienda, se construyen donde resulta más barato, porque no hay una conducción desde la perspectiva territorial.

Estas grandes políticas sólo podrán aplicarse si existen condiciones efectivas y corresponsables de participación de los actores sociales. Por esa razón, se debe impulsar la idea de la gobernanza de base territorial. Es fundamental crear nuevas estructuras institucionales que faciliten esta participación (consejos deliberativos; institutos de planeación integral; observatorios urbanos) y que permitan dejar atrás el modelo vertical y autoritario que predomina en las decisiones relativas a la ciudad, hacia otro mucho más participativo y corresponsable entre los ciudadanos y sus organizaciones y el gobierno.

1 Versión estenográfica corregida de la conferencia dictada durante el Foro Internacional “La vivienda en América Latina: Revisando estrategias” organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia.

2 Durante el 2011, el INFONAVIT determinó que la vivienda mínima se incremente de 32 m2 a 38m2.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] UN-HABITAT. 2011 General Report on Human Settlements: Cities and Climate Change [Chapter Outline].Londres, UN-HABITAT, Earthscan, 2009b.

Vivienda privada de ciudad

Private Housing in the City

Alfredo Rodríguez(1), Ana Sugranyes(2)

(1) Secretario Ejecutivo –Sur Corporación de Estudios Sociales y Educación, Chile. rodriguezarranz@gmail.com

(2) Secretaria General Habitat International Coalition (HIC). general.secretary@hic-net.org

Recibido 22 de noviembre de 2011, modificado 13 de febrero de 2012, aprobado 14 de febrero de 2012.

Palabras claves

Viviendas sociales, subsidio habitacional, los con techo, guetos urbanos.

Resumen

En Chile, en un período de unos veintiséis años (1980 a 2006) se construyeron más de quinientas mil viviendas sociales. Esta producción masiva, que redujo el déficit habitacional acumulado, fue el producto de un mecanismo de financiamiento público, el “subsidio habitacional”, que ha tenido amplia difusión en otros países de América Latina.

En este artículo se responde a la pregunta de cómo una política exitosa llegó a ser un fracaso en términos habitacionales y urbanos. Se señala que, después de más de treinta años, se reconoce que la política de vivienda social en Chile no era tal: era solo una política de financiamiento para la construcción de viviendas baratas. Política que resolvió el antiguo problema de los sin techo y que creó un nuevo problema el de los con techo. Para esto se revisa la historia del subsidio habitacional, los diferentes tipos de conjuntos de viviendas producidos, su localización, los problemas de convivencia que existen en dichos conjuntos.

Key words

Social housing, housing subsidy, los con techo, urban ghettos.

Abstract

During a period of some 26 years (1980 to 2006), more than five hundred thousand social housing units were built in Chile. This mass production effectively reduced the accumulated housing deficit and was the result of a housing finance mechanism – a state subsidy awarded directly to construction companies –, a model which has been widely replicated in other countries in Latin America.

This article responds to the question of how a successful policy came to be a failure in terms of housing and urban issues. After more than thirty years, it has become clear that social housing policy in Chile was not exactly so: it was merely a policy to finance the construction of cheaply-made housing units at a low-cost. The policy that resolved the former problem of those without housing (los sin techo) created the new problem of those with housing (los con techo). Due to this situation, we review the history of this housing subsidy, the different types of housing complexes that were produced, their location, and the problems around coexistence that have arisen in these complexes.

A mediados de julio de 2006, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (Minvu) anunció importantes cambios en las políticas habitacionales. Por primera vez, se reconoció explícitamente la mala calidad del stock de viviendas sociales construidas desde 1980. Además se propusieron medidas y programas para intentar resolver este problema, pero esa es otra historia.

La Ministra de Vivienda de la época, Patricia Poblete, declaró:

“No queremos que los próximos gobiernos tengan que deshacer lo que nosotros hicimos mal ahora en vivienda, del mismo modo como nosotros estamos recuperando barrios porque antes no se pensó en ellos.” [1].

Literalmente se comenzó a deshacer lo mal hecho: se inició la demolición de viviendas en dos grandes conjuntos de viviendas sociales, uno de novecientas y otro de mil cuatrocientas viviendas. Fue un cambio significativo, porque hasta esa fecha, cuando se les comentaba a las autoridades del sector vivienda sobre las deficiencias que mostraban los conjuntos de viviendas sociales, la respuesta habitual tendía a minimizar las limitaciones, argumentado que las críticas no tomaban en cuenta los “miles de unidades construidas” y, desconocían, que “nuestra política habitacional es un ejemplo en América Latina”.

En parte, las autoridades tenían razón. En un período de unos veintiséis años (1980 a 2006) se construyeron muchas viviendas en el país: casi dos millones de unidades, de las cuales más de quinientas mil han sido viviendas sociales. Esta producción masiva, que redujo el déficit habitacional acumulado, fue el producto de un mecanismo de financiamiento público, del presupuesto del Estado, que subsidiaba la demanda y así garantizaba la oferta: el “subsidio habitacional”.

Este modelo de financiamiento se ha difundido en otros países de América Latina. Julián Salas señala que el modelo chileno “ha deslumbrado a no pocos países del continente americano. Ecuador impulsó un fugaz programa por el ‘Método A+B+C’... Guatemala, Colombia, Honduras, Venezuela publicitan acciones testimoniales y convulsivas de financiación de viviendas, miméticas con la alianza virtuosa que combina ahorro, subsidio y crédito” [2]. Diversos autores han escrito informes sobre el mecanismo del subsidio en Chile para diferentes organismos internacionales —Cepal [3], Banco Interamericano de Desarrollo [4,5], PNUD [6] — explicando su génesis y comparándolo con experiencias posteriores implementadas en otros países.

En lo que no tenían razón las autoridades era que, en estos y otros informes de expertos —tal como nos lo señaló en una entrevista un ex subsecretario de Vivienda del Ecuador—, “se citan cifras, estadísticas, se incluye alguna referencia marginal a efectos colaterales, pero nunca se muestran los productos materiales: las viviendas, los barrios degradados” [7].

Alfredo Rodríguez. Foto: Laura Camacho Salgado

Dado que, tradicionalmente, las políticas han sido concebidas para reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de las familias pobres, trasladándolas desde asentamientos precarios a conjuntos de viviendas sociales nuevas, es razonable que se piense que el stock construido es parte de la solución al problema. Sin embargo, diversos estudios realizados desde mediados de los años noventa señalaban lo contrario: el stock construido no formaba parte de la solución, sino que era un nuevo problema. Tal como lo formulamos tiempo atrás: “Si hace veinte años atrás el problema de la vivienda era el de las familias sin techo, hoy, en Santiago, el problema de la vivienda es el de las familias con techo” [8].

Ahora, después de más de quince años de publicado el primer artículo crítico, “Análisis crítico de la política de vivienda en Chile” [9], se reconoce que la política de vivienda social en Chile no era tal: no era una política de vivienda, era sólo una política de financiamiento para la construcción de viviendas baratas. Política muy exitosa para las empresas constructoras en cuanto les permitió construir un gran número de viviendas, pero que ha terminado creando un nuevo problema de vivienda y urbano: guetos urbanos [10].

¿CÓMO UNA POLÍTICA HABITACIONAL EXITOSA LLEGA A SER UN FRACASO?: ALGO DE HISTORIA

El tema de los “con techo” se viene forjando desde finales de los años setenta. Durante la dictadura militar, bajo los auspicios de un grupo de economistas conocidos en Chile como “Chicago Boys”, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo creó el sistema enlazado de subsidio+ahorro+crédito, para asegurar la participación de las empresas constructoras.

La respuesta empresarial a esta iniciativa estatal fue rápida. Durante lo más profundo de la crisis económica del inicio de los años ochenta, los empresarios compraron grandes paños de terreno en lo que era entonces la periferia de Santiago. Con estas reservas, las empresas han definido la localización de la vivienda social. Ahora esos terrenos, con sus conjuntos de vivienda social, ya no son la periferia: son parte de la ciudad consolidada. El aumento del valor del suelo urbano, especialmente durante la década de los noventa, ha puesto el sistema en jaque. Para el mundo empresarial esas reservas de terrenos se han valorizado y ya no soportan inversiones bajas como las de la vivienda social, que actualmente se construyen lejos, fuera del Gran Santiago.

Desde 1985, el Estado chileno ha centrado su política de financiamiento habitacional en la disminución del déficit acumulado y lo ha logrado. La reducción del déficit se dio, particularmente durante los años noventa, con tasas de construcción similar a la que conocieron los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, a razón de la construcción anual de once viviendas por cada mil habitantes. Pero después de más de veinticinco años de lo mismo, el objetivo de reducir el déficit habitacional ya no es suficiente. El mayor déficit de calidad de vida se da ahora en los proyectos de vivienda social que el Estado ha financiado.

Uno de los mayores obstáculos que impide innovar y proponer alternativas es que el modelo de producción de viviendas sociales en Chile está aprisionado por un mercado cautivo, con actores plenamente satisfechos. Las bases de entendimiento entre el Estado que financia y unas pocas empresas que producen sin riesgo, han sido perfectas: el Minvu otorga subsidios y asigna las viviendas a quienes han postulado; las empresas construyen y, al final del año, el Estado les devuelve el 65 por ciento del IVA (Impuesto al Valor Agregado) de los costos de construcción. Pero el Estado no sólo protege a las empresas, sino también al mercado financiero, que ha aceptado financiar los créditos a los postulantes al subsidio. A los bancos que otorgan el crédito, el Minvu les financia los gastos de operación de cada préstamo, les subsidia los seguros sobre los préstamos y, además, asume la responsabilidad por el remate del bien inmueble en caso de insolvencia del deudor.

Durante todo este período para las empresas no hubo riesgo, ni tampoco hubo competencia: eran muy pocas las empresas especializadas en el rubro capaces de adjudicarse los cupos anuales de construcción de conjuntos de vivienda social por región. Tampoco hubo innovación: la tecnología de la vivienda social en Chile es la misma desde hace veinte o treinta años. En este mercado cautivo, las empresas que se hacen cargo de la construcción de estas viviendas de bajo estándar no necesitaron mirar los aportes, ideas y ensayos que han desarrollado ONG, universidades y colegios gremiales. Tampoco el Ministerio ni los empresarios han necesitado abrir un debate sobre el costo social y urbano de esta producción masiva de viviendas sociales, que incluya los costos de localizar servicios y equipamiento en la periferia (no considerados en los proyectos de vivienda social) versus las ventajas que ofrecen las áreas ya consolidadas de la ciudad.

Tampoco hubo en estas materias una crítica desde la arquitectura1. No se debatieron los diseños de los conjuntos, y menos aún el de las viviendas. No hubo innovación en ellos, ni propuestas de crecimiento progresivo de la vivienda y de su entorno. La idea de mejoramiento no ha formado parte de la agenda de la vivienda social.

Para qué cambiar, entonces, si la producción masiva y sostenida de centenares de miles de viviendas en todas las regiones del país era evaluada de forma positiva en los distintos ámbitos políticos. Desde la transición democrática en 1990, la gestión de los ministros de vivienda ha sido alabada por los gobiernos y por la oposición. Ha generado votos para el gobierno, por lo menos hasta 1997, cuando surgieron las primeras señales de agotamiento del modelo. Tan sólo en el Parlamento se ha expresado algún cuestionamiento sobre la distribución de los recursos estatales y respecto de la protección a los bancos versus la desprotección de los beneficiarios.

Los pobladores han seguido esperando y recibiendo “la casa que les toca”. Son un personaje ausente en todas las decisiones del proceso exitoso de construcción de soluciones habitacionales para ellos y sus familias.

EL RESULTADO INESPERADO: LOS CON TECHO

El resultado sorprendente de la enorme producción de viviendas sociales ha sido que gran parte de las familias que obtuvieron viviendas nuevas —con techo— siguen teniendo nuevos y graves problemas habitacionales. Problemas referidos tanto a las viviendas en su calidad de productos materiales, como a la calidad de vida en las nuevas agrupaciones de viviendas sociales. La solución dada al problema de los “sin techo” —la producción masiva de vivienda social— ha llevado a una situación de insatisfacción de sus beneficiarios respecto a la materialidad, diseño de las viviendas y su entorno. Particularmente respecto a las condiciones de convivencia familiar y social que en ellas se dan, y de su marginación de la ciudad. El stock construido hoy día no sólo es un problema habitacional sino también social.

A continuación presentaremos algunas características del “producto material” y “producto social” de las políticas de financiamiento de vivienda social en Santiago.

PRODUCTO MATERIAL

Una parte del problema de los “con techo” corresponde al producto que se ha entregado como “vivienda”. Revisemos algunas de las características resultantes de nuestro estudio en Santiago2.

Plano 1. Santiago. Localización de conjuntos de viviendas sociales construidos entre 1980 al 2002
Entre 1980 y 2002, se construyó en Santiago un total de 489 conjuntos de vivienda social Serviu, que ocupan una superficie de 2 mil 500 hectáreas.
En estos conjuntos hay 202.026 unidades de viviendas, donde residen unas 910.000 personas.
La densidad bruta de estos conjuntos es de 364 personas por hectárea, frente a 80 personas por hectárea que tiene el promedio del resto de Santiago.
Fuente. Rodríguez & Sugranyes [8]

Figura 1. Vivienda unifamiliar pareada, un piso. Fuente: Rodríguez & Sugranyes [8]

Figura 2. Vivienda multifamiliar dos pisos. Fuente: Rodríguez & Sugranyes [8]

TIPOS DE VIVIENDA

En Santiago, durante el período 1980 a 2002, el subsidio habitacional permitió la construcción de más de doscientas mil viviendas sociales de bajo estándar y con un diseño que nunca había sido pensado para ampliaciones o mejoramientos. La situación alcanza una nueva dimensión cuando se examina la cantidad de gente que vive en ellas: casi una quinta parte de la población de la ciudad. El fenómeno de transición de los pobladores “sin techo” a los pobres “con techo” queda ilustrado por los siguientes datos:

Figura 3. Vivienda multifamiluar, 4 pisos.
Fuente: Rodríguez & Sugranyes [8]

• La mitad de estas viviendas sociales, de uno, dos o hasta tres pisos, ha sido construida en lotes individuales. Mal que bien, el lote facilita procesos de apropiación y ocupación de todos los espacios disponibles. El tamaño de estos lotes ha variado con los años: a principios de los ochenta, los militares erradicaron los “campamentos”, trasladando a los pobladores a viviendas básicas con lotes de entre 100 y 120 metros cuadrados; durante los años noventa, la presión por la producción masiva redujo el tamaño de los lotes individuales a menos de 60 metros cuadrados.

• La otra mitad de las viviendas son departamentos en edificios o blocks, de mediana altura, de tres o cuatros pisos. Es un sistema de condominio o propiedad horizontal que sus habitantes no logran entender, ya que nadie se lo ha explicado previamente. La convivencia entre los habitantes en estas viviendas y edificios hacinados es difícil. Los espacios comunes, que son más bien espacios residuales entre los edificios, no facilitan el encuentro ni el recreo.

A pesar de las restricciones del diseño inicial y de la normativa vigente, las viviendas tienen todo tipo de ampliaciones informales. La gran mayoría de los beneficiarios “con techo” construye algo adicional, casi tan grande como la vivienda original. Los riesgos de terremoto, incendio o de multa municipal no frenan la necesidad urgente de más espacio. Estas ampliaciones son nuevas “callampas” que ocupan antejardines, pasajes y espacios comunes; o burbujas adosadas a las fachadas y apoyadas en palillos enclenques.

Figura 4. Fotografía aérea, vista de varios conjuntos de viviendas sociales. Zona sur de Santiago. Fuente: Rodríguez & Sugranyes [8]

Los proyectos convocados por el Minvu y construidos en terrenos de las empresas licitadoras pueden llegar, en algunos casos, a tener más de dos mil viviendas, con densidades superiores a 600 habitantes por hectárea. Todos los criterios de diseño de los conjuntos están supeditados al interés de las empresas constructoras y dan por resultado una repetición monótona de casas, de filas de casas y de espacios residuales. La distribución de edificios se da como en una “tierra de nadie”, como por obra de un tampón de tinta repetido sobre el plano y los edificios son como un pan de molde que se corta al llegar a la calle, sin fachada alguna. Ni el Minvu, ni el arquitecto, ni el empresario, ni el constructor se han detenido a pensar el impacto de tales condiciones de hacinamiento en las personas, en la ciudad y, menos aún, en su costo social.

Plano 2. Santiago. Localización de grandes agrupaciones viviendas sociales construidos entre 1980 al 2001
Fuente. SUR Centro de Estudios Sociales y Educación [12]

Las reservas de terreno, de algunos constructores, han llevado a la configuración de grandes manchas urbanas cubiertas de unidades habitacionales, aisladas las unas de las otras. En el trazo de estas manchas nunca han participado las instancias de urbanismo del Minvu; su función reguladora del uso del suelo no ha logrado traducirse en, por lo menos, un plan maestro de estas áreas. Alrededor de las grandes concentraciones de vivienda social, desordenadamente, algunos municipios y privados han construido un equipamiento social rudimentario, con escuelas, puestos de salud y servicios privados de transporte público. Hay servicios, pero su calidad es deficiente.

AMPLIACIONES

Como las viviendas son de tamaño reducido, los residentes, en un 40%, invierten en ampliaciones de sus viviendas, con un promedio de 16,5 metros cuadrados, que corresponde prácticamente a la mitad de la superficie promedio entregada por vivienda. Hay más ampliaciones en las viviendas en lote individual que en propiedad horizontal.

Este es un indicador importante de la capacidad individual —no comunitari— para el mejoramiento de las viviendas. Las ampliaciones invaden los espacios comunes y no logran expresarse de forma asociada en los espacios comunes y públicos. Esta expresión individual de mejorar lo propio en perjuicio del bien común obedece ante todo al hecho de que el producto —vivienda social— no está concebido para que las familias puedan adecuarlo a sus necesidades. Las restricciones del diseño inicial y de la normativa vigente no logran imponerse a las necesidades de las familias, y las viviendas crecen.

Figura 5. Ampliaciones individuales en conjuntos de viviendas sociales. Fuente: Rodríguez & Sugranyes [8]

Las ampliaciones son de iniciativa individual, pero, también se presentan casos concertados, con acuerdos entre los vecinos que realizan construcciones prácticamente coordinadas en todos los pisos del edificio o en serie en viviendas adosadas. Algunos vecinos organizados buscan formalizar su intervención, pero no tienen la menor posibilidad de legalizarla. La ley de condominios vigente en Chile exige que los vecinos de un conjunto asuman de su propia iniciativa la elaboración y aprobación de su reglamento de copropiedad para que este incluya todas las especificaciones de las posibles ampliaciones que los diseños de la vivienda y del conjunto nunca contemplaron. El empeño de estos vecinos es notable: existen escrituras ante notario donde formalizan su inversión coordinada, por lo menos con el propósito de no molestarse entre ellos y no poner demanda judicial en contra de uno de ellos.

En Santiago, en treinta años, sólo hay una experiencia de ampliaciones con apoyo institucional. Se trata del sector B del conjunto Los Quillayes en la comuna de La Florida, donde una ONG, la Municipalidad, una Facultad de Arquitectura, una instancia organizadora de la demanda habitacional, una empresa y altos subsidios estatales —que no fueron del Minvu— lograron ampliar quince departamentos3.

VALORIZACIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL POR LOS RESIDENTES

De la encuesta aplicada a residentes del stock de viviendas sociales, surge un dato determinante: el 64,5%de los residentes quiere “irse de la vivienda”. Los motivos que inciden en esta intención son de índole social. Prevalecen las razones de convivencia entre los vecinos, percepción de seguridad, delincuencia y drogas; así opina el 52,6 % de los residentes. Incide también la imagen que tiene el poblador de su propio conjunto habitacional, la “villa” o población; esto entre el 21,6 %. De ahí que los aspectos físicos de la estrechez de la vivienda (13,4 %), del aislamiento de la trama urbana y de la falta de servicios y parques (12,4 %) no sean tan importantes como los relacionados a la convivencia entre los vecinos.

Cruzando datos de la encuesta sobre la intención de movilidad y la satisfacción por el conjunto, se desprende que entre los residentes con ganas de irse de la vivienda, el 90 % siente miedo y vergüenza de su barrio, mientras que los satisfechos sienten cariño por él. Estas apreciaciones, que son el reflejo de la estrecha relación entre los problemas de convivencia y de espacio físico, cuando se las distribuye por el tipo de vivienda muestran que hay mayor intención de salir de las viviendas en copropiedad que en lotes individuales (70 y 55 %, respectivamente). Es una tendencia que crece desde los indigentes a los no pobres (de 55 a 65 %); con mayor fuerza entre quienes accedieron a su vivienda en el período 1986 y 1990 (70 %), si se compara con los más recientes (de 1998 a 2000), donde “sólo” el 50 % quiere irse. Varios estudios realizados, sobre el nivel de satisfacción de los residentes en el stock de viviendas sociales, han insistido en el sentido de que el aprecio decrece con el pasar de los años de residencia: el desencanto de los propietarios, que soñaron en la casa propia, aparece entre los seis meses y los dos años de instalación en el conjunto [13, 14].La intención de irse o no irse de la casa y la percepción de afecto o desafecto al conjunto demuestran la importancia de los sentimientos de la gente hacia el lugar y el entorno urbano.

Santiago, en términos comparativos con otras ciudades de América latina, tiene un contexto de violencia delictiva no muy grave, pero la percepción de violencia es proporcionalmente muy elevada. En términos de seguridad ciudadana no hay relación directa entre violencia efectiva y su percepción. No obstante, para la convivencia en la ciudad, el hecho de que la población perciba inseguridad es tan grave como los delitos en sí. Conversando con pobladores en la gran mayoría de los conjuntos de vivienda social, en especial los situados en grandes concentraciones homogéneas de este tipo de solución habitacional, el primer tema reiterado de preocupación diaria es la violencia: “Vivir aquí es como estar en la cárcel”. “Los niños, los tenemos encerrados en la casa”. “Aquí somos humildes, pero buenos; los malos son los de allá”, apuntando hacia cualquier conjunto vecino. Otro indicador preocupante es que la gran mayoría de hechos de violencia reportados por la televisión se localiza entre los parajes de vivienda social.

Plano 3. Santiago, lugares de mayor densidad de denuncias de violencia intra familiar 2004, y localización conjuntos de viviendas sociales
Fuente. Rodríguez & Sugranyes [8]

Para comprobar estas situaciones, hemos cruzado la información georreferenciada de los conjuntos de vivienda social con otra sobre la localización de las denuncias de violencia en la ciudad. El resultado es que los lugares en que existen mayores denuncias de violencia intrafamiliar en Santiago coinciden exactamente con la geografía del stock analizado, mientras que los hechos de robo con violencia e intimidación muestran menores coincidencias. Esto confirma que el problema principal del stock de vivienda social es un asunto de convivencia. La convivencia en los conjuntos de vivienda social, con mayor evidencia en los edificios de viviendas en copropiedad, es una práctica diaria de violencia, exclusión e inseguridad. Siguiendo a Loïc Wacquant [15] —estigma, restricción, confinamiento espacial y encasillamiento institucional—, los conjuntos de vivienda social aparecen como guetos, con impacto específico en las mujeres.

Extrañamente, una política de vivienda social que se nos ha presentado como exitosa parece terminar creando nuevos problemas sociales y urbanos.

Figura 6. Conjunto habitacional El Volcán 1998

Figura 7. Conjunto habitacional El Volcán 2011

1 El Programa “Elemental” de la Universidad Católica de Chile ha sido la única excepción, con la construcción de las cien viviendas progresivas del proyecto Quinta Monroy en Iquique. Sobre este proyecto, véase [10].

2 En Santiago se construyeron. Son un total de 202.026 unidades financiadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Nuestro estudio consistió en: (a) un catastro georreferenciado de los 489 conjuntos de viviendas sociales construidos entre 1980 y 2001, con los datos de las memorias anuales del Minvu, rectificados en terreno y en las Direcciones de Obras municipales correspondientes; (b) un análisis de de los tipos de conjuntos, según tipo de construcción, según periodos y localización; y (c) una encuesta a 1.300 hogares.

3 En la ampliación de estos quince departamentos participaron: la ONG Cordillera, que ha estado promoviendo organización comunitaria desde fines de los ochenta; el Instituto de la Vivienda (INVI) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, que diseñó el proyecto con participación de los beneficiarios; la Municipalidad de La Florida, que realizó mejoramiento del entorno, pero que por conflictos políticos no intervino en las ampliaciones; la Corporación Habitacional de la Cámara Chilena de la Construcción, que realizó los estudios legales y financieros, eligió y supervisó a la empresa constructora; y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, que financió el proyecto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] “Entrevista a Patricia Poblete”, Ministra de Vivienda y Urbanismo, El Mercurio, 2006.

[2] J. Salas. “Latinoamérica: hambre de vivienda.” Boletín del Instituto de la Vivienda. Santiago, Chile: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Vol. 17, No. 45, 2002, pp. 58–69.

[3] G. Held. Políticas de vivienda de interés social orientadas al mercado: experiencias recientes con subsidios a la demanda en Chile, Costa Rica y Colombia. Serie Financiamiento del Desarrollo 96. Santiago, Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2000.

[4] S. Mayo. “Subsidies in Housing”. En: Sustainable Development Department Technical Papers Series SOC-112. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank, Julio 1999.

[5] E. Rojas. The Long Road to Housing Reform. Lessons from the Chilean experience. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank, Julio 1999.

[6] C. Acevedo & W. Pleitez. Opciones de financiamiento para una política de vivienda popular en Salvador. San Salvador, El Salvador: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2003.

[7] Entrevista personal al Arquitecto Alberto Andino, Quito, Octubre 2006.

[8] A. Rodríguez & A. Sugranyes. “Introducción: Aportes para un debate.” En: Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social, ed. A. Rodríguez & A. Sugranyes. Santiago, Chile: Ediciones SUR, 2010.

[9] M. E. Ducci. “Análisis crítico de la política de vivienda en Chile.” Documentos, Serie Azul. Santiago, Chile: Instituto de Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1994.

[10] I. Poduje (2010). “Estudio Guetos en Chile” [en línea]. ATISBA, Estudios & Proyectos Urbanos. Fecha de Consulta: Noviembre 2011. Disponible en: http://atisba.cl/wp-content/uploads/2011/10/Reporte_Guetos_en_Chile2010.pdf

[11] A. Aravena et al. “Quinta Monroy.” ARQ. Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, No. 57, Julio, 2004, pp. 30–33. Fecha de consulta: Noviembre 2011. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/375/37505707.pdf.

[12] Sur Corporación de Estudios Sociales y Educación. Las condiciones de vida en el parque acumulado de viviendas de bajo costo, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Segpres, PNUD, 2002.

[13] C. Arriagada et al. “Satisfacción residencial en vivienda básica SERVIU. La perspectiva del ciclo familiar”, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, Santiago, Chile: Minvu, 2001.

[14] C. Arriagada et al. “Satisfacción residencial en vivienda básica SERVIU. La perspectiva del capital social”, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, Santiago, Chile: Minvu, 2002.

[15] L. Wacquant. “Las dos caras de un gueto. La construcción de un concepto sociológico” Renglones. Vol. 56, Enero-abril, 2004, pp. 72–80. Fecha de consulta: Noviembre 2001. Disponible en: http://sociology.berkeley.edu/faculty/wacquant/wacquant_pdf/DOSCARASGUETO-Renglones.pdf

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

A. Gilbert. “La vivienda en América Latina” Serie Documentos de Trabajo, 1–7UE/Es. Banco Interamericano de Desarrollo, Septiembre, 2001. Fecha de consulta: Noviembre 2006. Disponible en: http://indes.iadb.org/pub/I-7UE-Es.pdf

La integración de la demanda informal a la política de vivienda: algunas opciones iniciales

Inclusion of the Informal Sector Demand in the Housing Policy: Towards Preliminary Options

Nicolás Rueda García(1)

(1) Arquitecto urbanista; profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura, Universidad de los Andes (1971-2011); expresidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Bogotá-Cundinamarca; Consultor privado en vivienda social y desarrollo urbano. nruedag@gmail.com

Recibido 14 de octubre de 2011, modificado 24 de febrero de 2012, aprobado 28 de febrero de 2012.

Palabras claves

Vivienda social, Política de vivienda, sector informal, crecimiento urbano informal.

Resumen

La política de vivienda actualmente vigente en Colombia no incluye de manera explícita la demanda de las familias que forman parte del sector informal de la economía, a pesar de que éstas representan una amplia mayoría en la demanda potencial. En este artículo se esboza la situación actual del mercado de vivienda social y se revisa la participación del sector informal en el crecimiento de la ciudad de Bogotá, tomando como referencia la década de los setenta. Se incluye, además, algunos elementos de política utilizados en el pasado que, a pesar de su pertinencia, fueron abandonados. Finalmente se proponen lineamientos preliminares de política que permitirían incorporar la demanda del sector informal a la política de vivienda vigente.

Key words

Low-cost housing, housing policy, informal sector, informal urban growth.

Abstract

The colombian current housing policy is not addressed to the informal sector families demand, in spite of the clear majority they represent in the potential demand for low cost housing. This article briefly describes some relevant issues of the low cost housing market and attempts to examine the informal sector participation in the growth of Bogotá, on the basis of the decade of the seventies. Moreover, there are sketched some former policy components that were applied in the seventies but, in spite of their relevance, they were abolished some years later. Finally, policy guidelines are proposed, towards the inclusion in the current housing policy of the informal sector demand.

INTRODUCCIÓN

Al observar la situación que presenta actualmente el mercado de la vivienda social en Colombia, en relación con el componente principal de la política vigente, se concluye que no existe una clara correspondencia. Según datos del gobierno nacional, que se presentan más adelante, se puede constatar que la mayor parte de las familias que demandan potencialmente una solución de vivienda social pertenecen al sector informal de la economía. Sin embargo, en lo esencial, la política de vivienda vigente apunta a facilitar el acceso a una solución habitacional a las familias de asalariados del sector formal. En su componente principal, la política está orientada a fomentar la producción de vivienda en propiedad, a partir del otorgamiento, por parte del Estado, de un subsidio directo a las familias demandantes que han cumplido con requisitos de ahorro predeterminados y han logrado la aprobación de un crédito hipotecario a largo plazo por parte de alguna entidad del sistema financiero. Cuando cumplen con estas condiciones, las familias pueden acceder a la propiedad de una vivienda producida por alguna de las firmas constructoras privadas que actúan en concordancia con las directrices de la política nacional.

No obstante lo anterior, al hacer referencia a la situación que deben afrontar las familias que pertenecen al sector informal, es evidente que la política vigente no responde con la misma coherencia. En primer lugar, estas familias no tienen acceso al crédito hipotecario que, dentro del modelo financiero mencionado, juega un papel esencial para cubrir el costo total de la vivienda. En otras palabras, el subsidio directo de vivienda y los ahorros del solicitante no son en ningún caso suficientes para tener acceso a la solución habitacional. Estas consideraciones llevan a pensar que, en términos reales, la cuantiosa demanda que proviene del sector informal no está siendo debidamente atendida por la política de vivienda social actualmente vigente.

A partir de las consideraciones anteriores, en este artículo se intenta presentar una visión general sobre la demanda por vivienda social que corresponde actualmente a las familias del sector informal de la economía, su perfil socioeconómico y el papel que desempeña la vivienda en su proceso de mejoramiento y consolidación en la sociedad urbana. Se hace referencia, además, a algunos antecedentes de política habitacional en Colombia, dirigidos a atender a los grupos informales de la demanda, así como a las familias de menores recursos económicos, con miras a permitir su acceso a la vivienda social en propiedad.

Finalmente, se incluyen criterios generales, tanto urbanísticos como arquitectónicos y financieros, que podrían orientar el diseño de instrumentos para incluir en la política vigente a las familias que, a pesar de constituir actualmente la mayor parte de la demanda, no están siendo debidamente atendidas.

SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE LA VIVIENDA SOCIAL EN COLOMBIA

En este momento, tal como se ha mencionado, el mercado de la vivienda social en Colombia se caracteriza por una participación muy amplia de la informalidad. En la tabla 1 puede observarse que en la composición de la demanda potencial por este tipo de vivienda predominan, por amplio margen, las familias que hacen parte del sector informal de la economía.

Puede afirmarse que el desbalance actual tiene su origen en el proceso acelerado de urbanización que tuvo lugar en Colombia y en la mayoría de los países de la región durante la segunda mitad del siglo XX. La adopción de un modelo de desarrollo económico, que privilegiaba la industrialización urbana y la modernización de la agricultura, llevó necesariamente a la migración masiva de gran parte de la población rural minifundista hacia los centros urbanos, transformando los patrones de distribución de la población en el territorio nacional. En el caso colombiano, la violencia política se constituyó en un factor adicional para impulsar el proceso migratorio.

A partir de los años cincuenta, las ciudades colombianas se vieron abocadas a la situación crítica, generada por un elevado y rápido crecimiento de la población, y por la incapacidad económica e institucional para atender las crecientes necesidades de vivienda social, empleo y servicios. Este desequilibrio dio lugar al surgimiento de alternativas informales, en especial las invasiones de terrenos y las urbanizaciones piratas, que permitieron a las familias de este sector el acceso a una solución de vivienda, inicialmente en condiciones muy precarias.

LA INFORMALIDAD: UNA CONSTANTE EN EL CRECIMIENTO DE BOGOTÁ DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

Tabla 1. Características de la demanda potencial de la política VIS

Fuente. DNP, MAVDT (2006), Ciudades Amables. Presidencia de la República, DANE-ECH 2003, Cálculos DNP-DDUPA

Tabla 2. Estimaciones de los Submercados de Vivienda en Bogotá, 1970 /*
Distribución de las Familias en los Submercados de Vivienda por Niveles de Ingreso Familiar

Notas:
A. Los porcentajes corresponden a la participación de las familias de cada uno de los submercados de vivienda, con relación al total de las familias de Bogotá, estimado en 451.102 para 1970.
B. La notoria predominancia del submercado comercial en la franja de familias con ingresos “Bajo” y “Medio Bajo”, se explica por el hecho de que este submercado incluye la llamada vivienda compartida (casas de inquilinato).
/* Valenzuela y Vernez, (1974).

La importancia de la informalidad en el mercado de vivienda en Bogotá

Al comenzar la década del setenta se realizó el estudio titulado Construcción Popular y Estructura del Mercado de Vivienda: el Caso de Bogotá [1], que constituyó un valioso aporte para la comprensión de la estructura y las características que presentaba el mercado de vivienda en Bogotá, así como del perfil socioeconómico de las familias del sector informal que acudieron a la oferta de los barrios piratas, no planificados y ajenos a las normas urbanísticas. La tabla 2 expone la estructura del mercado de vivienda que tenía Bogotá a comienzos de la década del setenta, los submercados identificados y su importancia relativa en el total de la ciudad.

En esta tabla se puede notar la importancia relativa de las modalidades informales de urbanización en Bogotá, en la década del 70. En la última década, la ciudad se ha visto en la necesidad de adelantar costosos programas de rehabilitación urbana, dirigidos a dotar a los barrios de origen informal de la infraestructura vial y de servicios públicos que hagan viable su integración a la ciudad. Como era de esperarse, la ejecución de las obras de infraestructura en asentamientos, cuyas viviendas ya habían sido construidas, generó sobrecostos significativos.

La vivienda urbana en el contexto de la informalidad económica

Ha sido tradicional considerar a la vivienda social simplemente como un producto dirigido a las familias de menores recursos económicos. De este modo lo han expresado históricamente las políticas de vivienda y así lo han entendido los constructores privados, que actualmente tienen la función de producir los conjuntos y unidades habitacionales. Parece claro, que esta visión limitada y parcial del problema no ha permitido alcanzar la comprensión integral de una situación compleja, lo que se refleja en la orientación de las políticas formuladas y en la preocupante calidad de los conjuntos y unidades construidos.

Al recordar que la política vigente en Colombia no parece estar diseñada para atender la demanda del sector informal, resulta necesario aproximarse a algunas características fundamentales de las familias que lo componen y, sobre todo, al papel que desempeña la vivienda para sus propietarios en una situación económica de escasez e inestabilidad en el ingreso familiar. La formulación de una política adecuada, así como el diseño urbano y arquitectónico que constituyan una respuesta conveniente para las familias del sector informal, dependen del reconocimiento y aceptación de las condiciones particulares que las caracterizan. Más adelante se presentan algunas conclusiones relevantes, provenientes de los estudios cuidadosos que fueron realizados por diferentes autores durante la década del setenta.

Dentro de los aportes más relevantes, relacionados con el proceso de urbanización acelerada en América Latina y las modalidades informales que predominaron en la construcción de barrios y viviendas, se destacan los trabajos realizados por el arquitecto británico John F.C. Turner, el planificador urbano chileno Jaime Valenzuela y el ingeniero y planificador suizo, Georges Vernez. Cabe anotar que, estos estudios se realizaron en contextos diferentes: los de John F.C. Turner se refirieron principalmente a la situación que presentaban los barrios de invasión situados en la periferia de la ciudad de Lima en la década de los sesenta y en otras ciudades latinoamericanas, como es el caso de México D.F.; los de Valenzuela y Vernez se basaron en los análisis que efectuaron para el Departamento Nacional de Planeación a comienzos de los setenta, centrados en tres barrios piratas de Bogotá. A pesar de la diversidad geográfica, estos estudios coinciden en el objeto central del trabajo: identificar el papel que desempeñan la propiedad y el crecimiento de una vivienda en el proceso de mejoramiento social y económico de las familias del sector informal que habitaban en ciudades latinoamericanas. Es necesario precisar que, al hacer referencia a una vivienda que pertenece a una familia del sector informal, se está destacando el proceso que relaciona la evolución económica de la familia con la construcción progresiva de la vivienda y la forma como ésta se constituye en un apoyo a la primera.

Con el ánimo de introducir algunos de los conceptos y conclusiones principales, resultantes de los estudios realizados por los autores ya mencionados, se presentan los siguientes extractos que podrán ser ampliados y profundizados en las fuentes bibliográficas detalladas, incluidas en las referencias del presente artículo.

• “Las familias del sector informal presentan, en general, una situación económica que se caracteriza por ingresos bajos e inestables, provenientes del trabajo en oficios diversos, y por la ausencia de seguridad social. Para estas familias, la vivienda, más que un producto de consumo que las beneficia socialmente, es en efecto un activo económico, un vehículo para el ahorro que además les proporciona seguridad para el futuro, ya que funciona como un regulador de su ingreso inestable”[1]1.

• “El proceso constructivo se realiza en estrecha relación con las preferencias familiares y sus limitaciones de recursos. Cuando periódicamente la situación económica de la familia se deteriora, el sistema de desarrollo progresivo permite a la familia eliminar del presupuesto familiar los gastos de habitación, con el fin de atender otras necesidades de más alta prioridad en ese momento, sin que ello cause una disminución de su consumo en vivienda, ya que la familia sigue habitando en la misma casa. Lo que no se gasta en vivienda se puede entonces destinar a otros gastos que van a aumentar la demanda efectiva por otros bienes y servicios, tales como alimentos y educación” [1].

• En el caso de una familia de México D.F., que habitaba en una vivienda informal y fue relocalizada a un programa estatal, Turner argumenta lo siguiente: “En su localización inicial, la familia se sostenía con el producido de una pequeña tienda y con los ingresos inestables que obtenía el esposo en trabajos esporádicos de construcción. La familia tenía ingresos bajos, pero considerando que sus gastos en vivienda y transporte eran reducidos, podía alimentarse razonablemente bien y mantener condiciones aceptables de salud. Actualmente, reside en una vivienda moderna, completa, que cuenta con todos los servicios y demás comodidades. Sin embargo, este “mejoramiento” está poniendo en riesgo las vidas de los miembros de la familia y, en los aspectos humanos y económicos, ha conducido a un peligroso deterioro de sus condiciones de vida. Aunque parezca increíble, deben pagar actualmente el 55% de su ingreso total en la amortización de la vivienda y en los servicios públicos. Al sumar los gastos de transporte de los miembros de la familia que trabajaban, el 60% del ingreso se convirtió en una reducción forzosa de los gastos en alimentos y otros rubros básicos del presupuesto familiar. La situación de esta familia no estaría tan mal, si además del aumento obligado de sus gastos fijos, no hubiera perdido el ingreso generado por la pequeña tienda, no permitida ahora en el programa de vivienda estatal donde residen” [2].

• “Otras alternativas residenciales posibles, tales como la vivienda arrendada o la de programas gubernamentales de vivienda, son menos deseables por requerir pagos mensuales de sumas fijas. En aquellos períodos en los que el ingreso familiar disminuye, la restricción que implican estos pagos fijos no permite a la familia manejar sus ingresos con flexibilidad para mantener estable el consumo de alimentos u otras necesidades prioritarias, alcanzando así un nivel más alto de satisfacción” [3].

• “Los beneficios de la propiedad inmobiliaria en los barrios piratas no se limitan a permitir la flexibilidad en el manejo de los ingresos cuando la inestabilidad de los mismos lo requiere. La propiedad de una de estas viviendas también representa para las familias la oportunidad de obtener un ingreso adicional a través del arrendamiento de espacios a inquilinos o de la instalación de un local para la realización de actividades comerciales o de servicios” [3].

LA ATENCIÓN A LA DEMANDA INFORMAL: ANTECEDENTES DE POLÍTICA

Respuesta de la política vigente

A partir de la expedición de la Ley 3 de 1991, no cabe duda que uno de los cambios más relevantes, introducidos al esquema anterior para la producción de vivienda social, consistió en trasladar al sector privado las funciones de promoción, planeación, diseño y construcción de los conjuntos y unidades de vivienda, incluso la comercialización de las mismas. Dentro de estas actividades, es evidente que el diseño urbano de los conjuntos y la concepción arquitectónica de las viviendas se establecen, en un insumo fundamental, para proveer a los futuros residentes las condiciones adecuadas de habitabilidad. Las entidades del Estado, tales como el ICT, la CVP y otras dependencias de las administraciones locales encargadas de desempeñar estas funciones, lograron desarrollar, durante décadas, un conocimiento idóneo sobre la planeación de los asentamientos humanos y adquirir una amplia experiencia en el manejo urbanístico y arquitectónico de proyectos de vivienda social. Inexplicablemente, este conocimiento y esta experiencia no fueron transferidos a las firmas constructoras privadas que, por el mandato de la ley, deben asumir ahora esta responsabilidad. Tampoco ha merecido la necesaria atención el conocimiento real de la demanda por parte de estos nuevos actores en el sistema de producción de vivienda en el país. Teniendo en cuenta que las familias que demandan vivienda social, en la mayor proporción forman parte del sector informal de la economía [4], resulta esencial el conocimiento de las condiciones y expectativas socioeconómicas de estas familias, además del papel que ellas esperan de la vivienda como instrumento para generar empleo y fortalecer su proceso de mejoramiento económico y social en la ciudad.

Hoy parece claro que la decisión fundamental de trasladar funciones estratégicas al sector privado, tanto en el diseño como en la construcción y la financiación de la vivienda social en el país, se habría complementado adecuadamente con la definición simultánea del marco de política que considerara la heterogeneidad socioeconómica de la demanda y, por ende, la diversidad de soluciones requeridas. Tampoco fueron incluidos los parámetros de organización espacial, tanto de los conjuntos residenciales como de las unidades de vivienda, que garantizaran las condiciones de habitabilidad necesarias. La ausencia de estos elementos, sumada a las nuevas exigencias en el diseño y la construcción de conjuntos de vivienda social, han llevado, en muchos casos, a resultados que no son consistentes con los propósitos de la política [5].

En conclusión, al considerar las condiciones particulares de la demanda informal, puede afirmarse que el enfoque de la política vigente tiende a desconocer requisitos básicos para las familias informales que precisan acceder a una vivienda en propiedad. Dentro de éstos se cuenta la necesidad económica y familiar de iniciar un proceso gradual de construcción de una vivienda, en la que el uso de los espacios pueda evolucionar en el tiempo y contribuya al mejoramiento socioeconómico de la familia a través de la generación de ingresos, provenientes del uso productivo de uno o varios espacios de la vivienda. Además, la posibilidad de construir por desarrollo progresivo, modalidad que permite al propietario decidir sobre los montos de inversión en la vivienda en función de los recursos disponibles en un momento determinado, evitando así la desatención de gastos familiares prioritarios por tener que cumplir con el pago de una obligación financiera tradicional. Por último, la disponibilidad de créditos adecuados para la adquisición de la vivienda, al considerar que los disponibles actualmente no se ajustan a las condiciones económicas de la demanda mayoritaria.

Antecedentes para la atención de la demanda informal

A comienzos de la década de los setenta, el gobierno nacional contrató el Estudio de Normas Mínimas de Urbanización, Servicios Públicos y Servicios Comunitarios, “con miras a disponer de una opción de desarrollo urbano que permitiera reducir los costos de urbanización al mínimo compatible con un nivel decoroso de subsistencia, de manera que, se ofreciera a las familias de menores recursos económicos una alternativa realista, dentro de la ley, a las soluciones espontáneas tales como urbanizaciones clandestinas, invasiones de terrenos y otras similares.” [6]. Se trata de un estudio que analiza con el rigor necesario los diferentes componentes de un proceso de urbanización y los costos correspondientes. También, evalúa alternativas para su construcción progresiva, de forma que sea posible diferir el costo de la instalación de los servicios públicos, de las vías y equipamientos comunitarios, así como el costo de las unidades de vivienda.

En general, la propuesta de este estudio parte de la siguiente conclusión del análisis inicial que formó parte del mismo: “(…) para sectores económicos bajos es necesario aceptar soluciones incompletas, a condición de que puedan evolucionar hasta convertirse en soluciones completas. Es lo que se denomina Soluciones de Mejoramiento Progresivo. Ese mejoramiento irá paralelo al de la situación económica de los propietarios y al de la capacidad de inversión del país” [6].

En síntesis, el estudio define criterios urbanísticos y económicos que aseguraban la viabilidad de proyectos de vivienda social, concebidos para desarrollarse progresivamente, por etapas, reconociendo que “Una alta proporción de la población urbana no cuenta con ingresos suficientes para tener acceso a soluciones completas de vivienda” [6].

CVP – Urbanización La Manuelita, Suba

Infortunadamente, las Normas Mínimas de Urbanización no fueron adoptadas oficialmente en el país, salvo en algunas ciudades como es el caso de Bogotá, donde la Caja de la Vivienda Popular (CVP) desarrolló el proyecto de La Manuelita, en la Localidad de Suba, cuyas características y resultados satisfactorios se describen brevemente a continuación.

El conjunto, compuesto por 291 lotes unifamiliares, se organizó en agrupaciones de 30 lotes, cada uno con una caseta sanitaria con lavaderos, duchas y llaves de agua, además de un espacio verde comunal.

De acuerdo con las Normas Mínimas de Urbanización, las redes de servicios públicos se construyeron progresivamente.

En la primera etapa se adelantaron:

• Las obras para el manejo superficial de las aguas lluvias.

• Las redes de acueducto y alcantarillado para servir las casetas sanitarias.

• La red eléctrica completa.

Posteriormente, con aportes directos de las familias, se avanzó en la construcción gradual de las redes de servicios.

Con relación a las unidades de vivienda, los adjudicatarios recibieron un lote de 6x9m con un espacio construido de 10.5m2 y una letrina localizada al fondo del lote. La CVP les entregó igualmente los planos arquitectónicos y técnicos de la vivienda terminada. A pesar de que algunas familias no tuvieron en cuenta la propuesta arquitectónica de la entidad, un número significativo adelantaron las obras de acuerdo con ésta. Según la evaluación realizada por la CVP, quienes no se acogieron a la propuesta buscaron satisfacer las necesidades de espacio inmediatas, con el propósito de lograr soluciones bifamiliares y, de esta manera, generar un ingreso adicional.

/* Solución inicial Fuente. Caja de La Vivienda Popular (1976)
Costos y financiación (pesos de 1972)

Financiación:
- Valor promedio por solución: $11.142.46
- Cuota inicial: - 0 –
- Plazo de amortización: 12 años Entidades financiadoras:
- Intereses: 4% anual + 2% seguros - CVP 31%
- Cuota mensual (promedio): $ 91.34 - ICT 69%

Al cabo de tres años (1976), la construcción progresiva de las viviendas presentaba la siguiente situación:

Consideraciones finales

“Es importante resaltar cómo, a través del desarrollo progresivo, los adjudicatarios no solamente han podido pagar la cuota mensual de $91.oo establecida por la CVP (...), sino también invertir cerca de $540.oo mensuales en la ampliación y mejoramiento de su vivienda” [7].

Esta conclusión del informe de evaluación realizado por la CVP, permite constatar que, pese a ser la primera experiencia de una agrupación de viviendas en la que se utilizó el modelo de las Normas Mínimas de Urbanización, los resultados son satisfactorios. Es fácil deducir que se conjugaron dos factores de igual importancia. Por una parte, los adjudicatarios encontraron un programa de vivienda estatal, cuyos costos de acceso se ajustaban a su economía familiar y, por la otra, el monto bajo de las cuotas de amortización a la CVP les permitía no sólo cumplir con el pago de éstas, sino disponer al mismo tiempo de recursos de mayor cuantía para invertir en la ampliación de la vivienda.

LINEAMIENTOS DE UNA PROPUESTA PARA LA INCORPORACIÓN DEL SECTOR INFORMAL A LA POLÍTICA DE VIVIENDA

CONSIDERACIONES INICIALES

Cabe recordar, que la Ley 3 de 1991 suspendió la construcción directa de vivienda social por parte de las entidades públicas y delegó en el sector privado las funciones de planeación, diseño, construcción y comercialización de estos programas de vivienda. A pesar de esta importante delegación de funciones, el Estado no transfirió a los futuros diseñadores y constructores la valiosa experiencia acumulada por el ICT, la CVP y otras entidades que, durante más de cinco décadas, tuvieron a su cargo la producción de vivienda social. Esta circunstancia, sumada al desconocimiento de las condiciones socioeconómicas de la demanda, puede explicar la insuficiente calidad que presenta, en muchos casos, la oferta actual de las agrupaciones residenciales y las viviendas que las componen. En consecuencia, se mencionan a continuación los factores con mayor incidencia en los desajustes que presenta la política de vivienda vigente.

LOS COSTOS DE LA TIERRA URBANIZADA: PROBLEMA PARA LA OFERTA

Uno de los problemas principales que enfrentan las firmas constructoras para hacer financieramente viables los proyectos de vivienda social se refiere al costo elevado que representa la tierra urbanizada. Con el fin de precisar las causas que incrementan el valor económico de este insumo, esencial en un proyecto de vivienda, conviene separar sus dos componentes. El primero se refiere a la disponibilidad de la tierra adecuada para ser urbanizada y construida. Es bien conocido que, en el caso de Bogotá D.C., la tierra para construir vivienda social es cada vez más escasa, lo cual, en una economía de mercado, se traduce en la elevación de los precios. Es posible que la utilización adecuada de los instrumentos de gestión de suelo, provistos por la Ley 388 de 1997, por parte de las administraciones municipales, permita reducir en alguna proporción los precios de la tierra para la construcción de vivienda social.

El segundo componente está relacionado con la construcción de las obras de urbanización, exigidas y reglamentadas por las administraciones distritales y municipales y las empresas de servicios públicos. Teniendo en cuenta que las redes de servicios y las vías vehiculares y peatonales, constituyen la infraestructura fundamental de un asentamiento residencial, es comprensible que, aún tratándose de vivienda social, la ciudad exija especificaciones que garanticen su correcto funcionamiento y aseguren su permanencia. Sin embargo, según la opinión de firmas constructoras de Bogotá, la empresa de Acueducto y Alcantarillado ha aumentado recientemente las exigencias técnicas y las especificaciones para la construcción de las obras correspondientes, lo cual ha incrementado excesivamente los costos de las obras de urbanización. A los constructores, esta circunstancia los lleva a una disminución de las condiciones de habitabilidad de las agrupaciones de vivienda, ya que es necesario aumentar la densidad, a través de la reducción del tamaño de los lotes unifamiliares, del área de las viviendas y de las zonas comunales, con el fin de asegurar la viabilidad financiera de los proyectos y los márgenes de utilidad esperados.

LA NO INCLUSIÓN EN LA POLÍTICA: PROBLEMA PARA LA DEMANDA INFORMAL

En el segundo numeral de este artículo se presenta una síntesis de las características socioeconómicas de las familias, que constituyen la demanda informal, y del papel que juega la vivienda en el proceso de mejoramiento de la economía familiar. Es necesario reiterar que la política nacional vigente no contempla, de manera explícita, los criterios e instrumentos necesarios para incluir a las familias del sector informal, a pesar de que, según lo expuesto anteriormente, representan la mayor proporción de la demanda por vivienda social.

Parece claro, que las condiciones socioeconómicas de quienes integran la demanda informal presentan diferencias fundamentales con las de los demandantes formales. Esto hace necesario separar estos dos segmentos de la demanda, tanto para la definición de criterios de política, como para adelantar los análisis cuantitativos y cualitativos de cada uno.

En conclusión, al considerar las condiciones particulares de la demanda informal, resulta evidente que el enfoque de la política vigente tiende a desconocer por lo menos tres requisitos básicos para las familias informales que necesitan acceder a una vivienda en propiedad. En primer término, la necesidad económica y familiar de iniciar un proceso gradual de construcción de una vivienda, en la que el uso de los espacios alcance a evolucionar en el tiempo y pueda contribuir al mejoramiento socioeconómico de la familia mediante la generación de ingresos por arrendamiento de uno o varios cuartos y la instalación de un negocio comercial o de producción artesanal. En segundo término, la construcción por desarrollo progresivo permite al propietario decidir sobre los montos de inversión en la vivienda en función de los recursos disponibles en un momento determinado, evitando así la desatención de gastos familiares prioritarios por tener que cumplir con el pago de una obligación financiera tradicional. En tercer lugar, el tipo y monto de los créditos, necesarios para la adquisición de una vivienda, deben ser adecuados para atender una demanda caracterizada por la inestabilidad de los ingresos, lo que la descalifica ante el sector financiero para su otorgamiento.

LINEAMIENTOS DE UNA PROPUESTA INICIAL SOBRE ALGUNOS ELEMENTOS RELEVANTES

Con el fin de iniciar un trabajo que permita definir y desarrollar los instrumentos necesarios para lograr una incorporación real de la demanda informal a la política de vivienda vigente, se proponen dos aspectos concretos y se precisan lineamientos básicos para cada uno. En primer lugar, se trata de considerar la posible reducción de los costos de la urbanización para los compradores de las viviendas. En segundo término, explorar nuevamente la posibilidad de adoptar el desarrollo progresivo de las viviendas como una forma adecuada de responder a las condiciones socioeconómicas de la demanda informal.

Los costos de urbanización en proyectos de vivienda social

Se ha visto que algunos de los problemas cualitativos que presentan las agrupaciones de vivienda social construidas recientemente por firmas privadas, obedecen a los altos costos que representa la tierra urbanizada, dentro de los cuales se destacan las obras viales y de servicios públicos. Tal como se ha mencionado, es evidente que, dentro de las reglas del juego actuales, los constructores tienden a hacer viables los proyectos manteniendo los costos totales, dentro de los límites que determina la planeación financiera. Es decir, que el incremento de algunos costos debe compensarse con la disminución de otros, o con la modificación de algunos parámetros del diseño urbano, como puede ser la densidad habitacional. En este caso, el aumento del número de viviendas suele ir acompañado de la reducción en el área y en las dimensiones de los lotes unifamiliares, situación que afecta negativamente las condiciones de habitabilidad de los conjuntos y de las unidades individuales. La inclusión de vivienda multifamiliar puede ser un camino para equilibrar los costos del proyecto. No obstante, tratándose de la demanda informal, este tipo de vivienda sería claramente inadecuado por las razones analizadas anteriormente.

Con miras a evitar la disminución de las condiciones de habitabilidad en las agrupaciones y en las viviendas, como consecuencia del incremento de los costos de urbanización, podría estudiarse la siguiente opción:

• En los casos de Bogotá y otras ciudades, los compradores de vivienda social reciben un doble subsidio: el que otorga el Gobierno Nacional según el mandato de la ley y la política de vivienda, y el otorgado libremente por las administraciones distritales y municipales.

• El subsidio de las administraciones locales podría destinarse a cubrir total o parcialmente los costos de las obras de urbanización, reduciendo en la misma proporción los costos que deben asumir los constructores. Esto significa que también se reduce el valor final de las viviendas que debe ser cubierto por los compradores.

• Como contraprestación, los constructores se comprometerían a elevar las condiciones de calidad habitacional de los conjuntos, acogiendo los parámetros de densidad y dimensiones de los lotes unifamiliares que deberán ser definidos en concertación con las administraciones locales.

El desarrollo progresivo en la construcción de vivienda social

En una política de vivienda social para un país en desarrollo, es fundamental diferenciar la vivienda dirigida a los demandantes del sector formal de la economía, de aquella que debe atender la demanda del sector informal. Se ha visto que estos dos grupos presentan condiciones socioeconómicas muy diferentes. La situación del sector formal está caracterizada por un ingreso regular y estable, al que se adicionan las prestaciones sociales que ordena la ley, mientras que la inestabilidad laboral y los ingresos irregulares e inestables son característicos en las familias del sector informal. Es obvio que estos dos segmentos de la demanda no pueden tratarse de igual manera en una política de vivienda.

De acuerdo con lo expuesto en el numeral 2 de este artículo, la diferencia entre los dos sectores que más limita al sector informal para adquirir una vivienda, se refiere a las condiciones económicas familiares para acceder a un crédito hipotecario, esencial cuando se trata de una unidad completa y terminada. Las familias del sector informal, aunque en un período determinado puedan recibir entradas superiores a las de un empleado formal de bajos ingresos, no son consideradas como sujetos de crédito por las entidades financieras, en razón de la inestabilidad e irregularidad de sus ingresos.

Es necesario, entonces, concretar una modalidad de construcción de vivienda que permita eliminar los desajustes actuales entre la economía de las familias informales y las condiciones financieras que determina la política de vivienda social. Además, debe ser una modalidad de construcción que autorice a estas familias a manejar el proceso de construcción de la vivienda en función de sus necesidades de espacio utilizable y de su capacidad de inversión en un momento determinado.

En razón de lo anterior, rescatar la modalidad del desarrollo progresivo puede ser un camino que, además de bien conocido por su utilización espontánea durante más de cinco décadas, ha sido considerado en diversos estudios como una opción claramente racional por parte de las familias informales que han decidido utilizarlo. El rescate del desarrollo progresivo significa su ajuste a los siguientes criterios y posibles propuestas:

• Es necesario aclarar que la construcción progresiva de las viviendas no debe confundirse con la autoconstrucción. Esta modalidad, que en el pasado formó parte de las políticas oficiales, se consideró finalmente como un sistema ineficiente e injusto, por estar basado en el supuesto falso de que todas las familias de bajos ingresos podían desempeñar trabajos especializados de albañilería.

• Se trata, más bien, de apoyar los procesos de autogestión, dirigidos y controlados por los propietarios de las viviendas, quienes contratan la mano de obra y deciden sobre las características de la etapa que van a adelantar, en función de los recursos que pueden disponer y el momento adecuado para ejecutar las obras.

• Las restricciones que encuentran los solicitantes informales en las entidades financieras para acceder a un crédito hipotecario podrían superarse al utilizar la modalidad del desarrollo progresivo. Dado que el monto de los créditos necesarios sería sensiblemente inferior al requerido por la política vigente —sería la financiación de etapas y no de viviendas completas—, es posible pensar que el microcrédito puede ser un sistema adecuado para este propósito. Es cierto, que las entidades financieras que ofrecen esta modalidad de crédito no consideran adecuado utilizarla para financiar vivienda, puesto que la línea se dirige a la financiación de capital de trabajo. Sin embargo, parece claro que las viviendas de las familias del sector informal no pueden ser consideradas como bienes de consumo únicamente. Ha sido posible aclarar que estas viviendas, además de cumplir con la función de alojamiento, desempeñan un papel productivo, esencial para la generación de ingresos adicionales para sus propietarios.

• Según lo anterior, se considera posible que las entidades financieras que ofrecen actualmente el sistema de microcrédito —tales como el BCSC y, próximamente el Grupo Aval en asocio con el Grameen Bank—, puedan adoptar el criterio mencionado sobre el papel económico productivo que desempeñan las viviendas en el sector informal.

• De adoptarse el sistema de desarrollo progresivo, sería necesario diseñar e implementar un mecanismo de asesoría técnica que apoye la toma de decisiones de los interesados sobre el diseño, las etapas de construcción y la ejecución de las mismas. Este mecanismo podría concertarse entre las firmas constructoras, las entidades financieras, las administraciones locales y, eventualmente, las universidades, cuyos profesores y estudiantes podrían hacer un valioso aporte.

1 Aquí se hace referencia a la vivienda de desarrollo progresivo, ampliamente utilizada en los barrios de origen informal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] J. Valenzuela, G. Vernez. “Construcción Popular y Estructura del Mercado de Vivienda: el Caso de Bogotá”, Revista Interamericana de Planificación, No. 31, 1974, pp. 88-140.

[2] J. F.C Turner. Housing by People. London: Marion Boyars, 1976.

[3] G. Vernez. Bogota’s Pirate Settlements: An Opportunity for Metropolitan Development. PhD Dissertation, University of California, Berkeley. 1974 (mimeo).

[4] Departamento Nacional de Planeación, DNP. Ciudades Amables-Visión Colombia II Centenario. Bogotá: Presidencia de la República, DNP, MAVDT. DNP, 2006.

[5] N. Rueda. “La Vivienda Social en Colombia 1950-2005: Notas sobre su Producción y Calidad”; En Cincuenta años en la Construcción de Colombia: Camacol 1957-2007. H. Vargas Caicedo, (ed.). Bogotá: Camacol, 2007.

[6] Instituto de Crédito Territorial, Departamento Administrativo de Planeación Distrital y Departamento Administrativo de Planeación Nacional. Estudio de Normas Mínimas de Urbanización, Servicios Públicos y Servicios Comunitarios. Informe Básico. Bogotá: CONSULTÉCNICOS LTDA., 1971.

[7] Caja de la Vivienda Popular La Manuelita como Plan de Desarrollo Progresivo con Normas Mínimas. Bogotá: CVP, 1976. (mimeo).

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Camacol, Viabilidad de la construcción de viviendas de 50 SMLM. Bogotá: Camacol, 2009 (Presentación PowerPoint).

DPU et alt. Suelo Urbano y Vivienda para la Población de Ingresos Bajos. Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Bogotá: Banco Mundial, 2006.

P. Pecha Q. Historia Institucional-Caja de la Vivienda Popular 1942-2006. Bogotá: CVP, 2007 (mimeo).

N. Rueda et alt. La Autoconstrucción de Vivienda Urbana: Fundamentos para un Enfoque Analítico. Centro de Planificación y Urbanismo, Bogotá: Universidad de los Andes, 1979 (mimeo).

CETIH: Historia contada a tres voces1

CETIH: A Story Told by Three People

Una vez más la Revista de Ingeniería se propone recordar un hito para la ingeniería colombiana que se gestó en la Universidad de los Andes. Pero, esta vez, la historia será contada a tres voces: Carlos Angulo Galvis, Fabio Castrellón y Juan Saldarriaga. Tres nombres que determinaron el origen, transformación y desaparición del Centro de Estudios Técnicos e Investigaciones Hidráulicas, más conocido como CETIH; siglas que aún hacen eco en la memoria de algunos de nuestros lectores.

El 2 de agosto de 1966 Ramón de Zubiría Jiménez, rector de los Andes, firmaba en Bogotá el convenio Proyecto de hidráulica- Universidad de los Andes- Dirección de asistencia técnica internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. Con aquella firma se iniciaba uno de varios proyectos que sostuvo la universidad con los Países Bajos, en esta ocasión, bajo iniciativa del decano de ingeniería Eduardo Aldana.

En el documento de 1966 se encuentran los objetivos que dieron vida a este proyecto; se pretendía mejorar las facilidades de enseñanza e investigación para la Facultad de Ingeniería, específicamente en los campos de la hidráulica y la hidrología, haciendo uso de modelos físicos a escala. Además de generar proyectos de investigación por contrato con entidades del sector externo, que permitieran llevar los conocimientos teóricos a la práctica. Un programa diseñado para 4 años, se prorrogó hasta 1974, en el que los Andes no sólo contó con ayuda económica de los Países Bajos para cubrir el costo del establecimiento del laboratorio y el envío de documentación para la biblioteca, sino también con la participación de expertos holandeses a lo largo de todo el proyecto y la existencia de becas para realizar cursos de postgrado en Holanda o para trabajar en el Laboratorio de Hidráulica de Delft. En consecuencia se creó un flujo de conocimiento entre los dos países, los cuales estrecharon sus relaciones. Asimismo, como parte importante del programa, se organizaban seminarios que permitieran el intercambio de conocimiento entre profesionales de diferentes países, en los que participaron expertos internacionales como Joseph B. Franzini de la Universidad Stanford, A. Volker de la Universidad Tecnológica de Delft y Ven Te Chow de la Universidad de Illinois.

Carlos Angulo recuerda que, cuando Eduardo Aldana lo invitó a ser el primer director del CETIH, el centro sólo contaba con cuatro personas: él y los profesionales holandeses Tjerk Douma, Wubbo Boiten y Daan Gersie. Durante los dos años que estuvo, Angulo implementó en el CETIH el esquema de consultoría que usaba en su firma de ingeniería Hidroestudios “lo que hice fue establecer unas bases de contratación muy similares a las que se utilizaban en esas firmas en consulta; en las que se cobraran los costos de personal completos, se cobraban unos gastos generales y se añadía una suma adicional para reinvertir en el CETIH, asimilarla a una utilidad en el desarrollo de los trabajos” [1]. Eran apenas los primeros años, pero Angulo ya estaba instaurando una dinámica de trabajo que determinaría el funcionamiento del centro. Poco a poco, parte por parte llegaban cajas de Holanda con las piezas del laboratorio y la documentación que construiría su biblioteca.

En aquel entonces, Fabio Castrellón viajó a Holanda para trabajar en el Laboratorio de Hidráulica de Delf, dónde fue “aprendiendo a los golpes y a los tropezones” [2] todo el funcionamiento de un modelo físico, pues recuerda que desde los primeros días, mientras enfrentaba un idioma totalmente ajeno al español, tuvo la responsabilidad de manejar un modelo hidráulico; uno de los tantos que iba a manejar durante toda su vida. Cuando volvió Castrellón a Colombia, el laboratorio de hidráulica estaba instalado en el galpón, –antigua edificación que hacía parte de la Cerveceria Germania–, “era una serie de tuberías para alimentar los modelos hidráulicos, unas bombas, un canal de unos 40 metros de largo con 60 centímetros de ancho que tenia fines didácticos. El resto del área tenía fines comerciales; la idea era que había un pedazo que se iba a usar en las clases de hidráulica y el resto iba a ser el sitio para hacer investigaciones aplicadas con fines determinados” [2]. Con estas palabras se hace evidente que la mayor función del CETIH era realizar investigación aplicada para el sector externo. Entre los proyectos que se realizaron se pueden recordar: el Canal del Dique, el río Chenche, el río Bugalagrande, la represa de Sisga, el Laguito- Cartagena, el río Bogotá, el río de Oro, el acueducto de Armenia, entre otros. Todos eran proyectos que partían de la Universidad de los Andes e impactaban inevitablemente a todo el país; punto en el que, para Angulo, reside la importancia del centro “Fue algo para la universidad supremamente importante, primero porque la fortaleció en un tema fundamental para el país; Colombia tiene unos recursos hídricos extraordinarios que desafortunadamente no hemos sabido aprovechar suficientemente bien. El tema de la navegación, por ejemplo, en el cual los holandeses son expertos, ha sido descuidado en país, tal como el uso de las vías fluviales. El tema del aprovechamiento juicioso de los recursos hídricos con regulación con cuidado de las cuencas, es algo fundamental para el país y que en el CETIH se sentaron unas bases importantes” [1].

De igual manera, la universidad también influyó en el desarrollo de la hidráulica y la hidrología en las otras universidades “el CETIH fue la semilla para que otras universidades hicieran investigación aplicada” [2]. No sería acertado decir que la Universidad de los Andes tuvo el primer laboratorio de hidráulica, pues ya existía el Laboratorio Central de Hidráulica de Francia en la Universidad Nacional, que estudiaba el modelo de Buenaventura. Pero, en ese entonces, estaba dirigido por el Ministerio de Obras Públicas y luego por Hidroestudios, lo que implicaba que “Era una puerta cerrada a la misma Universidad Nacional” [2]. Por esta razón, “el CETIH jugó un papel muy importante, que fue desarrollar la hidráulica en el país, desarrollar la modelación física en hidráulica, cumpliendo un papel espectacular en el sentido de adaptar una tecnología, que finalmente fue adaptable no sólo en los Andes sino en el resto de universidades de Colombia: el conocimiento se dispersó” [3]. Por ejemplo, el conocimiento que habían adquirido los profesionales del CETIH, colaboró de manera determinante en la reapertura y puesta en operación del Laboratorio de Hidráulica de las Flores en Barranquilla.

Luego de los ocho años de trabajo conjunto con el gobierno holandés el proyecto continuó; el laboratorio contaba ya con una infraestructura física de alta calidad y sobre todo con un grupo de profesionales altamente preparados, tal como afirma Castrellón: “el nivel al que llegó el CETIH era el más alto que se podía llegar con la gente que había en el país” [2]. Resuenan aún los nombres de Gabriel Rueda, Enrique Amaya, Germán lleras, Alejandro Deeb, Jaime Iván Ordoñez, Juan Quintero, Jaime Millán, José Manuel Mejía, entre otros. Muchos de ellos, en algún momento, se desvincularon de la universidad para hacer sus propias firmas de consultoría que serían muy reconocidas en el país: “el CETIH como en su momento era tan novedoso el tema permitió que sus estudiantes y sus ex investigadores crearan una serie firmas de consultoría que fueron muy exitosas, dedicadas principalmente al tema de hidráulica” [3].

Paulatinamente, el esquema del laboratorio fue cambiando; los modelos físicos le abrieron paso a los modelos matemáticos. Castrellón comenta que fue un giro que se dio gracias la posibilidad de acceder a los computadores: “los modelos matemáticos han existido siempre, digamos que no ha habido nuevas ecuaciones ni nada de esas cosas, que son las mismas del siglo XVIII de Saint Venant, lo que marcó el cambio es que se puso al alcance de los profesionales los computadores [...] No solamente era más fácil: la herramienta estaba y había gente capacitada para hacerlo”[2] Ya no era imprescindible un laboratorio como el del galpón, ni todos los costos que implicaba hacer un modelo físico, sino que, según él, era posible hacer la investigación desde un escritorio. Un cambio que significó un rompimiento en la manera de estudiar la hidráulica y por lo tanto ocasionó reacciones divididas; para algunos era fundamental seguir con los modelos físicos, para otros no se justificaba, pues argumentaban que la modelación física era muy costosa en términos de espacios de laboratorio y de horas-hombre de ingenieros.

Mientras esto sucedía, en 1980 se creó el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería (CIFI), uno de sus objetivos era unificar los esquemas de prestación de servicios de los laboratorios de la facultad hacia el sector externo. En este marco administrativo, el CETIH pasó a ser el Laboratorio de Hidráulica-CIFI, para que no fuese un laboratorio aislado e hiciese parte de este nuevo sistema. En aquel entonces, Juan Saldarriaga estaba en los últimos semestres de la carrera y recuerda cómo aún seguía la admiración por los modelos que había realizado el CETIH “cuando entraba las primeras veces al laboratorio de hidráulica como estudiante, todavía existían los remanentes de ese modelo uno veía por ahí pedazos del río Bogotá qué no había terminado de demolerse. Alguien decía ‘este es el modelo del río Bogotá’ como algo muy importante. Pero esto había ocurrido seis años antes, en 1971. Entre 1971 y 1980 el CETIH había seguido siendo activo en modelación física. Se realizaron los modelos de los rápidos de Bucaramanga y del proyecto hidroeléctrico de Betania” [3].

Según Juan Saldarriaga, la transición del CETIH al Laboratorio de Hidráulica-CIFI fue una evolución natural: “A mí me tocó esa transición, primero como monitor del laboratorio de hidráulica y luego como profesor instructor. Puede que algunas personas la hayan visto como traumática, pero si uno la mira del punto de vista de un profesor joven, el cambio fue natural y el laboratorio siguió funcionando sin ningún problema” [3]. De hecho, cuenta que los proyectos para modelos seguían llegando, pues para las empresas les era indiferente que el laboratorio se llamase de una u otra forma. Entre 1980 y 1996 se hicieron los modelos físicos de los proyectos hidroeléctricos de Betania, Guabio, Porce II, Porce IV, Sogamoso y el embalse de Muña, entre otros. Con todo, la modelación matemática avanzaba inevitablemente con más rapidez.

Cabe anotar que el Laboratorio de Hidraulica-CIFI nunca tuvo el protagonismo que tuvo el CETIH. En la nueva dinámica de la Facultad de Ingeniería se desarrollaron muchos otros centros de investigación con igual capacidad de desarrollo, de investigación e innovación. Adicionalmente, todos los profesionales que antes habían brillado habían tomado otro camino. Por otra parte, ya se había sembrado la semilla de la hidráulica y muchas universidades tenían sus propios laboratorios, razón por la cual la competencia en modelación física había aumentado y la demanda del sector externo, por este tipo de trabajos, había disminuido.

En este momento volvió a tomar un papel decisivo Angulo; paradójicamente el primer director al ser Rector tomó la decisión de demoler el laboratorio: “Yo tuve que hacer una actividad que contrastó mucho: la primera fue construir el CETIH y la segunda fue demolerlo. Yo ayudé a construir el CETIH en el año de 1966, y cuando llegué a la rectoría nos dimos cuenta que el tema de laboratorio de hidráulica como tal era innecesario en la universidad y resolvimos darle otra utilidad al galpón.” [1] Fue el “fin” del auge de los modelos físicos en la universidad, los grandes proyectos de hidroeléctricas habían terminado y el laboratorio de hidráulica tomó un nuevo camino. Transitoriamente se construyó un laboratorio de hidráulica en las instalaciones del que fue Centro de innovacion y desarrollo tecnologico CITEC, de la Facultad ubicadas en la zona industrial de Puente Aranda, el cual funcionó entre el 2003 y el 2007. Durante ese tiempo se trabajó en el diseño del nuevo laboratorio de hidráulica, el cual empezó a funcionar a partir del 2008 en el edificio Mario Laserna.

Desde 1996, el nombre del laboratorio de hidráulica es CIACUA (Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados), ya no se erige como un laboratorio independiente sino un laboratorio del departamento de ingeniería civil: “El laboratorio hoy en día, y es quizás el cambio más importante, dedicado primordialmente a investigación […] No prestamos servicios al sector externo salvo para proyectos que tengan un componente investigativo muy grande.” [3]. Su enfoque principal es prestar servicio a la academia misma, específicamente entorno a los temas de abastecimiento, agua potable, hidroinformática y saneamiento básico.

Actualmente, afirma Saldarriaga, la Universidad de los Andes es líder en Colombia y Latinoamérica en el tema de infraestructura hidráulica urbana, visión que no comparte Castrellón: “Hoy en día la hidráulica de la Universidad de los Andes no creo que sea mejor que cualquier otra, en esa época si era mejor”. [2] y que Angulo piensa que para que vuelva este protagonismo de la hidráulica en los Andes se necesita que “Yo creo que sería muy bueno que llegara una persona nueva con ideas completamente nuevas” [1]. Tres perspectivas diferentes que reflejan a tres personas que hablan desde tres contextos y momentos diferentes. Son, quizás, voces que expresan éxitos incomparables en el desarrollo de la hidráulica y dan prueba de los cambios de óptica que la Facultad de Ingeniería ha tomado durante su historia.

Ahora bien, luego de esta trayectoria, es válido preguntarse si el sector externo conoce aún al CETIH, si usted lector conoce la historia que se acaba de contar. Ante esta pregunta Saldarriaga responde que ya nadie recuerda al CETIH, sólo los ingenieros mayores, no obstante, aún existe la imagen de que la Universidad de los Andes es fuerte en hidráulica y tiene un laboratorio de hidráulica muy importante, por lo que afirma que “En todos los casos lo que queda en la memoria colectiva no es el nombre del grupo sino el nombre de la Universidad de los Andes” [3]. Punto con el que no está totalmente de acuerdo Castrellón, pues para él la universidad depende de las personas que la conforman y no viceversa, por lo que el CETIH fue el encuentro de unos profesionales y unas circunstancias específicas, que, aunque tuvieron como marco la universidad, su éxito dependió de las personas y estas personas ya se han ido de la institución.

Queda entonces la pregunta que el lector resolverá: ¿la universidad hace los profesionales? o ¿los profesionales hacen la universidad?, ¿qué permanece en la memoria?

1 La Memoria fue escrita por Laura Camacho Salgado a partir de las entrevistas realizadas a Carlos Angulo Galvis, Fabio Castrellón y Juan Saldarriaga.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] “Entrevista con Carlos Angulo Galvis”. Enero de 2012. Archivo Revista de Ingeniería.

[2] “Entrevista con Fabio Castrellón”. Enero de 2012. Archivo Revista de Ingeniería.

[3] “Entrevista con Juan Saldarriaga”. Enero de 2012. Archivo Revista de Ingeniería.

PRESENTACIÓN

La Revista de Ingeniería es una publicación semestral de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, con la cual se busca presentar a la comunidad los resultados de los trabajos más destacados, realizados por investigadores y docentes, así como nuevos planteamientos técnicos y revisiones documentadas sobre temas de actualidad en los diferentes campos de la Ingeniería.

Cada número de la revista tiene dos secciones principales: la Sección Técnica, que incluye artículos sobre diversos temas de Ingeniería, y el Dossier, que se concentra en artículos sobre un tema específico propuesto por los comités editorial y científico. Una sección itinerante es Foro, en la que se publican artículos escritos en respuesta a otros textos que hayamos publicado en ediciones pasadas, los cuales sirvan como respuesta, análisis o profundización de los mismos.

PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación (que dura entre 9 y 12 meses) consiste en una preselección de los artículos por parte del Comité Editorial y, posteriormente, una evaluación doble ciega por parte de pares académicos especializados en el tema, nacionales e internacionales, internos y externos a la Universidad de los Andes. Los pares califican a los artículos como: Aprobado, Aprobado con correcciones menores, Aprobado con correcciones mayores o No aprobado. Una vez el Comité Editorial tiene las evaluaciones, envía a los autores una carta con el veredicto y un documento que contiene tanto las evaluaciones como las sugerencias y cambios (de fondo y forma) aconsejados por los evaluadores. Los autores tienen dos meses a partir de la fecha del envío del veredicto para hacer los cambios que consideren pertinentes y para enviar de nuevo el artículo.

Una vez recibida esta segunda versión, el Comité Editorial la envía de nuevo a los evaluadores para que den su veredicto final. Según este último concepto, el Comité Editorial toma una decisión sobre la publicación del artículo. Una vez aprobada, el autor recibe notificación por correo electrónico y debe firmar una autorización de publicación, de uso de derechos de propiedad intelectual y de utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red. La autorización permite incorporar los títulos, autores, abstracts y los textos completos de los artículos en bases de datos o páginas electrónicas nacionales o internacionales.

Como derechos de autor, se le envía a cada colaborador 2 ejemplares del número en el cual se publica su texto.

INSTRUCCIONES PARA AUTORES

Los artículos deben ser enviados en copia impresa o electrónica a:

Revista de Ingeniería

Facultad de Ingeniería

Universidad de los Andes

Cr. 1 Este # 19 A-40

Edificio Mario Laserna oficina ML313

Bogotá D.C., Colombia

Sudamérica

Teléfono: 3394949 ext. 3338

Correo electrónico: reingeri@uniandes.edu.co

Se considerarán los artículos inéditos y originales (en español o inglés) digitados en Word o Latex, que tengan una extensión máxima de 8 páginas tamaño carta (incluyendo imágenes y tablas), con márgenes simétricas de 2.5 cm, sin columnas, letra 12 Times New Roman y espacio sencillo.

Las imágenes deben ser en blanco y negro, tener alta resolución (300 dpi a tamaño real) y deben enviarse tanto insertas en el texto como en un archivo electrónico independiente (formato jpg o tiff). Las tablas, cuadros y gráficas deben mandarse en su archivo original modificable.

Los artículos deben presentarse de la siguiente forma:

1) Título en español e inglés (menor número posible de palabras que describan adecuadamente el contenido del artículo).

2) Fecha.

3) Nombre del (los) autor(es), nivel de escolaridad, afiliación institucional actual, ciudad, país y correo electrónico.

4) Resumen de 100 palabras en español.

5) Resumen o abstract de 100 palabras en inglés.

6) Palabras claves en inglés y español, que hagan parte de LEMB (Listas de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas).

7) Introducción

8) Desarrollo por puntos

9) Conclusión

10) Referencias bibliográficas*

11) Resumen corto de la hoja de vida de cada uno de los autores con sus correos electrónicos.

12) Dirección, correo y teléfono del contacto.

13) Datos y direcciones electrónicas de 2 posibles evaluadores expertos en el tema que desarrolla el artículo, los cuales no deben estar vinculados a la institución a la cual están afiliados los autores.

Los artículos que no cumplan puntualmente con este formato no podrán empezar su proceso de evaluación.

La Revista de Ingeniería se reserva el derecho a verificar la originalidad de la información contenida en los artículos enviados.

Enviar un artículo a la Revista de Ingeniería supone la autorización de los autores a someter su artículo a esta verificación.

*Las referencias bibliográficas corresponden a los textos citados o referenciados en el artículo y sólo aparecen al final del mismo; cada cita debe finalizar con un número entre corchetes, en forma ascendente, que remita a su correspondiente referencia.

Libro:

[#] I.I. Apellido. Título del libro. Tr. I.I Apellido del traductor. Lugar de publicación: Editorial, año, pp. (páginas consultadas).

Capítulo de libro o de memorias:

[#] I.I. Apellido, I.I. Apellido. “Título del Capítulo”. En Título del libro. I.I. Apellido del editor o compilador del libro (ed.) o (comp.). Tr. I.I Apellido del traductor. Lugar de publicación: Editorial, año, pp. (páginas del capítulo).

Artículo de Revista:

[#] I.I. Apellido, I.I. Apellido. “Título del Artículo”. Título de la revista. Nombre corto de la revista, Vol., No. Mes, Año, pp. (páginas del artículo).

Página de Internet:

[#] “Título del documento”. Autor o editor de la página. Nombre de la empresa o institución responsable de la página. Fecha de consulta, Disponible: URL.

Artículo presentado en una conferencia:

[#] I.I. Apellido. (año, mes). “Título”. Presentado en: Título de la conferencia. [Tipo de medio electrónico]. Disponible: URL.

PRESENTATION

Revista de Ingeniería is a twice-yearly peer reviewed magazine published by the School of Engineering at Universidad de los Andes. The purpose of this publication is to showcase the most important academic and research activities of researchers, and to provide information about new technical approaches, and documented discussions of current developments in different fields of engineering.

Each edition of the journal consists of two main sections: the Technical Section, which includes articles on different engineering topics, and the Dossier, containing articles on a theme suggested by the editorial and scientific committees. A third section, the Forum, includes articles written in response to previously published pieces, providing discussion and analysis, or examining topics in more depth.

EVALUATION PROCESS PRESENTATION

The evaluation process – which takes between nine and twelve months – consists of the pre-selection of articles by the editorial committee, followed by a double-blind assessment by peer reviewers who are specialists in the field (national and international). The following classifications are used: Approved, Approved subject to Minor Corrections, Approved subject to Major Corrections and Not Approved. Once the editorial committee receives the classifications, it informs the authors of the results, including a document containing the comments and the changes (of substance and form) suggested by the evaluators. Authors are then given two months to make the required changes and re-submit the article.

Once the second version has been received, the editorial committee sends it to the peer evaluators again for their final verdict before making the final decision on whether to publish. If publication is approved, the author is notified by e-mail and required to sign a form to authorize publication, assign intellectual rights and give permission for its distribution in printed and electronic versions as well as on the internet. The authorization covers the posting of titles, author details, abstracts and the complete article in databases or national and international web pages. Each collaborator receives two issues of the edition in which the article has been published in recognition of the rights of the author.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Printed and electronic versions of the articles should be sent to:

Revista de Ingeniería

Facultad de Ingeniería

Universidad de los Andes

Cr. 1 Este # 19 A-40

Edificio Mario Laserna, oficina ML313

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Telephone: 3394949 ext. 3338

E-mail: reingeri@uniandes.edu.co

Unpublished articles in Spanish or English will be considered; they should be written in Word or LaTeX, and have a maximum length of 8 pages (letter size), including images and tables, with symmetrical margins set at 2.5 cm, without columns, in 12 point Times New Roman, single spacing.

Images should be in black and white, high resolution (300 dpi actual size), and should be sent, inserted in the text, and in a separate .jpg or .tiff attachment. Tables and graphics should be sent in modifiable form.

The articles should be presented according to the following format:

1) Title in Spanish or English (using the least possible number of words necessary to adequately describe the contents of the article).

2) Date.

3) Name of the author(s), Academic qualifications, Current institutional affiliation, City, Country, E-mail.

4) 100 word abstract in Spanish.

5) 100 word abstract in English.

6) Key words in Spanish and English, using the LEMB system (Spanish Subject Headings for Libraries - http://www.lembdigital.com/english/index.html).

7) Introduction

8) Point-by-point Development of the argument.

9) Conclusion

10) Bibliographical references*

11) The International System of Units (SI) should be used for units, dimensions and symbols.

12) Short summary of curriculum vitae for all authors of the article, including e-mail addresses.

13) Address, e-mail and contact telephone numbers.

14) Details and e-mail addresses of two potential evaluators, independent of the contributor(s), expert in the area covered by the article.

15) Classification of the article by subject.

Articles failing to fulfill all these requirements will not be included in the assessment process.

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*"Bibliographical references" refers to the texts cited or referenced in the article and should appear as endnotes. References should be signaled in the text by a number in brackets, in ascending order, that directs the reader to the corresponding endnote.

Book:

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Book or report chapter:

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MISIÓN

La Revista de Ingeniería está concebida como un foro en el que se presentan artículos en las distintas áreas de la ingeniería que sean de calidad y de relevancia para la profesión. De esta manera la revista contribuye a la actualización de estudiantes, docentes y profesionales del área, a la discusión científica nacional e internacional y, por consiguiente, al desarrollo tecnológico y científico de Colombia en el área de la ingeniería.

VISIÓN

La Revista de Ingeniería es una publicación semestral de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, que pretende servir como medio de divulgación de artículos originales e inéditos basados en los resultados de las actividades académicas y profesionales, con alta calidad científica o tecnológica, en los diferentes campos de la ingeniería.

La Revista de Ingeniería espera ser uno de los vehículos principales de divulgación del conocimiento en Ingeniería en Colombia y Latinoamérica, y ser altamente consultada y reconocida en el medio académico y científico de toda la región.

PÚBLICO

La Revista de Ingeniería se dirige especialmente a la comunidad académica y científica, nacional e internacional, centrada en el tema de la ingeniería. No obstante, la sección Dossier, por tratar temas específicos de relevancia para la sociedad, se dirige a un público más amplio que esté interesado en los temas tratados, desde la óptica de las diferentes disciplinas de la ingeniería.

MISSION

The Revista de Ingeniería is conceived as a forum in which articles of high quality and of relevance to the profession from the distinct areas of engineering are presented. In this way, the magazine will contribute to keeping the students, professors and the professionals in the field updated and in turn to creating a national and international discussion which will help develop the technological and scientific areas of engineering in Colombia.

VISION

The Revista de Ingeniería is a bi-annual publication of the Faculty of Engineering of the Universidad de los Andes which is setting out to serve as a medium for publishing original and unpublished articles based on the results of the academic and professional activities, with high scientific or technological quality in the different fields of engineering.

The Revista de Ingeniería hopes to be one of the principal vehicles for publishing the knowledge of Engineering in Colombia and Latina America and to be highly consulted and recognized in the academic and scientific circles of the region.

PUBLIC

The Revista de Ingeniería, by focusing on topics of engineering, is directed especially at the national and international academic and scientific community. Nevertheless, the Dossier section will cover specific themes relevant to society and therefore will reach a more general audience with interest in such topics from the focused perspective of the different discipline areas of engineering.

Índice Nacional de publicaciones seriadas, científicas y tecnológicas de Colciencias.

PUBLINDEX Categoría A2.

SciELO, Scientific Electronic Library Online.

Sistema de Información Científica Redalyc (Red de Revistas Científicas

de América Latina, el Caribe, España y Portugal).

Sistema Regional de Información en línea para revistas científicas de América Latina,

el Caribe, España y Portugal. LATINDEX.

Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias PERIÓDICA (UNAM).

Índice internacional en Ciencia y Tecnología ACTUALIDAD IBEROAMERICANA.

Informe Académico, Gale Cengage Learning.

Base de Datos ‘Fuente Académica’ de EBSCO Information Services.

Oceanet (Editorial Océano).

DOAJ, Directory of Open Access Journals

Revista de Ingeniería #35
Julio-Diciembre 2011

Rector Pablo Navas

Decano Alain Gauthier

Comité Editorial

Jorge Acevedo Ingeniero civil, M.Sc. Profesor asociado,

Departamento de Ingeniería Industrial,

Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes.

Hernando Vargas Caicedo Ingeniero civil, MSc. Profesor asociado,

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental,

Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes.

Francisco Rueda Ingeniero de sistemas, D.E.A. Profesor titular,

Departamento de Ingeniería de Sistemas,

Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes.

Andrés González Barrios Ingeniero químico, Ph.D. Profesor asociado.

Departamento de Ingeniería Química,

Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes.

Juan Carlos Briceño Ingeniero mecánico, Ph.D. Profesor titular,

Director Departamento de Ingeniería Biomédica,

Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes.

Hernando Durán Ingeniero eléctrico, Ph.D. Profesor titular,

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica,

Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes.

Carlos Parra Ferro Ingeniero civil, Gerente de Ingeniería

y Gerencia de Proyectos Ltda, Interproyectos Ltda.

Mauricio López Ingeniero electrónico, MBA. Consultor Privado.

Germán Cortés Ingeniero eléctrico, Ph.D. Sr.

Research Associate. Department of Astronomy, Cornell University.

Jorge Bohórquez Ingeniero eléctrico, Ph.D. Assistant Professor

of Professional Practice, Department of Biomedical

Engineering, University of Miami.

Alejandro Quintero Ingeniero de sistemas, Ph.D. Professeur titulaire,

Département de génie informatique et génie logiciel,

Ecole Polytechnique Montréal.

Ricardo Reis Ingeniero eléctrico Ph.D. Professor Titular,

Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Comité Científico

Arcesio Lizcano Ingeniero civil, Ph.D.

Principal consultant, SRK-Consulting, Vancouver, Canadá.

Jordi Aguiló Físico, PhD. Vicedirector,

Centro Nacional de Microelectrónica. CNM.

Germán Cavelier Ingeniero eléctrico, Ph.D.

Chief of the Neurotechnology Program at the Division of Neurosciences,

National Institute of Health.

Hans Herrmann Físico, Ph.D. Prof. Dr. Institut für Baustoffe (IfB).

ETH. Swiss Federal Institute of Technology Zurich.

Jordi Prat Ingeniero Electrónico, Profesor,

Departament d’Enginyeria Electrònica (EEL),

Universitat Politècnica de Catalunya.

Carlos Santamarina Ingeniero civil, Ph.D.,

Goizueta Foundation Faculty Chair and Professor,

School of Civil & Environmental Engineering,

Georgia Institute of Technology.

Kok Kwang Phoon Ph.D. Editor-in-chief, Georisk,

Professor and Director, Centre for Soft Ground Engineering

in the Department of Civil Engineering,

Faculty of Engineering, National University of Singapore.

Luke E. K. Achenie Ph.D. Professor, Multiscale and Multiphysics

Modeling Lab Department, of Chemical Engineering Virginia

Tech (Virginia Polytechnic Institute and State University).

Fernando Beltrán Ingeniero eléctrico, PhD. Senior Lecturer (IS),

Department of Information Systems & Operations Management.

The University of Auckland.

Editor

Antonio García Rozo Ingeniero electrónico. Profesor titular,

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica,

Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes

Editor Invitado

Alan Gilbert Emeritus Professor of Geography,

Department of Geography, University College London.

Asesoría y coordinación editorial

Laura Camacho Salgado Literata. Universidad de los Andes.

Diagramación

Taller de Publicaciones.

Departamento de Arquitectura. Universidad de los Andes.

Fotografía Portada

Fotografía tomada y modificada de las diapositivas de la presentacion de Navil Bonduki

Impresión

Panamericana Formas e Impresos S.A.

Conversión a formato electrónico

Meemo S.A.S.

http://meemo.com.co

Dirección electrónica

http://revistaing.uniandes.edu.co

Correo electrónico

reingeri@uniandes.edu.co

Distribución y ventas

$12.000 pesos

Librería Universidad de los Andes

Carrera 1 No. 19 – 27 Edificio AU 106

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Hipertexto Ltda.

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Siglo del Hombre Editores

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Tel. +(57.1) 337770 Fax: +(57.1) 3377665

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Canjes

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Carrera 1 Este No. 19 A – 40

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Carrera 1 Este No. 19A -40 Oficina ML-313

Bogotá – Colombia

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rev.ing. ISSN 0121-4993

E-ISSN 2011-0049

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